El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan el allanamiento en la vivienda de Fredy Hinojosa Angulo, vocero de Dina Boluarte por la distribución de alimentos en mal estado a escolares del programa Qali Warma.
La diligencia se inició a las 4:30 de la madrugada de este martes en el distrito de Pueblo Libre, donde queda el inmueble de Hinojosa Angulo. La diligencia se realiza en el piso 12 de un edificio de departamentos.
Personal de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) se encontraba en pleno allanamiento cuando a las dos horas, al promediar las 6:40 a.m. llegó el abogado del funcionario, Omar Hernández, según informó RPP.
El abogado confirmó el allanamiento, pero no explicó el motivo del operativo. Pero se conoció que Fredy Hinojosa fue notificado sobre una investigación en su contra por la distribución de alimentos en mal estado a escolares beneficiarios del programa Qali Warma.
Este es en realidad un megaoperativo porque se desarrolla en simultáneo en los distritos de San Isidro, Ate, La Molina, Jesús María y Pueblo Libre de Lima.
También se allanó la vivienda de Nilo Lino Francisco Burga Malca quien es propietario de la empresa Frigoinca, investigada por distribuir conservas no aptas para el consumo al programa Qali Warma. Pero no se localizó al empresario no.
Como se sabe, Fredy Hinojosa trabajó con la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión social, Dina Boluarte, en el gobierno de Pedro Castillo.
El Congreso de la República remitió al despacho de la presidenta Dina Boluarte la autógrafa de la ley que restablece la prisión preliminar para casos de no flagrancia, con el objetivo de que se proceda a su promulgación y difusión en el diario oficial, para cumplimiento público.
Sin embargo, el nuevo texto del restituido inciso a) del artículo 261 del Código Procesal Penal tiene una ligera modificación que será sustancial al momento de solicitar y obtener una detención preliminar. Ya no será tan fácil para los fiscales, mientras que los investigados tendrán más fácil impugnarla.
El texto original de la norma decía que, a pedido del fiscal, el juez puede dictar una detención preliminar judicial cuando existan razones plausibles de que se ha cometido un delito y, que por las circunstancias del caso, se pueda desprender cierta posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
Antes de la ley 32181, era suficiente que el fiscal presente indicios de la existencia, por ejemplo, de una organización criminal que como es lógico suponer había que neutralizar para, por su propia naturaleza sea válido sospechar de una posibilidad de fuga o de perturbación de las acciones del fiscal.
La presidenta Dina Boluarte debe promulgar la nueva ley de inmediato
Indicios razonables y verificables
Los requisitos para una privación de libertad por hasta un máximo 15 días eran mínimos y, por tanto, se suponía que cualquier error o exceso judicial se podía corregir de inmediato.
Esto cambiará totalmente. Los fiscales tendrán que presentar evidencias concretas y los jueces tendrán que evaluar la existencia de indicios razonables, ya no la sola sospecha, para autorizar una privación de libertad.
El nuevo texto dice que, en casos de no flagrancia, el fiscal debe presentar elementos razonables de la existencia de una organización criminal que está cometiendo delitos con pena superior a cuatro años.
Ya no será suficiente decir que se ha descubierto una organización criminal y enumerar sus delitos, sino que debe haber un mínimo de actividad probatoria, razonablemente verificada.
Luego, deberá presentar indicios razonables de que los investigados sospechan que han sido descubiertos y están preparando su fuga o que vienen realizado actos destinados a perturbar la averiguación de la verdad.
Sin estos requisitos no habrá detención preliminar o será más fácil impugnar y tumbarla, antes que se dicte prisión preventiva.
En opinión de jueces y fiscales, consultados por La República, la detención preliminar pasaría a ser casi equivalente a la prisión preventiva, solo que sin audiencia, ni participación de los abogados defensores.
La detención preliminar es importante en la lucha contra la delincuencia
Peligrosos delincuentes fueron liberados
El inciso a) del artículo 261 se anuló mediante la Ley 32181 que promulgó y publicó la presidenta Dina Boluarte el 11 de diciembre último, generando una gran conmoción social, por la liberación de peligrosos delincuentes.
Por ejemplo, en Huaral, el 13 de diciembre, la Sala de Apelaciones tuvo que ordenar que 10 procesados, entre ellos tres policías, acusados de integrar la organización criminal “Las Hi
Mientras en Lima, en la Corte Superior Penal Nacional, en plena audiencia de prisión preventiva, el juez Raúl Justiniano Romero dispuso la libertad de 11 personas acusadas de beneficiarse de créditos fraudulentos de la cooperativa AELU. Su participación en las audiencias de prisión preventiva, dependerá de cada uno de ellos.
Es de suponer, que con la misma rapidez con la que firmó la Ley que eliminó la detención preliminar, la presidenta Dina Boluarte promulgue la nueva ley de restitución de la norma penal.
Para esto es importante que este mismo, lunes 16 de diciembre, la promulgue y mande que se publique el martes 17 para que entre en vigencia, 24 horas después, esto es, el 18 de diciembre de 2024.
La detención preliminar permitía asegurar que un investigado se someta a la prisión preventiva y no se fugue. Con cada día que pasa, los fiscales y jueces están con las manos atadas en la lucha contra el crimen organizado. enas Verdes” que se dedicarían a extorsionar a transportistas, queden en libertad. Afrontaran el pedido de prisión preventiva en libertad.
En una actividad oficial con motivo de los trabajos del Metro de Lima, la presidenta Dina Boluarte envió un mensaje a sus críticos y sostuvo que se encuentran dolidos porque «no forman parte de su Gobierno».
Boluarte Zegarra expresó tales declaraciones durante la ceremonia de supervisión de la llegada de la tuneladora Delia a la estación ‘Parque Murillo’ de la Línea 2 del Metro de Lima en el distrito de Breña.
Dina Boluarte envía duro mensaje a detractores En medio de su discurso, la jefa de Estado señaló que sus «detractores» sentirían envidia de no ser parte del equipo que la acompaña en el Ejecutivo. Ello pese a su gestión está cerrando el año con un 3% de aprobación de acuerdo a la última encuesta de Datum.
Boluarte Zegarra aseguró que sus críticos no reconocen los buenos resultados de su gobiernos y son «mezquinos» al señalar que estos son una consecuencia del «azar o rebotes». La mandataria señaló que ella administra el país con «decisiones firmes».
«Nuestros detractores están dolidos porque no son parte de este Gobierno y no lo serán porque están dolidos porque no estamos dedicando el dinero de todos los peruanos en asuntos de consultorías o afines. Están dolidos porque cada sol de todos los peruanos lo invertimos en obras grandes como estas para el beneficio de todos los peruanos», fueron las declaraciones de Boluarte.
Desaprobación del gobierno de Dina Boluarte
La presidenta Dina Boluarte cierra el 2024 con solo un 3% de aprobación, según lo reveló la última encuesta de Datum, realizada para el diarioEl Comercio. El estudio contó con la participación de 1222 peruanos que respondieron a la pregunta «¿Aprueba o desaprueba la labor que desarrolla Dina Boluarte como presidenta de la República?».
Las respuestas que se recibieron de esta muestra reflejan que el 95% de la población peruana no aprueba el trabajo de la mandataria en Palacio de Gobierno luego de que, en el mes pasado, dicha cifra se estableciera en 94%. Por su parte, 3% eligió «No sabe» como respuesta.
Asimismo, la encuesta de Datum muestra que en todos los sectores socioeconómicos el rechazo a Dina Boluarte tiene cifras similares, en los sectores A/B y C, la presidenta llega a un 95% de desaprobación, mientras que en el D, 96%; y en el E, 93%.
De esta manera, se dio a conocer que la presidenta Dina Boluarte arremetió contra los «detractores» de su gestión y aseguró que están dolidos por no formar parte del Ejecutivo.
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, informó este domingo que su despacho aprobó el inicio de una investigación preparatoria al fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Según señaló, su despacho dispuso esta medida contra el fiscal provincial titular por una pericia que da cuenta de un presunto desbalance patrimonial. Precisó, además, que al pasar a esta etapa del proceso se realizarán diversas diligencias.
“El Ministerio Público solo tiene que basarse en elementos objetivos y lo que hemos encontrado en dicha carpeta es que hay una pericia, ahora la fase preliminar es para recabar diligencias urgentes necesarias e inaplazables (…) como ya tenemos una pericia que arroja un presunto enriquecimiento, un presunto desbalance, estamos pasando a la siguiente etapa que es la investigación preparatoria”, dijo al dominical Punto Final.
No será apartado de casos
La titular del Ministerio Público indicó que esta nueva etapa no implica una acusación, sino que servirá para obtener más información que pueda ayudar a dilucidar los hechos por los que se señala al fiscal Pérez Gómez, todo con previa intervención judicial.
En ese sentido sostuvo que es necesario precisar el objeto de la pericia, debido a que hay observaciones de la parte denunciada.
Asimismo, la fiscal de la Nación se refirió a la posibilidad de que el fiscal Pérez Gómez sea retirado de los casos que tiene a su cargo. Según explicó, se le mantendrá porque está en su derecho y porque los hechos denunciados no son de “una entidad tan grave” como para solicitar su suspensión o retirarlo.
“Está en su derecho, porque no es de una entidad tan grave, al menos es lo que estimamos, como para solicitar una suspensión o retirarlo del caso, lo cual no correspondería en este estadio, no correspondería”, dijo.
Pedido previo del fiscal
El pasado 25 de setiembre se conoció que el fiscal Pérez Gómez solicitó al despacho del entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, el archivo de la investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
«No existe desbalance patrimonial en el análisis de mi situación patrimonial de diciembre de 2011 a diciembre de 2023, pues mis ingresos son lícitos y superiores a mis egresos, con una diferencia como saldo positivo favorable», se puede leer en el documento enviado por Domingo Pérez al despacho de Juan Carlos Villena.
«Solicito respetuosamente, señor fiscal de la Nación, que, concedido el plazo solicitado, permita su honorable despacho disponer el archivamiento del caso», continúa.
El fiscal José Domingo Pérez es investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, pues, de acuerdo con un informe pericial contable financiero, no habría podido justificar un incremento patrimonial de 131 mil soles en los últimos años.
Esta investigación no es nueva, ya que en agosto del presente año insistió en su pedido ante el Poder Judicial para que ordene al Ministerio Público el cese de una investigación.
El Poder Judicial ordenó al Ministerio Público concluir la investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otros por el caso ‘Gasoducto Sur Peruano’, vinculado a Odebrecht.
El juez Leodan Cristobal Ayala adoptó esta medida al declarar improcedente una solicitud que hizo la Fiscalía abocada al caso para que se habilitara o convalide una prórroga adicional de esta investigación preparatoria, cuyo plazo inicial de 36 meses más una prórroga de 15 meses venció el último 30 de septiembre.
Mediante una resolución emitida el último 29 de noviembre a la que tuvo acceso RPP, el magistrado exhortó a la Fiscalía a cargo de dicha investigación a que «cumpla con emitir la disposición o requerimiento que corresponda con arreglo a la normativa procesal vigente» es decir, si presenta una acusación fiscal contra los investigados o solicita al Poder Judicial que archive el caso.
El Ministerio Público solicitaba la habilitación de un plazo excepcional, pensado inicialmente hasta el 18 y/o 23 de octubre último, para completar un procedimiento pericial, a fin de que los peritos oficiales pudieran absolver las observaciones formuladas por las partes que intervienen en este proceso penal.
Sin embargo, como dicho plazo ya transcurrió, y la pericia observada por los investigados ya fue absuelta, incluso se cumplió con trasladar dicha absolución a los investigados, la Fiscalía planteaba, como una pretensión alternativa, que se convalide del 30 de setiembre al 23 de octubre como plazo de ampliación de la prórroga de esta investigación preparatoria.
Determinación de medida
No obstante, el juez Leodan Cristóbal Ayala determinó que la habilitación o convalidación de plazo solicitado por el Ministerio Público, quebranta el principio de legalidad procesal penal y el derecho al plazo razonable de las partes en el proceso penal.
El magistrado precisó que el requerimiento fiscal de habilitación o convalidación de un plazo adicional para concluir un procedimiento pericial -en los hechos- viene a ser una segunda prórroga en una investigación ya fenecida, solicitud que carece de una base legal que lo ampare.
El juez Cristóbal Ayala remarcó que habiéndose autorizado la única posible prórroga y llegado la misma al límite temporal que fue el 30 de setiembre del 2024, ya no procede una segunda ni sucesiva prórroga.
«Una vez fenecida la etapa la de investigación preparatoria, al no existir un plazo legal adicional reconocido por la norma, no son de recibo el requerimiento fiscal de habilitación o convalidación de plazos hasta el 23 de octubre de 2024, dado que, de forma indefectible, la investigación preparatoria ha concluido el 30 de setiembre de 2024», precisa el magistrado.
El Gobierno rechazó este domingo cualquier insinuación o acusación de que las normas firmadas por la presidenta Dina Boluarte hayan sido adulteradas durante el tiempo en que fue operada quirúrgicamente. En ese sentido, señalan que esas afirmaciones «carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar».
«Todas las normas rubricadas por la señora presidenta Boluarte son legítimas y han sido realizadas en su calidad de jefe de Estado con la debida autoridad y cumpliendo con el marco legal constitucional establecido», se lee en el pronunciamiento subido a las redes sociales.
El Ejecutivo señaló que las normas suscritas en el período del 26 de junio al 10 de julio del 2023 por Dina Boluarte, cuando señala que se operó por un tema de salud, son legítimas y reiteran que quienes advierten de una presunta falsificación en las rúbricas de la mandataria «carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar el gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país».
Exige que la citen a Fiscalía
La presidenta Dina Boluarte dio el último jueves un mensaje a la Nación acompañada de su Gabinete Ministerial, en el que, entre otras cosas, exhortó a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, a citarla para dar su declaración en la investigación que se le sigue por un presunto abandono del cargo y omisión de funciones, debido a la intervención quirúrgica a la que se sometió.
“Siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial, sin embargo, ya hace bastante tiempo sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el único propósito de generar crisis en el gobierno e intentos de vacancia”, expresó.
Boluarte confirmó que se sometió a una intervención quirúrgica en junio del año pasado; sin embargo, aclaró que «no fue una intervención estética».
El Ejecutivo publicó un comunicado para asegurar que los documentos que llevan la rúbrica de la mandataria durante el 26 de junio y 10 de julio del año pasado son legítimos, por lo que niegan algún hecho fraudulento.
El Gobierno rechazó este domingo cualquier insinuación o acusación de que las normas firmadas por la presidenta Dina Boluarte hayan sido adulteradas durante el tiempo en que fue operada quirúrgicamente. En ese sentido, señalan que esas afirmaciones «carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar».
«Todas las normas rubricadas por la señora presidenta Boluarte son legítimas y han sido realizadas en su calidad de jefe de Estado con la debida autoridad y cumpliendo con el marco legal constitucional establecido», se lee en el pronunciamiento subido a las redes sociales.
El Ejecutivo señaló que las normas suscritas en el período del 26 de junio al 10 de julio del 2023 por Dina Boluarte, cuando señala que se operó por un tema de salud, son legítimas y reiteran que quienes advierten de una presunta falsificación en las rúbricas de la mandataria «carecen de fundamento y solo buscan desestabilizar el gobierno, afectando seriamente la gobernabilidad del país».
“Siempre he sido muy respetuosa de las autoridades del sistema judicial, sin embargo, ya hace bastante tiempo sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el único propósito de generar crisis en el gobierno e intentos de vacancia”, expresó.
Boluarte confirmó que se sometió a una intervención quirúrgica en junio del año pasado; sin embargo, aclaró que «no fue una intervención estética».
«Sí, fui sometida a una intervención quirúrgica, no fue una intervención estética, fue una intervención necesaria para mi salud. Lo necesitaba por funcionalidad respiratoria, que no me generó ningún tipo de incapacidad o impedimento para ejercer mis funciones como presidenta», señaló.
La jefa de Estado recordó que, durante ese período en las que estuvo en esa operación quirúrgica, suscribió 91 normas.
«La decisión médica de someterme a dicha intervención fue tomada asegurando que no tendría ningún problema para continuar ejerciendo mis funciones como presidenta», indicó.
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