Alberto Otárola estaría filtrando información del celular de Dina Boluarte a la prensa

Dina Boluarte no se llevaba bien con la tecnología, lo que provocó que un grupo reducido de personas tengan la contraseña de su iPhone, según un reportaje de Panorama. Una de esas personas sería la exasistente de la presidenta Patricia Muriano y otra sería el ex primer ministro Alberto Otárola.

En una de las fotos obtenidas por el referido medio se ven anotaciones a mano con usuarios y contraseñas que serían del ICloud de Dina Boluarte y que habrían sido manejadas por contadas personas, como Muriano.

Una de esas imágenes habría llegado a los medios de comunicación a través de entregas de un contacto conocido con el alias de ‘Chapulín 2’ quien manejaría dos números telefónicos. Este usuario habría escogido qué material y a través de qué medio filtrar la información presidencial.

Dicho apodo es el mismo con el que Yaziré Pinedo reveló que conocían a Alberto Otárola, político con quien mantuvo una relación sentimental. Así lo dijo la joven en un testimonio a la prensa. «Yo cuando estuve en casa de la señora Karelim, no solo me amenazó Karelim López, sino ella me lo pasó al teléfono, me dijo él es mi jefe, yo vi su contacto y no estaba con el nombre de Alberto Otárola, lo tenía registrado como Chapulín y cuando me lo pasa era Otárola», dijo.

Karelim López, es una supuesta colaboradora cercana de Otárola y tuvo un papel importante en las coacciones contra Pinedo.

Yaziré Pinedo reveló que Alberto Otárola era conocido como ‘Chapulín’

Vale mencionar que Otárola renunció a su cargo justamente tras las declaraciones de Yaziré Pinedo, quien lo acusó de haberle dado un puesto dentro del Estado.

«¿O sea, te obligaron a mentir? Si y todo para poder de alguna manera limpiar la imagen de mi expareja, del expremier Alberto Otárola, porque yo sí tuve una relación con él en el año 2022 y duró hasta finales de 2023, ¿tuviste más de un año de relación? Sí, ¿Cuándo era ministro de defensa? Sí, ¿Cuándo Alberto Otárola era? Premier. «, fueron las declaraciones de Yaziré Pinedo en respuesta a las preguntas realizadas por la entrevistadora.

Documentos audiovisuales, incluidos mensajes y grabaciones de llamadas, muestran interacciones personales y constantes comunicaciones entre Pinedo Otárola. En una de estas grabaciones, el extitular del Consejo de Ministros le pide enviarle su currículo a través de Signal, lo que, según Pinedo, formaba parte de un intento por posicionarla en un empleo relacionado con la administración pública. En la misma llamada, Pinedo menciona que fue inducida a afirmar que hubo un «complot» en contra de Otárola, supuestamente orquestado por personas cercanas a este.

Dina Boluarte se habría realizado 4 procedimientos estéticos

En los audios que se difundieron, Muriano habría comentado que Boluarte no fue operada por el cirujano Mario Cabani, como se informó en un inicio, sino por el especialista en rinoplastia Javier Sánchez e Ingunza. Además, que la mandataria se sometió a una extracción de grasa abdominal, la aplicación de hilos tensores y la eliminación de bolsas en los ojos, entre otros procedimientos.

Uno de los aspectos más polémicos del audio es la presunta manipulación de documentos médicos para ocultar las intervenciones. Según Muriano, Boluarte se llevó discretamente su historia clínica al recibir el alta, con el fin de no dejar rastros de la operación. «Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó», se escucha en el audio.

Revelan que Nicanor Boluarte visitó siete veces la oficina de Percy Tenorio y Marco Palacios

Nicanor Boluarte Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, realizó al menos siete visitas entre enero y febrero de este año a la oficina del abogado Percy Tenorio Gamonal, ubicada en el distrito limeño de San Isidro.

De acuerdo a un informe de “Punto Final”, dichas visitas comenzaron apenas tres días después de que Boluarte saliera de la clandestinidad.

Sin embargo, Percy Tenorio asegura no conocerlo ni haberlo recibido: “Yo no lo he visto”, afirmó, explicando que su oficina opera como un espacio compartido para abogados independientes. Según Tenorio, no existe un vínculo laboral con quienes utilizan su espacio, y solo presta las instalaciones sin cobrar alquiler.

Además, se reveló que uno de los abogados que frecuenta esta oficina es Marco Palacios Meza, socio del estudio Santiváñez Antúnez Abogados y cercano al exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Palacios redactó y presentó una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, utilizando como dirección legal la misma oficina visitada por Nicanor Boluarte: Av. República de Panamá 3535, oficina 1204. Además, empleó su correo institucional para dicho trámite.

El dominical dio cuenta de durante su gestión como ministro del Interior, Santiváñez tuvo reuniones con Palacios y con el empresario Raúl Jaén Santiváñez, quien posteriormente ganó una licitación estatal por más de cinco millones de soles. Actualmente, Palacios es gerente general del estudio legal que lideraba el exministro.

A pesar de estas conexiones, Percy Tenorio insiste en que no tiene conocimiento ni responsabilidad sobre las actividades o reuniones que se realizan en su oficina. “Todos los abogados que están ahí la usan. No me afecta, lo único que no pueden usar es mi casilla electrónica”, comentó.

El entorno de Nicanor Boluarte ha optado por el silencio respecto a estas visitas. Mientras tanto, la vigilancia policial en su domicilio en San Borja continúa activa. Las razones detrás de sus recurrentes visitas al edificio en San Isidro aún no están claras y alimentan especulaciones sobre posibles nexos entre el hermano de la presidenta y figuras vinculadas al exministro Santiváñez.

Dina Boluarte pide a la Corte Suprema que no se levante su secreto médico por el caso Cirugías

Dina Boluarte pidió a la Corte Suprema que no se autorice el levantamiento de su secreto médico, durante la audiencia por este pedido fiscal realizada el último viernes 4 de abril, según reveló Cuarto Poder. Su negativa férrea se contradice con lo que ella misma aseguró frente a todo el Perú en un mensaje a la Nación, en el que dijo que estaba dispuesta a colaborar con la justicia para aclarar todo en torno a su presunto abandono de funciones.

Concretamente la jefa de Estado dijo: «Cuando se dignen en citarme y el Ministerio Público haga su trabajo renunciaré voluntariamente a mi derecho a la confidencialidad médico y entregaré mi historial clínico».

Poco tiempo duró su promesa. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto profesional médico de la mandataria en el marco de la investigación que sigue en su contra por una supuesta intervención quirúrgica realizada el 28 de junio último. En la audiencia donde esta solicitud fue evaluada, el 4 de abril, la jefa de Estado se negó rotundamente a que la Fiscalía acceda a dicha información.

La sesión se desarrolló de manera virtual y presencial. Por medio de google meet, Boluarte se presentó con dos abogados (no con Juan Carlos Portugal), mientras que el cirujano Mario Cabani hizo lo mismo y asistió virtualmente con su defensa legal.

Dina Boluarte pidió varias veces a Juan Carlos Checkley que no acceda al pedido fiscal

Una vez iniciada la audiencia, que se desarrolló en estricto privado, la presidenta se dedicó a pedir al juez a cargo de la decisión, Juan Carlos Checkley, a no aceptar el pedido fiscal. «Señor juez, en mi opinión personal esta denuncia es inconstitucional. Solicito a su despacho que cautele mi derecho a mantener en privado mis documentos que engloban mi atención médica», dijo con una voz calmada y pausada muy diferente al tono que usa en sus apariciones públicas.

De esa forma, la mandataria se negó rotundamente a que el cirujano Mario Cabani y otros doctores de la clínica Sanna rompan su secreto profesional por orden judicial para que brinden detalles sobre la operación a la que la mandataria se sometió el 28 de junio del 2023.

«En esta audiencia en particular, están haciendo uso y abuso de poder. Pretenden violentar asuntos propios y privados de mi atención, de mi salud. Por eso, he ingresado a la audiencia para pedir a su despacho que cautele la privacidad de mis atenciones médicas», insistió Boluarte dirigiéndose al juez Checkley.

De acuerdo con Cuarto Poder, la intervención de la dignataria duró 10 minutos y en todo momento persistió en su negativa y hasta atacó al Ministerio Público.

«Esta denuncia es totalmente inconstitucional, porque la única forma de que la presidenta haga abandono de su trabajo, abandono de su función de ejercer la presidencia, es que al irse del país sin autorización del Congreso o que, habiendo sido autorizada por un asunto oficial, esta no haya regresado en el plazo que se haya establecido por todo lo demás el Ministerio Público está generando gastos al estado innecesario al estado en esta investigación», dijo.

Caso Wasi Mikuna: Comisión Investigadora del Congreso cita a ministra Leslie Urteaga para el 8 de abril

La citación se da luego de que más de 60 escolares de Piura resultaran intoxicados al consumir comida en mal estado -atún y leche- brindada por el programa de alientos Wasi Mikuna, anteriormente llamado Qali Warma y cuyo nombre fue cambiado debido a polémicas en la mala calidad de los alimentos y en la corrupción detrás de los proveedores.

En esa línea, es que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga junto con la presidenta de Wasi Mikuna, Nadya Villavicencio, han sido citadas para asistir el 8 de abril a la Comisión Investigadora de la Ejecución Presupuestaria de los Programas Sociales, Organismos públicos, Descentralizados y Organismos Supervisores, presidida por la parlamentaria Katy Ugarte.

Con esta nueva citación, Urteaga viene siendo citada a tres comisiones del Congreso de la República, el 3 de abril el parlamentario Eduardo Enrique de la bancada Fuerza Popular solicitó que la titular del Midis se presente en las comisiones de Educación y de Fiscalización por el mismo caso.

¿Qué temas se verá en la Comisión de Investigación?

De acuerdo con lo especificado en el oficio presentado por Katy Ugarte, las dos funcionarias públicas deberán asistir a las 9 de la mañana para informar sobre los siguientes puntos:

  • Presupuesto asignado al programa social «Wasi Mikuna» en el ejercicio presupuestario 2024 y 2025 y su respectivo nivel ejecución.
  • Nivel de ejecución presupuestaria del programa «Wasi Mikuna» por regiones, durante el periodo 2024 y 2025.
  • Proveedores y contratistas que celebraron contratos con el programa
  • «Wasi Mikuna» en la región Piura, durante el periodo 2024 y 2025.
  • Estándares de calidad de los productos entregados por el programa
  • «Wasi Mikuna» en la región Piura, durante el periodo 2024 y 2025, a los beneficiarios.
  • Otros, relacionados al tema de investigación.
Citación a Leslie Urteaga a la Comisión Investigadora del Congreso. Foto: X

Citación a Leslie Urteaga a la Comisión Investigadora del Congreso. Foto: X

Citación a la Comisión de Educación y Fiscalización

Las misivas enviadas por Eduardo Enrique estuvieron dirigidas hacia el parlamentario Segundo Montalvo y Juan Burgos, quienes lideran la Comisión de Educación y Fiscalización respectivamente, y pone como referencia el reporte del hecho en medios locales, regionales y nacionales. «Se ha puesto en riesgo la vida de seres humanos, y es fundamental que los ministros responsables brinden explicaciones”, enfatizó Castillo en su comunicación oficial.

El congresista Enrique advirtió sobre la necesidad de revisar de manera urgente el programa Wasi Mikuna, implementado para asegurar la alimentación de estudiantes en situación vulnerable. Señaló que es fundamental identificar posibles fallas en la cadena de distribución o en la manipulación de los alimentos, ya que estos errores podrían estar detrás de los recientes casos de intoxicación masiva en colegios.

Dina Boluarte ordena que asesinos, extorsionadores y cabecillas criminales cumplan condena en Challapalca

Este viernes 4 de abril, la presidenta Dina Boluarte anunció nuevas disposiciones para combatir la criminalidad. Desde el Cuarto de Guerra, la jefa de Estado dispuso que los cabecillas de bandas criminales, asesinos y extorsionadores cumplan condena en el penal de Challapalca, el establecimiento penitenciario de máxima seguridad ubicado al sur del Perú.

Dina Boluarte ordena traslado de criminales a Challapalca

Dentro de sus declaraciones, la dignataria indicó que continúa trabajando, junto a sus ministros y los titulares de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en las acciones necesarias para buscar solución a la inseguridad que aqueja al país. En ese sentido, su gobierno ordenó explícitamente el traslado de criminales de alto rango a la referida cárcel, localizada en Tacna a 4850 metros sobre el nivel del mar.

«En este Cuarto de Guerra, junto a los ministros de Estado, PNP y FF.AA., informamos a la población del trabajo conjunto para acabar con el sicariato, la extorsión y la criminalidad. No vamos a permitir que sigan impunes. Esos delincuentes, asesinos, extorsionadores cumplirán sus condenas en el penal de Challapalca», expuso la mandataria.

Según Boluarte, la gestión que viene realizando la PNP, bajo la dirección del general Óscar Arriola, ha logrado la captura de varios avezados criminales, entre ellos algunos cabecillas del Tren de Aragua. Por ello, destacó que tales delincuentes están cumpliendo condena en Challapalca, debido a que es uno de los establecimientos penitenciarios más  seguros que posee el país. 

«Hasta hace unos días teníamos cuatro cabecillas del tren de Aragua. Ahora, son ocho los miembros de esta criminal banda que ya están pagando las consecuencias de sus actos en Challapalca. Porque este penal está considerado como uno de los más seguros en el país», enfatizó al respecto.

Presidenta anuncia «mano dura» contra la delincuencia

Por tal motivo, la presidenta expuso que se está disponiendo que todos los cabecillas de las bandas criminales, así como extorsionadores y asesinos, sean derivados al referido penal. Asimismo, remarcó que las cárceles ya no serán lugares donde los delincuentes planifiquen sus actos delictivos, asegurando que aplicará «mano dura» para confrontarlos.

«Ya saben, criminales, a ustedes les digo, la cárcel los espera. Y además anunciamos que las cárceles ya no van a ser sus centros de operaciones desde donde extorsionaban y planificaban sus secuestros. No se los vamos a permitir, pondremos mano dura frente a ese acto criminal que ustedes realizan (…) Vamos a ganar esta batalla», puntualizó.

Así, la presidenta Dina Boluarte anunció que se ha dispuesto que los cabecillas de bandas criminales, asesinos y extorsionadores cumplan condena en el penal de Challapalca. La mandataria aseguró que se aplicará «mano dura» para combatir a los delincuentes y no permitir que sus actos queden impunes. 

Es un fortín: El JNE terminó la construcción de su muro antiprotestas pensando en 2026

La sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María, ya luce como la fortaleza impenetrable que sus directivos buscaban que sea, después de los ataques que recibió de manifestantes tras la campaña electoral del 2021.

Perú21 reveló el año pasado que el entonces presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas ordenó el levantamiento del cerco perimétrico para no padecer similares protestas en los comicios del 2026.

En la justificación del proyecto se precisó la razón de este cambio estructural: “Brindar seguridad al personal jurisdiccional y administrativo; asegurar el resguardo de los bienes patrimoniales y de los expedientes electorales”.

La altura del muro de concreto es de 4.50 metros, en la parte superior hay rejas metálicas de 50 centímetros. En total mide cinco metros desde el nivel de la vereda.

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Así lucía el cerco perimétrico del JNE hasta 2024. (Javier Zapata/Perú21)

En los accesos a las instalaciones ahora se ven inmensas puertas de color negro y garitas donde agentes de seguridad controlan el ingreso al edificio.

Toda la obra demandó el costo de S/1’532,170. Su construcción estuvo a cargo de la empresa Contratistas Generales Marreros, que ganó el concurso público.

La presidencia del JNE ahora está en manos del juez Roberto Burneo.

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Ahora la pared que cerca las instalaciones mide cinco metros de alto. (Javier Zapata/Perú21)
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