Rosa María Palacios denuncia a Willax TV, SUNAT, Augusto Thorndike y Erasmo Wong por violación de intimidad

La periodista Rosa María Palacios compartió en sus redes sociales una fotografía de la querella presentada ante el Juzgado Penal Unipersonal de Lima, en la que realiza acusaciones contra terceros por los delitos de violación a la intimidad y uso indebido de archivos computarizados.

«No soy la primera persona que sufre una violación de su intimidad por parte del medio Willax TV y de la SUNAT pero espero ser la última. Ustedes conocen todas las difamaciones que he tolerado, pero este nuevo delito excede la paciencia de cualquiera. No me queda más remedio que la denuncia penal que ya ha sido interpuesta. Lo ofrecido. Ya cumplí mi advertencia», se lee en el post.

En el documento, señala que que esta querella va en contra de José Carlos Paredes Rojas, Augusto Fernando Thorndike Del Campo, Erasmo Jesús Rolando Wong Lu – Vega, Víctor Mejía Ninacóndor, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT y AgenciaPerú Producciones S.A.C. Willax Televisión.

Palacios había reportado el pasado 10 de noviembre que el programa Contra Corriente había hecho un anuncio de que ella tenía 10 años de recibos honorarios profesionales y que lo iban a publicar, incluso había denunciado el acoso en la puerta de su casa por parte de una reportera de Willax, quien además le escribió por Whatsapp.

En declaración exclusiva para La República, Rosa María Palacios mencionó que la demanda es de acción privada por violación del secreto tributario por dos delitos y que se pide una reparación civil de un millón de soles.

Querella impuesta por Rosa María Palacios. Foto: X

Querella impuesta por Rosa María Palacios. Foto: X

Periodista ya había denunciado amedrentamiento

Rosa María Palacios publicó dos capturas de pantalla de sus mensajes en Whatsapp donde se evidencia el acoso que venía sufriendo por parte de una reportera del Canal Willax.

«Señora Rosa María Palacios, buenos días, nos comunicamos de Contracorriente, el dominical de Willax. Queremos comunicarnos con usted para recoger su versión respecto a un reportaje que estamos realizando. La hemos llamado reiteradas veces, esperamos su pronta respuesta», se lee en el mensaje que recibió Palacios.

La reconocida abogada respondió que si publicaban información que viole su reserva tributaria y su intimidad personal serían denunciados penalmente. El canal hizo caso omiso a esta advertencia ya que decidieron publicar esa información sensible.

Asimismo, el periodista Augusto Thorndike mencionó a Rosa María Palacios en su programa y habló de manera despectiva y agresiva acerca del trabajo privado de la comunicadora en base a la información privada que había mostrado en el programa Contra Corriente.

Poder Judicial solicita ubicación y captura de Nicanor Boluarte tras dictarle 36 meses de prisión preventiva

El Poder Judicial solicitó la ubicación y captura de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras dictarle 36 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en el marco de la investigación por el caso denominado Los Waykis en la Sombra.

El juez Richard Concepción Carhuancho determinó que Boluarte Zegarra no acreditó su arraigo domiciliario ni laboral, lo que representa un riesgo para el desarrollo de las investigaciones y la posibilidad de que pueda evadir la justicia. Además, luego que no se hiciera presenta en la audiencia los días 18 y 19 de noviembre (y que su abogado manifestara no poder ubicarlo), el Poder Judicial ordenó a la Policía Nacional su búsqueda, captura y traslado a un centro penitenciario.

Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad antes que se le dicte la orden de prisión preventiva

La situación de Nicanor Boluarte toma mayor relevancia, ya que, según informó La República, el hermano de la presidenta desapareció del radar de las autoridades judiciales desde el domingo 17 de noviembre. No se presentó físicamente ni se conectó a las dos últimas sesiones de la audiencia, lo que ha llevado a las autoridades a sospechar que estaba preparándose para evadir la justicia en caso de una decisión judicial desfavorable.

Inclusive, durante una de las audiencias del fin de semana, se habría escuchado a Boluarte coordinar con una tercera persona sobre el uso de un vehículo distinto al habitual. Mientras tanto, su auto permanece estacionado cerca de su domicilio en San Borja. Cuando el juez consultó al abogado Luis Vivanco sobre la ausencia de Boluarte, el defensor respondió que no había logrado comunicarse con su cliente, una respuesta que también ofreció en la audiencia de la tarde. En contraste, los otros investigados, como Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera, Jorge y Noriel Chingay Salazar, y el abogado Mateo Castañeda, sí participaron en la audiencia.

Poder Judicial resuelve imponer prisión preventiva a Nicanor Boluarte por caso Los Waykis en la Sombra

El Poder Judicial (PJ) resolvió imponer prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en el marco de la investigación por el caso «Los Waykis en la Sombra». La medida restrictiva fue solicitada por el Ministerio Público el último 7 de agosto.

La lectura estuvo a cargo del juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho. La decisión se sustenta en los peligros para el desarrollo normal de las averiguaciones de la fiscalía y la posibilidad de que el hermano de la presidenta se sustraiga de las investigaciones.

Por lo tanto, el juez oficiará a la Policía Nacional una orden de búsqueda, ubicación, captura y traslado a un centro penitenciario de Nicanor Boluarte para que cumpla la medida de prisión preventiva.

Tal como informó La República, Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad y desapareció del radar de las autoridades judiciales desde el domingo 17 de noviembre, al no presentarse en forma física ni a través de conexión de internet a las audiencias públicas. El juez señaló que Boluarte no acreditó arraigo domiciliario, ni laboral y pertenecería a una presunta organización criminal.

En las siguientes horas se determinará el plazo de la prisión preventiva y si la medida también alcanza a alguno de los otros cinco investigados.

En las audiencias del domingo y lunes, el magistrado explicó con mucho detalle cómo habría funcionado la red de corrupción implantada por Boluarte Zegarra y los otros implicados: Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector General de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte y contra Zenovia Griselda Herrera Vásquez.

En su sustentación, Concepción Carhuancho evidenció que, de acuerdo con los elementos presentados por la fiscalía, Nicanor Boluarte habría fungido como líder de la organización criminal y además era el que dirigía las designaciones de prefectos y subprefectos en la región San Martín, Cajamarca y otros.

Según lo mencionado por el aspirante a colaborador eficaz, Víctor Torres, «nada se ejecutaba sin la venia» del hermano de la presidenta.

Durante su presentación, el juez sustentó cada uno de los cinco hechos imputados a los referidos investigados. Uno de ellos fue la tesis fiscal que sostiene que Boluarte Zegarra, luego de que su hermana asumiera la presidencia del Perú, advirtió que había un «poder que lo respaldada para concretar su plan criminal» propició espacios de reunión para impartir a los miembros del grupo de confianza de Dina las directivas a tener en cuenta para identificar a las personas que serian nombrados como prefectos y subprefectos.

«Ley con nombre propio»: el principal argumento de Carhuancho para no aplicar la Ley 32108 y 32138

Esto debido a que las defensas técnicas de los investigados pidieron la aplicación de la Ley 32108 y su modificatoria 32138, norma recientemente modificada por el Congreso de la República.

Sobre ello, el magistrado insistió, durante la lectura, que dicha legislación tiene “nombre propio” y atenta contra el sistema de justicia provocando la vulneración de las bases de un estado democrático. Para sustentar su enunciado, Concepción Carhuancho citó el caso del parlamentario Waldemar Cerrón Rojas, quien recurrió a la Ley 32108 para evitar ser investigado por el presunto delito de organización criminal en el caso ‘Dinámicos del centro’.

«Cerrón Rojas aprovechó la norma que él mismo impulsó. La Ley 32108 se dictó para beneficio de un sector y en desmedro de las mayorías. Se dejó totalmente de lado las bases de generalidad y abstracción. Cuando digo que es una ley con nombre propio, no es un argumento político, sino un argumento técnico jurídico y lo ha empleado el propio Tribunal Constitucional», manifestó.

En ese sentido, Carhuancho resaltó que la modificación realizada por el Parlamento retiró los delitos ligados a la administración pública y corrupción, pues exige que solo se considere organización criminal a los delitos que tengan penas superiores a los 6 años e incluyan movimiento de dinero. Todo ello con el objetivo, explicó Carhuancho, de dejar fuera a los funcionarios públicos y actores políticos.

Por esto, dejó claro que no aplicaría tal norma en el caso «Los Waykis en la Sombra» por ser inconstitucional. «La ley que modificó el delito de organización criminal dejó fuera de su radio de acción sus elementos esenciales. La comisión de delitos que no prevean penas superiores a los seis años. Esta ley ha sido diseñada para beneficio propio de funcionarios públicos. Bajo dicho concepto, dicha ley debería inaplicarse en este caso concreto por contravenir contra la Constitución», sustentó.

Convención de Palermo: otro de los sustentos del juez

Además, con el objetivo de reforzar su posición, el juez Carhuancho mencionó que el Juzgado debe cumplir con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), la cual establece una definición de organización criminal que no limita la consideración de delitos a una penalidad mayor a seis años de pena privativa de la libertad. Por el contrario, pone como «piso» una pena de al menos cuatro años.

Asimismo, el magistrado explicó que la tipificación de este instrumento internacional sólo exige que la operatividad de la organización criminal tenga un «fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material», por lo que se antepone a lo establecido por la Ley 32108.

«(En este caso) no puede aplicarse la Ley 32108, por ser contrario a la Constitución Política del Perú, la Convención Americana de los Derechos Humanos en la aplicación del control difuso y del control de convencionalidad», dijo.

Aplicación del control difuso

Sumado a ello, el juez Carhuancho comentó que las defensas de los investigados habían alegado que el Ministerio Público no está legitimado para solicitar la aplicación del control difuso de la ley, ya que debió recurrir a la acción de inconstitucionalidad.

Al respecto, el magistrado dijo: «Este argumento se va a desestimar por las siguientes razones: El Ministerio Público se encuentra legitimado para pedir el control difuso de una ley cuando advierta que vulnera un derecho protegido por la constitución, pues esta entidad promueve la acción judicial en defensa de la legalidad, los jueces pueden aplicar el control difuso».

«En este incidente cautelar de prisión preventiva se esta haciendo uso del control difuso constitucional para inaplicar la Ley 32138 y la 32108», agregó.

Mochasueldos: plantean declarar procedente investigación contra cerronista María Agüero

La Comisión de Ética votará esta tarde la propuesta del informe de calificación donde se recomienda declarar procedente la investigación contra la parlamentaria cerronista María Agüero, por las denuncias sobre recorte de sueldo a sus trabajadores.

De acuerdo al documento de 21 páginas al cual tuvo acceso La República, la parlamentaria representante de Arequipa habría vulnerado tres artículos del Código de Ética Parlamentaria.

El grupo de Ética verá la propuesta del informe de calificación con tres meses de retraso, ya que la primera denuncia sobre los recortes de sueldo atribuidos a la cerronista María Agüero surgieron en las fechas del 11 y 18 de agosto, por parte del dominical Punto Final.

Según la publicación, los recortes se habrían efectuado a través de dos personas de confianza de la legisladora: César de la Cruz Canales y Edson Flores Valencia.

Si bien el 2 de setiembre la Comisión de Ética aprobó por mayoría denunciar a la legisladora. Se trataba apenas de un primer paso. Luego de eso viene la aprobación del informe de calificación, el mismo que será votado hoy, luego de dos meses de prolongada demora.

Si el documento es aprobado, la Comisión de Ética designará a un parlamentario para que asuma la investigación y habrá una próxima audiencia, luego de lo cual recién se emitirá el informe final, con la propuesta de archivo o sanción con posible suspensión.

Investigación fiscal

En contraste con el accionar lento del Congreso, el Ministerio Público ya avanzó con las investigaciones y ha establecido que la legisladora María Agüero habría recaudado 135 mil soles de los recortes salariales, a través de los dos personajes de su confianza.

La fiscalía investiga a la congresista por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. El pasado 5 de noviembre hubo allanamiento y lo más reciente es el dictado de 18 meses de prisión preventiva para César de la Cruz y Edson Flores, por parte del Poder Judicial.

Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad ante posible orden de prisión preventiva

Nicanor Boluarte Zegarra, el hermano mayor de la presidenta Dina Boluarte, habría decidido pasar a la clandestinidad, ante la eventualidad de que el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho dicte una orden de prisión preventiva en su contra en el marco de las investigaciones por el caso Los Waykis en la Sombra.

Boluarte Zegarra no se conectó a la audiencia virtual de este lunes, 18 de noviembre. Ni en la mañana, ni por la tarde. Si lo había hecho en las audiencias del viernes, sábado e incluso el domingo. El 17 de noviembre, Concepción comenzó a leer la extensa resolución que resuelve el pedido del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) para que se le imponga 36 meses de prisión preventiva.

Cuando el juez le preguntó a su abogado Luis Vivanco que estaba pasando, el defensor legal respondió que no se había podido comunicar por teléfono con su cliente. La misma respuesta ofreció en la audiencia de la tarde. Los demás investigados Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera, Jorge y Noriel Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda si participaron de la audiencia.

Durante el desarrollo de una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado a Nicanor Boluarte coordinar con una tercera persona, que necesitaba o que estaba utilizando un vehículo distinto al habitual. Su auto permanece estacionado cerca de su casa, en San Borja.

El domingo habría sido visto conectarse a la audiencia judicial virtual desde un automóvil, lo que hace suponer a las autoridades que estuvo preparándose para desaparecer en caso de una decisión judicial contraria a sus intereses. La decisión puede ser apelada, pero la decisión se cumple de inmediato.

Sí Nicanor Boluarte continúa en paradero desconocido y el juez dicta prisión preventiva, ordenará a la policía su inmediata búsqueda, ubicación y captura para que ingrese a prisión mientras se realizan las indagaciones. El hermano de la presidenta estuvo detenido preliminarmente entre el 10 al 24 de mayo último.

Una extensa lectura

El juez Concepción Carhuancho inició la lectura de su decisión el domingo, 17 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana. Todos esperaban que comunicará su decisión ese mismo día, pero eso no sucedió. El magistrado está siendo detallista al extremo al evaluar y resolver cada uno de los elementos incriminatorios presentados por la fiscalía y los argumentos de la defensa.

El domingo, el juez se dedicó a argumentar por qué consideró no aplicar la leyes 32108 y 32138 que modifican la normatividad legal sobre el delito de crimen organizado, en el caso de la investigación a la organización denominada “Los Waykis en la Sombra” que lideraría Boluarte.

“Esta norma fue creada con nombre propio, y no con el ánimo de legislar en términos generales, sino para favorecer a cierto grupo de personas. Esta ley fue creada con el propósito de beneficiar a los funcionarios públicos, excluyéndolos del delito de organización criminal” (…) A pesar de que ha sido derogada (la ley 32108), ha dejado consecuencias nefastas”, explicó el magistrado.

Luego de resolver este tema, el magistrado  empezó a evaluar al detalle los diversos elementos o indicios de los cinco hechos presuntamente delictivos por los cuales la fiscalía investiga y solicita la prisión preventiva del hermano de la presidenta Dina Boluarte y otras cinco personas.

Hasta el cierre de esta edición, el magistrado se había pronunciado por los cinco hechos que involucran a Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera y Jorge y Noriel Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda.

Concepción Carhuancho concluyó que la fiscalía cuenta con los suficientes elementos que sustentan la investigación por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho en la designación de prefectos, subprefectos y la presidenta del IPD con fines políticos, que si bien eran lícitos, se realizaron utilizando medios ilícitos, al instrumentalizar los cargos de prefectos y subprefectos.

Alto grado de sospecha delictiva

«Existe alto grado de probabilidad sobre la participación de los investigados Nicanor Boluarte y Jorge Luis Ortiz Marreros en la designación de prefectos y subprefectos en la región de Lima y otras regiones como Apurímac, Puno, Junín, Ica y Cusco», expresó el juez.

Anotó que Nicanor Boluarte compró la fiunción pública de Jorge Ortiz Marreros para que designe a los prefectos de Cajamarca, entre las personas que fueron captadas por Víctor Torres Merino y Jorge Chingay Salazar.

El juez reseñó que uno de los testigos declaró que en una reunión Nicanor Boluarte le dijo a su grupo de confianza que tendrían a los 9000 tenientes gobernadores, 25 prefectos regionales, 200 subprefectos provinciales, 1,700 prefectos distritales para reunir las fichas de afiliación que permitan construir el partido político «Ciudadanos por el Cambio» para apoyar al gobierno de Dina Boluarte y los fines de la organización criminal.

Luego, agregó que «desde el día que Dina Boluarte asume la presidencia, el líder de la presunta organización criminal advirtió el poder que lo respaldaba (…) y propició espacios de reunión para impartir al grupo de confianza de Dina para captar personas de confianza para que sean nombrados como perfectos y superfectos».

Felices fiestas navideñas para los congresistas: A cada uno le tocará más de S/46.000 en diciembre

El Estado gastará más de S/6 millones en sueldos, gratificaciones y otros conceptos en los 130 parlamentarios, a quienes les corresponderá unos S/46.000 a cada uno. Presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, evade los cuestionamientos.

Congresistas recibirán S/46.700 en diciembre, incluyendo bono navideño de S/1.700 y gratificación.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció a inicios de esta semana que los parlamentarios recibirán un bono de S/1.700 por Navidad, medida que fue acordada mediante negociación colectiva con los sindicatos del Legislativo y aplica tanto para trabajadores como los mismos congresistas.

“Es un acuerdo de la negociación colectiva (…) Antes de Navidad tenemos bastante trabajo, tendremos una carga laboral muy fuerte”, expresó Salhuana durante una entrevista a RPP, en la que —pese a la gran desaprobación que mantienen los legisladores— intentó justificar el acuerdo colectivo con el incremento de labores que suelen tener en el mes de diciembre.

Pero Salhuana no fue el único en defender la medida. Alejandro Cavero, tercer vicepresidente del Congreso, se mostró incómodo ante las preguntas de la prensa sobre el bono navideño. A pesar de que dicho beneficio es mayor que un sueldo mínimo, Cavero respaldó la bonificación señalando que no fue “fruto del Congreso” —es decir, de los mismos legisladores—, sino una decisión conjunta de los colectivos de los trabajadores dentro del Parlamento, y que los termina también beneficiado a ellos.

Por su parte, la congresista María del Carmen Alva fue otra en defender a capa y espada esta bonificación. “Esto tiene 50 años, todos los trabajadores reciben una canasta o lo que sea (…) Al final, recibieron el valor de esta por un tema de negociación colectiva y consideraron que preferían que se los dieran en monto para que ellos compraran lo que realmente comían o utilizaban”, señaló a la prensa.

Para que este beneficio se concrete, aún falta un paso clave: su inclusión en la agenda de la Mesa Directiva. En 2023, este bono fue aprobado mediante el acuerdo 054-2023-2024/MESA-CR el 17 de noviembre. Sin embargo, pasó casi un mes hasta que se autorizara en una sesión de la Mesa Directiva del Congreso, que en ese entonces presidía Alejandro Soto.

Si bien la Mesa Directiva aún no sesiona para ver ese tema, el hecho de que Eduardo Salhuana —como presidente del Congreso— lo confirmara quiere decir que pronto estará en agenda de alguna de las próximas sesiones de dicha mesa. Por lo pronto se conoce que desde, el lunes 18, la Mesa Directiva continúa con sus labores, ya que ha convocado a Junta de Portavoces.

6 MILLONES EN UN SOLO MES
Respecto a los bonos de diciembre, un congresista, además de recibir su sueldo ordinario de S/15.600 (que es sometido a descuentos por ley), obtendrá la gratificación por Navidad, la cual llega también a los 15.600.

Asimismo, como cada mes, el Estado desembolsará por el concepto de función congresal S/11.000 para cada legislador, dinero que el político podría usar para gastos logísticos, de alojamiento y alimentación, y para la atención a sus representados o delegados, según la Cartilla de Información Administrativa 2021-2026 del Legislativo.

Recordemos al respecto que, hasta la anterior legislatura, a los parlamentarios se les depositaban S/7.617,20 por ese concepto, pero la Mesa Directiva de Alejandro Soto determinó aumentar ese monto por 3.500 más.

El ‘argumento’ para tomar esa decisión fue que desde el 2008 cada parlamentario recibía 7.600 soles, así que era momento de una “actualización” económica para su labor congresal, considerando la época.

*Al sueldo de diciembre se le hará los descuentos de ley.
Después, también se le proporcionará S/2.800 para que pueda tener fondos cuando realice su semanas de representación, fechas en las que los congresistas acuden a su región para, en teoría, escuchar las demandas formuladas por la población al Ejecutivo que no estarían siendo atendidas.

Al respecto, un artículo de La República de mayo señaló que muchos congresistas presentaban tiempo después sus informes sobre sus semanas de representación.

En ese reportaje se recogió, asimismo, la opinión del exoficial mayor del Legislativo José Cevasco, quien sugirió que el reglamento del Congreso se reformulara “en aras de la transparencia del ejercicio de la función pública del congresista”, ya que no está preciso el plazo para entregar los reportes del tema.

Finalmente, como ya se mencionó previamente, Eduardo Salhuana, presidente de la Mesa Directiva, sostuvo que los legisladores (y, de hecho, cada trabajador del Congreso) recibirán una tarjeta navideña, cuyo valor alcanza los S/1.700.

En síntesis, cada padre de la patria será beneficiado con S/46.700. Al multiplicar dicha cifra por 130, se recoge que el Estado habrá gastado seis millones setenta y un mil soles (S/6.071.000) en estas fiestas de fin de año en los congresistas.

Vale mencionar que el año pasado, además de los depósitos que recibieron por los conceptos ya comentados, se le otorgó, por decisión de la Mesa Directiva de Soto, un bono extraordinario a cada trabajador del Congreso de S/9.900 soles debido “al incremento del costo de vida”, incluido parlamentarios. Algunos legisladores lo devolvieron, otros prefirieron no responder qué opinaban al respecto.

INCENTIVOS…UNA PRÁCTICA RECURRENTE.
“Por acuerdo de partes, entre los gremios sindicales y la Presidencia, en el presente año 2024 no se entregará ningún bono a ningún estamento laboral”, decía el comunicado publicado a inicios de año por el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto.

Este pronunciamiento surgió tras las críticas recibidas a fines del 2023 luego de que, en medio de la recesión económica que atravesaba el país y pese a los cuestionamientos hacia los gastos del Congreso en viajes y bonificaciones, la Mesa Directiva aprobara un bono extraordinario de S/2.400 para el personal de confianza sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, proporcional a los meses trabajados.

No obstante, a pesar del comunicado, un informe del portal El Foco expuso que durante su gestión, Soto aprobó un convenio con el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sitracon) que incluía varios beneficios económicos.

Según detalles revelados por el medio independiente, el acta final del Convenio Colectivo 2024-2025, firmado el 10 de noviembre del 2023, contemplaba la entrega de un bono extraordinario de S/5.150 (equivalente a una UIT) para los empleados del Legislativo.

Es decir, para los legisladores no fue suficiente el bono extraordinario de S/9.900 otorgado en diciembre del 2023, sino que ya estaba proyectado el recibir 5.000 más.

Y eso no era todo. El acuerdo también comprometía recursos para costear vestimentas de los trabajadores y establecía un aumento del aguinaldo de Navidad, que pasaría de S/1.700 (monto que hasta el momento ha sido confirmado por Eduardo Salhuana en entrevista con la prensa) a S/1.900… 200 soles más.

Ello significaría que se gastarían del Estado S/26.000 extras por el aumento de S/200 a cada parlamentario (130).El dato es relevante, teniendo en cuenta que la Mesa Directiva aún no sesiona ni ha puesto en agenda este tema.

Al cierre de este informe, La República no tuvo respuesta al pedido realizado al Portal de Transparencia del Congreso para conocer el número exacto de trabajadores del Congreso y tener una cifra estimada del gasto real que se espera para diciembre.
Además, este medio intentó contactarse con Eduardo Salhuana, pero no se consiguió la comunicación con el parlamentario.

EL GASTO EN LAS TARJETAS NAVIDEÑAS
Tras la declaración de Salhuana en la que informa que a cada trabajador del Parlamento se le dará S/1.700 soles, se estima que se desembolsen más de 5 millones de soles en los 3.000 trabajadores del Legislativo, incluidos congresistas.

Vale decir que el año pasado se dio una tarjeta navideña de consumo con el valor de ese monto y ahora se utilizaría la misma modalidad.

Al ser abordado por la prensa, Salhuana señaló que no volvería a hablar del tema por respeto a los invitados internacionales que hay por el APEC Legislativo, en la que participaron legisladores de países del Asia-Pacífico, altos funcionarios diplomáticos, líderes empresariales y agencias de cooperación internacional.

FUENTE: La República