El Congreso insiste en defender la ley que liberaría a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. Ante el Tribunal Constitucional, el Parlamento defendió su legalidad y rechazó los cuestionamientos sobre su constitucionalidad. La defensa afirmó que la norma busca restituir seguridad jurídica frente a lo que consideran un uso político del derecho penal internacional.
Según los argumentos expuestos, la figura de los crímenes de lesa humanidad fue incorporada en el ordenamiento jurídico peruano en el año 2002, por lo que no se debería aplicar a los hechos cometidos con anterioridad. Sostuvieron que se está vulnerando el principio de legalidad al juzgar con normas actuales delitos ocurridos décadas atrás, e indicaron que se trata de una interpretación arbitraria de los tratados internacionales.
«Hay una interpretación desigual de la ley: no se aplica a todos los responsables de los delitos, solo a un grupo determinado. No hemos estado en una guerra convencional; hubo una lucha subversiva, una guerra ideológica. La figura de los crímenes de lesa humanidad entra en vigencia recién en 2002. ¿Cómo puede aplicarse de manera retroactiva?», comentó Anibal Quiroga, abogado defensor del Congreso.
La defensa también indicó que consideran que existe una construcción ficticia en torno a la retroactividad de estas normas. Señalaron que se ha instalado la idea de que estas disposiciones pueden aplicarse a cualquier hecho del pasado, anulando principios jurídicos fundamentales como si se tratara de un acto de magia o de ficción legal.
«Estamos enfrentando un mito. Aquí se ha hecho realidad en la jurisprudencia y en la práctica el mito de la retroactividad de las normas de derecho penal internacional», dijo Humberto Abanto, también defensa del parlamento.
En un afán por ocultar la realidad de los hechos y dejar en el olvido, el Congreso trata de respaldar la constitucionalidad de esta ley señalando que pretende contribuir a la reconciliación nacional. Para el parlamento, mantener la discusión abierta sobre estos temas sin reglas claras solo hace que se continúe con la perpetuación del conflicto durante muchas décadas más, impidiendo el cierre definitivo de este triste capítulo en la historia del país.
La posición del Colegio de Abogados de Lima
A su vez, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó al TC declarar inconstitucional la Ley 32107 “en todos sus artículos, por graves afectaciones a derechos fundamentales”. El CAL recordó que el propio Tribunal Constitucional ya ha reconocido el derecho a la justicia y a la verdad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
“Este supremo tribunal, ejerciendo funciones de interpretación de la Constitución, estableció que son derechos fundamentales el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de una colectividad afectada por delitos graves de lesa humanidad y de violación a los derechos humanos”.
Entre los demandantes, también el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), presentó un amicus curiae ante el TC respecto a la Ley N° 32107. La abogada Valeria Reyes expuso los motivos por los que esta normativa es inconstitucional y contraviene principios del derecho internacional y compromisos asumidos por el Perú en materia de derechos humanos.
Ley de amnistía librará a policías y militares procesados por crímenes de lesa humanidad
El Congreso aprobó una ley que concede amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980‑2000), siempre que no tengan sentencia firme o sean mayores de 70 años. La normativa podría liberar a más de 20 procesados, incluidos los vinculados a casos emblemáticos como la masacre de El Frontón, donde más de 100 internos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Familiares de víctimas y sobrevivientes, junto con organizaciones de derechos humanos, rechazaron la medida, advirtiendo que competería a más de 156 condenas firmes y 600 procesos pendientes. Señalaron que esta legislación amenaza la memoria histórica y el derecho a la justicia, mostrando ejemplos como las masacres de El Frontón, Accomarca y Barrios Altos, donde se documentaron atrocidades graves.
El caso ‘El Frontón’ destacó en la cobertura: más de 20 militares procesados por esa masacre podrían salir libres si la ley se promulga. Expertos en derechos humanos y abogados alertaron que la redacción amplia de la norma permite que tanto procesados sin sentencia firme como sentenciados adultos mayores se acojan a ella.
Los familiares de víctimas expresaron su rechazo ante esta amnistía, la cual consideran un retroceso histórico. Manifestaron que muchos han pasado más de 40 años buscando justicia, y que esta ley favorece la impunidad en lugar de la reparación y el cierre de un capítulo oscuro en la historia del país.
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