Tomás Gálvez acudirá a la Fiscalía este 11 de junio para solicitar su reincorporación

El exfiscal supremo Tomás Gálvez Villegas anunció que mañana miércoles 11 de junio acudirá a la Fiscalía de la Nación a solicitar su reincorporación ordenada por el Tribunal Constitucional. “Luego daré una conferencia de prensa en el Hotel Bolívar, donde informaré mi decisión de regresar al Ministerio Público y renunciar al proyecto político”, expresó.

Gálvez Villegas es investigado por presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. Delia Espinoza, fiscal de la Nación, fue quien solicitó la suspensión para el abogado luego de que el TC anulara la destitución contra Gálvez por «presentar un peligro» para la entidad con su retorno.

¿Por qué Gálvez Villegas fue destituido de su cargo como fiscal supremo?

El 23 de abril de 2021, Tomás Gálvez Villegas fue removido del cargo de fiscal supremo tras ser vinculado a una serie de presuntas irregularidades. Entre estas, se le acusó de haber intervenido en favor de un condenado por tenencia ilegal de armas, influido en un proceso en un juzgado de familia y facilitado el contacto entre el empresario Mauricio Arrieta Ojeda, representante de la editorial Corefo, y el fiscal a cargo del caso. Según consta en la resolución, “a la fecha Gálvez Villegas no ejerce la función de fiscal supremo, por cuanto no tiene el título expedido por la Junta Nacional de Justicia”.

A pesar de las imputaciones, se señaló que el investigado ya cuenta con una sentencia favorable emitida por el Tribunal Constitucional, lo que podría permitir su eventual restitución. No obstante, el requerimiento de suspensión en su contra fue desestimado con el argumento de que ya no ejerce funciones como fiscal supremo. En el documento se lee textualmente: “en consecuencia, el requerimiento es desestimado”. Esta decisión se sustenta en la carencia del título expedido por la Junta Nacional de Justicia, lo cual imposibilita su ejercicio oficial en dicho cargo.

Poder Judicial frena a la Fiscalía: Gálvez no fue suspendido

El juez Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó el pedido de suspender por 36 meses a Gálvez Villegas. Esta solicitud la presentó Delia Espinoza. Sin embargo, el juez explicó que no existía un peligro concreto que justificara dicha medida, pese a que la Fiscalía argumentó que Gálvez podía afectar el proceso penal si retomaba funciones.

Según la resolución, Gálvez no ejerce actualmente como fiscal supremo ni cuenta con título vigente, por lo que no se podía aplicar la suspensión. Además, el juez destacó que la etapa de investigación concluyó en julio de 2023, lo que descarta el riesgo de que se manipulen diligencias. También desestimó los señalamientos sobre declaraciones públicas contra otros fiscales, ya que se consideró que no vulneran el proceso. La sentencia del Tribunal Constitucional que anuló su destitución debe respetarse, sin que eso implique una opinión sobre su responsabilidad penal.

Ley impide regreso de Gálvez

Aunque el Poder Judicial emitió un fallo a favor de Tomás Gálvez, este no podría reincorporarse como fiscal supremo. La razón radica en que actualmente figura como afiliado a un partido político fundado por él mismo: Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!

Según la Ley 30483, que regula la carrera fiscal, está prohibido que los miembros del Ministerio Público tengan afiliación política vigente. Incurrir en ello constituye una infracción grave. La norma señala: “Faltas muy graves: La afiliación a partidos, grupos políticos, grupos de presión; o el desempeño de actos propios de estos grupos o en interés de aquellos en el ejercicio de la función fiscal”.

Daniel Maurate: «Estoy seguro de que el Congreso va a dar el voto de confianza al gabinete Arana»

Desde Ginebra, donde asiste a la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo, el titular del MTPE, Daniel Maurate, expresó su confianza en que el Congreso de la República apoyará al gabinete encabezado por Eduardo Arana.

«Estoy seguro y tengo la convicción de que el Congreso va a dar el voto de confianza. Los parlamentarios van a ir en esa línea porque tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo tenemos un fin supremo, que es dar bienestar a todos los peruanos», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Las declaraciones del titular de la cartera de Trabajo llegan en la antesala de una votación clave que se realizará mañana en el Congreso, y subrayan la necesidad de mantener la continuidad de las políticas públicas en el país.

«Lo peor que puede pasar al Perú es que el avance se paralice por una intervención del Congreso», agregó.

Participación en la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo,

En tanto, durante su participación en la conferencia en Ginebra, Maurate resaltó los esfuerzos del Perú por avanzar en la formalización laboral y destacó el reconocimiento que ha recibido el país por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a diálogo social y registro de trabajadores informales.

También abordó el tema del autoempleo y propuso que sea reconocido como trabajo formal y decente, siempre y cuando se cumplan con las obligaciones tributarias.

«Hemos planteado que el autoempleo también sea reconocido como trabajo decente y formal, siempre y cuando paguen los impuestos», comentó.

Congreso busca ampliar plazo de afiliación para candidatos municipales y regionales que participarán en Elecciones 2026

Se han presentado ante el Congreso de la República los Proyectos de Ley N.º 11281 y N.º 11295, que proponen modificar el cronograma vigente del proceso electoral regional y municipal 2026, ampliando la fecha límite de afiliación política para los futuros candidatos.

La normativa vigente estableció como fecha máxima el 4 de octubre de 2024. Sin embargo, de aprobarse estas propuestas legislativas, la nueva fecha límite para afiliarse sería el 7 de enero de 2026, lo que permitiría a ciudadanos no afiliados aún postular a cargos de elección popular.

Cabe señalar que cualquier reforma de esta naturaleza debe ser analizada en función del principio de seguridad jurídica y del respeto a los plazos del calendario electoral ya establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones.

Congreso: Comisión de Constitución aprueba dictamen a favor de la impunidad para policías y militares

El Congreso de la República busca asegurar la impunidad de policías y militares. La Comisión de Constitución, presidida por el fujijmorista Fernando Rospigliosi, aprobó con 15 votos a favor, 3 abstenciones y 6 en contra, el dictamen que otorga amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el periodo del conflicto armado interno La medida ha sido impulsada por el congresista Jorge Montoya y respaldada por bancadas conservadoras, con el argumento de que se busca proteger a quienes lucharon contra el terrorismo.

De Fuerza Popular votaron a favor Fernando Rospigliosi, Martha Moyano, Patricia Juárez, Nilza Chacón y Rosangella Barbarán. De Avanza País, José Williams y Alejandro Cavero. Renovación Popular sumó con Alejandro Muñante y Noelia Herrera. También votaron a favor Juan Lizarzaburu y José Elías de APP, Jorge Morante y Alfredo Azurín de Somos Perú, y Gladys Echaíz de Honor y Democracia. Luis Aragón de Acción Popular también se alineó con esta postura. En contra por Perú Libre, votaron Isaac Mita y Jorge Cruz Mamani. De JP – Voces del Pueblo, Víctor Cutipa; de la Bancada Socialista, Alex Flores; y por el Bloque Democrático Popular, Ruth Luque. También se opuso Heidy Juárez de Podemos Perú. Optaron por la abstención Wilson Soto (Acción Popular), Segundo Quiroz y Alex Paredes (ambos del Bloque Magisterial de Concertación Nacional), mostrando distancia frente a la medida.

Por su parte, el congresista Alex Flores, de la Bancada Socialista, cuestionó duramente el dictamen y recordó casos emblemáticos de crímenes cometidos por agentes del Estado: “Caso Accomarca, Putis, las fosas comunes en Ayacucho que no se exhumaron, y los responsables siguen impunes. ¿Y se pretenderá dar amnistía?”, expresó. Además, enfatizó que su bancada rechaza el terrorismo de Estado, reafirmando la necesidad de justicia para las víctimas del conflicto armado interno.

En esa misma línea, la parlamentaria Ruth Luque comparó la situación actual con el periodo del expresidente Alberto Fujimori. Señaló que, durante su gobierno, se impulsaron leyes de impunidad que protegían a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Según Luque, hoy se repite una lógica similar al presentarse un falso dilema en el debate público. “En el fondo —advirtió— están desconociendo el derecho que tienen las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación”.

El dictamen ha generado fuerte rechazo de organizaciones de derechos humanos y especialistas legales. La crítica principal es que la norma no delimita claramente qué conductas quedarían amparadas, lo que podría permitir impunidad para casos de violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

Cabe recordar que Rospigliosi escribió una columna en el diario Expreso defendiendo al comandante Raúl Prado Ravines, sentenciado por liderar un escuadrón de la muerte, señalando que se trató de un montaje impulsado por fiscales y la “mafia caviar”. Curiosamente, ahora impulsa una ley que beneficiaría a efectivos en situaciones similares, lo que refuerza las críticas sobre su intento de garantizar impunidad.

¿Qué propone el proyecto?

El proyecto plantea que no se podrá abrir ni continuar procesos penales contra estos agentes del Estado si actuaron en el marco del combate al terrorismo. Pero al no precisar criterios legales ni excluir delitos de lesa humanidad, se corre el riesgo de desproteger a las víctimas y vulnerar compromisos internacionales del Perú.

Los defensores del dictamen alegan que se trata de una deuda pendiente con quienes defendieron al país, y aseguran que solo busca brindar seguridad jurídica frente a lo que califican como “persecución judicial”. No obstante, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideran que este tipo de leyes debilita el Estado de derecho y bloquea el acceso a la verdad y justicia.

A pesar del avance en comisión, el dictamen aún debe ser votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, significaría un cambio radical en la política de justicia transicional del país y podría provocar demandas ante tribunales internacionales.

Virgilio, hermano de María Acuña, la acusa de mentirosa y considera que las tesis nunca existieron: “Me da vergüenza”

El caso por las tesis inexistentes de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta, que involucra directamente a la Universidad César Vallejo (UCV) —propiedad de su hermano César Acuña—, ha generado un nuevo episodio interno en la familia Acuña, uno de los clanes políticos más influyentes de la región norte del país. En declaraciones a la prensa, Virgilio Acuña, también hermano de la parlamentaria, calificó de “bochornosa” la situación y deslizó que las tesis, tanto de maestría como de doctorado, nunca existieron.

La controversia por la desaparición de los trabajos académicos escaló. Horas después de que el dueño de la UCV ratificara la posibilidad de que las lluvias hayan intervenido, el exviceministro y pariente de la legisladora calificó de “bochornosa” la situación.

La desaparición de los trabajos académicos de María Acuña, justificada por la UCV en presuntos daños causados por las lluvias del Fenómeno de El Niño Costero de 2017, provocó sospechas desde el primer momento. Pero la reacción de otro de los Acuña avivó el debate. En declaraciones a RPP, el exviceministro de Transportes sostuvo que “no solo es reprochable que no exista la tesis, sino que lo más grave es la explicación que da”.

“Que las tesis fueron desaparecidas por el fenómeno del niño es una tomadura de pelo para la sociedad. Yo lo que creo es que no existe la tesis”, sostuvo y aseguró que la situación académica y política de la legisladora afecta la imagen familiar. “Me da vergüenza la actitud política de la señora María Acuña, que apoya a un sistema y un Gobierno corrupto que va desangrando a nuestra patria. Para nuestra familia es una desgracia tener de hermana a alguien que apoya a una mujer que ha hecho tanto daño a nuestra nación”, expresó.

Los cuestionamientos también fueron reforzados por las declaraciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque, el cual negó reportes de daños o emergencias en la sede universitaria durante las lluvias del 2017. Cristina Huamanchumo Leyton, titular de la entidad, sostuvo que si bien sí se registraron afectaciones por lluvias en varios sectores de Lambayeque, la Universidad César Vallejo no aparece en ninguno de los informes oficiales de daños.

“Específicamente, la Universidad César Vallejo no la tengo registrada como afectada por lluvias, de acuerdo a los reportes de 2017. Tampoco tenemos reportes de afectación por huaicos en este distrito ni en Chiclayo. Los deslizamientos se dieron en la zona altoandina”, sostuvo según declaraciones recogidas por La República.

Al respecto, una vecina identificada como María Teresa del Castillo mencionó que en 2017 no hubo un huaico. Sus declaraciones fueron respaldadas por otro residente de la zona: “No hay forma de que acá haya habido un huaico. Lo más cerca que tenemos es la playa Pimentel y aquí no ha habido un tsunami para llevarse la documentación”, dijo Carlos Akerman.

Virgilio Acuña también fue acusado de irregularidades

Aunque hoy critica a su hermana, lo cierto es que el exviceministro también fue cuestionado en el pasado por un tema académico. En su caso, se le atribuyó la copia de una tesis presentada ante la Universidad Federico Villareal por los profesores Gilberto León Flores y José María Zevallos. Interrogado por la prensa, admitió la responsabilidad, aunque alegó que su error fue haber confiado y no revisar el documento elaborado por colaboradores que, según su versión, trabajaban bajo su encargo.

“Yo le puse el nombre porque confié en una persona honorable, que no firmó porque no es coautor, es parte de un equipo. […] Para contribuir con lo que es el proceso de control interno, por supuesto que mande a publicar y use mi nombre, como en cualquier otro equipo… Todo lo hizo el equipo de trabajo. No he pagado, he encargado. Yo he tenido en su momento 200, 300, hasta 500 personas trabajando conmigo como funcionarios, y que paralelamente me hacían un trabajo académico como este”, dijo entonces.

Congreso: Comisión de Constitución debate HOY predictamen a favor de la impunidad de policías y militares

La Comisión de Constitución debatirá este 10 de junio un predictamen que propone la creación de una ley para conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y los años 2000. De ser aprobado, el dictamen pasará directamente al Pleno del Congreso, que podría promulgarlo antes del próximo cierre de la legislatura.

La iniciativa ha generado polémica, ya que el texto no establece criterios claros para determinar qué acciones pueden considerarse parte de la «lucha contra el terrorismo». Esto abre la posibilidad de que diversos abusos de poder y delitos de lesa humanidad atribuidos a miembros de estas instituciones sean interpretados como parte de dicho contexto, lo que implicaría su blindaje e impediría que sean juzgados adecuadamente. El predictamen será debatido en la comisión presidida por Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular.

Este predictamen tiene su origen en un proyecto de ley N° 7549 presentado por el congresista Jorge Montoya (Honor y Democracia). En su exposición de motivos, Montoya sostiene que los crímenes cometidos por las fuerzas del orden y por los grupos subversivos no pueden ser juzgados bajo los mismos parámetros.

«(…) el 100 % de los hoy procesados por lamentables hechos violatorios de los derechos fundamentales de peruanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo no intervinieron de manera espontánea o por interés propio, sino en cumplimiento de deberes funcionales propios de sus respectivas actividades militares, castrenses, policiales o de gobierno que detentaban en aquel entonces. En cambio, los subversivos declararon la guerra al Estado y la sociedad peruana por intereses de poder e inspiración ideológica, con la pretensión de instalar una tiranía que, bajo el pretexto de la justicia social, pretendía hacer tabla rasa del Estado de Derecho y del modelo republicano, democrático, social, independiente y soberano (…)», se lee en el documento.

Predictamen que será debatido en la Comisión de Constitución | Foto: X-Ruth Luque.

No es la primera vez que el Congreso legisla a favor de la impunidad en estos casos

Anteriormente, el Congreso —a través de los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto (Honor y Democracia)— protagonizó un episodio de impunidad vinculado al conflicto armado interno. Esto ocurrió con la promulgación de la denominada «Fujiley», una norma que establecía la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. La ley fue duramente criticada por organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió medidas provisionales que fueron desatendidas por el Ejecutivo. La norma fue aprobada por la Comisión Permanente durante el receso parlamentario, lo que permitió considerarla como aprobada sin haber sido debatida en el Pleno.

La propuesta impulsada entonces por Rospigliosi y Cueto buscaba beneficiar principalmente a personas procesadas o condenadas por violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante las décadas de 1980 y 1990. Bajo el amparo de dicha norma, estas personas podrían solicitar la nulidad de sus sentencias o la cancelación de procesos judiciales aún en curso. De este modo, se configuraba un retroceso en la lucha contra la impunidad, al debilitar el marco legal que ha permitido juzgar estos crímenes sin límite temporal.

Es importante recordar que los delitos de lesa humanidad son considerados imprescriptibles precisamente por la complejidad de sus investigaciones y la gravedad de sus consecuencias, lo que permite que puedan ser juzgados incluso décadas después. No obstante, el proyecto planteaba que los crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002 —fecha en que el Perú se adhirió al Estatuto de Roma— no podrían ser calificados como tales. A pesar de las observaciones técnicas, el Gobierno decidió no consultar a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y se limitó a considerar la opinión de otra oficina, que declaró la norma viable, aunque con reservas.