Presidenta Boluarte hizo un llamado a todos los sectores para trabajar unidos contra la delincuencia

“Estamos con ustedes transportistas trabajando para darle solución al problema de la criminalidad que afecta a todos y el bienestar de toda la población”, sostuvo la presidenta Dina Boluarte.

Señaló que un día de paro de transporte no va a evitar que las acciones de esta lacra social de criminales no existan porque con esta medida pierde el empresario, el conductor del vehículo y pierde el Perú porque se afecta el movimiento habitual de trabajo.

Agregó que los transportistas pueden estar seguros de que el problema del sicariato y la extorsión lo está abordando el ejecutivo con el fin de dar mayor seguridad al desplazamiento de los medios de transporte.

Dina Boluarte, aseguró que la delincuencia tiene los días contados porque se realizarán accione más enérgicas y contundentes sin contemplaciones para acabar con la criminalidad.

Asimismo, saludó la decisión del Congreso de la República por aprobar la ley que permite utilizar el uso de armas de electrochoque por parte del serenazgo municipal.

En este sentido, formuló un llamado a todos los sectores para trabajar más unidos porque el terrorismo urbano nunca nos va a ganar porque el sicariato y la extorsión matan y generan terror.

La mandataria manifestó que están haciendo todo lo posible para construir más cárceles, pero entretanto los delincuentes capturados irán a los penales que tenemos en funcionamiento.

“Entendemos la urgencia de la población y entiendo la necesidad por eso estamos trabajando para encontrar la solución y aplicaremos mayor rigurosidad en los operativos y afianzaremos más el trabajo en diversas zonas de la capital que será peinadas por la policía y las fuerzas armadas, añadió Boluarte.

La presidenta Dina Boluarte, informó que solicitará que se declare al Tren de Aragua como organización terrorista internacional para lo cual se están realizando las consultas necesarias a nivel de la cancillería para poder atacar a esta lacra social que es una banda organizada.

Por su parte el canciller Elmer Schialer, dijo que promoverá ante la OEA para que los estados miembros diseñen acciones conjuntas para combatir a este flagelo y sea reconocido al nivel del hemisferio como una organización terrorista.

Janet Tello, en mensaje por inseguridad ciudadana, critica al Congreso y hace pedido a Ejecutivo

En plena jornada del paro de transportistas, Janet Tello Gilardi, presidenta del Poder Judicial, pidió respuestas concretas frente al avance de la criminalidad y urgió al Congreso y al Ejecutivo a actuar con firmeza.

Este jueves 10 de abril, mientras más de 460 empresas acatan un paro de transportistas en Lima y Callao, Tello Gilardi emitió un mensaje contundente sobre la inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

“Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentido de responsabilidad y preocupación ante el alarmante desborde de la criminalidad y la creciente inseguridad ciudadana que afecta a nuestro querido país”, expresó.

Tello destacó que la situación actual “no solo pone en riesgo la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también socaba los cimientos de nuestra convivencia pacífica y democrática”.

En su discurso, instó a todos los poderes del Estado a dejar de lado las diferencias y trabajar unidos: “Asumamos el real compromiso de sumar esfuerzos y articular una respuesta contundente y efectiva ante esta crisis”.

Janet Tello manda mensaje a Congreso

La magistrada saludó que el Congreso convoque un pleno especializado en materia de seguridad, pero advirtió que no bastaba con ese gesto institucional en medio del paro de transportistas.

“No puedo dejar de reiterar que existen normas aprobadas en los últimos meses que merecen una urgente revisión, tal como lo ha señalado la Corte Suprema en un informe que le hemos remitido”, afirmó.

Además, exigió al Legislativo aprobar de manera prioritaria un proyecto de ley clave: “Debo recordarles la imperativa e impostergable necesidad de aprobar el proyecto de ley que crea el sistema nacional especializado en unidades de flagrancia”.

“Solicito al Congreso priorizar esta tarea, entendiendo que la seguridad y el bienestar de la ciudadanía dependen de decisiones legislativas oportunas y responsables”, agregó la presidenta del Poder Judicial.

Hace pedido a Ejecutivo

El mensaje de Tello también incluyó un pedido concreto al Ejecutivo para garantizar el financiamiento necesario para enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana.

“Solicito al Poder Ejecutivo concretar la asignación de los recursos que se necesiten para su total implementación y funcionamiento”, expresó en referencia a las unidades de flagrancia.

La alta magistrada consideró que esta política debe ejecutarse en coordinación entre el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En ese sentido, ratificó que el Poder Judicial está comprometido con el combate contra la criminalidad: “Por nuestra parte estamos plenamente comprometidos en este propósito con el rol que nos toca”.

Finalmente, dirigió un mensaje a jueces y juezas del país: “Exhorto a todos los jueces y juezas de nuestro país para ser firmes en la aplicación rigurosa de la ley”.

“Quiero decirles que su labor es crucial para restablecer la confianza en nuestro sistema judicial y para enviar un mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en nuestra nación”, concluyó.

Gustavo Adrianzén evalúa estado de emergencia: «Hay resultados insuficientes, pero hay resultados»

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se refirió a los resultados del estado de emergencia, medida que el Gobierno adoptó para hacer frente a la creciente ola de criminalidad, y precisó que, si bien los resultados han sido «insuficientes», al menos han habido algunas mejoras.

Estas declaraciones las hace el titular de la PCM en medio del paro de transportistas que se lleva a cabo en Lima y Callao, debido a los constantes actos extorsivos que sufren quienes trabajan en este rubro.

«Quiero reiterar mis expresiones de solidaridad y condolencia con los deudos de los transportistas que fueron vilmente asesinados este último fin de semana. Desde el Gobierno, no hacemos sino reconocer que están en su justo derecho de hacer una movilización, un paro. No creemos, en opinión personal, que sea la mejor medida para combatir el crimen y la delincuencia. Sin embargo, el derecho a la protesta lo reconocemos y lo respetamos», dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

«Hace como tres semanas se decidió por algo que era un clamor popular: declarar en estado de emergencia a Lima y Callao. Yo creo que sí hay resultados, insuficientes hasta el momento, pero hay resultados en comparación a lo que teníamos», agregó.

«Tenemos que comprometer a todos los actores» en la lucha contra la criminalidad

En otro momento, Adrianzén dijo que para luchar contra la criminalidad es preciso comprometer a todos los actores, incluyendo al Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso, quiene tien la facultad de «aprobar normas y darles herramientas a la Policia y la FF.AA. para hacer su trabajo».

«Quisiera que se tome en cuenta que el trabajo para combatgir el crimen organziado no depende únicamente de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Aquí tenemos que comprometer a todos los actores: Ministerio Público y Poder Judicial, y comprometer a los ciudadanos. Uno de los problemas que hemos tenido es que la extortsion no era denunciada. Visibilizar es una medida de contribuir», finalizó.

José Cueto y su recomendación a transportistas ante ola de asesinatos: «Pónganse láminas antibalas»

José Cueto, parlamentario de la bancada Honor y Democracia, pidió este miércoles a los transportistas que coloquen láminas antibalas en sus vehículos por los ataques que sufren a manos de sicarios, que en los últimos días han acabado con la vida de varios conductores de buses de transporte público.

Durante el debate tras la interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el legislador se refirió a la situación actual que están sufriendo los transportistas, por lo que instó al jefe del Gabinete Ministerial a adoptar medidas como un estado de sitio.

“El estado de sitio es lo que debería hacer acá y en algunas ciudades del país para que se pueda controlar y devolver el orden”, sostuvo el parlamentario durante su intervención.

“Ya están empezando organizaciones a matar a capturar a los sicarios y a matarlos y eso va a ser realmente la ley de la selva. Y a nuestros amigos transportistas, que los están matando, pónganse láminas antibalas”, añadió.

Pide variar estrategia policial y militar en estado de emergencia

Cueto también cuestionó que los efectivos de la Policía Nacional y el personal de las Fuerzas Armadas estén parados en la calle cuando se les podría encomendar el cuidado de las unidades de transporte público. Según explicó, para ello tendrían que acompañar vestidos de civil en su ruta a los vehículos.

“En lugar de tener a toda nuestra policía, parados por las calles, dispongan que vayan de civil, que vaya uno en cada bus hasta donde alcance, el solo hecho de decirlo, lo van a pensar”, dijo.

“Y si están ahí y hacen uso de su arma, bien utilizada y que la ley les caiga y la ley proteja a nuestros soldados y policías que estén en estos buses. Es la única manera. Así no estén (los delincuentes en los buses) lo van a pensar (atacar) porque pueden tener a una persona que les va a devolver el disparo y así lo deberían hacer”, agregó.

Crítica a congresistas

Respecto de la interpelación a Gustavo Adrianzén, el parlamentario de Honor y Democracia criticó el actuar de sus colegas, pues durante la presentación del jefe del Gabinete solo hubo “30 personas promedio”, lo cual consideró una falta de respeto.

“Vuelvo a llamar la atención al Congreso y después nos quejamos de que la gente se queja de nosotros. Obviamente pues, traemos una persona acá para que explique y no viene nadie, un grupo, pero a la hora de preguntar, ahí sí empezamos a regresar, a criticar”, indicó.

Los satélites de Keiko Fujimori: cansada de que hasta “un panetón” le gane en las encuestas, la hija del dictador prepara una estrategia para el 2026

Keiko Fujimori ya no puede ganar elecciones por sí sola. Lo sabe. El electorado le ha dado la espalda, las encuestas la humillan con memes comparándola hasta con un panetón, y su apellido, antes sinónimo de poder, hoy arrastra el peso de los procesos judiciales y el desgaste de tres derrotas presidenciales consecutivas. Pero en la política peruana, donde la ambición y el oportunismo son moneda corriente, la heredera del fujimorismo tiene un as bajo la manga: su ejército de satélites, esos personajes que, por dispersos o contradictorios que parezcan, terminan orbitando alrededor de su maquinaria.

Rafael López Aliaga, el «cristiano» que pacta con cualquier demonio con tal de arañar votos; César Acuña, el meme andante, el eterno candidato que compra conciencias y personajes como quien adquiere franquicias de pollo a la brasa; Vladimir Cerrón, el ideólogo radical que hoy se codea con los mismos a los que antes llamaba «fachos»; Carlos Álvarez, el operador de Montesinos, el cómico que mueve hilos en las sombras; Philips Butters, el comunicador que pasó de criticar a Keiko a justificarla; Carlos Neuhaus, el tecnócrata que sueña con revivir un fujimorismo «light»; Hernando de Soto, el economista que un día la respalda y al siguiente la abandona; Rafael Belaunde, el aristócrata que busca relevancia en un partido desconocido y desenganchado de la realidad popular; y Fiorella Molinelli, heredera de los despojos de Kuczynski, que intenta lavar la imagen de una estructura carcomida por la corrupción. Todos, en su propia medida, son piezas de un rompecabezas que Keiko arma con paciencia de ajedrecista.

El cálculo es simple: mientras más dividido esté el espectro político de derecha y centro derecha más Perú Libre, más chances tiene ella de colarse en una segunda vuelta. Acuña y Cerrón, por ejemplo, ya le hacen el trabajo sucio en el Congreso, manteniendo a flote a un gobierno débil como el de Dina Boluarte, quien, según rumores de pasillo, ya habría pactado una salida controlada que beneficie a la lideresa de Fuerza Popular. No es casualidad que la bancada naranja evite hundir a la presidenta, a pesar de los escándalos de sangre,represión, corrupción con sus waykis, el escandaloso caso de las cirugías a cambio de puestos en el estado, etc. Todo forma parte de una estrategia fría: desgastar a los rivales, fragmentar el voto antisistema y esperar que, en 2026, el cansancio ciudadano lleve a los peruanos a elegir, una vez más, entre «el mal menor».

Pero hay un problema: estos satélites le serán leales un tiempo.

Acuña quiere ser presidente desde hace décadas, Cerrón sueña con una revolución marxista falsa y no le importa casarse con cualquiera que le dé espacio , López Aliaga se cree el mesías de la derecha, y los demás solo buscan su tajada. Sin embargo, a Keiko no le importa. Porque en el Perú de hoy, donde la política es un negocio de egos y supervivencia, la dispersión es su mejor aliada. Mientras sus rivales se devoran entre sí, ella sigue ahí, paciente, esperando que el pánico a un país ingobernable haga que incluso sus críticos terminen votando por ella, solo para evitar algo peor.

El 2026 se acerca, y aunque muchos se burlen del panetón, la historia podría repetirse: en un mar de candidatos mediocres y ambiciones desordenadas, Keiko Fujimori, la eterna candidata, podría volver. No por mérito propio, sino porque sus satélites, sin quererlo, le allanan el camino.

Congreso: Comisión de Constitución aprueba proyecto fujimorista para suspender a fiscales, jueces, ministros y miembros de la JNJ

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó una propuesta de ley del fujimorismo que modifica el reglamento de esta institución para que sea posible suspender a todos los altos funcionarios del Estado: ministros, fiscales supremos, jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa empodera los procesos de acusaciones constitucionales del Congreso y permite, además, que todos los altos funcionarios sean suspendidos con 50 votos, lo que equivale a la mayoría simple de congresistas presentes en el Pleno, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente (que son 30).

Fuerza Popular y Perú Libre respaldaron contrarreforma

El dictamen fue aprobado con 14 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Los congresistas que respaldaron la contrarreforma son de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Somos Perú y Bloque Magisterial. Todo el pacto que gobierna el Parlamento.

El proyecto fue presentado por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien planteó modificar el artículo 89 del reglamento del Congreso. Este texto establece que los parlamentarios acusados constitucionalmente puedan ser suspendidos mientras son investigados en el Ministerio Público.

Juárez propuso ampliar ese universo para todos los altos funcionarios investigados y que son acusados por el Congreso. «Mientras dure el proceso, se les suspende en el cargo», enfatizó.

La sesión de la Comisión de Constitución en la que se aprobó esta ley fue presidida por Luis Aragón, de Acción Popular, quien puntualizó el impacto que tendrá dicho dictamen. «El parlamentario no es el único que puede ser acusado. Puede ser acusado un miembro de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación o de la Junta Nacional de Justicia», manifestó.

La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, cuestionó el proyecto. «Me preocupa. Aquí se está incorporando una disposición que aplica en los procesos en trámite. ¿A quién quieren bajarle la cabeza sino tienen los votos? Lo que más me viene a la mente es lo que pasó con la JNJ y ahora se pretende quitar el tema de congresistas para que se aplique a funcionarios. Yo quisiera tener claridad sobre el fondo de este tema», comentó.

Congreso: altos funcionarios corren peligro de ser suspendidos con 50 votos

La otra crítica a esta propuesta es que el Pleno del Congreso, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente, podrá suspender con mayoría simple a los altos funcionarios. «Aquí se abre la puerta a que con 50 votos uno puede suspender indefinidamente por infracción a la Constitución porque a mí me parece que se vulneró la Constitución. Lo único que he pedido es evitar que las suspensiones se hagan pasar por destituciones», expresó.

Actualmente para inhabilitar a un alto funcionario se requiere dos tercios de votos (67) a favor en el Pleno, sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. El proyecto de Juárez permite suspenderlos con menos votos. La congresista Luque por eso recordó el caso de la JNJ, cuando los exmagistrados Aldo Vásquez e Inés Tello fueron inhabilitados con 67 votos exactos.

Con una ley como la planteada por Juárez, Vásquez y Tello hubieran podido ser suspendidas con 17 votos menos en el Congreso.

Delia Espinoza, Janet Tello y Salas Arenas en riesgo

Esta ley fujimorista recibió luz verde de la Comisión de Constitución el mismo día que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) votará el informe final para acusar al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, por presunta negociación incompatible, sobre la base de declaraciones del exjuez Walter Ríos.

Con el dictamen naranja todavía no es discutido en el Pleno, pero de ser aprobado Salas Arenas está expuesto a ser suspendido del cargo de juez supremo con la mayoría de simple de votos.

El mismo riesgo corren la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, quienes son atacadas constantemente por el fujimorismo y sus aliados. A eso se suma que incluso los ministros del régimen de Dina Boluarte, los miembros del TC y otros funcionarios como el contralor y el defensor del Pueblo están expuestos a ser sometidos por una mayoría simple parlamentaria.