Consejo Fiscal alerta que reforma de APP limita competencias del MEF y pone en riesgo sostenibilidad fiscal

La reforma de las Asociaciones Público-Privadas continúa bajo la lupa. Aunque su promulgación aún está pendiente, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 30 de mayo para presentar sus observaciones, tal como lo adelantó el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes.

Por su parte, el Consejo Fiscal reiteró su preocupación por las implicancias fiscales que generarían las modificaciones propuestas al marco legal que regula la inversión mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA).

“La reforma aprobada busca impulsar las APP, pero introduce cambios normativos que debilitan seriamente disposiciones diseñadas para salvaguardar el efecto fiscal de este tipo de proyectos y evitar contingencias que comprometan la sostenibilidad fiscal”, puntualizó.

Estas son las advertencias del Consejo Fiscal

1. Debilita disposiciones para salvaguardar equilibrio fiscal

El Consejo Fiscal considera que transferir la rectoría del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) limita las competencias exclusivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en materia hacendaria, financiera y fiscal, en las distintas fases del proceso de una APP.

En ese sentido, indicó que se elimina la obligación del MEF para emitir opinión sobre el impacto y consistencia de los proyectos con el cumplimiento de las reglas fiscales y se restringe su participación en situaciones de modificaciones al equilibrio económico-financiero.

Asimismo, alerta que sustituir el análisis de capacidad presupuestal por un análisis de “disponibilidad financiera” no garantiza el cumplimiento de los requerimientos de control presupuestal ni de capacidad fiscal.

Además, cuestiona que la autógrafa concentre el control total de los proyectos APP en Proinversión otorgándole no solo la rectoría del sistema, sino también la titularidad de los proyectos del Gobierno Nacional y la conducción de todo su ciclo, desde la formulación hasta la ejecución contractual.

“Proinversión pasaría a ser el “concedente” de los proyectos, es decir, la contraparte pública de los concesionarios privados”, explicó.

“Estas modificaciones generan un potencial conflicto de interés por parte de Proinversión, entidad que sería juez y parte en la decisión de determinar la modalidad de ejecución de todos los proyectos de infraestructura pública nacional. Dado que su función se limita a la promoción de la inversión privada en APP o PA, no puede asegurarse la maximización de valor por dinero ni el cumplimiento de los principios de responsabilidad fiscal al exceder sus competencias.”, indicó el Consejo Fiscal.

2. Contraviene prácticas internaciones

En su análisis, el Consejo Fiscal resaltó que la experiencia internacional muestra que los marcos institucionales de países con mayor experiencia en APP resaltan la importancia de la participación de los ministerios de hacienda en la evaluación fiscal de las APP.

3. Cartera de proyectos de escala fiscal inédita

La cartera de proyectos asciende a US$ 70 mil millones, lo que representa cerca del 25% del PBI del 2024. “El 12,9% de la inversión total corresponde a 17 proyectos autofinanciados y el 27,9% a 50 proyectos cofinanciados. No obstante, no se dispone de información para el 59,1% restante”, indicó.

4. Falta de control adecuado podría generar obligaciones o contingencias fiscales

El documento advierte que la reforma “rompe el vínculo entre la aprobación de APP y la planificación presupuestaria”, lo que podría llevar a la ejecución simultánea de megaproyectos sin considerar la capacidad fiscal. Esto generaría presiones insostenibles sobre el gasto público, afectando la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

También alerta que la falta de evaluación exhaustiva y de controles adecuados podría fomentar la proliferación de adendas o controversias (demandas) entre el Estado y los concesionarios.

5. Escasa discusión técnica

El Consejo Fiscal sostuvo que el proceso de aprobación de la autógrafa de ley se realizó sin la necesaria discusión técnica ya que las iniciativas presentadas el 13 de marzo y el 8 de abril de 2025 fueron exoneradas del debate y evaluación de la comisión correspondiente el 14 de abril, e incluidas en la agenda del pleno del 16 abril.

“En la misma fecha el pleno del Congreso aprobó la propuesta (y la exoneró de segunda votación) sin un debate amplio de los diferentes grupos parlamentarios”, añadió.

6. Debe enmarcarse en una política nacional de infraestructura integral y coherente

El Consejo Fiscal considera que “el Gobierno debería marcar una hoja de ruta clara, definida técnicamente, que aborde integralmente la problemática de las brechas de infraestructura y de servicios públicos en el país, y que se sujete, en todos los plazos, al espacio fiscal disponible”.

PNP: Martín Vizcarra estaría coordinando con Bolivia solicitud de asilo político

La Policía Nacional del Perú emitió la Disposición de Comando N°202500006310-COMOPPOL-PNP/CENOPPOL, en la cual advierte que el expresidente Martín Vizcarra estaría realizando coordinaciones para solicitar asilo político en Bolivia.

La alerta surge en el marco del juicio contra el exjefe de Estado por cohecho pasivo propio. Se le acusa de haber recibido sobornos para otorgar licitaciones a empresas cuando era gobernador regional de Moquegua.

«Existiría la posibilidad de que el expresidente, por intermedio de allegados y/o personas de confianza, se encontraría realizando coordinaciones con la embajada de Bolivia en el Perú, con fines de solicitar asilo político, argumentando ser un perseguido político», indica el texto.

En ese sentido, señala que esto sería posible «en virtud de la presunta amistad que mantendría el embajador de Bolivia con el exmandatario».

De acuerdo al documento policial «se prevé que el juicio concluya próximamente con una posible sentencia condenatoria».

El texto señala que 2013, cuando Vizcarra era presidente regional de Moquegua «gestionó a través de la empresa Obrainsa el alquiler de una aeronave para trasladar a una delegación boliviana encabezada entonces por el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, al puerto de Ilo».

«El objetivo fue presentar el potencial del terminal portuario y su conexión con el proyecto Lomas de Ilo», señala el documento. Además, indica que el costo del vuelo, que fue de S/ 35,958, fue facturado por ATSA y pagado por Obrainsa, «empresa que luego ganó la licitación del proyecto».

«Este hecho habría estrechado los vínculos políticos entre el expresidente Martín Vizcarra y autoridades boliviana», señala.

Ollanta Humala: Juzgado Constitucional concluye que la orden de arresto en caso Odebrecht es inconstitucional

Una buena noticia para Ollanta Humala. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima determinó que el expresidente del Perú y los demás implicados fueron arrestados de forma inconstitucional. La decisión fue anunciada como parte del proceso de hábeas corpus interpuesto por la ciudadana Cyntia Natalia Cornejo Arista en favor de Ilan Heredia Alarcón, hermano de la esposa del expresidente, Nadine Heredia.

«(…) Este Colegiado concluye que el juzgado demandado, de manera errónea, ordenó la ejecución de la pena impuesta durante la audiencia de adelanto de fallo del 15 de abril de 2025, cuando lo legalmente correcto era que se lleve a cabo una vez emitida la sentencia condenatoria debidamente redactada. (…) Esta situación resulta lesiva al derecho constitucional invocado por la parte demandante en la medida en la que se ordenó la ejecución de la condena impuesta, con orden de captura, mediante un acto distinto a una resolución judicial escrita y debidamente motivada», señala la resolución.

Esta victoria judicial podría sumar argumentos ante la posible presentación de un recurso de reconsideración ante el Poder Judicial que revoque la decisión de los juzgados, quienes consideraron que el expresidente cometió el delito de lavado de activos, condenándolo así a 15 años tras las rejas. Las estrategias legales del expresidente ya se han puesto en marcha. Como se recuerda, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala, presentó un hábeas corpus para anular su condena de 15 años por lavado de activos, tras alegar adelanto en la lectura de la sentencia.

Decisión del Juzgado constitucional ante recurso presentado | Foto: LR-Pasión por el derecho.

OIlanta Humala: ¿Por qué fue condenado a 15 años de prisión el expresidente?

El Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional del Poder Judicial impuso una condena de 15 años de prisión a Ollanta Humala y Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos. La magistrada Nayko Coronado respaldó la tesis del Ministerio Público, al concluir que los fondos entregados al Partido Nacionalista durante las campañas presidenciales de 2006 y 2011 provenían de fuentes ilícitas, específicamente de Venezuela y la empresa brasileña Odebrecht. Como resultado, ambos deberán cumplir su sentencia hasta el año 2039.

Esta decisión judicial constituyó un hito en los procesos seguidos contra exmandatarios y excandidatos presidenciales entre 2006 y 2016. Nayko Coronado se convierte en la primera jueza en dictar una condena por lavado de activos vinculados a financiamiento de campañas electorales. Cabe destacar que Nadine Heredia no asistió a la lectura del fallo en la sede del Poder Judicial ubicada en el edificio Carlos Zavala, lo que motivó la emisión de una orden de captura en su contra.

Durante la lectura anticipada de la sentencia, Coronado señaló que testigos declararon que Heredia acudía a la embajada venezolana para recoger grandes sumas de dinero en efectivo, transportadas en mochilas o maletas, destinadas a la campaña de 2006. La jueza subrayó que, según las pruebas, estos fondos tenían origen ilegal. Además, el tribunal escuchó a 57 testigos que afirmaron no haber realizado aportes a las campañas del Partido Nacionalista.

Asimismo, se evidenció que Heredia suscribió contratos ficticios con la empresa Apoyo Total, respaldando esta conclusión con registros de depósitos bancarios efectuados a su cuenta. El juzgado también confirmó que en 2011 el partido recibió tres millones de dólares, y aclaró que, aunque en Brasil se hayan anulado ciertos procesos, ello no afecta el carácter ilícito del dinero recibido.

Ley avalada por Boluarte y el Congreso ya tiene efecto: PJ manda a prisión preventiva a menor de 16 años

Con la reciente aprobación de la Ley 32330, que rebaja la edad de responsabilidad penal, ya se registra el primer caso en La Libertad. El poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra un adolescente de 16 años investigado por el presunto delito de extorsión.

Según la tesis fiscal, el menor identificado con las siglas E. B. A. S. fue capturado el 14 de mayo por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) en el distrito de El Porvenir.

La intervención ocurrió tras la denuncia de una víctima que, el 13 de mayo de 2025, encontró una nota manuscrita con amenazas debajo del portón de su vivienda. En el mensaje se le exigía el pago de S/8.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

La decisión judicial se produjo luego de que se presentara diversos elementos de convicción por parte de la fiscal adjunta provincial Marylin Pereda Llerena. Con base en estos indicios, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de El Porvenir accedió al requerimiento del Ministerio Público y dictó siete meses de prisión preventiva contra el menor.

Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso n.º 32330

Pese a las advertencias de que con populismo no se combate el crimen, el gobierno de Dina Boluarte promulgó la ley del Congreso n.º 32330, la cual permitirá procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves.

Esta medida contempla más de 30 tipos penales considerados graves, entre ellos el homicidio calificado, la violación sexual de menores, el sicariato, el secuestro, el robo agravado, la extorsión, la trata de personas, así como delitos relacionados con el terrorismo y el narcotráfico.

No obstante, la ley también ofrece un enfoque especial para los jóvenes infractores de entre 16 y 21 años. Este sistema busca la reintegración social mediante programas educativos, terapia y orientación, diferenciándose de las condiciones del sistema carcelario convencional.

Solicitan la derogatoria de la norma

La norma ha generado preocupación en organismos internacionales, especialistas, jueces y fiscales, que advierten que los menores, lejos de ser rehabilitados, podrían verse influenciados por el entorno carcelario y continuar una trayectoria criminal.

Por este motivo, exigen la derogatoria de la norma, pues además consideran que vulnera principios básicos del enfoque de justicia juvenil y los derechos de los menores.

Ante esta situación, agencias del Sistema de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación y llamaron a las autoridades a reflexionar sobre las consecuencias de la ley. Según un comunicado conjunto que emitieron, la norma es contraria a la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional que reconoce los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y que ha sido suscrito por el Perú.

Asimismo, las agencias (Unicef, Unfpa, Oficina contra las Drogas y el Delito) alertan que esta medida no contribuirá a reducir la inseguridad ni la criminalidad en el país, ya que el 98% de los delitos graves son cometidos por adultos. Por el contrario, señalan que enviar a adolescentes a cárceles comunes junto a personas adultas podría aumentar su vulnerabilidad y el riesgo de que sigan una trayectoria delictiva.

Gobierno ejecutará inversiones en zonas de influencia al hub portuario de Chancay para cerrar brechas de infraestructura local y regional

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, aprobó por unanimidad (22 votos a favor), el texto sustitutorio del dictamen, recaído en el Proyecto de Ley 9636/2024-CR, de autoría de la parlamentaria María del Carmen Alva Prieto.

La iniciativa plantea modificar el Decreto Legislativo 1659 para incorporar el Código Único de Inversión (CUI) como requisito para la identificación de intervenciones a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales dentro de las zonas de influencia del corredor logístico asociado al hub portuario de Chancay.

Por ello, plantea modificar el párrafo 4.2 del artículo 4 del Decreto Legislativo 1659, que establece disposiciones que permitan a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), identificar, formular y ejecutar inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al megapuerto chancayano.

Según su autora, con la modificación planteada se busca evitar que proyectos viales y con avance físico o financiero significativo se pueda financiar con presupuesto institucional modificado.

Eduardo Arana arremete contra Delia Espinoza y califica denuncias a Dina Boluarte como «capricho personal»

Durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el primer ministro Eduardo Arana se pronunció sobre las denuncias constitucionales presentadas por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la presidenta Dina Boluarte. Arana calificó de politización el accionar del Ministerio Público y aseguró que las denuncias presentadas estarían vulnerando principios fundamentales del debido proceso.

“Todos los peruanos, incluyendo la presidenta como ciudadana, no pueden estar al capricho personal de una autoridad que, cuando lo estima pertinente, formula denuncias o incompletas o que vulneren el debido proceso”, afirmó Arana Ysa al referirse a la fiscal Espinoza.

Eduardo Arana acusa a fiscal de la Nación de ‘politizar’ la justicia

Asimismo, el primer ministro dijo que Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, ya respondió públicamente sobre las incongruencias de las acusaciones. “El día de ayer su abogado ha hecho énfasis en cada una de las denuncias y, luego del análisis correspondiente, ha mostrado los errores, sobre todo aquellos aspectos que no han sido considerados y que afectan el debido proceso”, señaló.

Además, Arana acusó de que se estaría utilizando el sistema de justicia con fines políticos. “Queremos expresar nuestro rechazo total al uso indebido de los mecanismos de la justicia, a la politización de la justicia y a un indebido tratamiento de los mecanismos procesales contra la presidenta Dina Boluarte”, dijo en la conferencia.

Finalmente, el titular de la PCM recordó el diseño constitucional e hizo énfasis en la división de poderes y los organismos autónomos como el Ministerio Público. «Hay que tener en cuenta que el diseño constitucional de nuestro país (…) tiene como propósito de cada poder del Estado puede desarrollar sus funciones pero respetándose mutuamente. (…) Ninguna autoridad puede ejercer sus funciones sobrepasando o incumpliendo el mandato de la Constitución o de la ley», acotó.

Dina Boluarte denunciará a la fiscal de la Nación

La presidenta Dina Boluarte denunciará a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ante el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según informó su abogado, Juan Carlos Portugal, durante la conferencia de prensa que dio el martes 20 de mayo y tal como lo confirmó a La República. El letrado cuestionó el sustento de las cinco denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público y criticó que hayan sido formuladas mientras la mandataria se encontraba de viaje en el Vaticano, donde sostuvo un encuentro con el Papa León XIV.