Juan Santiváñez habría sido “topo” de la Diviac para perjudicar al exministro del Interior Víctor Torres

El actual ministro Juan José Santiváñez habría sido un «topo» de la Diviac cuando se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior en marzo del 2024, en ese entonces liderado por Víctor Torres Falcón. Esto fue revelado en unos nuevos audios, fotos y conversaciones de Whatsapp revelados por el capitán PNP Junior Izquierdo en Panorama.

Todo comenzó en marzo de 2024, cuando Santiváñez detectó la presunta contratación irregular de Patricia Bobadilla como directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen del Mininter. De acuerdo con sus indagaciones, Bobadilla era allegada a Torres Falcón y no estaba colegiada.

Juan Santiváñez impulsó allanamiento de la oficina del Mininter en el 2024

Para exponer esto recurrió a su amigo Junior Izquierdo, quien en ese entonces era parte de la Diviac. Su objetivo era que la Fiscalía allane las oficinas del Interior para incautar material que certificara la supuesta contratación irregular y cercanía entre Bobadilla y Torres.

El 17 de marzo Santiváñez le pide al capitán Izquierdo que lo que lo llame por Signal, un aplicativo considerado súper seguro al espionaje. Después, le envía una resolución del nombramiento de Bobadilla.

Desde entonces inicia una serie de comunicaciones entre Santiváñez e Izquierdo. «Hermano, no se ve bien, pero es una blanca de ojos claros. Búscala en Google. Y allí te sale. Ese día estaba todo de azul, así como la que aparece en la foto», le escribe el actual ministro a su amigo para que este logre identificar a Bobadilla.

Días después, Santiváñez Antúnez le envía un comunicado del Colegio de periodistas y una nota del medio Expreso, en ambos se advertía la presunta contratación irregular.

«Urgente. Quieren borrar los videos del despacho. Lo puedes cag** al tío mañana», «Ven mañana con fiscal y levantará la filmación del 09, 10, 11 y 12. Ella aún no está nombrada y estaba en despacho. Luego de eso recién sale su resolución», «Quieren borrar los videos, pero el de seguridad les ha dicho que no pueden. Están corriendo», le habría escrito a Izquierdo el 19 de marzo del 2024.

Luego, empezó a consultarle si la Fiscalía iba o no a allanar las oficinas del Mininter. «Avísame si va haber fiesta para no ir mañana. No me gustan los payasos», le escribió. Ante esto, Izquierdo le respondió: «“Estamos viendo eso. Espérame. Te llamo en un rato».

Finalmente, el allanamiento tan solicitado por Santiváñez ocurrió por fin el 22 de marzo. Contó con la presencia de Harvey Colchado, entonces miembro de la Diviac, y la Fiscalía.

Por supuesto, reportó de las acciones a su amigo Izquierdo, según los chats de Whatsapp. «Hay movimiento fuerte aquí. Yo tengo acceso al despacho, pero por una extraña razón me han cerrado la puerta por dentro y no puedo entrar. Siempre entraba. No sé qué están haciendo adentro».

«Lo que pasa es que no sé si ya llegaron y por eso han cerrado la puerta. ¿O venían varios? porque lo que yo quiero es que haya chongo para pasarle la voz a la prensa», agregó. Minutos después envió un par de fotos y puso «chong***».

Abogado de Junior Izquierdo sobre Santiváñez: «Quería allanar el camino para ser ministro»

Al respecto, el abogado de Junior Izquierdo, José Mejía, considera que la denuncia de Santiváñez responde a intereses personales y no de justicia.

¿Santiváñez denunciar por justicia? ¿cuál objetivo? Según referido izquierdo, JJS desde inicios 2024 tenía la intención de ser ministro del Interior y como dice en audio para subir todo vale, buscaba llegar a la presidenta de la República y en ese interín denunció esta irregularidad de Víctor Torres Falcón de contratar a una chica sin requisitos. Creo más allá de buscar justicia era allanar camino y ser ministro del Interior», dijo a Panorama.

Juan Santiváñez rechazó haber brindado información a la Diviac

Por su parte, Santiváñez, al ser consultado por el caso, aseguró que no fue colaborador de la Diviac.

«En el caso de ese allanamiento que Ud. comenta, yo sí recuerdo que cuando se generó en la Diviac yo sí tuve conversación con él (Junior Izquierdo) y le pregunté, “oye, aquí está la DIVIAC, ¿qué ha pasado?”, y me comentó que tuvo intervención por una denuncia de una comunicadora, más tema no recuerdo, pero sí recuerdo tuve una conversación sobre ese tema», expresó a Panorama.

Asimismo, indicó que él nunca ha negado su amistad con Izquierdo y acepta que sí tuvo comunicación con él.

Rospigliosi denunció constitucionalmente a Delia Espinoza por presunto desacato a ley que da investigación preliminar a la PNP

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en declaraciones a la prensa brindadas este lunes, indicó que ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación Delia Espinoza, porque, supuestamente, habría desacatado la Ley 32130, impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos.

Según precisó Rospigliosi Capurro, dicha denuncia la presentó junto a los legisladores José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), dos congresistas que fueron denunciados constitucionalmente por la titular del Ministerio Público por, supuestamente, haber favorecido una ley que les permitió acceder a una presunta doble remuneración del Estado. 

«Una de las denuncias constitucionales contra la fiscal de la nación es una que he hecho yo, junto con los congresistas Cueto y Azurín, porque la fiscal de la nación junto con la Junta de Fiscales Supremos (JFS), han desacatado la ley que devuelve la investigación a la Policía», anunció.

«Ellos no solamente se pronunciaron públicamente contra una ley que tienen que acatar necesariamente, sino que sacaron un reglamento desacatando la ley y, hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la nación y toda la JFS», resaltó.

En esa línea, el parlamentario fujimorista aseveró que, de ser «considerada correcta la acusación» contra Espinoza Valenzuela, «una sanción es la inhabilitación» como titular del Ministerio Público. 

Cabe resaltar que, en diciembre pasado, la fiscal de la nación presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la referida norma. Entre las causales de inconstitucionalidad, Espinoza cuestiona que la PNP pueda hacer la investigación preliminar sin el rol conductor del Ministerio Público, cuando esta institución goza de la titularidad constitucional de la acción penal y, por tanto, conduce desde el inicio la investigación del delito, para poder formalizar y acusar con el auxilio policial.

«Fuerza Popular no está en el gobierno, quien gobierna es la señora Boluarte»

Por otro lado, consultado por la falta de apoyo de su bancada a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y por su continuidad en el Gabinete pese a los cuestionamientos en su contra, Rospigliosi dijo que es la jefa de Estado quien mantiene a dicho ministro en el cargo. 

«Fuerza Popular no está en el gobierno, quien gobierna es la señora Boluarte, ella es la que ha determinado que el señor Santiváñez sea ministro del Interior y es ella quien lo mantiene en el cargo», sostuvo. 

Asimismo, respecto al reciente reportaje de Cuarto Poder donde se señala que el coronel PNP (r) Percy Alberto Tenorio Gamonal, patrocinado por Santiváñez en el proceso penal por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sería el encargado de custodiar la computadora y el iPad personal del titular del Mininter, Rospigliosi dijo que eso debe investigarlo la fiscalía.

«Tiene que ser investigado, sin duda. Esperemos que la Fiscalía avance sus investigaciones y tengamos resultados», puntualizó Rospigliosi.

Avelino Guillén: “Esto es calco y copia exacta de lo que ocurrió en el año 2000”

La delincuencia está incrementándose y el actual ministro tiene varias denuncias. ¿Cómo ve usted la situación?

Extremadamente preocupante. El crimen organizado ha crecido mucho en el Perú en estos últimos años. Si nos ponemos a comparar las cifras de muertes violentas por asesinato, por homicidio, el incremento es sostenido y muy fuerte. Lamentablemente el Estado, el Gobierno actual, no tiene ninguna capacidad de respuesta para enfrentar el incremento de la actividad delictiva que despliega el crimen organizado. Esto es trata de personas, sicariato, extorsión, narcotráfico, minería ilegal, etc. Estamos a tal punto que podemos calificar que hoy en la actualidad el Estado no está en capacidad de garantizar a nadie la seguridad.

¿No está en capacidad o no quiere?

Lo que pasa es que el Ejecutivo, jefaturado por la señora Boluarte, tiene otra agenda que es diferente a la del país. La agenda de ella es sobrevivir, impunidad por los delitos que se le atribuyen, obstrucción a las investigaciones que viene desarrollando, hostilizar al máximo posible a los periodistas y a los jueces y fiscales que conocen de las investigaciones seguidas en contra de los integrantes de este gobierno. Ellos no están preocupados en el combate al crimen organizado. Eso lo dicen de la boca para afuera, pero sus objetivos son otros. Y es por eso que usted ve la permanencia en el Ejecutivo de personas que no califican y no están, comprometidas con el país.

…¿Como el ministro Santiváñez? Él dijo que iba a renunciar al caso no mejorara la situación, y los índices han empeorado.

Es que, para el Ejecutivo, para la señora Boluarte, su aporte es fundamental para los otros objetivos que ellos tienen. Pero los objetivos del país, el combate al delito, al crimen organizado, en ese punto, me parece, tiene serias dificultades y serios problemas.

El Congreso podría sacarlo. Hay una moción de censura que está tratando de presentarse, pero tiene problemas para recabar las firmas necesarias. ¿Por qué ese apoyo?

Santiváñez es protegido no tanto por el Congreso, sino por la coalición que se ha formado, liderada por el fujimorismo y es la que viene protegiendo al régimen de la señora Boluarte. Ellos no van a permitir, bajo ningún punto de vista, que un integrante de esta coalición pueda ser objeto de una sanción, en este caso la censura por parte del Congreso. El señor Santiváñez, en ese lado, está tranquilo, porque está totalmente seguro de que el Congreso no lo va a tocar. Tan es así que ni siquiera se ha podido reunir las firmas para la admisión a debate. El Congreso tiene un pacto de no agresión con el Poder Ejecutivo. Y ese pacto tiene un objetivo final: Conseguir la perpetuación de este grupo a partir del 2026. O sea, ellos quieren asegurar el triunfo electoral del fujimorismo. Y el resto, los satélites del fujimorismo, lo que hacen es acompañar a los objetivos electorales del fujimorismo que controla el Congreso.

Tendrían que controlar el jurado y la ONPE para tener elecciones amañadas

En este momento ellos tienen tal capacidad que, por ejemplo, a través de Alianza para el Progreso controlan la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, ellos determinan quién es candidato y quién no. Se ha visto recientemente la votación mayoritaria por la inhabilitación del señor Francisco Sagasti. Y eso creo que se verá dentro de muy poco en el Congreso. Igual será con Salvador del Solar. Cualquier candidato que surja, que ponga en peligro la continuidad de este régimen, inmediatamente será objeto de una sanción por parte del Congreso. Las normas que han dado, vinculadas al proceso electoral, que favorece a su perpetuación en el poder, son obra de ellos. Ahora van para controlar también el Poder Judicial para controlar a los jurados electorales que designa a nivel nacional. No esperemos a abril del 2026 para decir que el proceso electoral empezó. El proceso electoral ya está en marcha. Y ellos ya están moldeando el proceso electoral, de tal manera que sea inevitable el triunfo de las fuerzas que controlan actualmente el Congreso y le impongan a la ciudadanía un nuevo régimen que va a ser la continuidad del régimen de la señora Boluarte. Es por eso que la señora Boluarte no va a ser vacada. Ella va a continuar hasta el 28 de julio de 2026.

¿Cualquier escándalo será insuficiente? Vemos denuncia tras denuncia: las muertes en las protestas, los Rolex, el cofre…

Claro, porque no se trata de discrepancias ideológicas o partidarias, hay otro objetivo: controlar el poder, continuar, y de esa manera también protegerse, porque alrededor de 35 o 40 congresistas tienen denuncias que ha planteado el Ministerio Público y que van a ser objeto de investigación. Ellos quieren asegurarse también una situación de impunidad. Por eso ha demorado cerca de tres meses para que retrocedan en el tema de la detención preliminar.

¿Cómo le asegura Santivánez impunidad a la señora Boluarte? ¿Tiene que ver con las denuncias de que manejaría un grupo de abogados que colmean jueces y fiscales?

 La respuesta está en las propias palabras del señor Santibáñez, ¿no? Porque si usted analiza la transcripción de los audios que se ha difundido y que ha entregado a la Fiscalía el capitán izquierdo, conocido como Culebra, ahí ve usted toda la agenda de lo que iba a ocurrir y ha ocurrido. Un ejemplo es la destrucción de la Diviac, que ha sido la unidad operativa policial más importante de la policía peruana. Sin embargo, ha sido objeto de ataques permanentes por parte del sector Interior y ahora ha sido degradada de alguna forma y es una dependencia más dentro de la Divincri, creo. O sea, no tiene la debida autonomía cuando más bien debía haber sido promovido para que esté a cargo de un general de la Policía Nacional. El señor Santibáñez, obviamente, es un personaje muy importante para los objetivos del régimen de la señora Boluarte…. Ahora lo que ella ha buscado es, más bien, nuevos objetivos a quienes atacar y ha puesto la puntería en la prensa y en el Ministerio Público.

Habla de un golpe blando o blanco

Más bien, el golpe parece que proviene de parte de ella, porque lo que está buscando es un escenario en el cual la Fiscalía puede ser objeto de una “reorganización”, y lo que verdaderamente van a buscar es una intervención del Ministerio Público. Está buscando que la Fiscalía no los investigue y eso es imposible, porque la Fiscalía no puede renunciar al mandato constitucional que lo obliga y determina a investigar los delitos… Hay el antecedente del régimen dictatorial de Alberto Fujimori, en que se produjo la intervención del Ministerio Público y la instalación de una comisión ejecutiva. Están buscando motivos, argumentos, que justifiquen esa medida. Obviamente, existe un contrapeso que los obliga a meditar mucho sus planes: es el hecho de que existe una mirada internacional muy fuerte. La Comisión Interamericana, la OEA y la ONU, a través de sus organismos están atentos de cómo se maneja el sistema de justicia en el Perú. El sistema de justicia tiene vital importancia porque está ligado al proceso electoral. Y es por eso que quieren tener el control de estas instituciones, como lo anunció el propio Montesinos en uno de sus vladivideos, donde señala que tienen que tener el control. ¿Se acuerda de la reunión de la bancada del fujimorismo en las instalaciones del SIN, donde él da las justificaciones por las cuales se tiene que controlar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional? Todas las instituciones las tenían controladas ellos. Esto es calco y copia exacta de lo que ocurrió en el año 2000. Es lo mismo. Y el proceso electoral actual es una copia del proceso electoral en el año 2000, que tiene serios cuestionamientos.

Pero tal como estamos, ahora no tenemos ni la fuerza que en su momento tuvieron las marchas de protesta.

 Hay un enfriamiento. Gran parte de la población considera que expresa su opinión a través de las encuestas o a través de los medios como Twitter, WhatsApp, y hay una serie de aplicaciones en las cuales intervienen. Se está confiando mucho en el tramo final, como en anteriores oportunidades, en que grandes manifestaciones cuando finalizaban las campañas electorales dieron un vuelco a los resultados y se logró a duras penas un triunfo electoral. Eso no me parece una estrategia adecuada, porque ¿qué alternativa va a tener usted para enfrentarlos si cualquier persona que discrepen de ellos no podrá ser candidato, porque lo van a inhabilitar o a través de los jurados electorales van a declarar fundadas las tachas contra ellos. Eso un poco que ha generado una sensación de pesimismo en la población. 

La Fuerza Aérea denunció al congresista Edgar Tello por aprovechamiento indebido del cargo y usurpación agravada

El congresista Edgar Tello ha sido denunciado por la Fuerza Aérea del Perú por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, aprovechamiento indebido del cargo y usurpación agravada. Esto por participar en el desalojo de un terreno de 178 mil metros cuadrados, cercado y vigilado por la institución, ubicado en la playa de Mamacona, Lurín.

La denuncia, según el dominical Punto Final, también comprende al exministro de Defensa, Mariano González, y el ingeniero Jahn Toledo Palomino, presidente de la Asociación Peruana de Vehículos Eléctricos y Alternativos (APVEA). 

El dominical mostró imágenes, grabadas el pasado 16 de noviembre, donde se observa a Tello, González y Toledo Palomino ingresando junto a otras personas al predio, custodiado por militares, sin una orden judicial. Dentro de lugar cortaron con cizalla los alambres que demarcaban el perímetro.

El conflicto

La FAP asegura que la propiedad está inscrita a nombre de la institución desde 1983, pero que desde julio de 2024, Toledo Palomino alega ser dueño del terreno basándose en documentos de compra a la comunidad de Yanavilla. Sin embargo, la institución militar sostiene que el proceso está judicializado.

Toledo Palomino fue entrevistado por el dominical y mencionó que es el propietario del terreno. Además, explicó que pidió la presencia del parlamentario a través de un documento a su despacho; mientras que al extitular de Defensa lo calificó de un amigo.

Edgar Tello aseguró a Punto Final que atiende “a todas las personas que vienen a mi despacho a solicitar una gestión”. Sin embargo, fue muy cortante sobre sus vínculos con el empresario. 

“No sé qué cosas tienes con el señor Toledo… ¿Tienes algún complejo o qué cosa tienes? Mi despacho es de puertas abiertas… recibo a ciudadanos que vienen a hacer gestiones e impulsar leyes y eso no es delito», declaró.

Votaciones desmienten a Keiko Fujimori: Fuerza Popular, APP y sus aliados sí gobiernan en el Congreso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pretende evadir responsabilidad del papel de su partido político y sus aliados en las decisiones que toma el Congreso y que provocaron que esta institución tenga 95% de desaprobación. Fujimori criticó a quienes señalan que el fujimorismo y las agrupaciones de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP), y Rafael López Aliaga, Renovación Popular, manejan los votos en el Parlamento.

“Falso, pero a ver, juguemos con esa idea, sumando todos esos votos, llegan solo a 53. Sí, con eso no alcanza ni para aprobar una ley. Ya sé que todo el mundo dice que la culpa es mía, pero ya sabes cuál es la realidad”, aseguró Fujimori en un video publicado en Tik Tok.

Primero, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular, no suman 53 votos, sino 46. Pero la coalición que gobierna el Congreso no está conformada únicamente por estas agrupaciones políticas. La Mesa Directiva está presidida por un apepista como Eduardo Salhuana y tiene en la primera vicepresidencia a la fujimorista Patricia Juárez. Pero, además, ellos son acompañados por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Alejandro Cavero, de Avanza País.

Fuerza Popular (21), APP (14), Perú Libre (11), Avanza País (7) y Renovación Popular (11). A ellos se suman otras bancadas que votan usualmente en línea con esta coalición, autodenominada, “Bloque Democrático”: Somos Perú (7), Bloque Magisterial (8) y Acción Popular (9).

La coalición no tiene los 53 votos que menciona Fujimori. En total, suma 88. Lo suficiente como para aprobar las leyes y reformas constitucionales que les plazca.

Un claro ejemplo es la votación que rechazó la moción de censura contra Salhuana este jueves con 64 votos en contra. Votaron en esa línea 19 de Fuerza Popular, 11 de APP, 4 de Perú Libre, 4 de Avanza País, 7 del Bloque Magisterial, 6 de Somos Perú, 3 de Renovación Popular, 7 de Acción Popular y 3 de los no agrupados.

El 6 de junio del año pasado el Congreso aprobó un proyecto de ley del fujimorismo de amnistía para delitos de lesa humanidad. Un mes después, la Comisión Permanente, con votos de FP y sus aliados, ratificó la norma para enviarla a que sea promulgada.

El 23 de agosto del año pasado, la coalición que gobierna el Congreso aprobó con 72 votos la ley que delega a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de investigaciones preliminares de presuntos delitos, restándole facultades al Ministerio Público.

En noviembre del año pasado, esta coalición aprobó con 84 votos la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses.

El 5 de diciembre el Pleno aprobó una ley impulsada por el fujimorismo que permitirá que en 2031 haya más de 237 legisladores en el Parlamento bicameral.

Sobre las leyes, no solo juegan un papel importante las bancadas en el Pleno, sino también el manejo de las comisiones. Leyes como las de impunidad para delitos de lesa humanidad, que delega a la PNP la dirección de investigaciones preliminares y que aumentará el número de parlamentarios, fueron dictaminadas en la Comisión de Constitución que desde hace tres años es presidida por un congresista del partido de Keiko Fujimori.

El fujimorismo, además, tiene la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde promovió la propuesta de ley que persigue el financiamiento de las ONG.

Su aliado APP tiene la Comisión de Presupuesto que el año pasado propuso un presupuesto histórico de S/ 1.400 millones para el Congreso en el año fiscal 2025 y que además lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se discuten las investigaciones contra altos funcionarios.

Perú Libre maneja la Comisión de Justicia, donde nació la Ley 32108 que redefine las organizaciones criminales. Su otro aliado de izquierda, Bloque Magisterial, lidera con Alex Paredes, la Comisión de Ética.

Se trata de una coalición con demasiado poder. Eso explica por qué el exministro de Inclusión Social Julio Demartini no fue censurado, por qué no hay control político contra el ministro del Interior, Juan Santiváñez y por qué Dina Boluarte sigue de presidenta.

En siete mociones de vacancia presidencial, Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron en contra, mandaron al archivo dichos pedidos y blindaron a Boluarte.

El partido de Keiko Fujimori fue el único que en esas votaciones se opuso en bloque. Sin embargo, ahora quiere eludir la realidad y también la responsabilidad de la coalición que su agrupación integra.

Fuerza Popular, APP y sus aliados controlan oficinas

La lideresa de Fuerza Popular no menciona que una de sus excongresistas es Jefa del Fondo Editorial del Congreso. Se trata de Karina Beteta. La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, tiene competencias sobre esa oficina.

En enero de este año, este diario reportó que el médico pediatra José Francisco Recoba, quien fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en 2021, es jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria.

La jefa del Departamento de Comisiones es la exasesora de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, Shirley Montenegro.

Luego de cada elección de una nueva Mesa Directiva, las bancadas ganadoras se distribuyen las comisiones y oficinas del Congreso.

Dina Boluarte no fue operada de la nariz por Mario Cabani: audio de exasistenta revela otro cirujano y procedimientos estéticos

La exasistenta de la presidenta, Patricia Muriano, señaló que la mandataria no fue operada de la nariz por Mario Cabani, sino por otro especialista, el cirujano y otorrino Javier Sánchez e Ingunza, según reveló un audio difundido por el semanario Hildebrandt en sus trece. En la grabación, Muriano también detalla que Boluarte se sometió a otros procedimientos estéticos, lo que contradice la versión oficial de que la intervención quirúrgica a la que fue sometida en junio de 2023 tenía solo fines médicos por temas de salud de la jefa de Estado.

De acuerdo con el testimonio de Muriano, la mandataria habría recibido una pequeña extracción de grasa del abdomen, aplicación de hilos tensores en el rostro y eliminación de bolsas en los ojos, además de la presunta rinoplastia. Sobre la operación de nariz, precisó que esta fue realizada por el cirujano Sánchez e Ingunza, ya que Cabani «no toca nariz».

Dina Boluarte se habría realizado otros procedimientos estéticos

«(El médico especialista en rinoplastia) Javier Sánchez (e Ingunza) es el que le ha hecho la nariz. Mario no toca nariz. Mario no opera nariz, el que siempre opera nariz es el doctor Sánchez. Mario le puso (a Dina Boluarte) los hilos de dos en cada lado y le sacó las bolsas. Y le rellenó los surcos, le sacó un poco de grasa del abdomen porque ella, cuando se despierta de la operación, y se para (me dice) Patty tengo un huequito acá», se lee en la trascripción del audio presentado por el semanario.

Asimismo, otro de los aspectos más polémicos del audio es la supuesta manipulación de documentos médicos para encubrir la intervención estética. Muriano relató que, al recibir el alta médica, Boluarte se aseguró de llevarse discretamente su historia clínica para no dejar rastros de la operación.

«Cabani apuntaba en una historia, y yo le dije: ‘oye, pero ella no quiere que le hagas historia’. Y yo le dije a Dina: ‘oye, te están haciendo historia’. Y entonces a la hora del alta le dije: ‘dile que traiga tu historia así disimuladamente’, y Mario trajo la historia y ella se la quitó», señala Muriano entre risas en la grabación.

Patricia Muriano, exasistenta de Dina Boluarte y testigo clave en caso cirugía, ganó más de S/130.000 en Despacho Presidencial

Patricia Muriano, exasistenta de Dina Boluarte y testigo clave en el caso de las cirugías estéticas de la mandataria, recibió pagos por S/137.000 a través de órdenes de servicio para el Despacho Presidencial.

Según información obtenida por este medio, Muriano ingresó a trabajar en Palacio de Gobierno durante la gestión de Pedro Castillo y obtuvo contratos en siete ocasiones. En noviembre de 2021 recibió S/10.000; en mayo de 2022, S/19.500; en agosto de ese mismo año, S/13.000; en octubre, S/19.500; en enero de 2023, S/22.500; en abril, S/30.000; y finalmente, en julio de 2023, otros S/22.500, coincidiendo este último pago con el mes en que Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en la nariz.

Los documentos oficiales detallan que Muriano fue contratada para brindar asistencia técnica administrativa tanto a la secretaría general como a la oficina de la vicepresidencia.