MIMP denuncia a Gustavo Gorriti por «acoso» y «violencia» contra Dina Boluarte

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) denunció a Gustavo Gorriti por presunto «acoso político» y «violencia psicológica» en agravio de la presidenta Dina Boluarte. La queja fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer.

Según el documento del MIMP, Gorriti emitió comentarios que «caen dentro de la categoría de acoso político» al descalificar a Boluarte en su condición de mujer en el ejercicio del poder. El organismo basó su denuncia en la Ley N.° 31155 y la Ley N.° 30364.

El hecho ocurrió el pasado 4 de marzo de 2025, cuando el oenegero expresó: «Presidenta Dina Boluarte, busque otros argumentos, si los encuentra. Porque las mentiras y las distorsiones groseras reventarán en su cara y luego no hay cirujano plástico que arregle el rostro de la ruina moral».

El MIMP consideró que esta declaración constituye «un ataque a la persona de la Sra. Dina Ercilia Boluarte» y que «las afirmaciones vertidas por el Sr. Gorriti, al ser de carácter descalificatorio y humillante, se encuadran en esta modalidad de violencia».

El ministerio argumentó que la Ley N.° 30364 tipifica la violencia psicológica como «cualquier acto que cause daño emocional o psicológico a la víctima, a través de conductas como humillaciones, descalificaciones, amenazas, insultos, entre otros».

El documento también señala que «la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser respetado, pero este derecho no puede ser utilizado como un pretexto para justificar el acoso político» contra una autoridad.

En ese sentido, el MIMP solicitó a la Fiscalía que «realice investigación y diligencias en el marco del acoso político y violencia psicológica, conforme a lo dispuesto en la Ley N.° 31155 y la Ley N.° 30364».

¡Atención! Pleno del Congreso aprueba la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia

El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la ley que propone restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. De esta manera, el Legislativo se rectificó en su decisión por haber eliminado dicha figura.

Pleno aprobó restituir detención preliminar

Tras debatir el proyecto durante una hora después de haberse conseguido las firmas suficientes, el Parlamento dio luz verde al proyecto de ley con 86 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones.

Aunque en un primer momento, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que fueron 79 los congresistas que votaron a favor de la normativa, después precisó que a dicho grupo de parlamentarios se añadieron César Revilla, Héctor Ventura, Mary Acuña, Tania Ramírez, Diana González, Eduardo Castillo y Rosangella Barbarán.

Con su aprobación, la norma volverá a permitir a los fiscales solicitar al Poder Judicial detener de manera preliminar a las personas que se encuentren investigadas por algún delito presuntamente cometido. La eliminación de dicha figura judicial había obstaculizado casos emblemáticos en investigación.

Proyecto de ley tardó en incluirse en la agenda del Pleno

Como se recuerda, el pasado miércoles 5 de marzo, el titular de la Mesa Directiva anunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el proyecto de ley se debatiría este jueves. Ello después de haber sido sometido a votación en Junta de Portavoces.

«Autorizamos acta virtual para que el PL 9733, que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, sea debatido mañana jueves 6 de marzo, honrando nuestro compromiso con el país», indicó en su publicación.

A pesar de la expectativa, durante el desarrollo del presente día, la iniciativa no pudo avanzar con celeridad debido a que el acta necesaria para su ingreso a la agenda del Pleno no contaba con el mínimo de 63 firmas, por falta de apoyo de algunas bancadas.

Según informó Ruth Luque, legisladores del Bloque Democrático Popular,  las bancadas que no respaldaban la iniciativa hasta horas de la tarde eran Fuerza Popular, Alianza por el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial y Somos Perú.

«No les interesa devolver herramientas necesarias para que se persiga el delito, pero sí les interesa la restitución del dictador, este es un tema de gran importancia para la lucha contra el crimen y para garantizar la seguridad de los ciudadanos», expresó Luque.

A pesar de este impasse, el Congreso aprobó por insistencia la restitución de la detención preliminar sin flagrancia con 86 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones.

Perú Libre intentó frenar restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia

Los miembros de la bancada de Perú Libre intentaron bloquear la reinstauración de la detención preliminar en casos que no son de flagrancia y votaron en contra. Los parlamentarios que se opusieron fueron: María Agüero, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Isaac Mita, Segundo Montalvo y Kelly Portalatino. Sin embargo, el Pleno logró aprobar la autógrafa con 86 votos a favor.

Justamente, Flavio Cruz, vocero de la mencionada bancada, planteó un cuarto intermedio con el objetivo de delimitar los delitos y conductas deben integrarse en el dictamen de insistencia. No obstante, su pedido no fue tomado en consideración por sus compañeros congresistas.

Congresistas con denuncias de la Fiscalía votaron en contra de restituir la detención preliminar

De los seis congresistas de Perú Libre que votaron en contra de la restitución de la detención preliminar, tres están siendo investigados actualmente por el Ministerio Público. Se trata de María AgüeroWaldemar Cerrón y Kelly Portalatino.

En el caso de María Agüero, la congresista está siendo investigada por presuntamente haber incurrido en la práctica de «mochar sueldos». De acuerdo con la Fiscalía, entre junio de 2022 y mayo de 2023, Agüero habría obligado o persuadido a sus empleados para que entregaran una parte de sus sueldos cada mes, logrando recaudar cerca de S/ 135.000. Dicho monto habría sido recogido a través de sus asesores César De la Cruz Canales y Edson Flores Valencia.

Por su parte, Waldemar Cerrón, al igual que su hermano, el líder de la agrupación política Vladimir Cerrón, está siendo investigado por su presunta participación en la organización criminal denominada «Los Dinámicos del Centro». Según la Fiscalía, los hermanos Cerrón estarían involucrados en el delito de organización criminal.

El caso más reciente es el de Kelly Portalatino, quien está siendo investigada por la Fiscalía por presunto abuso de su cargo. Según la tesis fiscal, la parlamentaria, junto a su colega de Acción Popular, Silvia Monteza, habría cometido una serie de irregularidades en la contratación de Rommy Vásquez Yáñez en el Ministerio de Salud y en el Congreso. Vásquez Yáñez es nuera de Cristhian Risso Portalatino, medio hermano de la congresista.

Así se aprobó la restitución de la detención preliminar

El Congreso decidió aprobar por insistencia la normativa que restablece la detención preliminar en casos donde no haya flagrancia, obteniendo más de 86 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Esta ley faculta a los fiscales para solicitar al Poder Judicial la detención preliminar de personas bajo investigación por la presunta comisión de un delito.

La medida fue ratificada después de que el Gobierno de Dina Boluarte la observara en enero de este año, agotando el plazo disponible antes de pronunciarse. Cabe recordar que, en diciembre de 2024, el Parlamento había derogado dicha norma, lo que generó obstáculos en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Al ser una restitución aprobada por insistencia, no fue necesario que se de una segunda votación para ratificar su aprobación de por medio.

«No deseo participar»: Pedro Castillo protagonizó incidente al rechazar a su abogado de oficio y querer retirarse de la audiencia

El expresidente Pedro Castillo protagonizó un incidente este jueves al negarse a los servicios del abogado de oficio, Edgar Callahualpa, y querer abandonar la segunda sesión del juicio oral por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Durante los alegatos de apertura, Castillo Terrones, investigado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, rechazó que el letrado interviniera y repitió que no necesita los servicios de la defensa pública.

“El único delito que cometí es defender a este pueblo. Yo, sin ser abogado, en todo este proceso me he dado cuenta de que el Ministerio Público ha forzado el tipo penal para tenerme privado de mi libertad”, declaró desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo, en Ate.

La jueza Norma Carbajal Chávez le indicó al exmandatario que esta es la etapa de alegatos de apertura y que más adelante podrá declarar. No obstante, Castillo respondió: “¿Alegatos ante quién? Si usted ha adelantado opinión”, y pidió retirarse de la audiencia. 

“No deseo participar más de este juicio, con su permiso, ¿puedo retirarme?», clamó. 

El presidente del tribunal supremo, José Neyra Flores, tomó la palabra y desestimó la solicitud del exjefe de Estado, advirtiéndole que la ley establece medidas de coerción para aquellos procesados que no quieren participar en un juicio.

“Yo estoy en la cárcel injustamente”, dijo Castillo, claramente ofuscado.

Pedro Castillo insistió en su inocencia y arremetió contra los fiscales, a quienes acusó de tener “tesis de Azángaro” y que no

Casi 900 docentes se nombraron en colegios públicos sin rendir ninguna prueba gracias a ley del Congreso

Se concretó otro retroceso. Alrededor de 900 profesores se acaban de nombrar en colegios públicos sin que hayan rendido una evaluación meritocrática; esto gracias a una ley que fue promulgada por insistencia, en abril del 2024, por el Congreso de la República.

Estos maestros son los llamados interinos, a quienes, desde 1984, con la Ley del Profesorado, se les permitió enseñar en escuelas estatales sin título profesional. Eso pasó hasta el 2012, cuando, con la Ley de Reforma Magisterial, el Ministerio de Educación (Minedu) les otorgó un plazo de dos años para que presenten su título pedagógico, con el objetivo de que, previa evaluación, ingresen a la carrera pública como nombrados.

Así, en el 2014, de los 14.863 profesores interinos, solo 546 aprobaron de los más de 5.300 que se inscribieron. Tanto los maestros desaprobados como los que se negaron a rendir la evaluación fueron cesados a través de una resolución de la secretaría general del Minedu.

Pues bien, 900 de estos docentes acaban de ser nombrados, sin prueba alguna, diez años después de ser retirados de las aulas.

Docentes nombrados por grupos

Mediante las exigencias de la Ley n° 31996, que no fue observada por el Ejecutivo, el Minedu nombró automáticamente a dos de los tres grupos de maestros interinos.

Los profesores del grupo 1 solo debieron acreditar que sacaron su título antes de la promulgación de la Ley de Reforma Magisterial (el 25 de noviembre del 2012). Ellos, solo cumpliendo ese requisito, fueron ubicados en la primera o segunda escala de la carrera pública según su tiempo de servicios.

Los maestros del grupo 2 debieron justificar que sacaron su título dentro del plazo de dos años que dio el Minedu (entre noviembre del 2012 y noviembre del 2014). Además, tuvieron que acreditar que se desempeñaron como profesores contratados en los planteles públicos por un periodo de 30 meses a más. Ellos ingresaron por única vez y de manera excepcional a la primera escala. Tampoco dieron una evaluación.

Según un análisis que realizó La República, tomando como base los resultados finales del proceso desarrollado por el Minedu, se pudo comprobar que 834 docentes del grupo 1 y 121 del grupo 2 de llegaron a nombrar de forma automática.

En tanto, tan solo 56 maestros interinos del grupo 3 se nombraron tras rendir una evaluación excepcional de contenidos pedagógicos y trayectoria profesional y laboral. Ellos sacaron su título dentro del plazo de dos años que dio el Minedu, pero no pudieron cumplir con el requisito de haber laborado como docentes contratados por más de 30 meses.

En total, las regiones con más docentes interinos nombrados son Loreto (376), Lima metropolitana (97) y Piura (79). Le siguen Junín (38), Ucayali (38), Lambayeque (38) y San Martín (37).

Sobre el tema, el exdecano del Colegio de Profesores del Perú, Helí Ocaña, explicó que los profesores interinos ya superan los 60 años y están por jubilarse. El experto en legislación magisterial, Manuel Paiba, señaló que este caso excepcional no debe sentar un mal precedente para beneficiar a docentes en otros concursos meritocráticos. En tanto, el exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, lamentó que el Gobierno de Dina Boluarte no defienda la meritocracia.

En su momento, la ley fue impulsada, sobre todo, por los congresistas Álex Paredes, Katy Ugarte y Paul Gutiérrez, quienes como docentes desaprobaron diversas evaluaciones. Estos son datos y hay que darlos.

Este es un golpe para los profesores que sí dan pruebas.

Este es un golpe para los profesores que sí dan pruebas.

Ministro Juan José Santiváñez: «Renunciar significaría rendirme»

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, expresó hoy que no renunciará al cargo en medio de las imputaciones que lo comprometen con el pago de coimas a jueces para beneficiar a sus clientes cuando era abogado litigante.

Santiváñez, como se sabe, se encuentra en Bruselas participando en una reunión ministerial del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI) de la Unión Europea. Viajó pese a que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó su impedimento de salida del país.

«No voy a renunciar porque para mí una renuncia significaría rendirme y yo creo que en el despacho del Interior y la Policía Nacional estamos haciendo un trabajo denodado en una lucha contra la criminalidad», declaró a radio Exitosa.

Fueron dos testigos protegidos los que señalaron que el titular del Interior pagaba coimas a magistrados. Uno de ellos, incluso, dijo que coordinaba con su trabajadora Yessenia de la Cruz Rivas para administrar el dinero que serviría para los sobornos.

“A los pocos meses de haber ingresado al estudio a trabajar, (Yessenia de la Cruz) empezó a tener una relación sentimental clandestina con Juan José Santiváñez, progresivamente fue teniendo mayor poder (…) siendo asistente daba órdenes a abogados en diversas áreas”, contó el testigo.

En 2021, De la Cruz por fin culminó su carrera. Ese mismo año, según el testigo, la pareja administraba el dinero con el que pagaron los presuntos sobornos: “Ellos disponían qué dinero iba a ser ingresado a las cuentas del estudio (…) y qué dinero iba a ser mantenido en efectivo para Santiváñez, dinero que no iba a ser bancarizado y provenía de actividades ilícitas”.

El ministro, que ostenta el puesto desde el 16 de mayo de 2024, rechazó esas manifestaciones que lo involucran con De la Cruz y sobre los viajes que realizó con ella al exterior indicó que se trataron de comisiones de trabajo para su estudio de abogados.

«Fiscal armó un circo»

El hombre de gobierno criticó a la fiscal Delia Espinoza por las pesquisas que ha realizado en su contra y aseguró que todo es parte de «un circo».

«La fiscal ha armado un circo de algo que no hay, y ha manchado honras de jóvenes abogados con las dos supuestas declaraciones de testigos protegidos, ha manchado la identidad de clientes y sobre todo solicita impedimentos de salida sobre un caso que no existe», manifestó.

En esa línea, cuestionó a Espinoza por no contribuir a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Recordó que el Ministerio Público se retiró temporalmente de la mesa de trabajo para abordar el Protocolo de Actuación Interinstitucional de Investigación del Delito en señal de protesta a la ley promulgada que permite a la Policía dirigir desde el inicio las investigaciones penales.

«Yo no he pateado el tablero con respecto a pararme de la mesa interinstitucional para el establecimiento de protocolos de investigación preparatoria, yo no he presentado una demanda de inconstitucionalidad para tumbarme una norma que establece que la Policía tiene las prerrogativas para investigar, no hemos iniciado el conflicto de esta supuesta guerra mediática, no cuestionamos el poder de la Policía», refirió.

Juan José Santiváñez es investigado por el delito de abuso de autoridad por supuestamente presionar al oficial Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, para que exija al periodista Marco Sifuentes que deje de criticarlo.