PJ declaró nula la prisión preventiva impuesta a Vladimir Cerrón por caso ‘Antalsis’

El Poder Judicial declaró nula la resolución de primera instancia que impuso 18 meses de prisión preventiva al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el marco del caso ‘Antalsis’.

Así lo dispuso la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró fundado el requerimiento de la defensa de Vladimir Cerrón Rojas, investigado en este caso por los delitos de colusión agravada y otros en contra del Estado.}

Según consideraron desde el colegiado, la resolución de primera instancia emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria vulnera el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y carece de justificación suficiente sobre la proporcionalidad de la medida.

De igual forma, el tribunal dispuso que otro magistrado de investigación preparatoria emita una nueva resolución de acuerdo con la ley. Además, declaró nulo el extremo de la resolución de primera instancia que rechazó variar comparecencia con restricciones por comparecencia simple solicitado por la defensa del líder de Perú Libre.

Desde la sala también exhortaron al juez Jorge Chávez Tamariz a que “en lo sucesivo ponga mayor celo en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y cumpla con el contenido de las resoluciones judiciales superiores”.

La resolución apelada fue emitida el pasado 2 de diciembre por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien acogió el pedido de la Fiscalía Penal avocada al caso para revocar la comparecencia con restricciones que pesaba sobre Cerrón Rojas y se le impusiera 18 meses de prisión preventiva en este proceso penal.

La defensa legal de Vladimir Cerrón sostuvo como agravio que existe una inobservancia de las reglas convirtiendo al presente proceso en irregular, incidiendo en la vulneración del debido proceso en su manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones.

En desarrollo

El día del golpe de Castillo: “Vi a ciertos personajes que ahora son ministros”

El miércoles 7 de diciembre del 2022, el entonces coronel EP Víctor Canales Rosas ejercía como asesor principal del ministro de Defensa, el general EP (r) Gustavo Bobbio. Se encontraba en el piso 12 del Ministerio de Defensa, en la oficina de la Secretaría del despacho de Bobbio cuando se enteró por las noticias del discurso golpista de Pedro Castillo. Sin proponérselo, Víctor Canales fue testigo de lo que ocurrió ese día en que fracasó la intentona de Castillo y se impuso el nuevo régimen de Dina Boluarte con el respaldo inmediato de las Fuerzas Armadas.

“¿Qué es lo que vio usted?”, le preguntó La República.

“Vi que entraron en escena ciertos personajes que, posteriormente, todos hemos visto que vienen ocupando cargos de ministros, cargos de confianza en este gobierno”, respondió.

Desde el primero de enero del 2023, Víctor Canales ascendió al grado de general de brigada y fue asignado como comandante general del Agrupamiento de Artillería Coronel Francisco Bolognesi, con cuartel en Arequipa. Cuando estaba por cumplir dos años en funciones, el Gobierno de Dina Boluarte lo pasó al retiro por supuesta “renovación de cuadros”. El 20 de diciembre del 2024, Canales ofreció una alocución de despedida que se viralizó en las redes sociales. ¿La razón? Dirigiéndose a oficiales y soldados, les dijo que no se mancharan las manos “con la sangre de los inocentes ni se contagiaran “con el virus de la corrupción”. Era evidente a lo que se refería.

No hay certeza si Pedro Castillo emprendió el golpe creyendo que contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas. O esperaba que estas se sumarían si cerraba el Congreso. ¿O conocían de sus planes, lo rechazarían y darían su apoyo al nuevo régimen de Dina Boluarte? Víctor Canales estuvo en el despacho del ministro de Defensa y ensayó algunas respuestas.

Entre bambalinas castrenses

“¿Pedro Castillo intenta el golpe de Estado creyendo que él iba a recibir el apoyo de la Fuerza Armadas?”, se le pregunta.

“Es una pregunta con una respuesta un poquito complicada. No podría aseverarlo a ciencia cierta. Yo creo que es motivo de investigación de las autoridades competentes. Pero, definitivamente, como lo dije, acá hay una parte que hizo mal el señor Pedro Castillo, y remató muy mal, porque hubo consecuencias fatales. (…) Y, por otro (la parte de), la señora Dina Boluarte, que debió cumplir su palabra. Lo dijo a toda la nación, que iba a dar un paso al costado en el supuesto de (la destitución de) Pedro Castillo, y no lo hizo”, contestó.

“¿Había personas que sabían con antelación del golpe de Pedro Castillo y que luego se sumaron al Gobierno de Dina Boluarte?”, se le preguntó.

“Es muy probable que sí. Habría que preguntarles sobre ello a algunas personas que puedo mencionar. El actual ministro de Defensa, el señor (general de brigada en retiro) Walter Astudillo (Chávez). Él recibió la visita de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, la señora Betssy Chávez. Almorzaban en privado. ¿Qué conversaban en esos cuatro o cinco días (anteriores al golpe)? Ella asistía al CAEN (Centro de Altos Estudios Nacional) cuando el director era Walter Astudillo. Siendo alumna de una maestría de manera virtual, misteriosamente, siendo la primera ministra, tuvo que asistir a clases presenciales. Es raro. Y dos días después se suscita este tema (del golpe). ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hizo en esos momentos? No sabemos”, precisó.

“¿Qué hacía el general (en retiro) Jorge Chávez Cresta en el despacho del exministro Gustavo Bobbio el día 7 de diciembre? No me lo puede negar. Tendría que estar acá para que me lo niegue mirándome a los ojos. ¿Qué hacía ahí? Presenció todo el mensaje que dio el señor Castillo. Entonces, eso es la verdad. Es la verdad. Hubo otras personas más que estuvieron ahí”, añadió.

Entonces, se le preguntó a quiénes más recordaba.

“En mi celular tengo un mensaje en el que él (general Jorge Chávez Cresta) da órdenes. Da órdenes, inclusive al que habla. Me dice que le comunique al jefe del Comando Conjunto (de las Fuerzas Armadas, al general (Manuel) Gómez de la Torre. Que se comunique con la presidenta (Dina Boluarte). Pero ¿cómo es posible ello? Entonces, horas después de la toma de mando de la señora Dina Boluarte, Chávez Cresta ya estaba dando órdenes. Y no era funcionario ni servidor público”, precisó Canales.

El 21 de diciembre del 2022, en reemplazo de Alberto Otárola, Jorge Chávez Cresta fue nombrado ministro de Defensa por la presidenta Boluarte.

Delia Espinoza sobre publicación de necropsia de Andrea Vidal por el Congreso: «No pueden sacar conclusiones ni analizar pericias»

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en entrevista exclusiva para RPP, se pronunció en torno a los últimos acontecimientos relacionados a la presunta red de prostitución que habría operado en el Parlamento desde la Oficina Legal y Constitucional, cuando era jefaturada por Jorge Luis Torres Saravia.

Como se sabe, el caso fue conocido por la opinión pública a raíz del atentado criminal contra Andrea Vidal, una extrabajadora de la referida oficina del Parlamento, quien murió acribillada por desconocidos, dentro de un taxi, el pasado 16 de diciembre.

Al respecto, el último jueves, el Congreso emitió una publicación, en su cuenta oficial de X, en la que señalaba que «tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, [Vidal] ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi». Acto seguido, adjuntaron links de un protocolo de necropsia y dos informes periciales.

Sobre este acto, la fiscal de la Nación consideró que el Parlamento actuó con «falta de responsabilidad», ya que «no puede sacar conclusiones» a raíz de las pericias. Además, dijo que el Legislativo estaría «incurriendo en inconducta».

«Sobre el tema del Congreso, también se sigue investigando y se sigue recabando todos los elementos necesarios. Pero sí, lo que yo quiero advertir es que el Congreso no puede sacar conclusiones luego de la investigación que le corresponde, según sus atribuciones, porque si saca conclusiones ya estaría subrogándose o incurriendo en inconducta, porque eso le corresponde al Ministerio Público», indicó.

«Lo que pueden hacer es recabar y enviarnos todo lo que ellos recopilen en su investigación congresal. Pero no pueden sacar conclusiones ni analizar pericias ni ningún elemento que han recabado. Eso es inconducta, por no decir otra palabra, porque es falta de responsabilidad», acotó.

Presidencia condena “ataque terrorista” contra Fiscalía en Trujillo y anuncia despliegue de militares y policías

El despacho de la presidenta Dina Boluarte condenó este lunes el atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo y anunció el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), que “tomarán el control de la ciudad” como parte de las medidas adoptadas bajo el estado de emergencia.

“Condenamos estos ataques terroristas de bandas criminales y aseguramos a la población que no descansaremos ni flaquearemos ante estos viles atentados”, señaló la Presidencia en un comunicado difundido en X, antes Twitter, más de diez horas después del ataque con explosivo.

“Reafirmamos el trabajo conjunto del Gobierno central, gobierno regional y autoridades municipales para garantizar el orden, proteger a las familias de La Libertad y conseguir un futuro con justicia para todos los peruanos”, agregó.

Presidencia de la República emite comunicado a casi 12 horas después del atentado contra la Fiscalía de Trujillp

Cuestionan eficacia de las políticas de seguridad

El congresista Diego Bazán, representante de la región norteña, cuestionó la eficacia de las medidas de seguridad en un video enviado desde la zona. “Le recuerdo a la presidenta que Trujillo ya lleva casi un año en estado de emergencia, y ¿qué ha hecho hasta ahora?”, señaló.

También criticó que recién ahora las fuerzas del orden tomen el control de la ciudad, a pesar de que se había solicitado la intervención desde el inicio. En su opinión, la presencia policial, incluso si se trae refuerzos de Lima, no resolverá la situación: “Los efectivos no nos van a cuidar 24 horas”, dijo.

Bazán exigió acciones más efectivas como “trabajo de inteligencia”, la captura de los cabecillas de las organizaciones criminales, y la implementación de medidas en las zonas mineras. Además, destacó la falta de presupuesto para levantar una unidad de geolocalización y un laboratorio criminalístico.

Ataque procedería de minería ilegal

Previamente, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que el ataque estaría relacionado con la minería ilegal, lo que evidencia la urgencia de restituir la figura de detención preliminar en los casos de detención preliminar en los casos en los que no existe flagrancia, una ley que ha sido observada por el Gobierno.

“Este tipo de hechos nos demuestra claramente la necesidad urgente de que se restituya en su versión original esta figura. Si nosotros en este momento, que ya pasó la flagrancia, encontramos presuntos responsables que admiten que se vinculan directamente con lo que ha ocurrido, no vamos a poder detenerlos”, expresó en diálogo con RPP.Comunicado del Ministerio Público

“La herramienta no existe en este momento en casos de no flagrancia, por eso exijo públicamente, ¿qué más esperamos? ¿Que haya más destrozos, más pérdidas humanas? No queremos llegar a esos extremos”, agregó.

Espinoza indicó que, según las primeras investigaciones, el artefacto explosivo detonado “procedería de la minería ilegal”, lo que confirma que “la criminalidad organizada está operando”. Además, reveló que una fiscal “a cargo de un caso grave de criminalidad organizada” ha recibido amenazas desde días antes.

“Incluso pareciera que esto tiene total vinculación con lo que acaba de ocurrir. Esto no nos sorprende porque el Ministerio Público está trabajando a nivel nacional silenciosamente. (…) Los fiscales están haciendo un buen trabajo y siguiendo las huellas de criminales de alta peligrosidad”, mencionó.

Finalmente, exigió al Legislativo “a trabajar activamente en una eficiente política criminal de seguridad ciudadana y que la PNP cumpla una efectiva labor preventiva, tal como establece la Constitución”

“Es decir, que el Ministerio del Interior disponga la reactivación de la labor de inteligencia policial para que las actuaciones de los agentes del orden se efectúen antes de que se produzcan los hechos delictivos, y no cuando el daño ya se produjo en perjuicio a la sociedad”, concluyó.

Denuncian que el congresista Darwin Espinoza habría recibido S/1 millón por impulsar decreto supremo vinculado a extracción de atún

Una investigación periodística denunció que el congresista Darwin Espinoza Vargas, actualmente de la bancada de Podemos Perú, habría recibido una coima de un millón de soles por impulsar un decreto supremo que modificaría un reglamento vinculado a la extracción de atún.

El programa Cuarto Poder accedió a chats, fotografías y testimonios de colaboradores eficaces que implican a Espinoza en presuntos actos de corrupción.

Según el dominical, la tesis de la Fiscalía plantea que empresarios pesqueros allegados a la empresaria Sada Goray, entre ellos Juan Ricardo Torres Cubas, entregaron un 1 050 000 soles y 50 000 dólares al parlamentario Espinoza a cambio de promover la emisión del decreto supremo 009-2022, que modifica el reglamento del ordenamiento pesquero del atún, estableciendo medidas en la industria pesquera en el procesamiento del recurso atún.

El proceso para aprobar este decreto empezó en el 2021, cuando el congresista, que afronta una pesquisa del Ministerio Público por el caso ‘Los niños’, asumió la presidencia de la Comisión de Vivienda y Construcción. Para ese objetivo, Espinoza contacta con un conocido en el Ministerio de la Producción.

«Cuñado, necesito conocer cada documento que entra y sale de tu oficina», le dice en un chat atribuido al parlamentario al entonces director general de Pesca para Consumo Humano en el Ministerio de la Producción, Javier Pérez Reyes.

En otra conversación, Espinoza le habría dicho que nada ocurrirá sin su aprobación.

Y, por si fuera poco, el legislador, siempre de acuerdo con el reportaje, le remite a Pérez Reyes varios currículums vitae a fin de que coloque a sus recomendados en puestos de trabajo en el Ministerio de la Producción. «Allí están dos asesores para tu dirección», le indica. Y le enfatiza: «Necesito que procedas rápido con eso».

La investigación refiere, además, que la coima que habría percibido el parlamentario se realizó a través de intermediarios, como el comunicador Luis Kenji Risco Urbina, en el distrito limeño de Lince. La primera entrega fue de S/800 000 y la segunda de S/200 000.

Por otro lado, el programa dominical también indicó que Darwin Espinoza estuvo de viaje a Punta Cana de República Dominicana junto a la empresaria Sada Goray, su esposa Bélgica Arangoitia y Kenji Risco.

Sada Goray también habría buscado beneficiarse

En palabras de un colaborador eficaz, durante ese viaje, Sada Goray —empresaria y exgerente de la empresa Marka Group investigada por ser parte de una presunta organización criminal que penetró el Estado en la gestión de Pedro Castillo para obtener beneficios— le formuló un requerimiento al parlamentario de Podemos Perú.

«Sada Goray le pidió al congresista Darwin Espinoza que acelere el proyecto de agua que iba a permitir que su proyecto inmobiliario Lima Bonita pueda tener agua potable y el congresista Darwin Espinoza le dijo que estaba haciendo todo lo posible para darle viabilidad al proyecto y le garantizó que sacaría adelante el proyecto, además le agradeció por haberle pagado el viaje, luego Sada Goray le dijo que cualquier cosa lo iba a seguir apoyando, pero que tenía que impulsar el proyecto del agua, finalmente terminó la reunión y se retiraron a sus habitaciones», declaró ante la Fiscalía, según cita el reportaje.

Caso ‘Mochasueldos’: PJ declaró improcedente apelación de exasesor de la congresista María Agüero para revocar prisión preventiva dictada en su contra

La resolución judicial en la que se impone 18 meses de prisión preventiva contra César Alexis de la Cruz Canales, exasesor de la congresista de Perú Libre, María Agüero, se mantiene «vigente».

Mediante una resolución emitida el último siete de enero a la que tuvo acceso RPP, el magistrado precisó que si bien la defensa técnica de Cesar Alexis de la Cruz Canales interpuso, de forma oral, su recurso de apelación en la fecha en que se dictó dicha medida restrictiva contra su patrocinado, sin embargo, el apelante ha omitido formalizar, por escrito, su apelación dentro del plazo establecido, «por lo que se debe declarar improcedente el recurso interpuesto en forma oral en audiencia pública».

El juez Alcocer Acosta dispuso remitir su decisión a la sala superior respectiva para que lo revise y continúe el trámite que corresponda.
No obstante, el magistrado si resolvió el último 7 de enero «conceder» el recurso de apelación que presentó Edson César Flores Valencia, otro exasesor de la congresista de Perú Libre, María Agüero, para que se revoque el mandato de prisión preventiva por 18 meses que se le impuso dentro de esta investigación preparatoria que afronta junto a de la Cruz Canales por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del estado a raíz de este caso.

Al haber cumplido las formalidades que exige la ley, el magistrado dispuso remitir el recurso de apelación de Flores Valencia a la Sala Penal de Apelaciones Nacional que corresponda, instancia que, si lo admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final al respecto.

Orden de captura

César Alexis de la Cruz Canales se encuentra con orden de ubicación y captura mientras que Edson César Flores Valencia está recluido en un penal de nuestro país.

La fiscal provincial Naomí Catherine Bustillos Tamayo, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, investiga a estas personas por presuntamente haber sido los recolectores y receptores iniciales del dinero que le habría sido recortado a 12 trabajadores del despacho de la parlamentaria de la bancada de Perú Libre.

Durante un operativo realizado a inicios del mes de noviembre del 2,024 también se allanó la casa y las oficinas de la congresista María Agüero, quien es investigada en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, en su condición de congresista, Agüero Gutiérrez “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.

Los dos operadores, en total, habrían recibido S/72.517.00, entre transferencias bancarias y depósitos en efectivo.