La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, llevó a cabo diligencias al domicilio de Luis Alberto Otárola Peñaranda, expresidente del Consejo de Ministros, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de cohecho activo genérico en el marco del caso Club Apurímac, donde se le acusa de haber dado S/120.000 a congresistas a cambio de blindar a Dina Boluarte, en 2022.

Esta inspección llevada a cabo a los inmuebles del ex primer ministro en el distrito de Surco se da tras la acusación de Yaziré Pinedo, quien reveló de estos supuestos pagos a congresistas a cambio de archivar una denuncia constitucional contra la presidenta en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

En aquella oportunidad, se mencionaba que Boluarte habría firmado 13 documentos como presidenta del Club de Apurímac entre agosto y octubre del 2021, cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno de Pedro Castillo.

A través de las redes sociales, Alberto Otárola trató de minimizar estas diligencias. Por su parte, en declaraciones a la prensa, añadió que se le levante el secreto a sus comunicaciones y la reserva a su cuenta bancaria.

«Hasta hoy tengo 10 carpetas archivadas y esta será una más, no solamente por la mentira delicuencial. (…) Yo no soy ningún corrupto, yo le daré todas las facilidades al Ministerio Público para que se descubra la verdad», expresó.

Yaziré Pinedo ratificó que Wilson Soto, Segundo Quiroz y Elizabeth Medina fueron sobornados por Otárola

En noviembre de 2024, Yaziré Pinedo volvió a declarar a la prensa. En aquella ocasión, la joven, vinculada al ex primer ministro y quien obtuvo órdenes de servicio del Estado por hasta S/53.000, denunció que los congresistas Wilson Soto, Segundo Quiroz y Elizabeth Medina fueron sobornados por Alberto Otárola con S/120.000 para que la denuncia constitucional fuera archivada.

Pinedo sostuvo que Otárola, al asumir la defensa de Dina Boluarte, se encargó de contactar a algunos congresistas para que apoyaran su posición y, de ese modo, frustrar el avance de las denuncias constitucionales 268 y 289. «Les daba dinero a los congresistas. Pude ver a tres congresistas. Él les entregaba y ellos se iban», indicó.

Aunque Pinedo no mencionó directamente los nombres de los parlamentarios involucrados, ratificó lo que su abogado, Zamir Villaverde, expuso en la denuncia penal presentada contra Otárola.

Votación de congresistas coinciden con argumentos de Yaziré Pinedo y blindaje a Dina Boluarte

El 5 de diciembre de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar las denuncias constitucionales 268 y 269 contra la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, por presuntamente haber realizado funciones y gestiones en beneficio del Club Departamental Apurímac durante su tiempo como ministra de Estado.

Con 13 votos a favor y 8 en contra, el grupo de trabajo aprobó el informe presentado por el congresista y delegado Edgard Reymundo (Cambio Democrático), que recomienda archivar las acusaciones contra Dina Boluarte por presuntas violaciones a los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú.

Entre los 21 votos emitidos en el debate llevado a cabo el 5 de diciembre de 2022, previo al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, los congresistas Wilson Soto, Segundo Quiroz y Elizabeth Medina, coincidentemente, votaron a favor de archivar estas denuncias contra Dina Boluarte. Esto coincide con los argumentos expuestos por Yaziré Pinedo y su defensa.