Más personas cercanas al entorno de Dina Boluarte estuvieron en el condominio Mikonos. Así lo confirmó ayer el presidente de la junta de propietarios del condominio en Asia, Gabriel Herrera, ante la comisión de Fiscalización del Congreso.

Se trata de la pareja Sajdi Olazabal y Ena Ocaña, quienes ya han sido vinculados a la jefa de Estado, pues ambos acompañaron a Boluarte a una cena con su homólogo Xi Jinping realizada en China a fines de junio.

Según Herrera, la pareja ingresó a Mikonos en reiteradas oportunidades entre enero y febrero de este año.

“Las personas (Sajdi y Ena) ingresaron al condominio durante enero y febrero del presente año. Visitaron la casa A2. Y es todo lo que puedo decir (…) A partir de marzo no hubo nuevas visitas”, dijo Herrera.

Asimismo, el presidente de Mikonos señaló que una de esas visitas fue el 18 de enero, fecha en la que se realizó un fallido operativo policial en el recinto en búsqueda del prófugo Vladimir Cerrón.

Sajdi Olazabal es hijo de un directivo del Club Departamental Apurímac, presidido por Boluarte entre 2017 y 2021. Mientras que Ena Ocaña es regidora distrital de Magdalena.

¿A QUIÉN VISITARON?

Gabriel Herrera señaló que el inmueble en Mikonos que Olazabal y Ocaña visitaron le pertenece a Kelly Jaramillo y a su esposo Hipólito Mejía.

Jaramillo, según detalló el secretario técnico de la comisión de Fiscalización, acompañó a Dina Boluarte durante su traslado al condominio.

Por su parte, el abogado del chofer del ‘cofre’, quien también asistió ayer al Congreso, se negó a confirmar si Jaramillo subió o no al vehículo presidencial.

“Lo único que nosotros hemos declarado en Fiscalía es que Boluarte viajó acompañada de un familiar del sexo femenino”, señaló el letrado Jesús Poma.

Perú21 intentó comunicarse sin éxito con Kelly Jaramillo y su esposo. No obstante, no respondieron hasta el cierre de edición.

TENGA EN CUENTA

-Gabriel Herrera sostuvo que Olazabal y Ocaña ingresaron a Mikonos solos y en compañía de los propietarios Kelly Jaramillo e Hipólito Mejía.

Este miércoles 11 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32181, que reforma el nuevo Código Procesal Penal y deroga la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia. La medida generó preocupación en sectores judiciales y fiscales, al limitar una herramienta clave en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

La nueva norma elimina el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal. Hasta ahora, este inciso permitía a un juez, a solicitud de un fiscal, ordenar la detención preliminar cuando, aunque no hubiera flagrancia, existieran razones fundadas para creer que una persona había cometido un delito grave, con penas superiores a cuatro años de cárcel, y existiera riesgo de fuga u obstrucción de la investigación.

Con esta reforma, los fiscales solo podrán solicitar detenciones preliminares cuando el delito se haya cometido en flagrancia, es decir, dentro de las 48 horas posteriores a su ocurrencia. Casos como asesinatos, robos, violaciones o actos de corrupción solo permitirán detenciones inmediatas si el delincuente es sorprendido en el acto.

Dina Boluarte promulga la Ley 32181. (Captura: Infobae)

La derogación pasó desapercibida durante el debate en el Pleno del Congreso, ya que los parlamentarios se concentraron en brindar “mayor protección” a los policías que usen sus armas de reglamento. Sin embargo, la norma se aplicará a todos los investigados, no solo a miembros de la policía.

El cambio legislativo entra en vigencia desde el jueves 12 de diciembre, marcando un giro en el sistema de justicia penal peruano y generando inquietud sobre su impacto en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Además, la desaparición del inciso en cuestión implica que los fiscales enfrentarán limitaciones significativas al momento de actuar ante situaciones urgentes que requieran una detención preventiva. Antes, cuando un juez recibía una solicitud fundamentada por parte de la fiscalía, podía ordenar la detención preliminar sin necesidad de un proceso extenso, protegiendo así a la sociedad de posibles actos delictivos.

Nueva reforma penal genera riesgos para jueces en casos de flagrancia

La reciente reforma del Código Procesal Penal ha generado preocupación sobre sus implicancias. Según explicó Raúl Canelo, la normativa establece que, si la Policía determina que una persona está en flagrancia, debe ponerla inmediatamente a disposición de la Fiscalía, que a su vez debe solicitar la detención ante un juez. Este último está obligado a ordenar la detención, sin margen para cuestionar el criterio policial.

Sin embargo, Canelo advirtió que este proceso puede estar sujeto a errores humanos, ya que la Policía podría equivocarse al calificar una situación como flagrante. El problema radica en que, si el juez decide no ordenar la detención por considerar que no se cumple con los requisitos legales, podría enfrentar penas de entre 8 y 12 años de prisión, acusado de cometer una falta grave.

Esta severa sanción convierte la labor judicial en una tarea de alto riesgo. “Ser juez ahora es una tarea peligrosa”, afirmó Canelo a la prensa.

Tras condenar enérgicamente el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, la presidenta Dina Boluarte propuso abrir el debate de la pena de muerte para los criminales que cometan este tipo de delito.

«Es un hecho infame y doloroso que nos muestra como sociedad hay mucho trabajo por hacer», dijo Boluarte, quien extendió sus condolencias a la familia de la menor que fue asesinada y pidió un minuto de silencio. 

La presidenta de la República participa esta mañana en la ceremonia de inauguración del nuevo sistema de comunicación satelital de la Fuerza Armadas (FAP) En la Base Aérea Las Palmas (Surco).

Boluarte hizo un llamado a las autoridades de justicia, a la Fiscalía, y al Poder Judicial, que tomen medidas para no permitir que «estos criminales sigan en las calles». 

«No debemos tener contemplación para quienes se atreven a tocar a nuestras niñas. Es momento que antes hechos de esta magnitud planteemos medidas drásticas», dijo Boluarte, tras mencionar que la Policía también debe tomar acciones. No obstante, no se ocupó de la denuncia de la familia contra los agentes de la comisaría de José Gálvez en VMT, quienes se negaron a atender el pedido de los padres de la menor.

INTERVIENEN COMISARÍA 

La tarde de ayer, el Ministerio del Interior informó que se ha intervenido la mencionada comisaría por negarse a recibir la denuncia de la desaparición de la pequeña, a la que posteriormente se encontró sin vida.

A través de un comunicado, la institución aseguró que «no habrá espíritu de cuerpo, caiga quien caiga».

«Por disposición del ministro Juan José Santiváñez, personal de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior interviene la comisaría de José Gálvez, en Villa María del Triunfo, para investigar una presunta omisión de funciones por parte del personal policial en relación a la denuncia por la desaparición de una menor de edad con subsecuente muerte», se lee en el documento.

Este martes, durante el velorio de la niña, los padres insistieron en cuestionar a los efectivos policiales que no los apoyaron. Según un reporte de RPP, no han recibido ningún contacto del Ministerio del Interior. 

Además del confeso asesino, hay dos hombres involucrados en este terrible crimen.