Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por la muerte de Lizeth Marzano

El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y muerte de la deportista y campeona nacional Lizeth Marzano, ocurrido el 17 de febrero en el distrito de San Isidro. La decisión, emitida la noche de este 4 de marzo por el juez Adolfo Farfán Calderón, fue emitida tras acoger el requerimiento del Ministerio Público, que sostuvo la existencia de peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso penal. El acusado enfrenta investigaciones por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

La audiencia ha sido postergada en dos oportunidades. En la primera sesión, el juez suspendió el debate tras el reclamo de la defensa sobre la entrega incompleta de un informe pericial, el cual, según señaló, constaba de aproximadamente 50 páginas y 30 anexos. La segunda jornada concluyó sin resolución inmediata, luego de que las partes expusieran sus argumentos.

César Nakasaki, abogado de Adrián Villar, indicó que apelará prisión preventiva. Foto: difusión

El pedido fiscal y los presuntos actos de obstaculización

El pasado martes 3 de marzo, la fiscal Yanet Roller Rodríguez sustentó el requerimiento de prisión preventiva señalando la existencia de riesgo procesal. Indicó que, tras revisar el teléfono móvil del investigado, solo se hallaron registros de llamadas dos horas después del accidente, lo que no coincide con el historial encontrado en el celular del padre de su expareja Francesca Montenegro, Juan Montenegro Bacigalupo.

Según explicó, esta comunicación telefónica se habría dado a las 00:58 a.m. el día 18 de febrero; sin embargo, no figura en el equipo incautado. Para la Fiscalía, ello evidenciaría una posible manipulación del celular y, por tanto, un intento de obstaculizar la averiguación de la verdad. “Ha obstaculizado la investigación y puede seguir haciéndolo”, sostuvo la representante del Ministerio Público durante la audiencia.

Adrián Villar y su abogado escuchando al juez dictando prisión preventiva de 9 meses. Foto: difusión

Por su parte, el abogado de Villar, César Nakazaki solicitó que se desestime la medida coercitiva al considerar que la prisión preventiva no puede sustituir una eventual sentencia. Señaló que su patrocinado reconoció responsabilidad en el atropello, pero que la afectación de su libertad debe producirse únicamente tras una condena.

La defensa alegó que Villar cuenta con arraigo familiar, domiciliario y laboral. Indicó que mantiene vínculos con sus padres y hermanos, que su domicilio está acreditado mediante certificado notarial y verificación policial, y que cursa el octavo ciclo en la Universidad del Pacífico.

Dos aplazamientos antes de la decisión final

Villar se encuentra con impedimento de salida del país por nueve meses, una medida que inició el 23 de febrero de 2026. Su actual actual representante legal tomó el mando tras la renuncia del abogado Jefferson Moreno, quien prescindió del caso a través de una carta presentada a la Fiscalía de San Isidro-Lince sin revelar los motivos.

Antes de concluir la audiencia, el juez concedió la palabra al acusado, quien ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima: “Perdón, perdón y mil veces perdón. Soy completamente consciente de lo sucedido y profundamente arrepentido”, manifestó. Asimismo, un detalle que llamó la atención fue el modo en el que refirió el juez hacia él: «¿Qué pasó por tu cabeza, hijo? ¿Por qué no bajaste y atendiste a esa señorita? Ante esto, respondió: “No sé qué me pasó. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar”.

El caso ha generado amplia atención pública y mediática. La familia de Lizeth Marzano ha exigido justicia y cuestionado el desarrollo del proceso, mientras que el Ministerio Público continúa con la investigación para determinar responsabilidades penales.

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

El próximo 31 de marzo, los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Renovación Popular, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, se enfrentarán en el debate presidencial elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El tema a discutir se centrará en educación, tecnología e innovación. Al grupo de debate se unirá la candidata de Primero la Gente, Marisol Pérez Tello.

Ese mismo día, también se debatirá sobre el segundo tema: empleo, desarrollo y emprendimiento. Se realizará en cuatro grupos de 3 candidatos. En el primer grupo estarán Francisco Diez Canseco (Perú Acción), el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Paul Jaimes Blanco (Progresemos). El segundo lo integrarán Charlie Carrasco Salazar (Partido Demócrata Unido Perú), Roberto Chiabra (Unidad Nacional) y Mario Vizcarra (Perú Primero).

El tercero Pérez Tello, Herbert Caller (Partido Patriótico del Perú) y López Aliaga. En el cuarto, estará compuesto por Mesías Guevara (Partido Morado), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Fujimori.

El cruce entre Keiko Fujimori y López Aliaga

Luego de escuchar los constantes dardos que se lanzan los candidatos presidenciales y las promesas que realizan en campaña, veamos qué es lo que proponen sobre educación, innovación y tecnología en su plan de gobierno en caso de que lleguen a la presidencia.

Comencemos por el exalcalde de Lima, que renunció a su cargo para postular a las Elecciones 2026. Su plan de gobierno presentado ante el JNE consta de 25 páginas (24 sin carátula). Según el documento, en «déficit de salud, educación y vivienda en comunidades campesinas y nativas», López Aliaga plantea descentralizar los programas de apoyo social e incorporar en los directorios a representantes de la población organizada, así como formar agentes de desarrollo para capacitar atenciones de alfabetización de adultos.

Asimismo, dice, que implementará el deporte recreativo y formativo en la currícula escolar en todos sus niveles. Además, implementará la participación de los padres de familia en la evaluación y fiscalización de la calidad educativa y desempeño de profesores.

Por otro lado, la lideresa de Fuerza Popular, quien intenta por cuarta vez ser presidenta, propone reforzar integralmente la currícula escolar, incorporar laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos rurales y amazónicos y la construcción de 3.000 colegios. Sin embargo, sobre este último punto no se especifica cómo lo llevará a cabo.

En esa misma línea, Fujimori menciona que adquirirán 6 millones de laptops o tablets con conexión a internet para niños en edad escolar, el acceso a educación inicial en comunidades rurales y dotación de uniformes escolares.

En paralelo, Marisol Pérez Tello apuesta por la mejora de aprendizajes y habilidades socioemocionales de los escolares, el impulso de la educación técnico-productiva y tecnológica, el cierre de brechas territoriales en servicios educativos y el fortalecimiento de la docencia y gestión escolar.

Segundo tema de debate: empleo, desarrollo y emprendimiento

En el primer grupo del segundo tema de debate, Diez Canseco (Perú Acción) propone fortalecer la economía de libre mercado y emprendimiento a través del fomento del entorno empresarial idóneo para los emprendedores y empresarios. Eliminará las «barreras legales innecesarias que puedan obstaculizar el desarrollo de nuevas empresas y la innovación» e incentivará la productividad de los trabajadores.

En tanto, Cerrón apunta a «garantizar el trabajo digno y establece» con derechos laborales a través del fortalecimiento de protección del Estado, la inspección laboral y formalización productiva, así como restituir los derechos laborales y la negociación colectiva como «pilares de la justicia social, la dignificación del trabajo y la democracia laboral». Por otro lado, Jaime apuesta por implementar programas de bienestar emocional para combatir el estrés laboral en servidores públicos, integrar a jóvenes en el ámbito laboral y educativo y reducir la informalidad mediante incentivos.

En el segundo grupo, Charlie Carrasco propone la reducción de impuestos, la modernización laboral mediante la formalización, promover la inversión, la reforma agropecuaria y la generación de puestos de trabajo. Mientras tanto, Roberto Chiabra apuesta por la formalización laboral e incorporación de trabajadores al empleo digno, así como la entrega de beneficios tributarios adicionales a empresas que cumplan con cuotas mínimas de contratación de jóvenes entre los 18 y 28 años con programas de capacitación. Mario Vizcarra va por la generación de empleo formal, productivo y descentralizado, la formalización progresiva de la economía informal, y la reducción del desempleo juvenil y femenino.

En el tercer grupo, Pérez Tello propone elevar la productividad y reducir la informalidad mediante una mayor articulación productiva e inversión en capacidades, reducir de manera significativa la informalidad, las brechas territoriales en formalización, servicios de desarrollo productivo e inclusión financiera y aumentar la productividad. Por su parte, Herbert Caller va por industrializar todos los sectores productivos para desarrollar el país, impulsar la industria productiva, racionalizar el gasto público. López Aliaga se inclina por impulsar oportunidades sin distinción de género, dotar de habilidades a las mujeres para la generación de ingresos en sus comunidades e impulsar la industrialización y generación de empleos en zonas vulnerables.

En el cuarto grupo, Mesías Guevara apuesta por el empoderamiento económico y social del ciudadano, la transformación digital del Estado, el trabajo decente y el emprendimiento, la seguridad social integral y la lucha contra la pobreza e implementar una estrategia de transformación productiva y competitiva de la economía. Roberto Sánchez plantea la ruptura con el modelo primario-exportador y soberanía productiva, la justifica fiscal y redistribución de la riqueza, la diversificación productiva, matriz energética y recursos estratégicos. Keiko Fujimori apunta a la creación de Prompyme, la implementación de política de «licencia 0 para Mypes», eliminar costos y trámites innecesarios, la ejecución del Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa como política de Estado.

TC declara constitucional Ley Soto que beneficia a Alejandro Soto, Vizcarra y Cerrón

El Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la Ley 31751, conocida como Ley Soto, que establece que la suspensión de la prescripción penal no puede superar un año.

En su sentencia, el Tribunal concluyó que el legislador tiene competencia para regular los plazos de prescripción como parte de la política criminal del Estado y que la norma no vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional ni al debido proceso. El fallo sostiene que la prescripción cumple una función constitucional al limitar el poder punitivo estatal y evitar que los procesos penales se prolonguen indefinidamente.

Ahora, al fijarse un tope máximo de un año para la suspensión del plazo de prescripción, varios expedientes deberán ser recalculados bajo la nueva regla. La decisión fue adoptada por los magistrados al declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley, con seis votos a favor y uno en contra. El único voto disidente fue el del magistrado Manuel Monteagudo.

Beneficiados por la Ley Soto

El congresista Alejandro Soto Reyes es candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República por Alianza Para el Progreso (APP), como parte de la fórmula junto a César Acuña y Milagros Tumi Rivas.

Soto Reyes estuvo involucrado en un proceso penal por el delito de estafa, en el que enfrentaba una posible condena de ocho años y ocho meses de prisión. Aunque el caso había sido archivado inicialmente en 2019, posteriormente fue reabierto tras detectarse irregularidades procesales en la actuación judicial previa.

Luego de la aprobación y publicación de la Ley 31751 en mayo de 2023, norma cuya inclusión en agenda parlamentaria fue impulsada por el propio legislador, su defensa solicitó el archivamiento del proceso penal alegando que, bajo el nuevo régimen de prescripción, los hechos imputados habían quedado extinguidos. El proceso fue finalmente declarado prescrito en sede penal tras la aplicación de la norma.

Sin embargo, la vía civil permaneció abierta y permitió que la empresa afectada continuara su reclamación económica. En ese proceso, el Tercer Juzgado Unipersonal de Cusco lo declaró responsable civil y ordenó el pago de una reparación económica.

Caso Cuellos Blancos: TC rechaza habeas corpus de César Hinostroza y ratifica 36 meses de prisión preventiva

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente una demanda de Habeas Corpus presentada por el exjuez supremo César Hinostroza, con la que buscaba anular la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra y se suspenda la orden de captura nacional e internacional por el caso Cuellos Blancos.

La defensa del exjuez supremo fundamentó el requerimiento indicando que supuestamente se había vulnerado los derechos al secreto de las comunicaciones, a un juez legal, al procedimiento predeterminado por la ley y al principio de legalidad procesal penal.

Se refirió, además, a la resolución de detención preliminar que resultó en la detención de su cliente el 19 de octubre del 2018 durante un plazo de 10 días.

Al respecto, sustentó que para dictar la resolución de detención preliminar el juez del juzgado demandado no realizó control alguno sobre la legalidad de las grabaciones que utilizó para fundamentar dicha medida, «por lo que su resolución es nula». Añade que la medida fue innecesaria porque fue solicitada por la fiscalía suprema cuando ya no existía investigación preliminar alguna en su contra.

«Fue detenido por la policía española e internado con fines de extradición en un pabellón para organizaciones criminales de un penal español, debido al delito imputado por el Estado peruano, lo cual le causó un daño irreparable. Añade que el referido juez supremo no era juez titular, sino un juez provisional que no pertenecía a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que se afectó el derecho al juez legal», sustentó la defensa.

Fundamentos del TC

Por su parte, el pleno del Tribunal Constitucional resolvió que los puntos planteados en la demanda deben ser declarados improcedentes, debido a que sobre la controversia relacionada con la supuesta nulidad de las resoluciones legislativas cuestionadas y de las decisiones judiciales que dictaron prisión preventiva ya existe un fallo previo con autoridad de cosa juzgada constitucional.

Además, recordó que en la sentencia emitida en 2020 se determinó que la autoridad judicial fundamentó de manera suficiente la aplicación de la medida coercitiva, detallando cómo se cumplían los requisitos establecidos por la ley para ordenar la prisión preventiva, en concordancia con los estándares constitucionales.

Vladimir Cerrón llama «oportunista» a Indira Huilca y ella le responde: «Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo»

Indira Huilca, candidata a diputada por Ahora Nación, respondió al prófugo Vladimir Cerrón luego de que este la llamase «oportunista» y la vinculara con el «Fujicaviarismo».

«Qué puedo esperar de un prófugo de la justicia que ha pactado todos estos años con el Fujimorismo desde el Congreso. Un personaje como él me parece un farsante. Alguien que usa la etiqueta de supuesto izquierdista para traficar con el voto que le dio al ciudadanía. Por Perú Libre votó mucha gente de sectores popular, pero estamos viendo que usó esos votos para estar bien sentado en la Mesa Directiva con la señora Fujimori y resto de bancadas de corte mafioso», dijo durante un programa de GV Play.

Asimismo, considero que los ataques hacia su persona tiene por objetivo a un «intento de capitalizar» los ataques contra ella. «Es una acto de desesperación», indicó.

Huilca también resaltó que, al la fecha, Cerrón no ha sido capturado y responsabilizó a los gobiernos de turno. «Que agradezca que la ultra derecha gobierna y él puede estar muy tranquilo tuiteando», anotó.

Sobre el vínculo entre Cerrón y Castillo, refirió que el primero expulsó al segundo de su partido y que intentó imponer ciertas titularidades en el gabinete ministerial.

Indira Huilca rechaza cuestionamientos a López Chau

Por otro lado, se le consultó por los cuestionamientos hacia López Chau al haber permitido el ingreso de manifestante a la UNI, cuando fue rector, pues ello habría significado un «acto político» que lo habría beneficiado en campaña.

Al respecto, la candidata a diputada explicó que en ese momento López Chau no era candidato y que ni siquiera se encontraba inscrito a un partido.

«No se abrieron las puertas de la universidad a cualquier persona. Eran estudiantes universitarios de otras regiones. Él no obtuvo ningún beneficio. Lo único que tuvo fueron represalias de la prensa, del Congreso… yo nunca he visto que hayan atendido ni citado a un ministro del Interior con la misma rapidez sobre el tema de seguridad ciudadana», indicó.

Añadió: «Yo estuve al tanto y constato de que los que se quedaron a dormir fueron únicamente estudiantes universitarios. De la universidad de Juliaca o Cusco, por ejemplo».

Indira Huilca: «Ya no hay izquierdas ni derechas»

Finalmente, se refirió sobre la corriente ideológica de los demás partidos.

Sobre ello, manifestó que «César Acuña es muy clientelista y es parte del pacto mafioso».

En tanto, sobre los demás partidos consideró que «ya no hay temas ideológicos de por medio». «Creo que todas estas personas hacen uso de etiquetas supuestamente políticas, pero mira como trafican con sus votos dentro del Congreso. Ya veremos lo que sucede con el voto de confianza el 18».

Descartó que Raúl Noblecilla de Podemos sea cercano a ella.

Corte Suprema revisará pedido de Dina Boluarte para anular denuncia por desactivación de equipo PNP que apoyaba al Eficcop

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú admitió un recurso de apelación presentado por la defensa de la expresidenta Dina Boluarte, para que se revise la decisión que rechazó su solicitud de anular una denuncia constitucional promovida por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso.

El caso se refiere a la desactivación de un equipo especial de la Policía Nacional del Perú que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).

La defensa de Boluarte recurrió a la Corte Suprema luego de que un juez supremo rechazara, en junio de 2025, una tutela de derechos con la que buscaba invalidar varias disposiciones fiscales y actos de investigación vinculados a la pesquisa preliminar.

Para su defensa, dichos actos, incluidas diligencias secretas y declaraciones reservadas, habrían vulnerado derechos fundamentales como el de defensa y el principio de igualdad de armas, además de una supuesta interpretación errónea de normas procesales.

El tribunal supremo consideró que el recurso de apelación cumplía los requisitos formales y ordenó que se programe una audiencia virtual en los próximos días, en la cual las partes, la defensa de Boluarte y representantes del Ministerio Público, presentarán sus argumentos antes de que se emita un fallo definitivo.

La denuncia constitucional se origina en la decisión de desarticular el equipo policial especializado que colaboraba con los fiscales anticorrupción, y en la investigación fiscal se atribuyen a Boluarte presuntos delitos como encubrimiento personal agravado y otros en perjuicio del Estado.