Juan José Santiváñez tiene intenciones de postular a la presidencia, según nuevos chats con capitán PNP Junior Izquierdo ‘Culebra’

Nuevas conversaciones entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como «Culebra», fueron reveladas por el semanario Hildebrandt en sus trece. En los mensajes, se puede ver como Santiváñez le confesó a Izquierdo que su meta política era llegar a Palacio de Gobierno: «Mi meta no es esta (ser ministro del Interior), hermano. Yo voy a ser presidente en 2026. Acuérdate de mí. Dios lo va a permitir», se lee en los chats publicados.

Según el medio que divulgó la información, la conversación data de mayo de 2024. El Registro de Organizaciones Políticas detalla que, entre junio y diciembre del mismo año, Santiváñez formó parte del partido político Progresemos, que en ese mismo periodo presentó a Hernando de Soto como su candidato presidencial. Pese a que el titular de la cartera del Interior ya renunció al mencionado partido político, nunca negó ni afirmó sus intenciones de presentarse como precandidato presidencial por el partido liderado por de Soto u otra organización política.

«Estoy haciendo todo esto para que Dina no pueda botarme»

Otro de los mensajes enviados por el ministro del Interior en su chat con el capitán PNP Izquierdo sugiere que realizó diversas acciones para asegurar su permanencia en el Poder Ejecutivo. En sus propias palabras: «Estoy saliendo y haciendo de todo esto para que Dina no pueda botarme». Este mensaje podría indicar que Santiváñez se mantuvo en el cargo favoreciendo ciertos intereses de la presidenta Dina Boluarte.

 Chat entre Santiváñez y capitan PNP Izquierdo, conocido como 'Culebra' | Fuente: Hildebrandt en sus trece.

Chat entre Santiváñez y capitan PNP Izquierdo, conocido como ‘Culebra’ | Fuente: Hildebrandt en sus trece.

Existen investigaciones en curso por parte de la Fiscalía que detallan un presunto vínculo entre Santiváñez y figuras cercanas a la mandataria, como su hermano, Nicanor Boluarte. Según reportes del fiscal Carlos Ordaya, a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de La República, Santiváñez habría actuado como abogado «en la sombra» de Nicanor Boluarte.

Cabe recordar que, Santiváñez presentó recientemente una queja contra el fiscal Ordaya por presuntamente haber omitido que, en su condición de ministro, debe ser juzgado en fueros especiales.

Además, Santiváñez interpuso una denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. La titular del Ministerio Público investiga a Santiváñez por sus vínculos con el capitán PNP Junior Izquierdo, que podrían evidenciar abuso de poder, y también lidera las indagaciones sobre la presidenta Boluarte.

Santiváñez quiere ser presidente, pero su baja aprobación frena sus intenciones

Las aspiraciones de Santiváñez de llegar a la Presidencia se enfrentan a un obstáculo considerable: su baja aprobación popular. Según la última encuesta de Datum, el ministro del Interior cuenta con solo un 11% de aprobación y un 76% de desaprobación, lo que lo posiciona como el ministro con menor respaldo ciudadano.

Lejos de hacer una autocrítica sobre su falta de conexión con la población, Santiváñez respondió con ironía a los cuestionamientos y minimizó la situación: «Mi suegra tampoco me quiere (lo dice entre risas). Mire, yo no trabajo por las encuestas, sino por cumplir mi rol en la seguridad del país. Nosotros, en el gabinete, no trabajamos con base en estos análisis porque son subjetivos y dependen del cristal con que se mire», declaró.

Congreso: proponen un nuevo color y modelo para los uniformes escolares de colegios públicos

La legisladora Katy Ugarte, del Bloque Magisterial, presentó el proyecto de ley 10290, el mismo que incentiva el uso único de un uniforme escolar para todos los colegios públicos del país, la medida busca la igualdad entre alumnos del sistema educativo.

De aprobarse la iniciativa legislativa, esta entraría en vigencia a partir del año escolar 2025. El uniforme único para escolares de instituciones públicas propuesto consta de ropa de fácil adquisición, y está compuesto por las siguientes prendas:

·Pantalón o falda azul marino

·Camisa o blusa blanca con el logo del Ministerio de Educación

·Chompa azul marino para zonas frías

·Zapatos negros de corte escolar

Según el proyecto, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de la Producción, mediante el programa «Compras a MYPErú«, serán responsables de proveer los uniformes a los escolares garantizando equidad en su distribución.

La propuesta ha generado diversas reacciones. Mientras algunos apoyan la iniciativa por su impacto en la reducción de costos y la igualdad, otros aseguran que podría afectar la identidad institucional de cada escuela, informa La República.

El aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva es un testigo no verosímil, concluye la fiscalía de la Nación

Tras más de un año de investigación, el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela concluyó que el aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto es un testigo no verosímil y que la declaración que dio a los fiscales del desactivado Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) es inconsistente y estaría motivada por resentimientos y enemistades personales.

La fiscalía llegó a esa conclusión al reconstruir con documentos y otros testimonios al menos tres hechos presuntamente ilícitos referidos por Villanueva Barreto, en los que se involucra en actividades indebidas a los ex fiscales de la Nación, Patricia Benavides y Pablo Sánchez, el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Talavera, la congresista Ruth Luque, el fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y al ex fiscal provincial Marco Huamán.

Desde marzo de 2024, La República había advertido de inconsistencia en las declaraciones del mencionado aspirante a colaborador eficaz, pero esta es la primera vez que la fiscalía reconoce y advierte que no se han encontrado elementos que confirmen lo dicho por Villanueva sobre un posible acuerdo ilícito entre Patricia Benavides y Pablo Sánchez para beneficiarse mutuamente.

En tanto, se ha demostrado que la propuesta para archivar la investigación a Ruth Benavides fue realizada por la fiscal Bersabeth Revilla.

La misma falta de verosimilitud y falta de respaldo en la realidad se encuentra en la declaración de Jaime Villanueva sobre un acuerdo entre Pablo Sánchez y Pablo Talavera para lograr la destitución del ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, a cambio de nombrar a Javier Palomino Sedó como secretario general del Ministerio Público.

¿Quién es René Boluarte Zegarra, la hermana de Dina Boluarte que trabaja en la Junta Nacional de Justicia?

El trabajo de René Boluarte Zegarra, hermana de la presidenta Dina Boluarte, en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado polémica luego de que se revelara que, en dicha institución, se inició un proceso disciplinario contra la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y otros cuatro jueces de la Corte Suprema, el cual podría derivar en una posible suspensión de sus funciones y, en consecuencia, su destitución.

En más de una oportunidad, Tello tuvo un intercambio de palabras con la mandataria en la que le indicó que todos los funcionarios públicos deben rendir cuentas a la ciudadanía e instó al Congreso a aprobar la insistencia de la ley que restituye la detención preliminar.

René Boluarte actualmente trabaja como asesora del Pleno de la JNJ, instancia en la que se evaluarán los procesos disciplinarios inmediatos contra Tello Gilardi, Edwin Corrales Melgarejo, Carlos Calderón Puertas, Omar Toribio y Rosa Dávila Broncano. El procedimiento disciplinario urgente se aplica en casos de mala conducta grave por parte de magistrados supremos, cuando su continuidad en la administración de justicia pone en riesgo la integridad de todo el sistema judicial.

¿Quién es René Boluarte Zegarra, la hermana de Dina Boluarte que trabaja en la JNJ?

René Boluarte Zegarra es una abogada graduada en la Universidad San Martín de Porres en 1995 y cuenta con una diploma en la misma carrera. Comenzó a trabajar en el Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia), institución que fue desactivada tras el escándalo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, en el que se negociaban sentencias judiciales a cambio de favores. La hermana de la presidenta Dina Boluarte inició sus labores en el antiguo CNM en 2001 como coordinadora y, gracias a su desempeño profesional, ascendió hasta convertirse en asesora I de la Alta Dirección del Pleno de la Junta.

En ese sentido, Boluarte Zegarra, en diciembre de 2013, como asesora I en la Alta Dirección de la institución, con un sueldo de S/ 12.700 bajo el régimen 728/otros.

Sin embargo, la hermana de la presidenta Dina Boluarte se desempeña como asesora I del Pleno de la JNJ. Por dicho trabajo, René Boluarte percibe un salario mensual de S/ 14.801,11, según el portal de Transparencia, también bajo el régimen 728/otros.

 Hermana de Dina Boluarte percibe un sueldo de S/14.801,11 en la JNJ.

Hermana de Dina Boluarte percibe un sueldo de S/14.801,11 en la JNJ.

Poder Judicial: proyecto del Congreso desvirtúa figura de extinción de dominio contra el crimen organizado

A través de un oficio, el Poder Judicial envió al Congreso de la República la opinión institucional respecto al Proyecto de Ley Nº 3577/2022-CR, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1373 sobre Extinción de Dominio, aprobado en primera votación el año pasado por el pleno del Parlamento.

En el documento, la institución judicial considera que el Congreso de la República desvirtúa la figura jurídica de la extinción de dominio, herramienta de política criminal para luchar contra los efectos de la corrupción y la delincuencia organizada.

Además, señala que, de aprobarse esta iniciativa en segunda votación, colocaría al Perú en una situación de posible incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuerpo intergubernamental creado para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mundial.

La posición del Poder Judicial contiene la opinión institucional sobre el referido proyecto, el cual fue remitido a la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

En la misma, la institución judicial cuestiona que la propuesta normativa en mención plantea la introducción de una limitación a la acción de extinción de dominio que prescribe en cinco años contados a partir de que la sentencia queda firme y consentida. 

“Resulta cuestionable el plazo propuesto que es excesivamente corto para lograr algún resultado, pues no se trata comúnmente de una singularidad de bienes, sino de la pluralidad de ellos (…)”, señala el documento.

PRESCRIPCIÓN

También refiere que ello va a provocar la prescripción de la acción de extinción de dominio y que las agencias de persecución de los bienes en esta materia no realicen una labor eficaz.

Asimismo, indica que el Estado Peruano ha obtenido del Gafilat la clasificación de país susceptible de inversión privada e internacional al haber alcanzado los estándares mínimos de eficiencia en la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta situación, añade, ubica al Perú dentro de los candidatos a inversiones privadas y lugar de financiamiento internacional, es decir, recomendable para invertir, seguro y confiable, sujeto de crédito internacional y apto para el comercio justo, lo que debería impactar directamente en la calidad de vida de los peruanos.
 
A través de la figura de la extinción de dominio se traslada al Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias ilícitas.  

CIFRAS RÉCORD

Finalmente, el Poder Judicial recuerda que, en cinco años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio logró recuperar cerca de US$ 160 millones a favor del Estado en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavados de activos, minería ilegal, tala, trata de personas, etc.

Agregaron que el año pasado este mecanismo obtuvo más de US$ 71 millones en bienes muebles, inmuebles, dinero y otros, producto de actividades ilícitas que afectan al país. 

Finalmente, el Poder Judicial, a través del referido subsistema, dictó 1685 sentencias en primera instancia y 815 en segunda, lo que hace un total de 2500 sentencias en el periodo referido.

Podemos Perú impulsa proyecto de ley para que jóvenes de 17 años puedan votar en las próximas elecciones

El congresista Jorge Luis Flores Ancachi, junto con otros miembros de la bancada de Podemos Perú, presentó un proyecto de reforma constitucional para modificar el artículo 30 de la Constitución Política del Perú y permitir que los ciudadanos de 17 años ejerzan su derecho al voto en los procesos electorales.

Esta iniciativa se da en medio de un boom del streaming, donde políticos como Martín Vizcarra, Rafael López Aliaga, José Luna aparecen más a menudo en las plataformas digitales y tienen un mayor alcance en los jóvenes, quienes son los que más consumen el contenido impulsado por las redes sociales.

«Artículo 2: Modificación del Artículo 30° de la Constitución Política del Perú. Se modifica el artículo 30° de la Constitución Política del Perú, en los siguiente: Artículo 30: Son ciudadanos los peruanos mayores de diecisiete años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripción electoral», se lee.

La propuesta legislativa, identificada como Proposición N° 10243/2024-CR, busca ampliar la participación ciudadana de los jóvenes en la vida política del país. De aprobarse, la modificación establecería que todos los peruanos desde los 17 años sean considerados ciudadanos con plenos derechos cívicos y políticos, siempre que cumplan con el requisito de inscripción electoral.

Según la exposición de motivos del proyecto, en varios países existen antecedentes de reducción de la edad mínima para votar. En naciones como Austria, Bélgica y Malta, los jóvenes de 16 años ya pueden participar en elecciones. En el caso peruano, los impulsores del proyecto argumentan que los jóvenes a esta edad ya pueden trabajar, pagar impuestos y asumir otras responsabilidades, por lo que deberían tener la oportunidad de elegir a sus representantes.

La propuesta debe ser evaluada por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, instancia encargada de dictaminar su viabilidad. En caso de recibir luz verde, deberá ser debatida en el Pleno.

Perú Libre propone mayoría de edad desde los 16 años: planean modificar el artículo 30 de la Constitución

A finales del 2024, Waldemar Cerrón, integrante de Perú Libre y hermano del fugitivo Vladimir Cerrón, presentó un proyecto de ley similar que tiene como el de la bancada de Podemos Perú. La iniciativa de Cerrón pretende que los peruanos alcancen la mayoría de edad y se conviertan en ciudadanos a los 16 años, lo que representa una reducción de dos años respecto al límite actual. Esta modificación podría resultar en un aumento considerable del padrón electoral.

«El Perú ya permite que los jóvenes a partir de los 16 años se inserten en el mercado laboral, lo cual les otorga ciertas responsabilidades y derechos laborales tal como lo señala el Código de los Niños y Adolescentes, en la Ley N.° 27337, lo que indica un reconocimiento de su capacidad para tomar decisiones significativas», se lee.