Congreso: Comisión de Constitución aprueba restablecer la inmunidad parlamentaria

La Comisión de Constitución y Reglamento de Congreso de la República, que preside Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular, aprobó este martes con 14 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones el proyecto de ley presentado por el congresista Wilson Soto Palacios de Acción Popular el pasado 2 de agosto de 2023 que propone modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú para restablecer la inmunidad parlamentaria.

La propuesta fue respaldada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), Arturo Alegría (Fuerza Popular), José Elías Ávalos (APP), Heidy Juárez (Podemos Perú), Waldemar Cerrón (Perú Libre), Isaac Mita (Perú Libre), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Noelia Herrera (Renovación Popular), Wilson Soto (Acción Popular) y Jorge Morante (Somos Perú).

Los parlamentarios que se opusieron a la aprobación del proyecto fueron Víctor Cutipa (JP), Víctor Flores (Fuerza Popular), Ruth Luque (BDP).

Y votaron en abstención José Williams (Avanza País), Héctor Valer (SP), Lizarzaburu (APP), Alex Paredes (Bloque Magisterial),Segundo Quiroz (Bloque Magisterial).

Comisión de Constitución: ¿Qué propone el proyecto aprobado?

Según lo señalado por Soto en el proyecto de ley, los legisladores en el cumplimiento de sus funciones se enfrentan a grupos que podrían verlos como una amenaza contra sus intereses; debido a esto, el parlamentario plantea que puedan ejercer su labor «sin temor a ser intimidados o denunciados».

Esta propuesta de reforma constitucional plantea que ningún congresista puede ser procesado o detenido mientras esté en funciones, a menos que el Congreso o la Comisión Permanente lo autoricen. Solo hay una excepción: si el congresista es sorprendido cometiendo un delito en flagrancia; es decir, en el mismo momento en que ocurre el delito.

En ese caso, debe ser puesto a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de 24 horas, para que decidan si se permite su detención y enjuiciamiento. Esta decisión debe tomarse en un plazo máximo de 30 días calendario. Si no se pronuncian en ese tiempo, se entenderá automáticamente como una autorización para procesarlo y detenerlo.

Este último punto es preocupante porque, si un congresista es sorprendido cometiendo un delito, no puede ser procesado ni permanecer detenido sin la autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, que tienen hasta 30 días para pronunciarse. Es decir, el hecho de que durante las primeras 24 horas el parlamentario deba ser puesto a disposición del Congreso abre la puerta a posibles maniobras de blindaje político, esta figura podría debilitar la respuesta inmediata ante hechos evidentes.

Además, establece que cuando un congresista es acusado de cometer un delito común (como robo, corrupción, etc.) mientras está en funciones, solo la Corte Suprema de Justicia puede encargarse de su caso. O sea, ningún juez común puede procesarlo, solo la más alta corte del país.

Se destaca que la propuesta aprobada por la Comisión de Constitución no aplica a delitos cometidos antes del 2026; es decir, los congresistas podrán ser investigados por cualquier Fiscalía por hechos ocurridos antes de ese año.

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lr.pe

CongresistaBancadaVoto
Fernando RospigliosiFuerza PopularA favor
Alejandro AguinagaFuerza PopularA favor
Carmen JuárezFuerza PopularA favor
Martha MoyanoFuerza PopularA favor
Arturo AlegríaFuerza PopularA favor
Lady CamonesAlianza para el ProgresoNo votó
Juan Carlos LizarzaburuAlianza para el ProgresoAbstención
José ElíasAlianza para el ProgresoA favor
Luis AragónAcción PopularA favor
Wilson SotoAcción PopularA favor
Heidy JuárezPodemos PerúA favor
Waldemar CerrónPerú LibreA favor
Isaac MitaPerú LibreA favor
Alejandro MuñanteRenovación PopularA favor
Noelia HerreraRenovación PopularA favor
Alex ParedesBloque MagisterialAbstención
Segundo QuirozBloque MagisterialAbstención
Williams ZapataAvanza PaísAbstención
Víctor CutipaJuntos por el PerúEn contra
Héctor ValerSomos PerúAbstención
Jorge MoranteSomos PerúA favor
Alex Flores RamírezBancada SocialistaEn contra
Ruth LuqueBloque DemocráticoEn contra

Congreso: proyecto que prohíbe ampliación del Reinfo fue desestimado en Junta de Portavoces

Hace casi 5 meses, el gobierno de Dina Boluarte oficializó la norma que establece la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un periodo de seis meses adicionales, con opción a prórroga por seis meses más. No obstante, un proyecto de ley del congresista Wilson Soto plantea ponerle fin a nuevas ampliaciones.

Para este propósito, se busca modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 y de esta manera, legalizar la prohibición de esta práctica recurrente de solicitar extensiones de tiempo sin resultados tangibles. Según el legislador de Acción Popular, se trata de una iniciativa que obliga al Estado a implementar una política de formalización minera más realista y eficiente.

“El actual sistema ha fracasado. Solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse y miles de operadores suspendidos siguen extrayendo minerales sin control. Esta situación genera serios riesgos ambientales, sociales y de seguridad para el país. Debemos dejar de alentar falsas expectativas. Este proyecto marca un punto de quiebre para impulsar una minería responsable, ambientalmente viable y socialmente justa”, explicó Soto.

Respecto a esta propuesta, la Junta de Portavoces decidió este 19 de mayo que no sea exonerada de dictamen de la Comisión de Energía y Minas, tal y como lo planteaba Acción Popular (AP). Fuentes de este diario, confirmaron que la mayoría de bancadas como Podemos (PP), el Bloque Magisterial (BM), Fuerza Popular (FP), Somos Perú (SP) y otras, se abstuvieron en la votación y de esta manera, la dispensa de trámite fue rechazada. Algunas de ellas arguyen razones procedimentales y políticas ante la falta de estudio de la propuesta, teniendo en cuenta que recortar la prórroga avalada por ley podría desatar un conflicto social.

Otros grupos parlamentarios como el Bloque Magisterial y Podemos mantienen vínculos políticos con los mineros informales. Al respecto, un reportaje de Cuarto Poder dio cuenta de que cinco dirigentes de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (AMA Pataz) se afiliaron al partido que lidera José Luna, quien tiene varias investigaciones fiscales en curso.

En el caso de Acción Popular, este grupo parlamentario sostuvo, a través de un pronunciamiento, que la publicación del reglamento que amplía el Reinfo evidencia la intención del Poder Ejecutivo de extender el Reinfo hasta diciembre. Además, anunciaron que ipromoverán una moción de interpelación contra el ministro Jorge Montero.

«Desde la bancada de Acción Popular impulsaremos la interpelación del ministro de Energía y Minas. Han pasado cinco meses desde que se aprobó la ampliación del Reinfo y hasta ahora, no avanzamos con el proceso. Estamos en un círculo vicioso y vemos que no hay un compromiso del Ejecutivo. Los parlamentarios deben tomar consciencia de que no puede haber más prórroga. La historia nos juzgará quienes estamos a favor de la informalidad y quiénes no», declaró Soto a este medio.

Minem defiende reglamento de Reinfo

Ante los cuestionamientos sobre la disposición que establece la transferencia de titularidad en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) por sucesión, el Ministerio de Energía y Minas sostuvo que «si un minero está en proceso de formalización y fallece, “es necesario y razonable permitir que sus herederos continúen con este esfuerzo de formalización conforme a las normas vigentes”.

Además, dejaron en claro que la transferencia por herencia no constituye una figura novedosa, puesto que ya se encuentra regulada en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 018-2017-EM. Estos argumentos que esboza el Minem tendrá que replicarlos en su presentación en la Comisión de Energía y Minas, la cual se dará este martes 20 de mayo.

En declaraciones a los medios de comunicación, el legislador Paul Gutiérrez justificó esta disposición al señalar que muchos mineros artesanales trabajan con sus hijos. Por ende, en caso de fallecimiento, el heredero tendría que continuar con su labor. No obstante, indicó que mayores detalles sobre este tema los tendrá que sustentar el ministro Jorge Montero.

«El Reinfo tendría que derogarse con la Ley Mape. Hemos trabajado puntos específicos que han obstaculizado el tema de la formalización como los contratos de explotación y la trazabilidad. Lo que se está trabajado es cómo fortalecer la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales, ya que ellos cumplen un rol importante en la economía del país», agregó.

¿Qué es el Reinfo?

Es un padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que agrupa a todas las empresas y negocios que se dedican a la explotación o beneficio en el segmento de pequeña minería y minería artesanal, y las exime de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Morgan Quero y Ángela Hernández por “incitación a la discriminación”

Este lunes 19 de mayo, el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por el presunto delito de incitación a la discriminación agravada.

Asimismo, la Fiscalía indica que el titular del Minedu es investigado por declarar el año pasado que los casos de violaciones en las comunidades Awajún podrían tratarse de “prácticas culturales”.

En dicho proceso incluyeron también a la exministra de la Mujer, Ángela Teresa Hernández, quien apoyó las declaraciones de Morgan Quero.

Los hechos refieren a que los denunciados declararon ante medios de comunicación nacional una expresión que promueve y legitima la exclusión y desvalorización de los referidos agraviados”, señaló el Ministerio Público.

Fiscalía presenta denuncia contra ministro de Educación por expresiones sobre fallecidos en protestas

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por la presunta “incitación a la discriminación” en agravio de los fallecidos por las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que se registraron a finales de 2022 e inicios de 2023.

Mediante su cuenta de X, el Ministerio Público indicó que a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, la denuncia constitucional contra el titular de Educación es por el presunto delito contra la humanidad-incitación a la discriminación en su modalidad agravada.

Los hechos se refieren a que el denunciado, al finalizar una actividad oficial, declaró ante un medio de comunicación nacional una expresión que promueve y legitima la exclusión y desvalorización de los referidos agraviados”, se lee en la publicación.

Como se recuerda, a mediados de diciembre de 2024, Morgan Quero expresó que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas” tras ser consultado por los fallecidos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Congreso convoca a Delia Espinoza y Rafael Vela para declarar por caso Pataz y acuerdo con Odebrecht

Fiscales en el Congreso. Delia Espinoza y Rafael Vela han sido convocados por distintas comisiones parlamentarias para asistir al Congreso de la República y declarar sobre el caso Pataz y el acuerdo con Odebrecht, respectivamente. Ambas citaciones se celebrarán hoy, 19 de mayo. Siendo desarrollada la citación de Espinoza desde las 8:30 a.m. y la de Vela desde las 10:00 a.m.

La fiscal de la Nación deberá responder por los hechos ocurridos en la provincia de La Libertad. Espinoza presentará un análisis legal sobre la situación tras la matanza de 13 trabajadores mineros en la zona mencionada, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Además, informará sobre las actuaciones fiscales previas en la provincia de Pataz, así como sobre otros temas directamente relacionados con la responsabilidad de las empresas mineras involucradas: Poderosa y R&R.

Pero esto no será lo único que deberá informar Espinoza. La titular del Ministerio Público también tendrá que responder por las acciones adoptadas por la Fiscalía luego de que investigaciones periodísticas revelaran que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, habría participado en operaciones ilegales con mineros informales en Arequipa. Del mismo modo, deberá explicar las razones que llevaron a la desactivación de las fiscalías antiterrorismo de Ayacucho y el VRAEM.

Por su parte, Rafael Vela —fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato— ha sido citado para informar a los miembros de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de revisar el acuerdo con la empresa Odebrecht —presidida por el congresista Alejandro Muñante— sobre lo que conozca respecto a la negociación, firma, aprobación y cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa brasileña.

Delia Espinoza no asistiría a declarar ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Según informaciones de Congreso, Espinoza no asistiría a la citación hecha por la comisión presidida por el congresista Isaac Mita para responder por los sucesos ocurridos en Pataz, las acciones fiscales tomadas en la zona y otros temas relacionados. La ausencia de Espinoza estaría motivada por sucesos relacionados a su agenda que le imposibilitan asistir.

Dina Boluarte se aprovechó de alcaldes de distritos alejados: los obligó a ir a Lima para firmar un papel ante cámaras

Un total de 144 alcaldes de distritos lejanos y con índices de pobreza fueron obligados por el Gobierno de Dina Boluarte a ir a Lima únicamente para firmar un documento, acto que pudo desarrollarse de forma virtual. Gran parte de las autoridades expresaron a Punto Final su indignación por dicha acción, pues los gastos de traslado y viáticos fueron bastante altos y asumidos, en su totalidad, por ellos mismos.

«Es una falta de respeto al pueblo más alejado, más pobre, más necesitado de nuestro Perú. No hay movilidad para llegar a Lima a tiempo, no hay avión. Pudiendo hacerlo acá, pero no. Nos dijeron que si no íbamos perderíamos el acuerdo (con el Estado). Nosotros hemos tenido que hacer gastos en un tiempo récord. Es un insulto al pueblo»: así expresó su malestar uno de los alcaldes, quien prefirió reservar su identidad para evitar posibles represalias contra el distrito que lidera.

De la misma forma, otro burgomaestre indicó que tuvo que viajar durante dos días para acudir al evento. «Uno viaja pudiendo perder la vida. A parte de eso, la parte económica, ¿Quién la subvenciona? Nadie. Yo vengo de un distrito pobre», indicó.

Así como estos testimonios, muchos otros alcaldes manifestaron la travesía y gastos que habían tenido que realizar para asistir al evento celebrado en Palacio de Gobierno con la presencia de Dina Boluarte. Incluso, hubo una autoridad que comunicó que tuvo que viajar durante dos días vía terrestre para poder llegar a tiempo.

Todos acudieron por invitación del programa Llamkasum, adscrito al Ministerio de Trabajo. Cada año hacen convenios con municipalidades, entregando recursos para la ejecución de programas de empleo temporal. Se trata de lugares rurales o situación de extrema pobreza.

Usualmente, en cada edición, los alcaldes van a las 22 oficinas zonales del programa Llamkasun, distribuidas en todo el país, para firmar el convenio, sin embargo, este 2025, el 12 de mayo, recibieron un oficio del MTPE en el cual les informaban que la firma de convenios se realizaría el 15 de mayo a las 10.00 am. en el local del ministerio de la avenida Salaverry (local que luego fue cambiado por Palacio). Solo tenían 3 días para acudir al llamado del Ejecutivo.

Directora de Llamkasum aseguró que la presencia de los alcaldes no era obligatoria, pero oficio la desmiente

Al ser consultada por este hecho, la directora del referido programa, Jessica Tumi, intentó justificar la firma presencial de los alcaldes. «(En el caso de la firma del día de hoy, por qué no hacerlo en sus regiones) Mira, lo que pasa es que el programa financia dos tipos de intervención, actividades y proyectos de inversión. (Pero si hay municipalidades distritales pequeñas, alejadas, ¿para qué hacerlas venir a lima?) Bueno, porque son proyectos de inversión, repito», dijo a Punto Final.

Asimismo, aseguró que ellos solo enviaron una invitación y esta no obligaba a ninguna autoridad a ir a Lima. El oficio la desmiente.

Se puede leer textualmente que se solicita la participación del alcalde, más un regidor u otro funcionario municipal, “con el fin de dar inicio al proceso de transferencia financiera a favor de su comuna”. Es decir, se establece que los proyectos están condicionados a la presencia física del alcalde invitado.

En otra parte del mismo documento se evidencian las verdaderas intenciones del Ejecutivo: “El evento tiene como objetivo visibilizar las acciones del gobierno central”.

El día de la firma, Dina Boluarte posó contenta contra cientos de alcaldes que también tuvieron que sonreír para la foto, pese a que estaban agotados por el extenso viaje e incómodos con la situación. La foto de la supuesta alegría entre el Gobierno y las autoridades de los distritos fue publicada en las redes oficiales del Estado. Se trataba de un evento protocolar. Una cuestión de marketing.

Fuerza Popular estaría detrás de la designación de Eduardo Arana en la PCM: ‘El fujimorismo se lo pidió’

Fuerza Popular habría influenciado para la designación de Eduardo Arana en el máximo cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), según fuentes del semanario Hildebrandt en sus Trece.

De acuerdo con alguien cercano al primer ministro, habría aceptado el cargo solo por indicación del partido liderado por Keiko Fujimori. “Él ha aceptado ser premier solo porque desde el fujimorismo se lo pidieron”, reveló al referido semanario. Asimismo, resaltó el alcance que siempre ha tenido Arana dentro del Gobierno de Dina Boluarte. “Arana es una persona que se siente muy cómoda trabajando desde las sombras”, indicó.

La llegada de Arana al premierato no fue casual. Inició cuando Fuerza Popular emitió un comunicado anunciado que iba a respaldar la moción de censura que se impulsaba contra el entonces primer ministro. Fuentes de dicho partido informaron al semanario que Adrianzén se había convertido en «una carga muy pesada» y que perjudicaba la candidatura de Keiko Fujimori en las próximas elecciones.

En ese sentido, el partido naranja impulsó la salida de Adrianzén y la llegada de Arana, quien se desempeñaba como ministro de Justicia.

“La relación que Dina tiene con César Acuña no es la misma que con el fujimorismo. Con Acuña son socios, se tratan como amigos y coordinan. Con el fujimorismo es distinto. Boluarte habla con Keiko vía un emisario. La presidenta acepta la sumisión a Fuerza Popular”, cuenta una fuente cercana a la presidenta al semanario H13.

Dina Boluarte defiende designación de Eduardo Arana

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte se pronunció luego de que se hiciera oficial el nombramiento de Eduardo Arana como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de Gustavo Adrianzén, quien presentó su renuncia el lunes 12 de mayo. Boluarte, quien tuvo la oportunidad de incorporar nuevos profesionales al gabinete para renovar su gobierno, optó únicamente por cambiar al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros y al reemplazante de Arana en la cartera de Justicia. Como resultado, el Ejecutivo recibió críticas por la falta de renovación. Ante ello, Boluarte afirmó que esos cuestionamientos no son su prioridad.

«Sin amilanarnos ante las críticas, ante las mentiras. Porque eso es parte del trabajo político, y los políticos entendemos que a veces algunos buscan protagonismo difundiendo falsedades. Lo que importa es tener la conciencia tranquila. La mía y la de los ministros está más tranquila y transparente que el agua de mi río grande de Chalhuanca», declaró.

Además, la presidenta aseguró que las estadísticas respaldan su gestión, a pesar de los récords negativos en cifras vinculadas a los homicidios producto de la ola delictiva. «No le tememos a las críticas, no le tememos a la infamia, no le tememos a las mentiras. Nosotros hablamos con números, con datos. No como aquellos comentaristas de ciertos programas que dicen cosas como ‘la presidenta vive en un mundo paralelo’. Yo les digo: ingresen a las plataformas de los ministerios y revisen los resultados. (…) A nuestro gobierno no lo distrae nada», sostuvo.