Presentan denuncias constitucionales contra miembros de la JNJ que restituyeron a Patricia Benavides como fiscal suprema

El congresista Elías Varas Meléndez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) presentó una denuncia constitucional contra seis miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), incluido el presidente y la vicepresidenta, por disponer la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público.

La acusación alcanza al presidente de la JNJ, Gino Tomas Ríos Patio, y la vicepresidenta María Cabrera; así como a los magistrados Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví, Germán Serkovic Gonzalez y César Galindo Sandoval, quienes votaron a favor del retorno de Benavides Vargas en el cargo, a pesar de que Delia Espinoza es la actual fiscal de la Nación.

La denuncia constitucional excluye al magistrado Francisco Távara, que se abstuvo de participar en la votación de la JNJ donde se decidió el regreso de Patricia Benavides al Ministerio Público.

En su recurso, el legislador acusó a los seis integrantes de la JNJ por el presunto delito de usurpación de funciones y de avocamiento ilegal de proceso en trámite, por lo que pidió la destitución contra este grupo de magistrados.

Asimismo, detalló que la JNJ vulneró y usurpó las funciones de la Junta de Fiscales Supremos, el organismo encargado de la designación de un fiscal de la Nación.

“Es evidente que la Junta Nacional de Justicia carece de potestad constitucional y legal para reponer a una persona en un cargo electo internamente como es el cargo de Fiscal de la Nación; en esencia estamos ante un escenario de vulneración y usurpación de funciones”, estableció.

Segunda denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ

El legislador Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) también presentó una denuncia constitucional contra los seis magistrados de la JNJ y, además, solicitó que sean inhabilitados para el ejercicio del cargo público por diez años.

Al igual que su colega Elías Vara, excluyó de la acusación al magistrado Francisco Távara, quien, además no haber participado en la sesión de la JNJ, ha considerado que sus colegas debieron meditar con más tiempo esta decisión, que ahora ha generado una crisis en el Ministerio Público.

Pariona Sinche estableció que la reposición de Patricia Benavides constituye una “flagrante usurpación de funciones” y manifiesta una “vulneración del principio de separación de poderes”, pues la JNJ carece de competencia para incidir en el nombramiento o remoción del fiscal de la Nación.

Ambas denuncias deberán ser tramitadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá determinar la aprobación o el rechazo de los recursos.

Comisión de Fiscalización aprobó informe final que recomienda evaluar vacancia de Dina Boluarte por caso ‘cirugías’

Con nueve votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó esta mañana el informe final que recomienda evaluar la causal de vacancia por “incapacidad moral” contra la presidenta Dina Boluarte, por no haber informado al Parlamento sobre la cirugía a la que se sometió en junio de 2023.

El documento recaba que existe un “alto grado de certeza” de que la jefa de Estado se sometió a una intervención quirúrgica de carácter estético y funcional, del 28 de junio al 4 de julio de 2023, por lo que se vio comprometida la continuidad del mando presidencial, la capacidad de toma de decisiones en tiempo real, la atención de emergencia nacional y la conducción general de la política del Estado.

“El Congreso se encuentra en la obligación constitucional de valorar si dicha conducta compromete irreversiblemente la integridad moral de la presidenta para ejercer el cargo y, en consecuencia, si resulta jurídicamente procedente y políticamente legítima la declaración de su vacancia por la causal de incapacidad moral permanente”, se lee entre las recomendaciones.

Asimismo, se estableció que la mandataria ha permanecido internada en la clínica Cabani por un periodo de dos días y una mañana, sumando a ellos los días de descanso médico que habría requerido para la recuperación, por lo cual habría incurrido en “abandono de cargo sin justificación constitucional”.

“Esta situación evidencia un claro abandono de cargo sin justificación constitucional, omitiendo la activación del mecanismo de sucesión presidencial”, precisa.

La comisión dispuso remitir el informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que determine si la presidenta Boluarte incurrió en la infracción de los artículos 113, 114, 115 y 118 de la Constitución.

También se recomendó remitir copias del informe a la Fiscalía de la Nación para que evalúe el inicio de investigaciones preliminares contra la mandataria por presunto abandono de funciones.

Las revelaciones de Mario Cabani

Cabe precisar que el informe se basa en las declaraciones del médico cirujano Mario Cabani, quien, a través de una carta notarial enviada a la jefa de Estado, dijo que la jefa de Estado se sometió a una cirugía plástica múltiple y funcional en el rostro, una versión que contradice a Boluarte Zegarra y su argumento de que fue operada por un problema respiratorio.

El galeno dio cuenta de varios procedimientos quirúrgicos distintos como rinoplastia y septoplastia, para el embellecimiento y mejorar la respiración; blefaroplastia inferior trasnconjuntival, que implica el retiro de bolsas de grasa; así como relleno facial con grasa retirada de su pared abdominal para rejuvenecimiento; y colocación de hilos tensores para rejuvenecimiento.

Delia Espinoza presenta hábeas corpus contra la PNP para evitar detención arbitraria

La fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza Valenzuela, interpuso una demanda de hábeas corpus preventivo contra la Policía Nacional del Perú (PNP) para evitar que la institución sea “instrumentalizada indebidamente” en actos que afecten su libertad personal.

El recurso, al que accedió El Comercio, presentado ante el Poder Judicial, solicita que la PNP se abstenga de ejecutar acciones de privación de libertad sin mandato judicial o flagrancia en su contra.

Espinoza argumenta que existe el riesgo de que la policía actúe bajo supuestos como desobediencia a la autoridad o usurpación de funciones, en un contexto de tensión institucional.

Esta acción legal se produce tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) del 14 de junio, que anuló la sanción disciplinaria contra Patricia Benavides y ordenó su reposición como fiscal de la Nación.

Benavides, quien había sido destituida, regresó este lunes al Ministerio Público e intentó ingresar al despacho que actualmente ocupa Espinoza.

Espinoza, quien realizó una vigilia frente al Ministerio Público, denunció que Benavides ingresó “a empujones” y obstaculizó las labores programadas por la Junta de Fiscales Supremos.

En su demanda, la fiscal en funciones pide que la PNP no ejecute actos restrictivos contra su libertad sin sustento legal, en lo que considera un intento de proteger sus derechos ante un posible uso arbitrario de la fuerza.

Pleno del Congreso concreta nombramiento excepcional para 24.000 docentes que no rendirán evaluaciones

Los retrocesos no cesan. Uno de los proyectos de ley que aprobó el Pleno del Congreso y que pasó desapercibido al término de la legislatura es el dictamen por insistencia que establece el nombramiento excepcional para más de 24.000 profesores de colegios estatales que, en el 2022, no alcanzaron una plaza pese a que habían superado las dos etapas del referido concurso.

Esta propuesta había sido observada por el Poder Ejecutivo en abril del 2025 debido a que es discriminatoria porque no se ha aplicado en los anteriores concursos de nombramiento; además, consideró que atenta contra la meritocracia.

“El concurso se da en igualdad de oportunidades y las plazas se adjudican según orden de méritos. Luego, el proceso se cancela para impedir ingresos excepcionales. Con esto se evita que haya un grupo diferenciado con respecto a los concursos anteriores. No puede haber un trato especial, como se pretende ahora”, sustentó.

Pese a ello, el último lunes, el Pleno del Congreso aprobó la iniciativa por insistencia, por lo que en los próximos días será publicada en El Peruano.

“Este es un pésimo precedente. Los concursos son cancelatorios. Tienen un cronograma que se cierra con los adjudicados y no adjudicados. Quienes no logran una plaza, deben esperar el siguiente concurso, así se ha estado dando en estos años. Los congresistas deben respetar la ley”, manifestó el exministro de Educación, Idel Vexler.

Llevar el caso al TC

“La norma es muy general y deja abierta esa posibilidad. Incluso, los profesores aprobados de procesos anteriores podrían reclamar que también se les considere. Lamentablemente, una vez más se está perforando la meritocracia. Espero que el pueblo castigue a los legisladores en las próximas elecciones, siguen con su afán populista”, aseveró.

El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, indicó que el nombramiento de maestros es facultad exclusiva del Minedu y no del Congreso. “Les venimos diciendo que están afectando la meritocracia, pero los parlamentarios no toman conciencia”, dijo.

Tanto Lescano como Vexler pidieron al Ejecutivo llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC) para que no se aplique este tipo de normas que plantean el nombramiento automático de docentes.

Por otro lado, el congresista Edgar Tello, uno de los promotores, negó que se afecte la meritocracia. “En el concurso del 2022-2023 hubo 98.000 plazas, pero solo se cubrieron 65.946 y 24.035 maestros aprobados no pudieron nombrarse”, aseguró.

La presidenta de la Sociedad Unida de Maestros Contratados de Lima (Sumacol), María Elena Aguilar, respondió que el nombramiento es excepcional y justo, ya que en el concurso del 2022-2023 hubo reprogramaciones, modificaciones de normas y supuestas irregularidades.

Más iniciativas polémicas

El último lunes, la Comisión de Educación del Congreso también debatió otras polémicas propuestas. Por ejemplo, aprobó un dictamen para que un grupo de docentes pueda acceder al cargo de director y subdirector de colegio público solo por haber aprobado las dos etapas del concurso de acceso a cargos directivos del 2022-2023. Ellos tendrían un trato diferenciado, como en el caso anterior del nombramiento automático.

La Comisión de Educación también aprobó la propuesta para el nombramiento de auxiliares de planteles estatales. También dio luz verde a los proyectos de ley que crean la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín y la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología (Uncytec) en Huaycán. Estas iniciativas han pasado al Pleno.

CAL presentará denuncia ante la CIDH por resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación

En exclusiva para Exitosa, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo, anunció que desde esta asociación de carácter profesional presentarán denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Canelo dejó entrever que esta resolución sería parte del grupo que tienen formato jurídico, «pero están haciendo irregularidades«.

«El Colegio de Abogados está denunciando todos estos hechos y, probablemente, el día de hoy se le informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que está aconteciendo. El Perú ha estado bajo la mira de organismos internacionales», declaró para nuestro medio.

Resolución de la JNJ es «ilegal», según CAL

De acuerdo con el decano del Colegio de Abogados de Lima, la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación resultaría ser «totalmente ilegal» y únicamente le permitiría regresar a su cargo de fiscal supremo.

Canelo sostuvo que, en caso la JNJ tenga razones para la nulidad, Benavides regresaría únicamente a su cargo de fiscal supremo. Sin embargo, para ello deberán de darse las condiciones presupuestarias necesarias.

«Es una resolución totalmente ilegal y menos la fiscal de la Nación. Creo que ahí hay un graso error al establecer que tiene facultades coercitivas para decirle a la fiscal de la Nación: ‘tú ya no eres fiscal de la Nación, te destituyo porque tiene que regresar la que a mi me interesa’. Así funciona el derecho», mencionó.

Patricia Benavides no volvería a ser fiscal de la Nación

Raúl Canelo cuestionó la resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación indicando que resulta imposible debido a que ya hay una persona destinada legalmente en el cargo.

De acuerdo con el decano del Colegio de Abogados, la Junta de Fiscales es la única que puede nombrar al Fiscal de la Nación. Es decir, la Junta Nacional de Justicia no cuenta con esta facultad.

«Ahí hay un problema. Es un imposible en la medida que ya hay una persona designada legal y legítimamente. Esa nulidad no tendría porque afectar a terceros. (…) Lo correcto sería que retorne al cargo de fiscal suprema. Es la Junta de Fiscales la que puede nombrar al fiscal de la Nación», señaló.

De esta manera, se dio a conocer que el Colegio de Abogados de Lima presentará denuncia ante la CIDH por resolución de la JNJ que repone a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Congreso: organizaciones internacionales cuestionan ley de amnistía a fuerzas del orden por crímenes en la lucha contra el terrorismo

El Perú se encuentra bajo la mirada crítica de la comunidad internacional debido a su Congreso. Esta vez, por la reciente aprobación de una ley que concede amnistía a policías y militares procesados por presuntos delitos cometidos durante el Conflicto Armado Interno entre 1980 y 2000. La norma ha sido señalada como una especie de salvoconducto para quienes aún enfrentan investigaciones por crímenes de lesa humanidad, así como para condenados próximos a cumplir 70 años por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo. La medida ha generado preocupación en organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que han denunciado públicamente su contenido.

En un comunicado conjunto, las organizaciones exponen: “El Congreso de la República ha aprobado un nuevo proyecto de ley de amnistía —el segundo en tan solo un año— que podría beneficiar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, contraviniendo sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y socavando décadas de lucha por verdad y justicia. Esta norma alcanzaría más de 750 casos, incluyendo 156 con sentencia firme, afectando directamente los derechos de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres”.

Además de rechazar la ley, las organizaciones criticaron las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, quien recientemente planteó ante el Congreso la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). “Esta amenaza de ruptura con el SIDH pone en riesgo una de las vías internacionales de protección de derechos humanos más importantes con la que cuentan actualmente miles de personas en el país”, señalaron.

Para las entidades firmantes, estos hechos forman parte de un patrón preocupante: “No son hechos aislados. Responden a una estrategia más amplia orientada a desmantelar los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar impunidad por crímenes del pasado y consolidar un modelo autoritario que debilita peligrosamente el Estado de derecho”, concluyen.

Comunicado de organizaciones internacionales sobre ley de amnistia.

Organizaciones internacionales instan a la OEA a pronunciarse

El comunicado no solo describe y critica la situación actual, sino que también insta a la Organización de Estados Americanos (OEA) a intervenir y expresar su preocupación ante lo que consideran un grave retroceso.

“Llamamos a los Estados miembros de la OEA a expresar su preocupación y a manifestarse con firmeza en los espacios de diálogo de la Asamblea General ante el sistemático incumplimiento de los principios democráticos y de derechos humanos por parte del Estado peruano”, indican.

También hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie sobre el caso e incluya al Perú en el listado de países que han registrado retrocesos en materia de derechos humanos. Asimismo, piden que los poderes del Estado pongan fin a estas iniciativas.

“Reiteramos nuestro llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo del Perú a cesar de inmediato toda iniciativa orientada a garantizar impunidad y a retomar el camino del respeto pleno a sus obligaciones internacionales en materia de justicia, derechos humanos y democracia, a través de un compromiso real y coherente con su conducta en los espacios multilaterales”, concluye el documento.