Juan Santiváñez: documentos prueban que congresistas recibieron moción de censura para firmarla, pero no lo hicieron

En el Congreso sucede algo inaudito. Hace más de dos semanas falta solamente una firma para completar las 33 necesarias que le permita a la congresista del Bloque Democrático Popular (BDP), Susel Paredes, presentar la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

La excusa de algunos parlamentarios de las bancadas que gobiernan el Congreso es que no les ha llegado la invitación para firmar la moción de censura contra el ministro Santiváñez.

Perú Libre se opone a moción de censura

El 4 de marzo, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, respondió que no había firmado la moción de censura porque hasta ese momento no había visto el documento. «No, nunca», respondió en Canal N. El portavoz cerronista incluso criticó a sus colegas que lo cuestionan por no suscribir el pedido. «Lo hacen a propósito para decir que Perú Libre no firma», añadió.

La congresista Susel Paredes le recordó ese mismo día que el 29 de enero le había enviado un oficio para que se sume. «La creciente inseguridad y el desbordamiento de la violencia en nuestras calles requieren, con urgencia, una respuesta firme y eficaz de nuestra parte como representantes de la Nación haciendo uso de control.

La República buscó entrevistar al congresista Cruz, pero al cierre de esta nota no respondió nuestros mensajes de WhatsApp.

 Susel Paredes le pide a Flavio Cruz firmar la moción de censura.

Susel Paredes le pide a Flavio Cruz firmar la moción de censura.

Cruz no es el único de Perú Libre que aseguró que no le llegó la moción y que por eso no firmó. Su colega de bancada Américo Gonza Castillo respondió en línea similar a quienes critican a su agrupación por no firmar la censura. “Ahora nos atacan diciendo que la bancada se opone”, declaró el 6 de marzo el perulibrista. Su argumento para no firmar, al igual que su portavoz, fue que no le llegó el documento.

Pero eso no es cierto. La congresista Paredes mostró a este diario que el 21 de enero de este año le envió un oficio a su colega Gonza Castillo para que considere sumarse al pedido de censura.

“Por medio de la presente, me dirijo a usted con el propósito de compartir la moción de censura contra Juan José Santiváñez, ministro del Interior, a su vez solicitar el apoyo para la firma de la misma. Su respaldo a esta moción de censura es fundamental para demostrar el compromiso firme contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado”, dice el documento enviado por la parlamentaria Paredes a Gonza Castillo.

Sin embargo, hasta la fecha, según Paredes, el legislador cerronista no se anima a suscribir el oficio.

 Susel Paredes le pidió a Américo Gonza Castillo firmar la moción de censura.

Susel Paredes le pidió a Américo Gonza Castillo firmar la moción de censura.

Congreso: en otras bancadas no hay voluntad política

En otros grupos parlamentarios que no respaldan la salida de Santiváñez dicen lo mismo. La congresista de Avanza País, Rosselli Amuruz, mostró su disposición de sumarse a la moción de censura, pero hasta la fecha no lo hace. Usa de excusa de que todavía no le ha llegado formalmente a su despacho el documento.

«He estado un poco mal de salud y no me han enviado el documento (…). Voy a solicitarlo en estos momentos, porque no me ha llegado a mi despacho y apenas lo tenga, si aún faltan las firmas, no tengo problema alguno en firmarlo», manifestó la congresista Amuruz a la prensa.

La congresista Paredes, en diálogo con este diario, insistió en que envió el documento a sus 129 colegas, pero solo 32 firmaron. En esas rúbricas no figuran los nombres de Cruz, Gonza y Amuruz.

Juan José Santiváñez: cuestionamientos e investigaciones en su contra

Es un panorama complicado. La semana pasada la vivienda del ministro del Interior fue allanada por una investigación por presunto abuso de autoridad. Minutos después la presidenta Dina Boluarte puso las manos al fuego por él y consideró un abuso la intervención del Ministerio Público y se sumó al discurso anticaviar para congraciarse con el Congreso.

Horas después, Santiváñez se fue de viaje a Bélgica y Países Bajos, pese a que la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país en su contra. Este martes habrá una audiencia par que el Poder Judicial tome una decisión.

La moción de censura de Paredes se sostiene en los resultados del ministro frente a la ola de inseguridad ciudadana y por las investigaciones que tiene en su contra en el Ministerio Público.

Además de ese pedido, hay otras dos en marcha impulsados por los grupos parlamentarios Juntos por el Perú y la Bancada Socialista. La que más consenso ha generado entre agrupaciones de derecha e izquierda es la de Paredes, pero todavía no es suficiente.

Exministro Gustavo Bobbio dice que a Pedro Castillo le deberían dar 4 años de cárcel, pero “por estúpido”

El exministro de Defensa Gustavo Bobbio despotricó contra Pedro Castillo y dijo que «deberían darle 4 años de cárcel», pero no por el fallido golpe de Estado sino «por estúpido». Asimismo, aseguró que considera que Castillo Terrones realizó un «mal gobierno» y que él no tuvo conocimiento sobre el discurso golpista brindado el 7 de diciembre del 2022.

«Se ha suicidado políticamente. Para mí juicio deben darle tres o cuatro años por estúpido, pero no por haber hecho un golpe de Estado», declaró ante la prensa minutos antes de ingresar al penal de Barbadillo donde se desarrollaba el juicio oral contra el expresidente. A pesar de eso, consideró que el proceso contra su exjefe «es un abuso». «De acuerdo a las leyes se han incumplido un montón de cosas», agregó.

Respecto a su presencia en Presidencia el día del golpe de Estado fallido recalcó que él no tenía conocimiento del mismo. «Yo no he complotado con nadie. Yo solo estuve cuando él leyó el discurso, no lo paré porque yo respeto las jerarquía. Yo dejo que cada quien se suicide solo», expresó.

Gustavo Bobbio se presentó como testigo en juicio oral contra Castillo

Tras dar estas declaraciones, el extitular de Defensa se presentó en la Sala en calidad de testigo. Después de presentarse fue interrogado por el representante del Ministerio Público y se refirió a Castillo como «presidente».

En primer lugar, fue consultado por su designación en el Gobierno de Pedro Castillo. Al respecto, dijo que Aníbal Torres lo invitó a Palacio y ahí el expresidente le propuso asumir como ministro de Defensa. Él aceptó el cargo con la condición que «pueda moralizar las Fuerzas Armadas», contó.

«Llamo inmediatamente a los 3 comandantes generales y les digo que deben preparar una presentación sobre su gestión en las carteras. Converso con el entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova, y él me dice que quiere abandonar el cargo por «motivos personales»». «No fue nada relacionado al golpe ni a una coalición», aclaró. «Asumió David Ojeda Parra», agregó.

Exministro de Defensa de Pedro Castillo relató los minutos posteriores al intento del golpe de Estado

Respecto al día del intento de golpe de Estado, Bobbio relató la decisión que tomó sobre ello. «Estuve llamando a David Ojeda. Para mí lo inaudito era que yo no sabía nada. Yo no le había dicho nada a los generales porque no sabía nada. Entonces, yo pensé que quizá el (Pedro Castillo) había coordinado con algunos generales de su provincia, de Cajamarca, entonces, me preocupé en llamar al comandante general del Ejército para que no se movilice ninguna fuerza», relató.

Asimismo, indicó que él no recibió ninguna orden directa de parte de Castillo para coordinar acciones con las Fuerzas Armadas.

Respecto al exjefe del gabinete de asesores Aníbal Torres dijo que él no vio que este haya abrazado al entonces presidente Castillo tras el discurso golpista. Además, agregó: «No vi a Aníbal Torres entrar al despacho presidencial».

También, indicó que ni Castillo ni nadie cercano a él le había solicitado que coordine un apoyo para dar el golpe de Estado.

Segunda denuncia en un día: Piden inhabilitar a la fiscal de la nación y otros tres fiscales

¿Ojo por ojo? En un solo día, los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) presentaron una segunda denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Esta vez, la demanda incluye a los fiscales supremos Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos.

Nueva denuncia contra fiscal de la Nación en dos semanas: Piden inhabilitarla 10 años

Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por presunto cohecho y encubrimiento. La acusan de favorecer al fiscal supremo Pablo Sánchez a cambio de apoyo en su elección como fiscal de la Nación.

Esta acción se produjo horas después de que la bancada de Renovación Popular interpusiera una primera denuncia contra Espinoza por un presunto pacto con Sánchez en el caso IDL-Reporteros.

La nueva denuncia de Rospigliosi, Cueto y Azurín busca inhabilitar a los cuatro fiscales supremos por diez años, acusándolos de desacatar la norma que otorga a la Policía la conducción de las investigaciones.

La ofensiva política contra Espinoza no es nueva. La semana pasada, la congresista Kira Alcarraz (Podemos) presentó la primigenia denuncia constitucional en su contra, acusándola de haber denunciado sin fundamento a once legisladores. Espinoza había señalado a esos congresistas —entre los que se encontraban Cueto y Azurín— por aprobar una ley que permite que policías y militares en retiro puedan recibir sueldo y pensión de manera simultánea.

Con esta nueva acusación, la Fiscal de la Nación enfrenta tres denuncias en menos de dos semanas, en lo que parece una guerra abierta entre el Legislativo y el Ministerio Público.

LOS ARGUMENTOS

Denuncia Constitucional VF 23102024 [R][R] 1 [R] (1) by Juan C Chamorro

Esta es la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación y otros tres fiscales supremos.

Se les acusa de que el 10 de octubre de 2024 se publicó la Ley N.º 32130, denominada “Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales” (en adelante, Ley N.º 32130). Y que cinco días después, el 15 de octubre de 2024, la Junta de Fiscales Supremos, bajo el liderazgo del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, emitió la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2246-2024-MP-FN.

«En esta disposición, establecieron una serie de directrices de obligatorio cumplimiento para todos los fiscales del país, las cuales, según la acusación, vulneran lo establecido en la Ley N.º 32130 y fomentan su incumplimiento por parte de quienes, paradójicamente, están llamados a ser garantes de la legalidad», señala el texto de la denuncia.

Según la demanda, los delitos que habrían cometido los cuatro fiscales supremos son prevaricato, falsedad genérica y abuso de autoridad.

Sobre la infracción constitucional, los denunciados habrían infringido el numeral 1 del Artículo 159° de la Constitución que «establece que el Ministerio Público es el encargado de defender la legalidad, por lo que, sus acciones no pueden promover el incumplimiento y desacato de la ley, Ley № 32130, toda vez que pese a ser cuestionada en su constitucionalidad por el Ministerio Público, le asiste el principio de presunción de constitucionalidad».

¿OJO POR OJO?

Esta nueva maniobra se suma a la denuncia constitucional presentada el 28 de febrero por la congresista de Podemos, Kira Alcarraz, en respuesta a la demanda que interpuso Espinoza contra once legisladores —entre ellos Cueto y Azurín— por aprobar una ley que permite a exmilitares y expolicías percibir simultáneamente jubilación y sueldo.

Sin embargo, dicha denuncia fue archivada el último viernes, lo que refuerza la hipótesis de una contraofensiva política. En política, pocas cosas son coincidencia, y a veces se impone la ley del ojo por ojo, diente por diente.

No obstante, el congresista de APP, Roberto Chiabra, tomó distancia de esa lógica y declaró a la prensa que él no cree en esa ley marcial de la vida, por lo que está en desacuerdo con la denuncia de Alcarraz.

Castillo: “Si usan el Código Penal español, llévenme a España»

Pedro Castillo sostiene que no ha cometido los delitos que se le imputan y que no está de acuerdo con el juicio que se le está realizando.  

“Se sujetan a un código penal español. Si es así, en mi ignorancia jurídica o, en todo caso lega, que se me lleve a España a juzgarme”, expresó. 

Durante la audiencia de apelación por el delito de rebelión, reitera que no hay justificación para someterlo a un proceso legal y menciona que su situación debería ser vista de otra manera. 

Castillo hace referencia al sistema judicial y a algunos magistrados, sugiriendo que hay una injusticia en su proceso. Habla de la percepción de la sociedad sobre él y su juicio. 

Se refiere a las medidas de seguridad que se le aplican, como la vigilancia electrónica y la custodia carcelaria, señalando que estas son innecesarias ya que no representa un peligro para la sociedad. Considera que, como expresidente, su situación debería ser distinta.

Al final de su declaración, Pedro Castillo solicita que se resuelva el caso y expresa su intención de retirarse de la audiencia, dando a entender que no está dispuesto a continuar participando bajo las circunstancias actuales del juicio. 

Corte Suprema dejó al voto 

Tras la declaración de Pedro Castillo, el juez César San Martín dejó al voto la apelación presentada por el expresidente por el caso de rebelión. 

Abogado internacional de Pedro Castillo respalda su huelga de hambre: “No está equivocado”

Guido Croxatto, defensa internacional de Pedro Castillo, respaldó la huelga de hambre iniciada por el expresidente y aseguró que es una «decisión completamente de él». El abogado argentino también fundamentó que el juicio oral contra su patrocinado se encuentra «viciado» porque, en su momento, el Tribunal Constitucional se pronunció anticipadamente sobre el caso.

Los alegatos los presentó durante una entrevista con César Hildebrant, quien le cuestionó sobre el anuncio dado por Castillo Terrones, por medio de una carta, en la que informa que acatará una huelga de hambre por el proceso «injusto» que se sigue en su contra.

Al respecto, Croxatto dijo que «la decisión de huelga de hambre es una decisión del presidente Castillo» y respaldó la negativa de su cliente a allanarse al juicio oral en su contra por presunta rebelión y abuso de autoridad instalado el 4 de marzo último.

«Creo que el presidente Castillo no está equivocado en la decisión que está tomando que, en última instancia, es de él. Nosotros como abogado desde un inicio le propusimos una estrategia de ruptura. Castillo lo intuye como ciudadano», explicó.

«Si Castillo participa del juicio oral convalida un acto que es nulo»

«Dicen que Castillo dio un golpe de Estado, pero luego dicen que no porque no se cumplió. Hay una contradicción importante para el derecho penal. Si era el comodante en jefe de las Fuerzas Armadas ¿por qué le desobedecieron?», agregó.

En ese sentido, fundamentó que la vacancia de Pedro Castillo fue inconstitucional y que, por lo tanto, no debería participar del juicio oral en su contra.

«La mayoría de mis argumentos me los dan abogados peruanos y docentes de derechos constitucional de Perú que tienen miedo de decirlos ahí (en Perú). Ellos coinciden en que todo el proceso de vacancia fue inconstitucional y este es un vicio de origen en todo lo que viene después está viciado y si Castillo lo convalida y la defensa participa de alguna manera está convalidando un acto que es nulo porque la vacancia es nula», explicó.

«La vacancia fue inconstitucional», asegura Guido Croxatto

Para argumentar su premisa, Croxatto recordó que faltaron tres votos para vacar al expresidente de Perú Libre. «Si la Constitución establece un número de votos mínimos para vacar a un presidente, no lo pueden vacar con tres votos menos que es lo que sucedió. Para mí eso no es menor, es lo que dice la Constitución. La Constitución establece un procedimiento y a mi no me parece correcto vacar a un presidente de cualquier manera. Es una discusión constitucional», manifestó.

«El TC debió permitir a castillo que interponga una acción, pero no. Ellos no debieron opinar a las pocas horas. Eso fue muy poco serio. Ellos pudieron tomar el caso, analizarlos seriamente y dar una respuesta fundamentada, pero para evitar tener que opinar siquiera sobre esto emiten un comunicado casi que inmediato que, evidentemente fue una orden que alguien les dio, en el que declaran resuelta la crisis política por Facebook. (El TC) Adelanta opinión y clausura esa vía de acción jurisdiccional para la defensa», agregó.

INPE sanciona a Pedro Castillo con aislamiento y restricción de visitas por realizar huelga de hambre

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se pronunció a través de X (antes Twitter) sobre la huelga de hambre que anunció el expresidente Pedro Castillo, tras considerar injusto el juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado en diciembre de 2022.

El INPE comunicó que Castillo ha pasado por una evaluación médica, asegurando que se encuentra estable. Agregó que se considera esto un acto de indisciplina, por lo que se inició un proceso administrativo disciplinario. La entidad dio a conocer que de forma oportuna se dará a conocer el resultado de dicho proceso.

«La negativa a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía, constituye una falta disciplinaria grave», se lee en su nota de prensa.

De acuerdo con el reglamento penitenciario, las huelgas de hambre constituyen una falta grave debido a los riesgos que representan para la salud del interno y la seguridad del penal, por lo que el INPE podría aplicar sanciones adicionales si Castillo persiste en su protesta.

Fiscalía inició acciones de prevención del delito tras decisión de Pedro Castillo de acatar huelga de hambre

El Ministerio Público inició acciones de prevención del delito para verificar la integridad física del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el lunes que acatará una huelga de hambre en protesta contra el juicio oral que afronta por el presunto delito de rebelión, a raíz de su intento de golpe de Estado en 2022.

Estas acciones son realizadas por el cuarto despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, a cargo de la fiscal provincial Verónica Vásquez Plaza.

Para ello, personal del despacho fiscal acudió al establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra recluido el exmandatario cumpliendo una medida de prisión preventiva.

La diligencia se realizó tras el llamado de Jhon William Lozano Asenjo, jefe del Área de Salud del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, además de información de personal del Instituto Nacional Penitenciario enviada por correo electrónico, en la que precisaron que Castillo Terrones se negó a recibir alimentos.

Desde Fiscalía indicaron que, como parte de las disposiciones del despacho, se solicitó un informe detallado al director del penal.

Huelga de hambre de Pedro Castillo

La medida de protesta adoptada por el expresidente Pedro Castillo fue respaldada por su abogado, Walter Ayala, quien suscribió un escrito en el cual el ahora procesado daba cuenta de su decisión.

«Pongo en conocimiento a mi familia, al pueblo peruano, que haciendo uso de mi derecho humano, he decidido acatar a partir de la fecha a una huelga de hambre; acto que me llevan a tomar por las injusticias que se viene cometiendo conmigo», se lee en un documento que el expresidente publicó en su cuenta de X.

El letrado se expresó en contra del proceso judicial que afronta Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Según indicó, “renombrados juristas” e incluso “fujimoristas” han señalado que no existe el delito de rebelión en el caso del exmandatario.

Al respecto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que iniciará un proceso administrativo disciplinario al expresidente Pedro Castillo, por su decisión.

A través de un comunicado, el INPE indicó que la decisión del exmandatario de negarse a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía representa una falta disciplinaria grave, según el artículo 28, numeral 9, del Decreto Supremo N’ 003-2021-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.

“Este acto de indisciplina trae como consecuencia que se haya iniciado un proceso administrativo disciplinario al interno, cuyo resultado será comunicado oportunamente a la opinión pública; además, implica el aislamiento del interno y la suspensión de su visita”, indicaron.