Defensor del Pueblo insiste en destitución del ministro de Educación por declaraciones sobre derechos humanos

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, insistió en pedir la salida del ministro de Educación, Morgan Quero, después de que este dijera que “los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas”, cuando se le consultó directamente por los muertos en las protestas antigubernamentales, que se registraron entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

El titular de la Defensoría del Pueblo reiteró que su institución rechaza todas las expresiones que fomenten “el desprecio por la vida y los derechos humanos”.

“No se puede, de ninguna manera, aceptar una declaración de ese tipo y eso lo hemos hecho llegar en un comunicado pidiendo que la presidenta evalúe la permanencia del ministro de Educación”, declaró.

Aunque recordó que Quero Gaime ha explicado que se refirió a los violadores de menores de edad, Gutiérrez Cóndor consideró que la presidenta Dina Boluarte también debió pronunciarse sobre la controversia y hacer las respectivas aclaraciones.

“Creo que la misma presidenta debió haber condenado estas declaraciones y reconducirlas para, en el entendido de que se equivocó y de que era otro sobre otro contexto, hacer las aclaraciones a ese nivel, al nivel de la presidenta de la república”, sentenció.

Morgan Quero: “Me refería a los violadores”

El ministro de Educación, Morgan Quero, negó este miércoles haberse referido a los muertos por las protestas entre 2022 y 2023 cuando dijo que «los derechos humanos son para las personas, no para las ratas». En ese sentido, indicó que él se pronunció sobre los DD.HH. para los violadores y que no se debe tergiversar sus palabras.

«Yo supuse que la pregunta era vinculada a los derechos humanos de los violadores, por eso respondí lo que respondí. Por eso rechazo cualquier tergiversación, la situación en el espacio en que nos encontrábamos (con la periodista) no permitía un diálogo tan fluido lamentablemente y quiero dejar en claro mi posición de total respeto a la memoria de las personas que protestaron en su momento y que lamentablemente fallecieron», manifestó para RPP.

Por esta polémica, el abogado Javier Adrianzén y el presidente del partido Voces del Pueblo, Ronald Atencio, denunciaron al ministro de Educación por el presunto delito de discriminación.

Desde el Congreso también se han rechazado las declaraciones de Quero, a la vez que se exige su dimisión.

Congreso no alcanzó los 87 votos para aumentar a nueve el número de miembros del Tribunal Constitucional

Este viernes el Pleno del Congreso aprobó con 70 congresistas a favor la primera votación de la ley que aumenta de siete a nueve el número de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). No hubo consenso para lograr los dos tercios necesarios.

Como se trata de una reforma constitucional, el dictamen necesitaba que, como mínimo, 87 parlamentarios respalden el proyecto. En vista que no alcanzó ese número, le queda dos caminos a esta contrarreforma: se somete a referéndum o deberá volverse a votar.

No fue suficiente con que las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú apoyen este zarpazo.

Las agrupaciones de izquierda como Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista se opusieron a esta propuesta de ley. Además, el grupo Honor y Democracia votó en abstención.

Esa oposición fue vital para frenar el intento del fujimorismo, APP y sus aliados.

El fujimorismo y sus bancadas satélites, sin embargo, no permitirán que esta contrarreforma constitucional pase por un referéndum. Al cierre de esta nota, el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, presentó un pedido de reconsideración para volver a votar esta ley.

Así, los promotores de esta norma buscarán alcanzar los 87 votos a toda costa.

 Pedido de reconsideración del fujimorismo

Pedido de reconsideración del fujimorismo

Un TC a medida del Congreso

El dictamen también planteaba que el Congreso bicameral – mediante el Senado – pueda ratificar por un periodo más a los actuales miembros del Tribunal Constitucional.

Esa modificación fue impulsada por la congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina. El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, incluyó dicha iniciativa en el texto sustitutorio.

Intenciones al descubierto

Este intento por cambiar la composición del Tribunal Constitucional comenzó luego de que el Congreso salió derrotado en una demanda competencial contra el Poder Judicial que buscaba ratificar la inhabilitación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez.

Además, según Hildebrandt en sus Trece, la otra razón de fondo es que Fuerza Popular busca aumentar el número de miembros del tribunal con la expectativa de que dicha institución excluya a su lideresa Keiko Fujimori del Caso Cócteles.

Por eso que, durante el debate en el hemiciclo, la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, sostuvo que ese proyecto de ley apunta a que el TC pueda revertir decisiones a favor de los intereses de la coalición que gobierna en el Congreso.

«Hay razones políticas detrás. Porque lo que están incorporando es que el extremo de la modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación. No hay interés de mejorar la justicia, hay un interés de copar», sostuvo la congresista Luque.

Como se sabe, el Congreso tiene la potestad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que actualmente son siete. La propuesta de la Comisión de Constitución va a generar que una vez aprobada, el Parlamento de inmediato deba designar a dos nuevos tribunos.

Por ahora, el debate no está resuelto. Con la reconsideración del fujimorista Revilla, la Mesa Directiva deberá someter a debate otra vez el dictamen. El Congreso está contra el reloj porque la legislatura termina este 15 de diciembre.

 Congresista Fernando Rospigliosi, promotor del dictamen sobre el TC.

Congresista Fernando Rospigliosi, promotor del dictamen sobre el TC.

Segundo fracaso del Congreso

Es el segundo tropiezo del Congreso esta semana con sus intentos de modificar la Constitución. El jueves, el Pleno tampoco alcanzó los dos tercios para ratificar la ley que permite la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores y elimina los movimientos regionales.

Al igual que en esa ocasión, el bloque de izquierda y de la oposición fueron determinantes para frenar el intento de Fuerza Popular, APP y Perú Libre de modificar la Constitución.

Congreso: APP presenta proyecto de ley que propone retiro del Perú del Pacto de San José

La congresista María Grimaneza Acuña Peralta de Alianza para el Progreso (APP) presentó un proyecto de ley para autorizar el retiro del Perú de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José.

Este proyecto busca autorizar a la presidencia del Perú presentar un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a fin de proceder con el retiro del tratado internacional. 

Entre la motivaciones del proyecto para el retiro del Perú del Pacto de San José figura la implementación de la pena de muerte para delitos relacionados a la criminalidad. Cabe precisar que este tratado internacional impide al país ampliar la pena capital en el país.

La legisladora de APP presenta esta iniciativa lesgislativa luego de que la presidenta Dina Boluarte abriera esta semana el debate sobre la implementación de esta medida a raíz del asesinato de una menor de 12 años en Pachacámac. “Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”, declaró la mandataria el martes.

¿QUÉ PAÍSES ABANDONARON EL PACTO DE SAN JOSÉ?

De acuerdo con el artículo 78.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados partes podrán salir de la convención «mediante un preaviso de un año«.

Cabe precisar que Venezuela presentó el 10 de septiembre de 2012 un instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la denuncia surtió efecto a partir del 10 de septiembre de 2013.

Asimismo, Trinidad y Tobago presentó el 26 de mayo de 1998 una denuncia ante el Secretario de la OEA. Esta denuncia surtió efecto a partir del 28 de mayo de 1999.

PENA DE MUERTE EN EL PERÚ

La pena de muerte en el Perú solo puede aplicarse «por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada», según el artículo 140 de la Constitución Política del Perú de 1993.

Dina Boluarte: presidenta firma convenios para Proyectos del Alto Piura y Poechos

El día de hoy llegará a Piura la presidenta Dina Boluarte junto al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén para cerrar el VI Consejo de Estado Regional que inició el día de ayer y cuenta con la participación de más de 15 gobernadores de varias regiones del país para impulsar proyectos y políticas de desarrollo. El día de ayer participaron los ministros Morgan Quero y Durich Whittembury, de Educación y Vivienda, respectivamente y para el día de hoy se espera la llegada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; del Interior, Juan José Santiváñez y de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

Congresista Montoya defiende al ministro Quero luego de sus declaraciones acerca de fallecidos en protesta

Jorge Montoya, congresista de la República, se pronunció respecto a la polémica en la que está envuelto el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Morgan Quero, quien mencionó que «los derechos humanos son para las personas, no para las ratas» al ser consultado por los ciudadanos fallecidos en las protestas de los años 2022 y 2023.

El parlamentario defendió al ministro Quero y argumentó que la situación era un malentendido. En tal sentido, comentó que las autoridades políticas reciben muchas preguntas a la vez, por lo que a veces resulta complicado identificar a qué periodista uno le está contestando. Sin embargo, en el video compartido por La República no se escucha otra pregunta ni se observa a otros periodistas.

«Desde mi posición, yo he visto las declaraciones y me parece que ha habido una confusión en la respuesta. Es como cuando me entrevistan acá (en el Congreso), y me están preguntando una cosa por la derecha y otra por la izquierda. Si la cámara está enfocada hacia un lado, se piensa que doy la respuesta a la misma persona. Parece un error, creo yo que es un error», declaró en Canal N.

El legislador señaló también que Quero se encuentra aclarando la situación, ya que «no se ve el ángulo completo de cuántos periodistas más había y cuántas preguntas habían hecho». Por ello, indicó que bien se le podía invitar a que dé sus declaraciones, pero no creía necesaria una moción de interpelación.

¿Qué pasó con Quero?

El pasado 11 de diciembre, el ministro Quero fue consultado por una periodista de La República, quien le precisó que el Gobierno no se había pronunciado por los cincuenta fallecidos en las protestas en el marco del Día de los Derechos Humanos.

Tras ello, Quero no tuvo mayor reparo en señalar que «los derechos humanos son para las personas, no para las ratas». La declaración ha generado el rechazo de la ciudadanía, que se ha manifestado a través de distintas plataformas virtuales exigiendo la inmediata salida del funcionario.

Justificación del ministro

Inmediatamente luego de que se haya viralizado el video de las declaraciones del ministro, el Área de Comunicación del Minedu se contactó con La República para precisar que el ministro no se había referido a los fallecidos en las protestas, sino a los docentes que abusaron de las menores awajún y wampis. No obstante, la claridad de la pregunta de la reportera ha puesto en tela de juicio la justificación de la cartera de Educación.

Así, el congresista Jorge Montoya salió en defensa del ministro Morgan Quero tras sus desagradables comentarios acerca de los fallecidos en las protestas de los años 2022 y 2023.

Congreso aprueba ley que fija la dieta de regidores a 30% de la remuneración del alcalde y modifica el artículo 12° de LOM

Con 101 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 7598, 9282, 8206 y otros, que plantea que el monto de las dietas que perciben los regidores corresponderá al 30 % de la remuneración mensual del alcalde. Para ello, se modifica el artículo 12 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

En seguida, la representación nacional exoneró de segunda votación esta propuesta por 102 a favor, uno en contra y una abstención.

El dispositivo precisa, en su artículo único, que el monto de las dietas que perciben los regidores corresponda un 30% de la remuneración mensual del alcalde, del cual se descuentan las inasistencias. Se pagan por asistencia efectiva a las sesiones.

Además, se reajustan automáticamente conforme varíe la remuneración del alcalde y los reajustes son publicados obligatoriamente bajo responsabilidad.

En su disposición complementaria final, se autoriza, por única vez, a los consejos municipales a emitir dentro de los 90 días calendario, el acuerdo de concejo correspondiente a efectos de establecer el monto a percibir por dietas para el periodo del mandato vigente.

También se prohíbe autorizar cualquier pago de devengados por dietas anteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.

El dictamen fue sustentado por la congresista Ana Zegarra Saboya (SP), presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, quien dijo que los regidores realizan funciones de representación y fiscalización en todas sus provincias, distritos y centros poblados.

“Esta función implica movilizarse de un lugar a otro para recoger las demandas de los pobladores, inclusive más allá del horario de atención públicas, domingos y feriados”, expresó.

En tanto, la parlamentaria Lady Camones Soriano (APP), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, señaló que el monto será financiado con cargo al presupuesto institucional de las municipalidades sin demandar recursos adicionales del tesoro público.

El congresista Carlos Alva Rojas (AP), uno de los autores del proyecto de ley, señaló que su propuesta es un acto de justicia para los regidores que tiene función de fiscalización y puedan cumplir su trabajo. Mientras que el legislador Guido Bellido Ugarte (PP), dijo que su iniciativa tiene el propósito de reivindicar a los regidores. “En los últimos años los regidores han sido maltratados y nunca han podido cumplir a cabalidad su labor de fiscalización”, sostuvo.