Delia Espinoza pide al Poder Judicial protección de su libertad: presenta hábeas corpus preventivo contra la PNP

Acciones tomadas. Luego de los sucesos ocurridos la mañana del 16 de junio, en los que Patricia Benavides intentó asumir forzosamente el cargo de fiscal de la Nación, la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, presentó un hábeas corpus preventivo solicitando la protección de su libertad personal. El recurso fue recepcionado por la Corte Superior de Lima y está dirigido contra la Policía Nacional del Perú (PNP). A través de esta acción, Espinoza busca resguardar su libertad ante una posible detención arbitraria por parte de la PNP, bajo el argumento de supuesta flagrancia al negarse a ejecutar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

«La presente demanda se dirige en contra de la Policía Nacional del Perú, en tanto institución pública que, en el marco de los hechos descritos, podría ser instrumentalizada indebidamente para ejecutar actos de privación de libertad sin mandato judicial ni flagrancia, en perjuicio de la suscrita Delia Milagros Espinoza Valenzuela, fiscal suprema titular y fiscal de la Nación», se lee en el documento.

Durante su pronunciamiento tras el intento de usurpación de funciones por parte de Patricia Benavides, Espinoza advirtió que existían intenciones de retirarle su resguardo personal. En ese contexto, responsabilizó al Ministerio del Interior por cualquier atentado contra su integridad y la de los trabajadores del Ministerio Público.

«He tomado conocimiento de que se pretendería retirarme la seguridad y el resguardo personal que, como fiscal de la Nación en ejercicio legal, me corresponde. Por ello, hago responsable al Ministerio del Interior, institución que, desde las 8 de la mañana de hoy, debió enviar seguridad y hacerse presente para custodiar las instituciones y garantizar la protección de los fiscales que trabajamos aquí. Hago responsable a las autoridades competentes ante cualquier atentado contra mi seguridad personal, así como la de los fiscales y trabajadores», declaró horas antes la fiscal de la Nación.

Extracto del recurso presentado por Delia Espinoza | Foto: La República.

Delia Espinoza realiza vigilia en la Fiscalía como rechazo a Patricia Benavides

La actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, llevó a cabo una vigilia en la sede principal del Ministerio Público como acto simbólico frente al intento de Patricia Benavides —exfiscal de la Nación— de recuperar su antiguo cargo. Esto ocurre tras la decisión de la JNJ de dejar sin efecto la destitución de Benavides y promover su retorno al puesto que hoy ocupa Espinoza. Rodeada por trabajadores del Ministerio y entonando el himno nacional, Espinoza expresó así su firme rechazo al accionar de Benavides, quien esa mañana intentó ingresar a la fuerza al despacho principal.

Previo a este acto, Espinoza difundió un mensaje en el que afirmó que no renunciará a sus funciones. Enfatizó que su permanencia en el cargo es legítima y que su trayectoria está libre de compromisos políticos. También exhortó a todo el personal del Ministerio Público a mantener la unidad y defender la institucionalidad ante este intento de imposición.

«Muchísimas gracias, valientes fiscales, valientes trabajadores. Vamos a estar acá, yo no me muevo del lugar donde legítimamente he sido elegida. No tengo rabo de paja. No he llegado con favores políticos a ser suprema titular (…) Estos son los momentos que nos ponen a prueba, tenemos que estar unidos, es la institución el Ministerio Público que merece ser respetado y somos el ejemplo de decencia, legalidad y democracia porque la institución nos encarga la misión de defenderla y si la tengo que defender con mi vida, lo haré», indicó.

Roberto Sánchez: Copamiento de la Fiscalía agrava crisis política

El congresista Roberto Sánchez advirtió que la disputa en torno a la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación representa un nuevo episodio de la crisis política y judicial que atraviesa el país.

En entrevista con Canal N, el parlamentario señaló que las pugnas por el control del Ministerio Público evidencian la fragilidad de las instituciones democráticas.

Sánchez consideró que los intentos de diversas facciones por copar la Fiscalía “echan más leña al fuego” de la inestabilidad actual.

“Estos manotazos no hacen más que profundizar la crisis política y judicial que vive el país. El Ministerio Público debe ser autónomo, pero hoy está sumido en una disputa de poder entre sectores que solo buscan control”, afirmó.

Reforma judicial no es posible sin legitimidad política

Consultado sobre la posibilidad de una reforma en el sistema de justicia, Sánchez expresó su apoyo, pero remarcó que cualquier transformación debe nacer desde el consenso político y ciudadano.

“No hay posibilidad de reforma si se gobierna de espaldas al pueblo. Se necesita legitimidad, y hoy no la hay”, sostuvo el parlamentario.

El congresista enfatizó que el problema no radica únicamente en la Fiscalía, sino en la totalidad del sistema judicial, incluyendo el Poder Judicial y otros órganos vinculados. Indicó que mientras no exista voluntad política real ni respaldo social, hablar de reformas resulta ilusorio.

Posición sobre la restitución de Patricia Benavides

En cuanto al retorno de Benavides tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia, Sánchez opinó que debería ser reincorporada como fiscal suprema, más no como fiscal de la Nación. “No puede pretender recuperar el cargo con las mismas prerrogativas. Eso sería desconocer la institucionalidad”, afirmó.

Añadió que existen cuestionamientos legales sobre la constitucionalidad del proceso de restitución, lo que refuerza la percepción de arbitrariedad. “Lo que hoy es constitucional o no, parece estar sujeto a la interpretación del momento. Es parte de la deriva autoritaria y mafiosa que vivimos”, sostuvo.

Acusación por presunta falsificación de firma presidencial

Sánchez también se pronunció sobre la denuncia presentada en el programa Cuarto Poder, en la que se expuso una pericia que indicaría que una firma en un decreto supremo del 29 de julio no sería de Dina Boluarte. El legislador calificó el hecho como “gravísimo”.

“En cualquier país democrático, una pericia que confirme la falsificación de la firma presidencial sería motivo suficiente para iniciar un proceso de vacancia. Pero aquí no ocurrirá nada, porque la presidenta está blindada por las bancadas que la sostienen en el Congreso”, denunció.

En busca de una nueva Mesa Directiva del Congreso

Finalmente, Sánchez confirmó que se están realizando coordinaciones para presentar una lista alternativa para la Mesa Directiva del Congreso, que devuelva “dignidad y representación democrática” al Parlamento.

“Es una necesidad moral y un acto de respeto hacia lo que el Congreso debe representar. Estamos en conversaciones serias y multipartidarias”, concluyó.

Congreso: Presentan proyecto de ley que propone reubicar el penal de Lurigancho

La congresista de Perú Libre, Margot Palacios, presentó un proyecto de ley que propone la reubicación del penal de Lurigancho hacia un espacio geográfico adecuado que permita la construcción de una nueva infraestructura penitenciaria.

Hacinamiento penitenciario en el penal de Lurigancho

De acuerdo a la propuesta legislativa, el objetivo es garantizar mejores condiciones de reclusión para los internos y reforzar la seguridad y la paz social.

«Reubíquese el establecimiento penitenciario de Lurigancho, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, a un espacio geográfico apropiado para la construcción de una infraestructura que garantice las mejores condiciones de reclusión para los internos que aseguren la seguridad y el mantenimiento de la paz social», se lee en el oficio.

Actualmente, el penal de Lurigancho alberga a más de 9,748 personas, pese a que fue diseñado originalmente para 3,204 internos. Esta sobrepoblación ha generado un hacinamiento que supera los 6,500 internos adicionales, lo que convierte a este establecimiento en el de mayor población penitenciaria del país y uno de los más hacinados de Latinoamérica.

«El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional Penitenciario, desarrollan acciones orientadas al cumplimiento a la presente ley», agrega la misiva.

Los problemas que afronta el penal de Lurigancho

El proyecto advierte que el penal enfrenta serios problemas de inseguridad derivados del hacinamiento, la presencia de organizaciones criminales y la falta de recursos adecuados para la vigilancia. Entre los grupos delictivos identificados se encuentran bandas como «Los Pulpos» y «Los Injertos», que operan desde el interior del penal, dirigiendo extorsiones y otros actos ilícitos.

«Esta iniciativa no genera gasto alguno al erario público, puesto que su implementación se efectuará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público», detalla el proyecto de ley.

También se han reportado casos de fugas, como el reciente escape de John Kennedy Javier Sebastián, quien logró evadir la seguridad escalando el muro perimetral del penal. Ante este panorama, la iniciativa legislativa plantea como urgente la reubicación del establecimiento penitenciario para mejorar las condiciones de seguridad y control institucional.

«La presente iniciativa legislativa, como se ha indicado en el artículo primero, tiene por objeto contribuir con la seguridad ciudadana, con lo cual su beneficio es general, no podemos cuantificar el valor de una vida o la seguridad de la sociedad ni su tranquilidad», añade el documento.

De esta manera, la congresista Margot Palacios presentó un proyecto de ley que propone la reubicación del penal de Lurigancho hacia un espacio geográfico adecuado que permita la construcción de una nueva infraestructura penitenciaria.

Martín Vizcarra no podrá participar de las elecciones 2026: Congreso oficializa su inhabilitación por diez años

El Congreso oficializó, por medio de una publicación en el diario El Peruano, la inhabilitación de la función pública por 10 años contra Martín Vizcarra por el cierre del Congreso en el 2019.

«Inhabilitar por diez (10) años para el ejercicio de la función pública al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, expresidente de la República, por infracción al artículo 134 de la Constitución Política del Perú», se lee en la resolución firmada por Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, y Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Parlamento.

La oficialización se da tras la votación del 11 de junio, fecha en la que con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones se aprobó la sanción contra el expresidente.

Al respecto, el expresidente Martín Vizcarra le respondió al Parlamento. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Vizcarra criticó la decisión de los legisladores y mencionó que debe ser la ciudadanía quien decida en las urnas si debe ser elegido como presidente o no.

«El Congreso vuelve a inhabilitarme. Por cerrar el Congreso de forma constitucional y con el respaldo mayoritario de la población. Me temen y temen a lo que represento. No me van a doblegar. Que el pueblo decida en las urnas, no una mayoría de 3% que a nadie representa.

Dina Boluarte habría solicitado archivar casos en su contra por genocidio ante la exfiscal Patricia Benavides

El exasesor Jaime Villanueva, en su proceso como colaborador eficaz, advirtió que la presidenta Dina Boluarte pidió a la exfiscal Patricia Benavides archivar los casos en su contra caso por genocidio y violaciones a derechos humanos, a cambio de remover a Luis Vera Castillo, jefe de la SUNAT; además de otros pedidos que involucrarían a su hermano Nicanor Boluarte.

Este documento revela también que Boluarte tuvo una serie de encuentros a escondidas a cambio de inmunidad para ella y su hermano. Mientras que Benavides buscaba beneficiar a su esposo, dueño de empresa con deudas ante la SUNAT.

Cuarto Poder accedió a esta nueva investigación del Ministerio Público, que nace a partir de las declaraciones del apodado “filósofo”. El colaborador relató que la mandataria habría solicitado a Benavides estos pedidos, los cuales se derivan en tres hechos presuntamente ilícitos; actos de encubrimiento y patrocinio a favor de Erika Asayag (exasistente de la mandataria) implicada en el caso Aionia; remoción del jefe de la SUNAT a cambio del archivo de investigaciones en contra de la presidente y su hermano Nicanor Boluarte; designación del consejero diplomático del Ministerio Público a cambio del archivo de investigaciones en contra del expremier Alberto Otarola.

El testimonio revela un encuentro que tuvo en el distrito de Miraflores a mediados de 2023, con la presencia de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y Óscar Nieves (exconsejero legal de la mandataria).

En esta reunión, describe que Villanueva llevó una petición de su exjefa Benavides, destitución del superintendente de SUNAT, Luis Vera Castillo, a cambio de archivar las investigaciones por genocidio y violaciones de derechos humanos. Asimismo, Nicanor Boluarte hizo su pedido para “quedar libre de toda investigación”.

Villanueva habría informado los detalles de dicha reunión. Ante ello, la exfiscal de la Nación habría indicado atender las solicitudes de los hermanos Boluarte, a fin de mantener “las buenas relaciones”. Sin embargo, Benavides habría influido en el fiscal Juan Herrera Farje para que archive otra investigación por presunta declaración falsa. Ahora, Boluarte debía intervenir en la destitución en SUNAT.

A su vez, el abogado Nieves planteó 3 escenarios para evitar que Grika fuera implicada por EFFICOP: que no se la investigue, que no se pidan prisiones preventivas o que sea derivada a una fiscalía menos rigurosa. Finalmente, Grika fue investigada por la unidad de Enriquecimiento Ilícito y no por el equipo especial.

Además, Benavides ingresó con sus asesores a la sede de EFFICOP en marzo de 2023, supuestamente para reforzar la directiva: “Que se avoquen a Pedro Castillo”.

OTROS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

Según el informe, el expremier Alberto Otarola también gestionar la designación de Tomás Jara Berrocal como consejero del servicio diplomático destacado al Ministerio Público. A cambio, lo ayudaría en la investigación en su contra por genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.

La designación se concretó, pero el archivo de su caso nunca llegó.

Antes estas revelaciones, se ha iniciado una investigación fiscal de 36 meses, que incluye a Nicanor Boluarte, ya implicado en el caso “Waykis en la Sombra”.

Al respecto, el abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, negó estos testimonios. “Villanueva no tiene ninugn credibilidad. Benavides no es parte ni testigo (…) No tiene ninguna relación con esa persona Erika”, apuntó.

JNE establece distribución de escaños para próximo Congreso Bicameral

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el número de escaños en el Congreso de la República que corresponderá a cada uno de los 27 distritos electorales del país, conformados por los 24 departamentos, Lima Provincias, la Provincia Constitucional del Callao y Peruanos Residentes en el Extranjero, en el contexto de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

De acuerdo con la Ley N.º 31988, Ley de Reforma Constitucional que restablece la bicameralidad en el Congreso de la República del Perú, el Legislativo estará conformado por 60 representantes para el Senado y 130 para la Cámara de Diputados. En dicho contexto, corresponde al JNE fijar la distribución de escaños para el proceso de EG 2026, de conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) modificado por la Ley N° 32245.

En función de lo mencionado, mediante Resolución N° 053-2025-JNE, el supremo tribunal electoral, tratándose del Senado, establece una primera distribución de 30 escaños para una elección por distrito electoral múltiple: se otorga 1 escaño a cada circunscripción, con excepción de Lima Metropolitana, a la que se le asignan directamente 4 escaños, pues así lo dispone el referido artículo 21 de la LOE recientemente modificado.

Respecto de los otros 30 escaños del Senado, se precisa, que su elección sería en distrito electoral único nacional, con el voto de los electores que forman parte del padrón electoral del país.

En cuanto a los escaños de la Cámara de Diputados, siguiendo lo señalado por el artículo 21 de la LOE, se hace una primera distribución de 28 escaños: se otorga 1 escaño a cada circunscripción, con excepción de la circunscripción de Peruanos Residentes en el Extranjero, a la que se le asignan directamente 2 escaños.

Los otros 102 escaños de la Cámara de Diputados, indica la resolución, que se distribuyen de manera proporcional al número de electores de las otras 26 circunscripciones.

Se precisa que, para los cálculos de la asignación proporcional de escaños entre las circunscripciones electorales, se ha tomado como base la última actualización del padrón alcanzada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de conformidad con el artículo 204 de la LOE, que dispone su remisión trimestral.

Establecen la distribución de los 60 escaños para la elección de candidatos al Senado en las Elecciones Generales 2026, conforme se detalla EN LA RESOLUCIÓN N.º 0053-2025-JNE

Y conforme a la RESOLUCIÓN N.º 0053-2025-JNE quedó establecida la distribución de los 130 escaños para la elección de candidatos a la Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026.