El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski presentó este jueves al Congreso de la República una denuncia constitucional contra el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, por infracción a la Constitución.

El exmandatario imputa al jefe del gabinete de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y avocamiento ilegal de proceso judicial en trámite.

La medida fue tomada luego de que Kuczynski fuese impedido de abordar su vuelo a Estados Unidos el sábado último, a pesar de que no pesaba sobre él un impedimento de salida del país. Un día después, Eduardo Arana reveló que llamó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para avisar que el exjefe de Estado no tenía restricciones para salir del país. De acuerdo a Arana, esto produjo que la audiencia para evaluar la solicitud de impedimento de salida del país sea adelantada.

«(Eduardo Arana) ha atentado contra el principio de separación de poderes del Estado (…) al haber interferido para que se produzca un adelanto indebido de audiencia e interposición de medida de impedimento de salida del país en mi contra, sin sustento legal alguno», indica la denuncia.

Kuczynski solicita a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que admita a trámite la denuncia e inhabilite al primer ministro para ejercer la función pública.

«PPK fue maltratado», dice su abogado

Sobre el tema, el abogado del exmandatario, Julio Midolo recordó que fue el mismo jefe de gabinete quien reconoció que solicitó el adelanto de la audiencia en la que se vería la ampliación del impedimento de salida del país a Kuczynski, con lo cual —dijo— hubo una serie de vulneraciones a los derechos del exmandatario.

Reseñó que en la intervención a PPK participó personal de Migraciones y de la Fiscalía que pretendió restringir la libertad de su patrocinado.

«En todo momento él fue cuestionado, presionado, maltratado. Al momento que se retiraba del aeropuerto en silla de ruedas fue interceptado por otro grupo de policías y una fiscal adjunta y quienes pretendieron coaccionar al presidente para que entregue su documentación; es una situación que nos apena, no entendemos cómo el primer ministro, que ha sido ministro de Justicia, ha podido cometer este error o efectivamente ha tenido una intención subrepticia con estas llamadas, esa situación va a tener que dilucidarse dentro de una investigación que va a estar a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», indicó.

Añadió que «sin duda, la actuación del primer ministro tiene visos de carácter penal, pero también consecuencias de tipo político», por lo que la denuncia constitucional plantea también una sanción de inhabilitación a Arana para ejercer cargo público «por la gravedad de sus actos y en atención a la alta investidura que ostenta».

«Consideramos que el Congreso tendrá que evaluar que más allá de antipatías o simpatías de carácter político tiene que quedar claro que en el país existe un Estado de derecho. No es concebible que un primer ministro se interese por casos particulares, dudo mucho que lo haga con otros casos», acotó Midolo.