Dina Boluarte anuncia que se exigirá a venezolanos en el país que presenten contrato de trabajo y de alquiler

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció que el Gobierno exigirá a cada ciudadano venezolano en el país la presentación de su contrato de trabajo y contrato de alquiler como parte de un «reajuste» de Migraciones ante la inseguridad ciudadana.

Durante una presentación del balance de gestión de su gestión, la Jefa de Estado responsabilizó a gobiernos anteriores por el ingreso de delincuentes extranjeros a nuestro país y el incremento de la criminalidad en el Perú. Esto lo dijo al comentar la convocatoria de un paro de ciertos gremios para el miércoles 23 en Lima y el Callao.

«Este tema de la delincuencia no es de ahorita, no es que nace con este Gobierno. Sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar su nombre en nuestras fronteras. Y esos gobiernos siguientes han estado, así como en modo avión, sin hacer nada frente a la delincuencia», afirmó.

Dina Boluarte destacó que gracias a las facultades que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo se publicaron 37 normas legales «para hacerle frente a este crimen». Recordó que hasta el 14 de noviembre del 2023 se otorgó un «chance» a los ciudadanos extranjeros para que se puedan registrar logrando así que «más de diez mil extranjeros» salieran de nuestras fronteras.

«No es que no estemos haciendo nada, y ahora vamos a hacer un reajuste de Migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler», expresó.

Seguimiento a remesas

Además, Dina Boluarte indicó que el Gobierno hará «un seguimiento» al sistema financiero de los ciudadanos extranjeros para saber el origen y destino de sus ingresos y lanzó una advertencia en caso no precisen información: «les vamos a caer».

«Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país, para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero, Y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer. Y también a los señores que alquilan sus domicilios. Tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con la SUNAT de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos», expresó.

«Lacra social»

En otro momento de su disertación, Dina Boluarte aclaró que, a través del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú, el Gobierno está haciendo todo lo posible para poder terminar con la «lacra social» del crimen, de la extorsión y de asesinatos.

«Seguiremos afianzando a la presencia de la Policía y del Ejército. Y a los delincuentes extranjeros que están en nuestro país, a ellos les decimos, los botaremos del territorio nacional. No les vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio», manifestó.

Asimismo, Dina Boluarte exigió al Ministerio Público y al Poder Judicial «cerrar» el camino de la «impunidad» para los delincuentes capturados por la Policía Nacional.

«Se ha desactivado alrededor de setenta y ocho bandas criminales. Se han capturado más de 1 800 delincuentes y entre ellos requisitoriados también. Pero acá queremos llamar también al sistema de justicia. A estos delincuentes que ponemos a disposición del Ministerio Público, pues que no los liberen y los vuelvan a poner en la calle», expresó.

¿Alejandro Toledo puede acceder a reducción de pena tras sentencia del Poder Judicial? Esto dice Rafael Vela

El expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, construcción de tramo 2 y 3. Tras la sentencia, el exmandatario fue enviado inmediatamente a la carceleta del penal Barbadillo, donde permanecerá hasta octubre del 2043.

Como era previsible, la defensa de Toledo Manrique, Roberto Su, comunicó que apelará la decisión y dijo esperar que esta pueda ser revisada en una segunda instancia.

Ante este anuncio, se gesta la interrogante sobre si el exmandatario puede o no reducir su pena. Para resolver esta duda, La República entrevistó al coordinador del Equipo Especial de Lavado de Activos, Rafael Vela, quien precisó que sí habría posibilidad de ello en caso de que Toledo acuda a una instancia superior.

«En este colegiado ya no se puede reducir la pena Alejandro Toledo, pero si va a una instancia superior, a través de una apelación, sí, dicha sala puede anular, disminuir o confirmar la pena. En ese momento me toca representar como coordinador de la Fiscalía», indicó.

Así reaccionó Toledo al ser condenado a más de 20 años de cárcel por caso Interoceánica Sur

Al momento de escuchar su sentencia, el exmandatario se mostró calmado y riendo tras conversaciones con su abogado. Después, continuó escuchando la lectura de los jueces de forma calmada y, cada cierto tiempo, escribía en una libreta o sonreía.

Además de esto, Toledo Manrique habría insultado al fiscal José Domingo Pérez al conocer su condena, según la acusación de este último. Por esto, solicitó a la magistrada Inés Rojas que revise las cámaras de seguridad al afirmar que sufrió una agresión verbal por parte del exmandatario Alejandro Toledo, quien se habría referido a él con la expresión: «Con***».

La pena impuesta por el PJ será computada a partir del 23 de abril del año 2023, por ende, culminará el 22 de octubre del 2043. También, el Tribunal determinó que no habrá suspensión de la pena debido a que fue extraditado, causando daños al Estado peruano por los gastos incurridos.

Con esta sentencia, Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente del Perú en ser sentenciado por el caso Lava Jato, la red de corrupción que alcanza a funcionarios y políticos de Latinoamérica.

Los jueces dieron por probados las reuniones y los pedidos de dinero que el expresidente habría hecho a los directivos de la constructora brasileña, en Río de Janeiro y Palacio de Gobierno, para favorecerlos con los contratos de la construcción de la Carretera interoceánica Sur, tramo 2, 3 y 4, entre el 2004 al 2006. Conversaciones, dijeron, en la que también participó el hoy fallecido Josef Maiman.

Asimismo, según la lectura del expediente, a cargo de la magistrada Inés Rojas Contreras, Toledo habría acordado con la empresa la adjudicación del corredor interoceánico Perú-Brasil. Para esto se reunió en Palacio de Gobierno con funcionarios y otras personas, a fin de agilizar la licitación a favor de Odebrecht.

«Sobre la simulación de un contrato, entre las empresas de Maimam y Odebrecht. Ellos coincidieron que el 18 de enero del 2005, se había firmado un contrato ficticio en el que se adjudicaba a Odebrecht para la construcción de la Interoceánica tramo 2, 3 e, incluso, 4. Por lo tanto, cuando aún no había empezado la convocatoria de concesión, Barata ya decía que se había adjudicado la obra», indicó la letrada.

Juan Pari, expresidente de la Comisión Lava Jato, dijo que la sentencia de Toledo es “el primer paso” en la lucha anticorrupción

La sentencia de Alejandro Toledo Manrique a 20 años y seis meses de prisión, por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3, es solo un primer paso en la lucha contra la corrupción tras el destape del caso ‘Odebrecht’, señaló el expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso, Juan Pari.

En Ampliación de Noticias, el exlegislador destacó que la condena de Toledo Manrique, hallado culpable de los delitos de colusión y lavado de activos, no debe ser considerada como un “trofeo de guerra” en la lucha contra la corrupción en el Perú, puesto que -a su parecer- el tema es más complejo y hace falta “desmembrar otros elementos”.

“Es un paso importante porque se condena a un alto funcionario que tiene el país, con mucha tristeza de tener altos funcionarios complicados por estos temas, pero es el primer paso…”, declaró en RPP.

“Obviamente, el presidente [Alejandro Toledo] jugó un rol importante en este proceso, pero no es el único porque implica el involucramiento de un conjunto de funcionarios de Proinversión, la clase política y cómo protegió el proyecto de IIRSA [se refiere a la licitación por la Carretera Interoceánica]”, agregó.

«El tema va más allá de la sentencia», dice Juan Pari 

Pari, quien fuera parte del equipo técnico de Perú Libre en las Elecciones de 2021, enfatizó que lo que corresponde es reflexionar sobre qué acciones se han emprendido para evitar casos de corrupción como en este caso, en el que el Poder Judicial determinó que la constructora brasileña Odebrecht pagó una coima de 35 millones de dólares al exmandatario, a fin de obtener la licitación del proyecto vial.  

Así, el exlegislador enfatizó el impacto de Odebrecht en el sistema político peruano al advertir que la constructora brasileña no solo corrompió a individuos, sino también a funcionarios del más alto nivel e instituciones públicas.

“La mirada no debe ir al soborno y a la coima concreta. El comportamiento de Proinversión en todo ese proceso conlleva a un conjunto de hechos comprometidos, uno de temas funcionales, responsabilidad política; o sea, todos ellos permitieron que se opere el acto de corrupción”, acotó.

“El tema va más allá de lo que dice la sentencia, que va más por el lado de la coima y el lavado de activos”, finiquitó.

Juez vuelve a decir NO y Humberto Abanto seguirá procesado en el caso ‘Los árbitros de Odebrecht’

El juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz rechazó el pedido del abogado Humberto Abanto Verástegui de archivar la investigación en su contra por delito de crimen organizado, al considerar que los hechos que se le atribuyen son distintos a los del ciudadano Eduardo Castillo Freyre, excluido por la Corte Suprema de Justicia del caso «Los Árbitros de Odebrecht».

Al respecto, Chávez Tamariz discrepa con la lectura que Abanto Verástegui y el juez Richard Concepción Carhuancho realizan sobre la sentencia casatoria del caso Castillo Freyre. La Corte Suprema archivó la investigación a Eduardo Castillo Freyre al considerar que en su caso no se observa el reparto de responsabilidades y tareas y una permanencia estable en la presunta organización criminal, de lo que habla la ley 32108.

Humberto Abanto solicitó que la investigación en su contra por organización criminal en el caso denominado «Los Árbitros de Odebrecht» se archive al amparo de la Ley 32108, la sentencia de casación de Castillo Freyre y que la Convención de Palermo solo se aplicaría para una organización criminal  transnacional.

Por su parte, el juez Concesión Carhuancho también consideró que la Corte Suprema se pronunció a favor de la Ley 32108 por lo que al resolver un recurso de archivo en el caso «Los Waykis en la sombra», vía control difuso convencional, se apartó de los argumentos expuestos en dicha resolución casatoria.

Sobre el caso Castillo Freyre

Juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz

Juez de investigación preparatoria Jorge Chávez Tamariz

Chávez Tamariz tiene una lectura distinta de lo resuelto por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Él considera que la Corte Suprema de Justicia solo mencionó la ley 32108 al segmentar los presupuestos o reglas que debe tenerse en cuenta para verificar la existencia del delito de crimen organizado, pero sin realizar una análisis vinculante a favor o en contra de dicha norma.

«Es claro que cuando se menciona la regla como sucede en la referida casación (que constituye la ley y su descomposición o segmentación) no puede confundirse con el análisis que compromete a lo vinculante del razonamiento con efectos predecibles para los jueces de menor jerarquía», explica Chávez Tamariz.

Además, señala que dicha casación resuelve que en el caso Castillo Freyre no se cumple el presupuesto del reparto de responsabilidades y tareas de forma permanente y por tiempo indefinido, pues la fiscalía solo le imputa su designación como árbitro en un solo proceso arbitral, designado por la ONPE.

Los arbitrajes de Humberto Abanto

Juez declara infundado el pedido de Humberto Abanto para archivar investigación en su contra

Juez declara infundado el pedido de Humberto Abanto para archivar investigación en su contra

En cambio, dice el juez, en el caso Humberto Abanto Verástegui, «sí concurre la exigencia de permanencia y estabilidad porque participó de tres tribunales arbitrales» (…) como son 1991-08-2011 (junto a Emilio Casina Rivas y Horacio Canepa) en el laudo 17 de agosto de 2012; 2087-114-2011 (junto a Luis Pardo Narváez) en el laudo de 19 de diciembre de 2012 y s/n ad hoc (junto a Ramiro Rivera Reyes y Alejandro Álvarez Pedro) en el laudo del 6 de septiembre de 2013.

Además, que si bien Abanto Verástegui señala en su «hábil planteamiento» que conformó distintos tribunales arbitrales, «omite exponer un dato relevante -que no lo propone porque debilitaría su postura- que en el caso del arbitraje ad hoc fue designado por la empresa transnacional criminal Odebrecht».

De acuerdo con la fiscalía, la presencia de Humberto Abanto en el arbitraje ad hoc «había sido deliberadamente conversada en forma interna por Odebrecht » pues había causado una excelente impresión y se habían dado cuenta que podían trabajar con él» al haber laudado a favor de la empresa constructora.

«De ahí que su situación no sea igual a la ostenta el ciudadano Eduardo Juan Martín Castillo Freyre«, por lo que se rechaza su recurso de excepción de improcedencia de acción y se dispone que siga afrontando la investigación y el proceso por asociación ilícita que sanciona el integrar una organización criminal.

La Ley 32108 y la última nueva ley de crimen organizado

Vladimir Cerron Rojas es investigado por delito de crimen organizado

Vladimir Cerron Rojas es investigado por delito de crimen organizado

El juez Chávez Tamariz subraya que en los casos de Cerrón Rojas y Pedro Pablo Kuczynski Godard se apartó de la ley 32108 realizando una interpretación amplia y abierta de la norma conforme a la Constitución y la vigencia de la Convención de Palermo de atacar el crimen organizado, una situación que no puede verse suprimida por las trabas que ponga un poder del Estado, un grupo organizado o lagunas normativas y axiológicas como las que planteaba la frase «control de la economía o mercado ilegal».

Al respecto, el titular del séptimo juzgado de investigación preparatoria llama la atención que en la ley 32138, que modifica la ley 32108, el Congreso haya omitido consignar «delitos graves» y solo mencione «delitos sancionados» con penas mayores a cinco años, lo que buscaría, dice, la posibilidad de evitar que el juez interprete la ley.

Sin embargo, el juez advierte que eso no impide que ante vacíos o lagunas legales se pueda recurrir a la Convención de Palermo por el simple hecho de que estamos suscritos a ella, más allá que su desarrollo legislativo aun este pendiente en el país, dado que la Constitución permite a los jueces acudir al derecho internacional al administrar justifica.

La Convención de Palermo y la lucha contra la delincuencia organizada

Sobre este mismo punto, Jorge Chávez considera que es un argumento muy pobre decir que la Convención de Palermo solo ataca el crimen organizado transnacional, a partir de su título, pues lo que regula o expresa es el reclamo de la comunidad internacional de luchar contra la delincuencia organizada, llámese organizaciones criminales, organizaciones criminales de escala internacional, delincuencia transnacional organizado o gran delincuencia transfronteriza.

«En todos esos casos el nombre es irrelevante como se denomine, porque todos corresponden a la misma materia que es el crimen organizado, de modo que la discusión que se busca es innecesaria o estéril, porque no conduce a nada, pues no se ha derrotado el cuerpo de la convención que es lo vinculante», concluye el magistrado.

«Oiga, Barata, paga p…»: Alejandro Toledo y la exigencia a Jorge Barata por la coimas de Odebrecht

En la lectura de sentencia, la jueza Inés Rojas dio más detalles respecto a las negociaciones entre Alejandro Toledo y Jorge Barata por los pagos de sobornos en el marco de la investigación de Interoceánica sur: «Oiga, Barata, paga p…», fue lo que recriminó el expresidente al empresario brasileño ante la falta de pago de las coimas pactadas.

Según las declaraciones de Jorge Barata a la Fiscalía en setiembre de 2019, el empresario había depositado 4 millones hasta el término del Gobierno del expresidente, mediante las empresas de Maiman y según un cronograma pactado. Sin embargo, estos pagos se retrasaron durante unos meses, por lo que el mismo Toledo Manrique llamaba directamente a Barata desde su domicilio para reclamarle a que cumpla con lo pactado. «Usted ya no es presidente», le respondió en más de una oportunidad el empresario.

Estas coordinaciones han sido tomadas en cuenta como parte del argumento que el Poder Judicial ha considerado válido para dictar 20 años y 6 meses de prisión contra Alejandro Toledo por los delitos de colusión agravada y lavado de activos. Convirtiéndose así en el primer exmandatario en ser condenado por el caso Odebrecht.

Fiscal José Domingo Pérez acusa a Alejandro Toledo de insultarlo durante lectura de sentencia: «Con…»

Al finalizar la lectura del adelanto de sentencia contra Alejandro Toledo, el fiscal José Domingo Pérez se refirió a la jueza Inés Rojas para informarle que había sufrido una agresión verbal por parte del expresidente.

«Señora presidenta, simplemente, dejar constancia, los registros de las cámaras van a poder graficar que el condenado Alejandro Toledo dirigió un agravio hacia mi persona, indicando lo siguiente: «conch…». Disculpe usted que haya dicho esas palabras, pero es lo que ha sucedido», expresó Domingo Pérez.

Asimismo, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, negó lo señalado por Domingo Pérez y dejó entrever que «por algo» le habría buscado la mirada a su patrocinado. Ante ello, la jueza Zaida Pérez, dijo que los magistrados de la sala revisarán los vídeos de vigilancia para validar la agresión señalada.

Así reaccionó Alejandro Toledo al ser condenado a más de 20 años de cárcel

Luego de conocer su sentencia dictada por la jueza Inés Rojas, Alejandro Toledo se tapó el rostro con las manos. Posteriormente, continuó escuchando la lectura de los jueces de forma calmada, sonriendo de vez en cuando y escribiendo en una libreta. Según relevó su abogado, en compañía del hermano del expresidente, Toledo Manrique ya tenía una idea de la condena que le impondrían. Por lo que le pidieron que se mantenga calmado y tomara la decisión de la mejor manera.

La defensa legal del exmandatario dijo, a su salida de la sala de audiencia del penal de Barbadillo, que apelarán la decisión del Poder Judicial: «Es una sentencia de primera instancia, es la decisión de este colegiado. Pero el 31(de octubre) que van a leer la sentencia, ahí vamos a apelar», expresó.

 Alejandro Toledo ha sido condenado a 20 años y 6 meses de prisión por lavado de activos y colusión. Foto: AFP

Alejandro Toledo ha sido condenado a 20 años y 6 meses de prisión por lavado de activos y colusión. Foto: AFP

El momento exacto en el que Alejandro Toledo escuchó su condena a 20 años y 6 meses de prisión

El Poder Judicial sentenció al expresidente Alejandro Toledo a 20 años y 6 meses de cárcel, tras hallarlo culpable de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur.

En un adelanto de fallo, la jueza admitió el requerimiento del Ministerio Público para que se imponga 9 años de prisión contra Alejandro Toledo por el delito de colusión, además de 11 años y 6 meses por el delito de lavado de activos.

Desde la sala de audiencias del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el exmandatario, la jueza Inés Rojas Contreras del Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional resolvió que Toledo Manrique fue parte de una concertación que favoreció a la empresa Odebrecht, con la adjudicación de la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur, a cambio de un soborno de 35 millones de dólares.

Alejandro Toledo fue condenando en calidad de autor del delito de colusión y de lavado de activos en agravio del Estado: se le impuso 9 años de pena privativa de libertad por el primero y 11 por el segundo. En total serán 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, la misma que será computada desde abril 2023 y finalizará en abril del año 2043.

También se dictó en su contra 242 días multas que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, tres años de pena de inhabilitación e incapacidad para optar un cargo público. 

La magistrada señaló que la lectura integral del fallo será en 8 días. Además, indicó que, a lo largo del proceso, se recibió a 119 testigos, entre nacionales y extranjeros, se verificó 175 audiencias y se ha actuado más de mil pruebas documentales.

En cuanto a los demás imputados, el Poder Judicial resolvió lo siguiente:

Abraham Dan On: absuelto por el delito de colusión. Una vez firme, se ordenará el archivamiento por esta causa y la anulación de antecedentes.

Sergio Bravo Orellana: condenado a 9 años de prisión suspendida por el delito de colusión e inhabilitación por el período de 3 años.

Alberto Pasco: condenado a 9 años de prisión suspendida por el delito de colusión e inhabilitación por el período de 3 años.

José Fernando Castillo Dibós: condenado a 6 años de prisión suspendida por el delito de colusión y 8 años y 6 meses por el delito de lavado de activos. Multa de 172 días, la que será calculada teniendo en cuenta el monto de su ingreso económico diario. 

El Colegiado suspendió la ejecución de la pena a favor de Bravo, Pasco y Castillo hasta que la sentencia se declare firme. Ellos deberán cumplir las reglas de impedimento de salida del país, firma periódica y no cambiar de domicilio sin comunicar a la judicatura.

Los fundamentos que condenaron a Toledo

Al final de la lectura de los hechos que habrían configurado el delito de colusión, la jueza Inés Rojas Contreras indicó que Alejandro Toledo, en su calidad de mandatario entre el 2001 y el 2006, «como primera autoridad administrativa de todo el Estado, [debía] proteger y velar por el correcto funcionamiento de la administración y los intereses patrimoniales de la administración pública, en el ámbito de la contratación pública».

«Tenía el deber de actuar con neutralidad absoluta, imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, particos políticos o instituciones. Tenia el deber de proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que fueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes», prosiguió.

No obstante, señaló que «en este caso, al haberse demostrado una serie o un rosario de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso y la intervención directa e indirecta del señor Toledo en el proceso, el señor Toledo ha realizado la conducta típica de la infracción del deber, defraudando al Estado».

«Habiendo concurrido todos los elementos objetivos del delito de colusión, la conducta imputada a Alejandro Toledo como delito de colusión es una conducta típica», puntualizó la jueza.

Respecto del lavado de activos en este caso, la magistrada señaló que sí se constituyó este delito, debido a que el exmandatario incurrió en una conducta típica de infracción del deber, defraudando al Estado al concertar un favorecimiento a la empresa Odebrecht con esta obra.

“En este caso, al verse demostrado una serie de irregularidades, una injerencia inusitada, una aceleración del proceso y la intervención directa o indirecta de Toledo en el proceso, el señor Toledo ha realizado la conducta típica de infracción del deber, defraudando al Estado”, dice la magistrada.

Explicó también que Odebrecht, junto a sus consorciadas, permitió que se genere el dinero de manera ilícita, además de consentir y realizar conductas típicas de conversión y transferencia.