El fujimorismo y sus aliados no lograron aprobar el proyecto de ley de reforma constitucional para impedir que Antauro Humala y otros sentenciados puedan postular a cargos públicos. A pesar de que miembros de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, el Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia votaron a favor de la iniciativa, no se alcanzaron los 87 votos necesarios para aprobar la reforma constitucional.

Esta propuesta buscaba modificar las disposiciones sobre la idoneidad de los ciudadanos aptos para ejercer funciones públicas representativas. En concreto, planteaba que aquellas personas sentenciadas por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria estuvieran impedidas de postularse hasta 10 años después de cumplir su condena. La controversia surgió debido a la exclusión de delitos relacionados con corrupción y violaciones de derechos humanos.

A continuación, se presentan los nombres de los parlamentarios, organizados por bancada, que votaron a favor de esta reforma constitucional:

Fuerza Popular

El partido que representa al fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, mostró un interés particular en este proyecto, posiblemente con la intención de eliminar a Antauro Humala como competidor en las elecciones de 2026. Tania Ramírez, representante de la bancada, fue una de las más activas en el debate en el Pleno del Congreso. Durante su intervención, señaló: «Esta votación debería ser unánime, porque buscamos mejorar la calidad de los candidatos en futuras elecciones».

Los congresistas de Fuerza Popular que votaron a favor fueron:

• Alejandro Aguinaga
• Arturo Alegría
• Eduardo Castillo
• Mery Infantes
• Martha Moyano
• Tania Ramírez
• Cruz María Zeta

Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú

Las bancadas lideradas por César Acuña y José Luna también respaldaron la reforma. Los congresistas que votaron a favor incluyen:

• María Acuña
• Lady Camones
• José Elías
• Nelcy Heidinger
• Edhit Julón
• Roberto Kamiche
• Jorge Marticorena
• Magaly Ruiz
• Alejandro Soto
• Kira Alcarráz
• Digna Calle
• Jorge Flores
• Ariana Orué
• Luis Picón
• Juan Burgos
• José Arriola
• Francis Paredes

Avanza País y Somos Perú

Ambas bancadas, caracterizadas por sus posiciones de centroderecha y derecha, contaron con miembros que apoyaron la reforma:

• Rosselli Amuruz
• Alejandro Cavero
• Patricia Chirinos (recientemente pasó de Avanza País a Renovación Popular)
• Diana Gonzales
• Adriana Tudela
• José Williams
• Alfredo Azurín
• José Pazo
• Luis Cordero Jon Tay

Renovación Popular y Honor y Democracia

En el marco del debate, el proyecto de Ley 1244, propuesto por Jorge Montoya, también destacó. Esta iniciativa buscaba restringir la participación electoral de quienes hayan consumido drogas en los últimos 15 años. Los congresistas de estas bancadas que votaron a favor de la reforma fueron:

• Diego Bazán
• Miguel Ángel Ciccia
• Jessica Córdova
• Noelia Herrera
• Esdras Medina
• Alejandro Muñante
• Cheryl Trigozo
• Norma Yarrow
• Jorge Zeballos
• José Cueto
• Jorge Montoya
• Javier Padilla
• Gladys Echaíz
• Milagros Jáuregui

Acción Popular

El principal proyecto del paquete de reforma constitucional fue el P.L. 672, impulsado por Luis Aragón de Acción Popular. Los congresistas de esta bancada que votaron a favor fueron:

• Luis Aragón
• Raúl Doroteo
• Ilich López
• Wilson Soto
• Edwin Martínez

Bancada Magisterial y Perú Libre

Aunque la mayoría de las bancadas de izquierda votaron en contra, algunos congresistas de la Bancada Magisterial y Perú Libre respaldaron la medida:

• Alex Paredes
• Katy Ugarte
• Lucinda Vásquez
• Oscar Zea

No agrupados

Finalmente, algunos congresistas no adscritos a ningún grupo parlamentario también votaron a favor:

• Juan Carlos Mori
• Edward Málaga
• Carlos Anderson
• Flor Pablo
• Maricarmen Alva
• Juan Carlos Lizarzaburu
• Roberto Chiabra
• Carlos Alva

El presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, cuestionó duramente al Congreso de la República por emitir leyes penales sin previamente consultar con el sistema de justicia. 

Críticas al Congreso por falta de coordinación

Durante una reciente declaración, Arévalo aseguró que esta práctica «se ha hecho muy mal» y representa un grave problema para la correcta aplicación de las normas en el país.

Debió haberse pedido la opinión del Ministerio Público y del Poder Judicial, tenemos magistrados muy especializados que son profesores universitarios, que pueden aportar a la elaboración de estas leyes y alternativas de leyes serias, han emitido leyes que se ha hecho muy mal» sostuvo Arévalo.

Consecuencias en la aplicación de justicia

Arévalo explicó que las leyes penales tienen un impacto directo en el sistema judicial, por lo que su elaboración debe ser resultado de un trabajo técnico y coordinado. 

De lo contrario, advirtió que se corre el riesgo de crear vacíos legales, contradicciones o normas ineficaces que complican el trabajo de jueces, fiscales y abogados defensores.

El presidente del PJ también destacó la necesidad de garantizar que las leyes sean claras, aplicables y acordes a la realidad del país. 

«La legislación que se emita se debe hacer con seriedad, no se pueden emitir leyes por emitir y más en materia penal, en esto el poder judicial es muy tajante, no compartimos mucho de estos dispositivos legales  porque no son adecuados a la constitución y a una política criminal que debería existir», puntualizó

Un llamado al diálogo interinstitucional

Arévalo instó al Congreso a fomentar un trabajo más colaborativo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros actores del sistema legal. 

En ese sentido, sugirió la creación de mesas técnicas previas a la aprobación de leyes en materia penal, a fin de evitar errores y garantizar una implementación efectiva.

Asimismo, destacó que las leyes deben responder a las verdaderas necesidades de la población y no ser aprobadas de manera apresurada o con fines políticos. 

«Cuando son leyes de esta naturaleza deberían ser consultadas para que se aporte lo que se considere pertinente, hay muy buenos elementos en el poder judicial que pueden aportar mucho en esta elaboración de las leyes», afirmó.

Las declaraciones de Javier Arévalo evidencian una preocupación creciente sobre la falta de coordinación entre los poderes del Estado en la elaboración de leyes penales.

La crítica busca impulsar un diálogo técnico y responsable que garantice la seguridad jurídica y una correcta aplicación de las normas en beneficio de la ciudadanía.

En horas de la mañana del martes 17 de diciembre, personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo un allanamiento a la casa del vocero de Dina Boluarte, Fredy Hinojosa. Desde las 4.30 a.m., su vivienda ubicada en el distrito de Pueblo Libre, viene siendo cateada en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma. Él no ha podido ser detenido por la Ley 32181 que deroga la detención preliminar para casos de no flagrancia.

Gracias a esta norma, el juez no pudo concederle al fiscal a cargo de este caso la solicitud de 10 días de detención preliminar, de acuerdo con información de RPP. El magistrado no pudo autorizar la detención del jefe del gabinete técnico de la presidencia.

«No se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.», fue el inciso del artículo 261 que se derogó con la ley 32181.

Este punto ya fue restituido por el Congreso; no obstante, la presidenta Dina Boluarte aún no firma la autógrafa que está en Palacio desde horas de la mañana del lunes 16 de diciembre.

¿Por qué la Fiscalía allana la vivienda del vocero Fredy Hinojosa?

La Fiscalía realizó un allanamiento en la casa de Fredy Hinojosa como parte de las indagaciones relacionadas con el caso Qali Warma, en el que se le investiga por la supuesta entrega de conservas en mal estado durante su tiempo como director ejecutivo del programa social. El operativo tiene como objetivo obtener pruebas tanto documentales como electrónicas, y se llevó a cabo en el contexto de una investigación por presunta corrupción, aunque su detención preliminar fue bloqueada por la legislación vigente del Congreso.

En esa línea, las oficinas de la empresa Frigoinca también ha sido allanada. Ellos produjeron y distribuyeron alimentos para el programa social, durante la gestión de Fredy Hinojosa en Qali Warma. La medida también alcanza a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de Dirección General de Salud Ambiental (Digesa).

¿Quién es el vocero presidencial Fredy Hinojosa?

El portavoz de la Presidencia de la República fue el director ejecutivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. También ocupó cargos en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social, en el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa), en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y en el Programa de Capacitación Laboral Juvenil (Projoven), entre otros.

Hinojosa es abogado y licenciado en Administración, habiendo cursado sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Posee una maestría de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha completado un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La bancada de Alianza para el Progreso (APP), por iniciativa de la congresista Lady Camones, presentó hoy un proyecto de ley de reforma constitucional para permitir la reelección de alcaldes y gobernadores regionales.

La propuesta legislativa, que modifica los artículos 191 y 194 de la Constitución Política, establece que los alcaldes y regidores, así como los gobernadores y vicegobernadores regionales «pueden ser reelegidos por un solo periodo adicional de manera inmediata».

Dichas autoridades son elegidas por sufragio directo por un periodo de cuatro años. Su mandato es revocable, conforme a ley.

Al tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa legislativa de APP requiere del voto favorable de 87 congresistas en dos legislaturas para ser aprobada.
El pasado jueves 12 de diciembre, el pleno de la representación nacional rechazó, en segunda votación, un proyecto de reforma constitucional que también proponía la reelección inmediata, por un periodo adicional, de alcaldes y gobernadores regionales. Sin embargo, dicha iniciativa también modificaba el artículo 35 de la Carta Magna para eliminar a los movimientos regionales. 

En mayo, la propuesta de reforma constitucional fue aprobada en primera votación con 91 votos, 25 en contra y 3 abstenciones;  pero en la segunda votación solo obtuvo 70 votos a favor.

Ante ello, los legisladores Héctor Valer, José Jerí (Somos Perú) y María Acuña (APP) presentaron una reconsideración a la segunda votación del proyecto de reforma constitucional, la cual está pendiente de ser resuelta por el pleno del Congreso de la República.