El 2025 llega con beneficios económicos para los trabajadores del sector público en Perú. El Gobierno ha confirmado la entrega de dos pagos adicionales a lo largo del año, como parte de las medidas incluidas en la Ley del Presupuesto del sector público. Estas disposiciones buscan reconocer la labor de los servidores estatales y mejorar su situación económica.

Los aguinaldos y otros beneficios, como el incremento salarial, ya están vigentes desde el 1 de enero. Además, se han incluido restricciones presupuestarias que afectan las contrataciones y el pago de horas extras en el sector estatal.

¿Cuál es el monto de los pagos adicionales que recibirán los trabajadores públicos en 2025?

De acuerdo con la Ley del Presupuesto 2025, los trabajadores públicos recibirán hasta 300 soles en dos pagos adicionales correspondientes a los aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad. Este beneficio aplica a los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo los regímenes laborales del Decreto Legislativo 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512.

Además de los aguinaldos, se ha autorizado el bono por escolaridad de hasta 400 soles, destinada a apoyar a las familias del sector público y pensionistas en el inicio del año escolar. Estos montos también alcanzan a los docentes universitarios regulados por la Ley Nº 30220 y al personal de salud contemplado en el Decreto Legislativo 1153.

¿Quiénes recibirán la segunda bonificación económica del año?

La bonificación especial por Navidad y otros beneficios estarán dirigidos a:

• Trabajadores del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 (profesionales, técnicos y auxiliares).
• Servidores públicos nombrados y contratados bajo los regímenes laborales de las Leyes Nº 29944 y 30512.
• Docentes universitarios y personal de salud, según los regímenes legales vigentes.

En el caso de trabajadores sujetos al régimen de actividad privada, las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad se regirán por la Ley Nº 27735, que establece montos proporcionales al salario mensual.

Las condiciones para acceder a estos pagos incluyen el cumplimiento de requisitos establecidos por la Ley del Presupuesto. Entre ellas, se encuentra la vigencia de la relación laboral al momento del pago.

Más incrementos y otros beneficios laborales del sector público en 2025

El Gobierno también ha aprobado incrementos salariales para servidores del sector público bajo regímenes laborales como los Decretos Legislativos 728 y 1057, así como las Leyes Nº 30057, 29709 y 28091. Este aumento mensual, que puede alcanzar los 150 soles, tiene un carácter remunerativo y pensionable, por lo que será considerado para el cálculo de beneficios laborales.

Adicionalmente, se incorporó el Beneficio Extraordinario Transitorio Fijo (BET Fijo) al Monto Único Consolidado (MUC) para los servidores del régimen 276, lo que representa un incremento de hasta 200 soles en sus ingresos. Estas mejoras fueron pactadas en el Convenio Colectivo Centralizado 2024-2025.

Sin embargo, también se han establecido restricciones presupuestarias. La Ley del Presupuesto prohíbe el ingreso de nuevo personal por servicios personales y nombramientos, salvo excepciones justificadas. También se limita el pago de horas extras y la contratación bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057 para proyectos de inversión no contemplados en el Sistema Nacional de Programación Multianual.

¿Cuál es la edad máxima para trabajar en el Estado peruano?

Según la Ley n.º 32199, las personas trabajadoras del sector público deberán cesar sus funciones al cumplir los 70 años. Esta medida se aplica a todas las personas empleadas regidas por el Decreto Legislativo n.º 276 y establece que el retiro se realizará al finalizar el año calendario en el que se alcance dicha edad. La disposición busca uniformar los criterios sobre el cese laboral por edad y evitar discrepancias en su aplicación. Según la norma, el cambio entrará en vigencia a partir de enero de 2025, permitiendo que los servidores públicos que cumplan 70 años ese año sigan laborando hasta el 31 de diciembre.

A través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación se ha solicitado a la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, remitir, en un plazo de 24 horas, los documentos que certifiquen el estado de salud que la motivó a realizarse la intervención quirúrgica en la nariz y las 91 normas en original que asegura que suscribió entre el 28 de junio y 9 de julio de 2023. Esto debido a las declaraciones brindadas el lunes 13 de enero en la investigación que se le sigue por el supuesto delito de omisión de funciones y abandono de cargo en agravio del Estado, al haberse sometido a una intervención quirúrgica sin informar debidamente al Congreso de la República.

Consultamos con el exprocurador, Antonio Maldonado, quien aseguró que Boluarte tiene el deber de colaborar con el Ministerio Público y en base a eso se deberá evaluar si formular una acusación o archivar el caso. Asimismo, señaló que la presidenta está protegida por el artículo 117 de la Constitución por lo que el Legislativo debe autorizar para que se inicie la investigación preparatoria, mientras tanto no se puede iniciar el antejuicio político.

«En caso de no entregar dicha información ocurrirán, al menos, una de las siguientes dos cosas: al momento de concluir la investigación, el Ministerio Público hará la valoración de dicha conducta, en armonía a otros elementos de información que haya acopiado, y, según el conjunto de información podrá haber fortalecido sus hipótesis de investigación o, caso contrario, deberá valorar si hay suficientes elementos de convicción para llevar o no su caso hacia la siguiente fase, esto es, evaluar si va a formular acusación o archivar el caso. Merito aparte es la cuestión procesal pues como sabemos la presidenta está protegida por el anacrónico artículo117 de la Constitución y para pasar a la fase preparatoria (…) se requiere autorización o aprobación del Congreso, que como sabemos ha abdicado de sus deberes constitucionales en su afán de protección de la señora Boluarte», declaró para La República.

Cabe recordar que su ex primer ministro, Alberto Otárola, fue quien dio a conocer la noticia ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento y aunque aseguró que la presidenta no abandonó sus funciones y que la operación fue por problemas respiratorios, desató cuestionamientos y críticas de la población. «Como es de conocimiento público, la señora presidenta en las fechas indicadas pasó efectivamente por un procedimiento quirúrgico», relató ante los parlamentarios.

Según un informe periodístico, actas del Consejo de Ministros del 5 y 7 de julio de 2023, que se realizaron de manera remota y se encuentran siendo investigadas, se puede notar que la firma de la mandataria Boluarte se ve de manera diferente a su firma habitual, ese documento declaró el estado de emergencia en varios distritos de Moquegua.

Dina Boluarte acudió a Fiscalía a declarar por cirugía de nariz

La presidenta Boluarte declaró por más de 4 horas ante Fiscalía el último lunes 13 enero por la intervención quirúrgica a la que se sometió a mediados del 2023, lo cual trajo como consecuencia que no participara en actividades oficiales durante 12 días. En un mensaje a la Nación aseguró que su cirugía no fue por fines estéticos sino de salud; además, se comprometió a renunciar a su derecho a la confidencialidad para probar sus palabras.

Las declaraciones las tomó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; inicialmente, la citación estuvo programada para el 2 de enero; sin embargo, la mandataria a través de su defensa solicitó que le reprogramen la cita que termino dándose el 13 de enero ante el Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. Cabe recordar, que Boluarte tenía que volver a declarar el 15 de enero a las 9 de la mañana pero se confirmó que se estaba reprogramando para el miércoles 29 de enero.

Abogado de Boluarte justificó que la presidenta durmiera en clínica

Al terminar su declaración en Fiscalía, aproximadamente a las 3 de la tarde, el abogado de la presidenta, Juan Portugal, dijo a la prensa que la operación duró 40 minutos de la noche del 28 de junio de 2023 y fue a raíz de una disfunción nasal.

«La presidenta de la República hizo uso de sus horas de sueño como cualquier ser humano en el plantea tierra. La intervención duró entre 40 a 50 minutos con anestesia local. No hubo ningún estado de inconsciencia, no hubo en ningún momento una falta de lucidez ni de decisión de la presidenta de principio a fin en la intervención. Por ello, dada la irrelevancia, el postoperatorio se desarrolló por recomendación médica de forma ambulatoria e hizo uso del descanso nocturno», indicó.