Cada día salen a la luz diferentes declaraciones, audios y correos electrónicos, que dejan mal para a la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, que ya lleva más de 200 días sin declarar a la prensa quizá porque no tiene argumentos para defenderse de tantas investigaciones que la persiguen.
Hace poco, el 28 de abril, su exsecretaria presidencial, Patricia Muriano, virtualmente desde Estados Unidos, confirmó los detalles del pacto que hicieron la mandataria y el cirujano Mario Cabani, para practicarle las cirugías estéticas que tanto negó Boluarte (aduciendo que su operación a la nariz se debía a problemas respiratorios), por lo que el Ministerio Público confirmó los indicios para abrir la investigación por tráficos de influencias.
Dina Boluarte fue sometida a la cirugía plástica el miércoles 28 de junio del 2023 y estuvo de descanso en la clínica Cabani hasta el viernes 30, fecha en la que regresó a su domicilio.
Sin embargo, ahora recién se supo que el médico Cabani regresó a Palacio de Gobierno para inyectarle vitaminas en el rostro a la mandataria, según lo señalado por su exsecretaria.
Tras esas cirugías a la que fue sometida, Boluarte volvió renovada, con nueva nariz, parpados sin arrugas y los demás cambios en su rostro y su aspecto físico.
El Congreso de la República autorizó a la presidenta Dina Boluarte a salir del país el sábado 24 de mayo para participar en la ceremonia de investidura del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa. La votación finalizó con 57 votos a favor, 34 en contra y una abstención, permitiendo así que la mandataria cumpla con la invitación oficial recibida el pasado 15 de abril.
Según el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, la visita refuerza los lazos de amistad y cooperación entre Perú y Ecuador, y es vista como una oportunidad estratégica para la política exterior del país.
¿Qué incluye la agenda de Boluarte en Quito?
La presidenta participará en la Ceremonia de Posesión de Mando Presidencial en la capital ecuatoriana, y luego asistirá a un almuerzo oficial ofrecido por Daniel Noboa. La agenda busca proyectar la voluntad del Gobierno peruano de continuar promoviendo la cooperación bilateral y la integración regional.
Entre los temas clave en la agenda común figuran la lucha contra la minería y tala ilegal, así como la protección de recursos compartidos como la cuenca de los ríos Puyango-Tumbes, que atraviesa ambos países.
¿Qué dijo el canciller Schialer sobre el viaje?
El canciller destacó que Ecuador es un país hermano con el cual se mantiene una cooperación ejemplar. En conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Schialer afirmó que la asistencia de Boluarte a la investidura no es solo un gesto protocolar, sino una “obligación internacional” por la cercanía y compromisos bilaterales existentes.
También señaló que ambos países se apoyan mutuamente en organismos multilaterales, lo que hace aún más valiosa la presencia de la mandataria en un evento de alto nivel regional.
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República aprobó este lunes un informe que recomienda suspender por 120 días a María Agüero, congresista de Perú Libre, a raíz de una denuncia por presuntamente recortar el 10 % del salario del personal de su despacho.
La Secretaría Técnica de dicho grupo de trabajo indicó que se corroboró con documentos que obran en autos y declaraciones ante la Comisión de Ética y el Ministerio Público, que existen suficientes elementos de convicción que demuestran el recorte de las remuneraciones en favor de Agüero.
Dichas declaraciones ante Fiscalía señalan a César de la Cruz Canales, chofer y asesor de la legisladora como receptor de los aportes.
Al respecto, en el informe se señala que se demostró que el aporte sí fue dispuesto por la legisladora y que, por ello, la imagen del Congreso de la República se ha visto afectada.
Piden que Subcomisión proceda contra María Agüero
Entre las recomendaciones del documento se indica que se declare fundada la denuncia por la vulneración de diversos artículos del Código de Ética Parlamentaria.
Además, que el informe sea remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que conforme a ley proceda contra la legisladora de Perú Libre por el delito de concusión en agravio del Estado.
Se recomienda también que toda la documentación sea derivada a la Fiscalía de la Nación para que se incorpore a la carpeta fiscal del caso.
Este informe deberá ser debatido y votado en su momento por el pleno del Congreso de la República.
El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre el dictamen aprobado este martes por la Comisión de Constitución del Congreso, que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.
Durante una entrevista en el programa Prueba de Fuego de RPP, el legislador calificó como un “error” del Parlamento la eliminación de esta protección de carácter procesal en el 2021.
“Creo que la eliminación de la inmunidad, así a rajatabla, sin dar lugar a excepciones, creo que ha sido un error que hoy el Congreso de una u otra manera está tratando de enmendar”, aseguró.
Asimismo, mencionó que este dictamen, en caso de ser respaldado por el pleno, regirá a partir del proceso electoral del 2026 en adelante.
“No es para nosotros”, señaló Muñante, y aclaró que se ha establecido que la inmunidad parlamentaria no favorezca a diputados o senadores que tengan denuncias anteriores a su elección.
“También se ha dispuesto plazos perentorios. Por ejemplo, cuando se cometen delitos flagrantes, para que se pongan a disposición dentro de las 24 horas ante la Corte Suprema de Justicia”, añadió.
Muñante explicó, además, que la inmunidad parlamentaria es una figura que protege al congresista durante el cumplimiento de su función fiscalizadora, a fin de prevenir denuncias infundadas o decisiones judiciales equivocadas.
Sin embargo, precisó que el informe contempla salvaguardas para evitar “una inmunidad absoluta” frente a casos de delitos flagrantes o comunes.
“Estoy proponiendo para el nuevo reglamento de los diputados y senadores que en el caso hipotético de que exista una acusación flagrante o relevante como en el caso de los ‘mochasueldos’ que pone en tela de juicio el prestigio de toda una institución, que sea la Mesa Directiva y ya no la Comisión de Ética quien revise ese caso para lograr una suspensión rápida en 15 días y que sea después la justicia penal la que formule los cargos correspondientes”, concluyó.
La presidenta Dina Boluarte denunciará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según informó su abogado, Juan Carlos Portugal, durante una conferencia de prensa brindada el martes 20 de mayo y tal como lo confirmó a La República. El letrado cuestionó el sustento de las cinco denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público y criticó que hayan sido formuladas mientras la mandataria se encontraba de viaje en el Vaticano, donde sostuvo un encuentro con el Papa León XIV.
“Me parece que el Ministerio Público, con justa razón lo digo, ha instrumentalizado el poder no como una agenda de verdad ni de investigación, sino como una agenda política”, expresó Portugal. Además, criticó que de las cinco denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía ante el Congreso, la defensa legal aún no ha sido informada del contenido completo o el sustento de ellas, por lo que la decisión amerita ser investigado por los órganos de control constitucional.
Abogado de Dina Boluarte califica de ‘desafiante’ actitud de Delia Espinoza
Asimismo, Portugal calificó como “desafiante” e “irresponsable con la verdad” el accionar de Delia Espinoza contra la jefa de Estado, y aseguró que las acusaciones carecen de coherencia jurídica en relación con las cuatro carpetas fiscales abiertas actualmente contra Boluarte. “Vamos a sustentar nuestros señalamientos a partir de las inconsistencias en las que ha incurrido la propia fiscal de la Nación”, indicó.
Además, afirmó que se ha vulnerado el marco constitucional, al aludir al artículo 117 de la Constitución, que limita las causas por las cuales un presidente en funciones puede ser acusado. A su juicio, Espinoza ha ignorado este precepto y ha actuado al margen de la ley.
Finalmente, el abogado también dijo que la defensa legal de Boluarte ha colaborado con todas las diligencias requeridas por el Ministerio Público. No obstante, cuestionó la manera en que se ha manejado la información desde esa institución. “Hemos colaborado con un Ministerio Público cuyo poder principal no ha sido el de investigar, sino el de difundir sus investigaciones”, sentenció.
Juan Carlos Portugal asegura que el doctor Mario Cabani la operó gratis por ‘prestigio personal’
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, afirmó que las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió la mandataria por el cirujano Mario Cabani fueron completamente gratuitas. Según explicó, fue el propio médico quien ofreció realizar las operaciones sin costo alguno como una forma de ganar prestigio tanto personal como para su clínica. “Ese acto realizado por la presidenta de la República y Mario Cabani fue un acto médico gratuito”, señaló Portugal.
Además, en la conferencia relató que Cabani le habría dicho a Boluarte: “Presidenta, no me ofenda, para mí es un prestigio tanto personal como institucional que mi clínica la intervenga. No tiene que asumir ningún costo”. También cuestionó la validez de una supuesta declaración de Patricia Muriano, quien declaró que Boluarte no tenía dinero para pagar la operación. “Muriano no ha señalado eso, y está claro que la presidenta tenía ahorros suficientes para asumir ese tipo de gastos”, dijo.
La Comisión de Constitución y Reglamento de Congreso de la República, que preside Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, aprobó este martes con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones el proyecto de ley presentado por el congresista Wilson Soto Palacios de Acción Popular el pasado 2 de agosto de 2023 que propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú para restablecer la inmunidad parlamentaria.
La propuesta fue respaldada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), Arturo Alegría (Fuerza Popular), José Elías Ávalos (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Isaac Mita (Perú Libre), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Noelia Herrera (Renovación Popular), Wilson Soto (Acción Popular) y Jorge Morante (Somos Perú).
Los parlamentarios que se opusieron a la aprobación del proyecto fueron Víctor Cutipa (JP), Víctor Flores (Fuerza Popular), Ruth Luque (BDP).
Y votaron en abstención José Williams (Avanza País), Héctor Valer (SP), Lizarzaburu (APP), Alex Paredes (Bloque Magisterial),Segundo Quiroz (Bloque Magisterial).
Comisión de Constitución: ¿Qué propone el proyecto aprobado?
Según lo señalado por Soto en el proyecto de ley, los legisladores en el cumplimiento de sus funciones se enfrentan a grupos que podrían verlos como una amenaza contra sus intereses; debido a esto, el parlamentario plantea que puedan ejercer su labor «sin temor a ser intimidados o denunciados».
Esta propuesta de reforma constitucional plantea que ningún congresista puede ser procesado o detenido mientras esté en funciones, a menos que el Congreso o la Comisión Permanente lo autoricen. Solo hay una excepción: si el congresista es sorprendido cometiendo un delito en flagrancia; es decir, en el mismo momento en que ocurre el delito.
En ese caso, debe ser puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de 24 horas, para que decidan si se permite su detención y enjuiciamiento. Esta decisión debe tomarse en un plazo máximo de 30 días calendario. Si no se pronuncian en ese tiempo, se entenderá automáticamente como una autorización para procesarlo y detenerlo.
Este último punto es preocupante porque, si un congresista es sorprendido cometiendo un delito, no puede ser procesado ni permanecer detenido sin la autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, que tienen hasta 30 días para pronunciarse. Es decir, el hecho de que durante las primeras 24 horas el parlamentario deba ser puesto a disposición del Congreso abre la puerta a posibles maniobras de blindaje político, esta figura podría debilitar la respuesta inmediata ante hechos evidentes.
Además, establece que cuando un congresista es acusado de cometer un delito común (como robo, corrupción, etc.) mientras está en funciones, solo la Corte Suprema de Justicia puede encargarse de su caso. O sea, ningún juez común puede procesarlo, solo la más alta corte del país.
Se destaca que la propuesta aprobada por la Comisión de Constitución no aplica a delitos cometidos antes del 2026; es decir, los congresistas podrán ser investigados por cualquier Fiscalía por hechos ocurridos antes de ese año.
ENFOQUE REAL 