Dina Boluarte: secretario presidencial Enrique Vílchez coordinó sus firmas luego de cirugía

En declaraciones a Cuarto Poder, la exsecretaria del Consejo de Ministros, Teresa Ramírez, aseguró que el funcionario a cargo de coordinar las firmas de la mandataria Dina Boluarte es el secretario general de Presidencia de la República, Enrique Vílchez.

Tal afirmación es clave debido a que las firmas de la presidenta Boluarte a las actas de las sesiones del Consejo de Ministros en los días posteriores a la cirugía de su nariz son materia de controversia.

«En el tiempo en que yo he estado a cargo de la Secretaría del Consejo de Ministros, la firma de los documentos de la señora presidenta la tomaba el secretario generla», manifestó Ramírez.

De acuerdo al exteniente alcalde de Pueblo Libre, Carlos Arana, el secretario Vílchez fue gerente en la comuna de ese distrito y es cercano a Nicanor Boluarte, el hermano prófugo de la presidenta.

Como se sabe, luego que se hicieron públicas las actas del Consejo de Ministros de los días 5 y 7 de julio del 2023, salió a la luz también que existen diferencias en las firmas de la presidenta Dina Boluarte en esos documentos.

Eso será materia de investigación en la Fiscalía de la Nación que tiene en la mira a la mandataria por presunto abandono del cargo presidencial y omisión de funciones tras haberse sometido a una cirugía a su nariz.

Dina Boluarte se conectó de manera virtual en Consejo de Ministros

Ramírez estuvo en la sesión del Consejo de Ministros del 5 de julio del 2023 y recuerda que en esa oportunidad la mandataria participó de manera virtual sin dar la cara.

«Sí, a nosotros nos avisaron ese día, antes de la sesión que teníamos que coordinar la preparación, la habilitación, coordinar con el área de informática, un link, porque la señora se iba a conectar de manera virtual. Eso es lo que nos informaron antes del inicio de la sesión», rememoró.

La exsecretaria no recuerda si la presidenta se conectó con la cámara encendida. “Pero se le escuchaba como gangosa, como cuando uno está resfriado”, recapituló.

ONG del cirujano de Boluarte firmó convenios con el Gobierno

Según Panorama, la ONG Cabani Salud suscribió dos convenios con el Gobierno peruano a mediados del año pasado. El primero fue con los Bomberos y el segundo con el Programa Aurora del Ministerio de la Mujer.

Hasta la fecha, se desconoce cuáles son los resultados de esos convenios a favor de los bomberos y en la gestión del Ministerio de la Mujer.

«¿Así o más hipócrita?»: Sigrid Bazán arremete contra presidenta Dina Boluarte por pena de muerte

La congresista Sigrid Bazán expresó su rechazo por la reciente promulgación de la Ley n.° 32181, la cual deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia. Al respecto, la parlamentaria acusó de hipócrita a la presidenta Dina Boluarte, quien últimamente se encuentra impulsando el debate a favor de la pena de muerte para violadores de menores.

«Por un lado, Boluarte plantea la pena de muerte para violadores, pero al mismo tiempo promulga una ley para que esos violadores no puedan ser detenidos preliminarmente. ¿Así o más hipócrita?», publicó la legisladora a través de X (antes Twitter).

Bazán no es el único miembro del Congreso de la República que ha indicado los visibles sinsentidos de la ley. Cabe precisar que el mismo presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, reconoció hace poco que los legisladores deben de «corregir y rectificar» en referencia a la mencionada norma.

Detención preliminar a violadores

Según la nueva norma, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) ya no pueden solicitar al juez el pedido de prisión preliminar en casos de no flagrancia, arrebatándole a los órganos de persecución del delito esta fundamental herramienta contra el crimen.

Es decir, en caso de intervención contra investigados por violación a menores, según resalta Bazán, las autoridades no podrán detenerlos de forma preliminar, evitando así que los imputados cometan fuga u obstruyan la justicia nacional.

Boluarte y la pena de muerte

Pese a dicha contradicción, la presidenta de la República se ha mostrado firme y decidida respecto a la aprobación de la pena de muerte para violadores. En un reciente discurso, la mandataria mencionó que «los violadores son una lacra que no debe tener ningún espacio en la sociedad, la calle ni la cárcel».

«Nuestros niños son lo más sagrado, lo más intocable. Por ello le digo a la clase política que no debe causarle temor debatirlo (la pena de muerte a violadores de menores); temor debe causar que violen a nuestros niños. El momento creo yo que es ahora, ¿o cuándo?», pronunció la jefa de Estado.

En dicho discurso, la presidenta enfatizó en que pedir que se debata la pena de muerte no es tomar una decisión definitiva, sino una muestra de cómo una sociedad que vive en democracia debe actuar.

«Eso es democracia. Debemos discutir y llegar a puntos de coincidencia, aún en nuestras diferencias», sentenció.

Así, la congresista Sigrid Bazán señaló que la mandataria es hipócrita al pedir pena de muerte a violadores y, sin embargo, promulgue leyes que condicionen la acción fiscal para detenerlos.

El coronel Harvey Colchado fue pasado al retiro por renovación de cuadros

El coronel de armas de la Policía Nacional Harvey Colchado fue pasado al retiro por causal de renovación de cuadros de proceso regular.

«Se agradece al coronel de armas de la Policía Nacional del Perú, Harvey Julio Colchado Huamaní, por los servicios prestados a la Policía y a la Nación», se puede leer en el documento.

Asimismo, con firma del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue pasado al retiro el coronel PNP Walter Lozano Pajuelo por el mismo motivo.

De acuerdo con la resolución, el pase al retiro de ambos coroneles de la PNP se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2025.

Tanto para el caso de Colchado como Lozano, se precisa que el paso al retiro responde a que no existe «la posibilidad de asignársele cargo específico en razón de su antigüedad, especialidad funcional o perfil profesional, en el cuadro de organización y cuadro de personal de la Policía Nacional del Perú«.

Abogado de Harvey Colchado calificó de «venganza» el pase al retiro de su patrocinado

Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, se refirió al pase al retiro de su patrocinado como un abuso y una venganza que desincentiva el buen accionar de los oficiales.

«Ha habido una orquestación indebida de un abuso programado, estructurado, que lo único que hace esta resolución es la concreción de todo un plan estructurado para el abuso, para la arbitrariedad y, además, para la represión y la venganza», dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

«Esperábamos una pizca de racionalidad (…). Es absolutamente inverosímil (que no se le pueda asignar cargo específico debido a su antigüedad). El coronel Colchado es un policía con ocho años de antigüedad. Pero esta antigüedad es en función de los méritos o ascensos por méritos que ha tenido. Esto finalmente es un desincentivo para los policías que quieren hacer las cosas bien», aseveró.

PJ pide al Congreso extender diálogo y debate sobre reforma de la extinción de dominio

La presidencia de la Mesa de Trabajo y la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder instó al Congreso de la República a extender el proceso de diálogo y debate de la propuesta legislativa que reforma el proceso de extinción de dominio.

Mediante un pronunciamiento, el organismo que preside el juez supremo titular Manuel Luján Túpez hizo este pedido ante la reciente aprobación en primera votación del dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo N.°133 sobre extinción de dominio.

“Solicitamos a los representantes de las diversas bancadas del Congreso de la República que se extienda el proceso de diálogo y debate, con el fin de ordenar, ajustar y enriquecer la propuesta legislativa. Es crucial que cualquier reforma a la extinción de dominio se realice de manera rigurosa y detallada, con el objetivo de fortalecer este mecanismo y garantizar que cumpla su propósito fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sin generar retrocesos en su efectividad”, precisaron.

Rechazo a aprobación en primera votación

En ese sentido, expresaron su preocupación y rechazo a la aprobación en primera votación de la modificación propuesta que introduce cambios en el régimen jurídico de la extinción de dominio.

“Si bien comprendemos y valoramos la intención de mejorar los procedimientos relacionados con la extinción de bienes ilícitos, consideramos que las reformas planteadas dan la espalda a compromisos internacionales y carecen de la profundidad técnica necesaria para garantizar el fortalecimiento de este mecanismo crucial en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otras actividades ilícitas”, indicaron.

Precisaron, en ese sentido, que el sistema de extinción de dominio fue establecido para cumplir tratados internacionales, como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), reconocidos por Perú como reglas obligatorias.

El organismo señala que estos tratados establecen la necesidad de contar con sistemas autónomos y especializados para afrontar de forma eficaz la corrupción y criminalidad, no desde el ámbito del derecho penal, sino desde el enfoque de la recuperación de las finanzas ilícitas y el restablecimiento de un mercado justo y limpio, en las que no es necesaria una condena penal previa para que pueda extinguirse el dominio, que no es propiedad sino una apariencia real sin respaldo legal o constitucional alguno.

Indicaron también que la extinción de dominio es un instrumento clave en la política criminal del Estado peruano, pues permite recuperar bienes activos adquiridos, producto de actividades ilegales, a través de la aplicación de un debido proceso que garantiza la protección de los derechos fundamentales.

“Este mecanismo es necesario para frenar la impunidad, debilitar las estructuras del crimen organizado y la corrupción, al afectar directamente los beneficios económicos originados en actividades criminales. Modificar esta herramienta sin un riguroso análisis técnico-jurídico no solo genera vacíos legales, sino que debilita la capacidad del Estado para garantizar que los bienes ilícitos sean efectivamente recuperados y devueltos a la sociedad”, añadieron.

Ministerio de Justicia crea comisión para debatir la pena de muerte en casos de violación sexual de menores

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha dispuesto la creación de la Comisión Sectorial encargada de realizar debates públicos a fin de evaluar las propuestas dirigidas a ampliar la aplicación de la pena de muerte al delito de violación sexual de menores de edad.

A través de un comunicado de prensa, el MINJUSDH indica que la medida responde a una iniciativa del titular del sector, Eduardo Arana Ysa,

La Comisión Sectorial de naturaleza temporal dependiente del MINJUSDH, creada mediante Resolución Ministerial N° 319-2024-JUS, publicada la noche de ayer, sábado, en el diario oficial El Peruano, tiene como objeto elaborar un informe técnico que recoja las propuestas para evaluar la aplicación de la pena de muerte, prevista en el artículo 140 de la Constitución Política del Perú, «en el contexto actual peruano donde existe un grave problema social relacionado con la incidencia del delito de violación sexual de menores de edad».

El MINJUSDH indica que los integrantes de la comisión deberán organizar debates descentralizados en diversas regiones del país que contribuyan al cumplimiento de su objeto, con la participación de instituciones estatales y de representantes de la sociedad civil. Así como, difundir las actas de los debates en cada región y sus conclusiones para finalmente elaborar y difundir el informe final que recoja los resultados de los debates.

Además, señala que esta Comisión Sectorial cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, «la misma que puede invitar a sus sesiones a representantes de otras entidades públicas o instituciones privadas y de la sociedad civil; así como a profesionales especializados, a fin de que brinden sus opiniones y aportes»,

El ministerio precisa que «tanto los miembros integrantes como los invitados ejercen sus funciones ad honorem».

La Comisión Sectorial tendrá una vigencia de tres meses, «contados a partir del día hábil siguiente a su instalación, pudiendo prorrogarse por el término que acuerde la Comisión Sectorial, en función al cumplimiento de su objeto».

Adrianzen sobre pena de muerte: “No hay ningún proyecto de ley que el Ejecutivo haya emitido en ese sentido”

El último viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, había dicho que la pena de muerte no ha sido un tema que se haya abordado durante el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, que se llevó a cabo ese mismo día. Sin embargo, señaló sentirse satisfecho de que el tema genere debate.

“No es un tema que se haya tratado el día de hoy. Esta reunión es del Consejo para Reforma de la Administración de Justicia se hacen de acuerdo con una agenda, pero aprovecho para recordar que lo que ha hecho la señora presidenta es una invitación para que se inicie el debate, por eso me alegra que ya hay quienes se están reuniendo entorno a esa idea. Me parece que lo más saludable en un país democrático es que nos reunamos, conversemos, dialoguemos y expongamos nuestras ideas”, expresó el jefe del Gabinete.

Adrianzén negó que haya actualmente un proyecto de ley de parte del Ejecutivo relacionado a aplicar la pena de muerte para violadores.

“No hay ningún proyecto de ley que el Poder Ejecutivo haya emitido en ese sentido y lo que vamos a hacer es participar del debate, escuchar a todos los actores políticos en ese tema, pero sobre todo recordar permanentemente que ante crimines atroces como son la violación y causa de muerte en menores de edad, no podemos permanecer impasibles”, acotó el titular del Consejo de Ministros.

Congreso aprueba, en segunda votación, la creación de la Comisión Especial Multipartidaria que elaborará un nuevo Código Penal

El pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el texto sustitutorio del dictamen del proyecto que propone la creación de una Comisión Especial Multipartidaria encargada de elaborar un nuevo Código Penal, recogiendo el trabajo existente de las comisiones anteriores.

La propuesta, presentada por la bancada de Perú Libre, obtuvo 64 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones.

Este grupo estará compuesto por un representante elegido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que será quien lo presida, además de un representante de cada grupo parlamentario.

“El Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás instituciones involucradas se encuentran obligadas a cooperar con dicha comisión”, se detalla en el texto.

El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Isaac Mita Alanoca (PL), alegó que la comisión coordinará con los sectores involucrados y que recogerá opinión de los especialistas en materia penal.

En la propuesta se indica que el plazo para que la Comisión Especial Multipartidaria cumpla con la entrega del trabajo encomendado no debe exceder del periodo parlamentario 2021-2026.

“El plazo se computa a partir de la entrada en vigor de la presente ley”, se acota.