El Tribuna Constitucional (TC) falló a favor de un habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón y anuló la condena de 3 años 6 meses dictada en su contra el 6 de octubre de 2023 por el caso Aeródromo Wanka.
El máximo órgano constitucional, indica en su resolución que la justicia ordinaria obvió pronunciarse sobre un recurso de excepción de la accion penal presentada procesado y emitió sentencia, «lo que implica una clara vulneración del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales».
Por eso motivo, el TC dispone que el Poder Judicial emita una nueva resolución sobre este caso.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, restó importancia a la baja aprobación de Dina Boluarte en las encuestas y manifestó que no las considera determinantes.
Gustavo Adrianzén y su análisis político
En entrevista con Canal N, el premier indicó que la desaprobación ciudadana también alcanza al Congreso de la República y el Ministerio Público, evidenciando una falta de conexión con la ciudadanía.
«Yo no diría que estamos tan mal, estamos siendo los mejores en la región en diferentes cifras. No solamente me refiero a crecimiento, inflación, reservas internacionales, en general, estamos mucho mejor que nuestros vecinos en la región. Pero eso no lo valoramos. Yo creo que es una falta de conexión, definitivamente, y tenemos que preocuparnos por hacerlo mejor», declaró.
Asimismo, Gustavo Adrianzén aseguró que el Ejecutivo está trabajando de gran manera, no obstante, hizo hincapié en que deben comunicar de mejor manera sus logros.
«Nosotros estamos haciendo esfuerzos muy grandes. Yo solamente veo buenas cifras, me parece que el trabajo lo estamos haciendo bien. ¿Qué creo que nos está faltando? Comunicarlo de mejor manera. No sabemos explicarles a las personas por qué es importante tener la inflación más baja de la región (…) Eso no lo puedo cambiar, pero no lo considero determinante», agregó.
Dina Boluarte cierra el 2024 con un 3% de aprobación
La presidenta de la República, Dina Boluarte, cierra el 2024 con solo un 3% de aprobación, según lo reveló la última encuesta de Datum, realizada para el diarioEl Comercio.
Las respuestas que se recibieron de esta muestra reflejan que el 95% de la población peruana no aprueba el trabajo de la mandataria en Palacio de Gobierno luego de que, en el mes pasado, dicha cifra se estableciera en 94%. Por su parte, 3% eligió «No sabe» como respuesta.
Asimismo, la encuesta de Datum muestra que en todos los sectores socioeconómicos el rechazo a Dina Boluarte tiene cifras similares, en los sectores A/B y C, la presidenta llega a un 95% de desaprobación, mientras que en el D, 96%; y en el E, 93%.
Con respecto a las regiones, en Lima y Callao el rechazo alcanza un 96%, mientras que en el norte, centro y sur del país, el porcentaje de rechazo a su gestión es del 94%, 95% y 96%; respectivamente. Por su parte, en el oriente, la cifra permanece en 90%.
De esta manera, el premier Gustavo Adrianzén señaló que la baja aprobación de Dina Boluarte se debe a una falta de conexión con la ciudadanía.
El congresista Alejandro Muñante se pronunció respecto a la aprobación de la Ley n.° 32181, que deroga la detención preliminar en caso de no flagrancia. Esta norma, que arrebata una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen a los órganos de persecución del delito, ha sido una de las grandes polémicas del Congreso de la República en el mes de diciembre.
En diálogo con Exitosa, el parlamentario reconoció haber cometido un error al no haber revisado la norma con detalle e indicó que fue uno de los legisladores que propuso restituir la norma, corrigiendo así su previa equivocación.
Asimismo, precisó que el debate de la ley en el Pleno se centró, más que nada, en el apartado respecto a la Policía Nacional del Perú (PNP) con el cual él se encuentra de acuerdo, por lo que no se percató de «la letra pequeña«.
«Yo voté a favor y he hecho un mea culpa. He sido uno de los que he rectificado. Allí sí hay una enorme responsabilidad nuestra. Lamentablemente, el debate se centró en un tema que nos interesa, que es proteger a la Policía de la prisión preventiva en caso use sus armas legalmente. No vimos la parte chiquita y el diablo está en los detalles», indicó el vocero de la bancada de Renovación Popular.
La «letra pequeña»
Efectivamente, el debate en el Pleno se centró en demasía en la cuestión de la PNP, mas no se discutió lo que el congresista llama la «letra pequeña» y que, finalmente, fue lo que produjo el rechazo de la ciudadanía.
En el literal a) del inciso 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, la norma establece que «cuando no se presenta un supuesto de flagrancia, pero existen razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso…», indica la norma.
En resumen, su derogación impide a la Fiscalía de la Nación y a la PNP a solicitar al juez la detención preliminar en caso de no flagrancia, por lo que, de no haber intervenido al criminal en pleno desarrollo del delito, no puede caer en la prisión preliminar.
Fiscalía y Ejecutivo
No obstante, Muñante se mostró en contra del accionar del Ministerio Público, que liberó a diversos delincuentes en cumplimiento de la norma. Según Muñante, la Fiscalía sí cuenta con los medios para retenerlos, pero «supo mandar un mensaje político«.
Por último, expresó que el Ejecutivo también erró en promulgar la norma, ya que ellos «sí cuentan con especialistas en materia de justicia» para percatarse del error cometido.
La norma fue restituida por el Congreso, pero no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
El Congreso tiene la intención de destinar S/277.632.494 para llevar a cabo la implementación de la bicameralidad y S/923.321.469 para cubrir los salarios de su personal y sus obligaciones sociales, dentro del presupuesto total que manejará el próximo año. Esta información fue corroborada por un informe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Parlamento, al que tuvo acceso La República.
La historia del despilfarro
El mes pasado, la Mesa Directiva, que preside el apepista Eduardo Salhuana, propuso que el presupuesto del Congreso para el año fiscal 2025 sea de S/ 1.412.401.268. Una cifra millonaria e histórica. El presidente del Parlamento y sus vicepresidentes tomaron esa decisión basándose en un informe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
La cifra acordada sobrepasó ampliamente la que propuso el Gobierno. Cuando el Ejecutivo envió su proyecto de Ley de Presupuesto al Congreso, la propuesta de presupuesto para el Parlamento en el año fiscal 2025 fue de S/ 846.173.108. Sin embargo, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización se mostró en desacuerdo y planteó incrementar S/ 566.228.160 más a ese monto.
“Resulta insuficiente, ya que no cubre el monto mínimo necesario para el funcionamiento normal del Congreso, representado por el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del 2024, que asciende a S/ 1.134.768.744. Al no tomarse este valor como referencia, se genera un déficit de S/288.595.666, afectando las operaciones regulares del Congreso”, dijo el informe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.
El presupuesto del Congreso en 2024 fue de más S/ 1.134 millones. La Oficina de Planeamiento propuso aumentarle a ese monto más de S/ 277 millones para el próximo año, con el argumento de preparar el Parlamento para funcionar en un sistema bicameral y pagar a sus trabajadores.
“Esta variación adquiere mayor relevancia debido a la implementación de la bicameralidad prevista para 2026, lo cual demandará la ejecución de proyectos de inversión, adquisición y acondicionamiento de un nuevo inmueble para los senadores y diputados, así como el alquiler temporal de un edificio mientras se realizan mejoras en el Palacio Legislativo”, agrega el informe.
Así es que, sumando otros gastos, esta oficina propuso en total más de S/ 1.412 millones para el 2025. De ese monto, más de S/ 277 millones será para la bicameralidad y más de S/ 923 millones para el pago a su personal y sus obligaciones sociales. La Mesa Directiva aprobó la recomendación y luego le Pleno le dio luz verde.
Acuñistas elaboraron informe sobre presupuesto millonario del Congreso
Los funcionarios que firmaron el documento de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización son Roxana Yolanda Ríos Mendoza, extesorera de Alianza Para el Progreso (APP), y William Federico Alcantara Infantes, exasesor del excongresista apepista Richard Acuña.
Ríos Mendoza es jefa del Área de Presupuesto del Congreso y Alcantara Infantes es jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de esta institución.
Este diario informó que la designación de Ríos es responsabilidad de la gestión de APP en el Parlamento. Ella militó en el partido apepista hasta el 2021.
Funcionarios vinculados a APP elaboraron el informe que propuso el mayor presupuesto del Congreso de los últimos años.
El Congreso se está adelantando al escenario del 2026, año en que el país elegirá un Parlamento bicameral con 130 diputados y 60 senadores.
El presupuesto podría crecer debido a que el fujimorismo busca que para el año 2031 el Parlamento tenga, como mínimo, 237 congresistas, entre diputados y senadores.
Los cambios millonarios del Congreso a su presupuesto con miras a la bicameralidad
Congreso el 0,65% del presupuesto nacional
Cuando fue aprobada la reforma constitucional de retorno a la bicameralidad, el Congreso se comprometió a que su presupuesto con la implementación de dos cámaras no iba a superar el 0,6% del presupuesto nacional.
Este Congreso unicameral, sin embargo, está al borde de superar ese tope. Su presupuesto del año fiscal 2025 equivale al 0,65% del presupuesto general de la República.
El Legislativo es una institución con más de tres mil trabajadores, entre trabajadores de Servicio Parlamentario y Organización Parlamentaria. Casi la mitad son cargos de confianza. Es una agencia de empleo.
El 13 de diciembre, Jorge Torres Saravia fue removido de su puesto como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, tras ser vinculado con una supuesta red de prostitución en el ámbito legislativo. La denuncia presentada por el programa Willax TV llevó a Eduardo Salhuana a decidir finalizar la relación laboral de Torres con el Parlamento, a pesar de que este último era considerado el principal colaborador de César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso.
“Censuro tajantemente esa conducta y acá no hay corona, sea del partido que fuese, justamente el día de hoy hemos expedido la resolución dando por concluido su vínculo laboral. Él ya no pertenece desde hoy a la planilla del Congreso de la República”, declaró Salhuana a los medios de prensa.
Andrea Vidal fallece
El 9 de diciembre, Andrea Vidal sufrió un atentado cuando se encontraba tomando un taxi por aplicativo. Un par de sicarios le dispararon a ella y al taxista más de 40 veces en el brazo y en la cabeza. El conductor falleció en el acto, mientras ella permaneció en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 2 de Mayo hasta el 17 de diciembre, fecha en la que falleció.
Congreso borra rastro de vínculo laboral con Jorge Torres
Tras la noticia de la muerte de la exfuncionaria, la página del Congreso ha decidido borrar todo vínculo que se le relacione con Jorge Torres Saravia. Anteriormente, en la página oficial del Legislativo podías encontrar su perfil donde se especificaba que nació en Chincha, tiene 44 años y es abogado con más de 15 años de experiencia en el sector público. Además, contaría con un doctorado en Gestión Pública y Gobernabilidad otorgada por la Universidad César Vallejo, que pertenece precisamente al gobernador Acuña.
Wilber Medina, abogado procesalista que llevó adelante demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz entre Fiscalía y Odebrecht, calificó de histórica el fallo de la Sala 2 que ordena la entrega de dicha información.
En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, el abogado destacó la resolución a la que llegó esta sala del TC e indicó que, a partir de esta sentencia, la ciudadanía va a poder conocer todos los convenios de colaboración eficaz que suscriba el Ministerio Público.
“Es una sentencia contundente, histórica y emblemática de cara al derecho de acceso a la información pública que tenemos todos los peruanos (…) A partir de esta sentencia vamos los peruanos a exigir y así tienen que entender los fiscales, tenemos que conocer todos los convenios de colaboración eficaz suscritos con los diferentes investigados y procesados”, indicó.
“A partir de hoy todos los acuerdos de colaboración suscritos entiéndase, Odebrecht, Obrainsa y más personas naturales y jurídicas tienen y deben ser de acceso y de conocimiento público deben ser colgados en la página web de la Fiscalía de la Nación, a partir de cuándo. Cuando se suscribe el convenio de colaboración, a partir de ahí puede y debe hacerse público”, añadió.
Harán público el acuerdo
Explicó también que luego de esta sentencia, Fiscalía tiene cinco días para remitirles a él y su patrocinado, Phillip Butters, la información del acuerdo de colaboración eficaz y que luego de ello, se hará público el documento.
“Estoy seguro que el señor Vela, el señor Pérez tienen que acatar y van a publicar la sentencia, nos van a notificar, al demandante, en este caso al señor Phillip Butters y a mí como abogado y nosotros como se ha ofrecido y era el propósito vamos a hacerlo público”, sostuvo.
“Vamos a colgar en todas las redes que estén a nuestro alcance para que sea de conocimiento de toda la opinión pública y sean los peruanos interesados en esta materia que hagan el análisis se pronuncien sobre si está bien o no el contenido de este acuerdo, si lo que ofrecieron los fiscales vale la pena a cambio de lo que recibieron como entrega por parte de los brasileños”, agregó.
Sala ordena que acuerdo de colabaoración eficaz sea de acceso público
La Segunda Sala del Tribunal Constitucional ordenó que sea de acceso público el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre Odebrecht, un grupo de exejecutivos de dicha empresa brasileña con la Fiscalía peruana y la Procuraduría AD HOC del caso Lava Jato.
Así lo resolvió esta sala del máximo intérprete de la Constitución al declarar fundada una demanda de habeas data contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez Gómez, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, por haberse vulnerado el derecho fundamental de acceso a la información pública.
En la resolución, a la que tuvo acceso RPP, la sala ordena a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro que entregue en un plazo no mayor de 5 días hábiles, una copia del Acuerdo de Beneficios y Colaboración Eficaz de fecha de 2019 y el Acuerdo Complementario de fecha 20 de mayo de 2019 que suscribió Fiscalía, la constructora Odebrecht, además de los colaboradores Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Nostre.
ENFOQUE REAL 