El Congreso de la República pondría bajo la lupa el desarrollo del megaproyecto portuario de Chancay y a las autoridades vinculadas a su ejecución. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores se viene evaluando la creación de una comisión especial que investigue todo lo relacionado con el puerto, incluyendo la actuación del alcalde distrital de Chancay, conocido como “Juanelo”.
La propuesta buscaría esclarecer posibles irregularidades en la gestión municipal, acuerdos suscritos, autorizaciones otorgadas y la coordinación entre el gobierno local, el Ejecutivo y la empresa concesionaria del proyecto. El foco no solo estaría en el impacto geopolítico y comercial del terminal portuario, sino también en las decisiones adoptadas desde la comuna chancayana.
El puerto de Chancay ha sido presentado como una obra estratégica que posicionará al Perú como un eje clave en el comercio entre Sudamérica y Asia. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos en torno a la transparencia, la planificación urbana, el ordenamiento territorial y el manejo de recursos en el distrito.
De concretarse la comisión investigadora, esta tendría facultades para solicitar información, convocar a funcionarios municipales y nacionales, así como revisar contratos y documentación vinculada al proyecto. El objetivo sería determinar eventuales responsabilidades políticas, administrativas o incluso penales, de ser el caso.
El tema ya empieza a generar tensión en el ámbito político local y nacional, y podría convertirse en uno de los debates centrales de la agenda parlamentaria.
La candidata de Fuerza Popular para las próximas elecciones, Keiko Fujimori, dejó clara su posición en contra del aborto por casos de violación.
«En Fuerza Popular estamos a favor del aborto terapéutico en cuanto la madre corra riesgo, mas no lo estamos en casos de violación», declaró la lideresa del fujimorismo en una entrevista para el programa ‘Tu Decisión 2026’ de TV Perú.
Las declaraciones de Fujimori y el debate acerca del aborto por casos de violación llegaron tras difundirse imágenes del centro de acogida de la congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) ‘Casa del Padre’, donde se pueden ver a niñas que sufrieron violencia sexual con sus hijos en brazos. Fujimori rechazó «la vulneración de la identidad» de las menores, pero –como ya se mencionó– negó su derecho a no llevar un embarazo deseado producto de un episodio de violencia.
La lideresa del partido se convierte en la segunda fujimorista en oponerse al aborto por casos de violación en los últimos días. En una reciente entrevista, Carlos Tubino, candidato al Senado por la agrupación naranja, minimizó la problemática: «Incluso cuando se juegan los temas de violación judicialmente, mira, hay muchas cosas que quedan con trapos sueltos por acá, trapos sueltos por allá, acusaciones a veces falsas y la verdad que no estoy de acuerdo. (…) No siempre son violaciones; a veces también son noches de placer y que después se hace la denuncia de violación», señaló entonces Tubino. Las declaraciones generaron repudio en redes sociales.
Keiko Fujimori propone que Fuerzas Armadas controlen cárceles y fronteras
Durante la misma participación en TV Perú, la dirigente de Fuerza Popular presentó un paquete de medidas de seguridad con miras a los comicios de 2026 que contempla la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de centros penitenciarios y pasos fronterizos. A su juicio, esta estrategia permitiría restablecer el orden interno y cortar las redes delictivas que, según afirmó, operan desde las cárceles.
Fujimori explicó que el despliegue militar en los penales tendría carácter transitorio, mientras que en las zonas limítrofes se prolongaría para reforzar la vigilancia migratoria y combatir economías ilegales en puntos considerados sensibles. Asimismo, planteó que los militares respalden operativos de la Policía Nacional del Perú, bajo el argumento de que la gravedad del crimen exige respuestas extraordinarias, aunque no detalló el sustento constitucional ni los mecanismos de control para prevenir abusos.
Otro componente de su plan apunta a introducir trabajo obligatorio para personas privadas de libertad condenadas por delitos violentos, buscando que contribuyan a cubrir los costos de su manutención. Fujimori sostuvo que el sistema penitenciario y judicial absorbe cerca de S/ 1.000 millones al año del erario, recursos que —dijo— deberían priorizarse para poblaciones vulnerables como la niñez y los adultos mayores. No obstante, evitó precisar qué labores se asignarían ni cómo se garantizarían condiciones laborales adecuadas dentro de los establecimientos penitenciarios.
El Gobierno de José Jerí aprobó el decreto legislativo que establece que los reos sentenciados por delitos comunes puedan trabajar dentro y fuera de los penales bajo el régimen de semiabierto. La medida fue oficializada este jueves 12 de febrero por el mismo presidente, el primer ministro, Ernesto Álvarez, y el titular de Justicia, Walter Martínez.
De acuerdo con el DL 1736, los internos podrán laborar de forma voluntaria, temporal y revocablemente. Asimismo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) —ahora Superintendencia Nacional de Infraestructura y Reforma Penitenciaria (SUNIR)— evaluará la aptitud, experiencia laboral, interés y disposición de cada persona para que pueda asumir el trabajo.
Decreto Legislativo que permitirá que reos puedan trabajar fuera del penal
La finalidad de esta disposición, precisa el documento, es la reinserción social y el desarrollo de habilidades y competencias laborales del reo.
El trabajo asistido externo se podrá desarrollar a través de programas promovidos por el INPE, actividades productivas gestionadas con participación del sector público, privado o de la sociedad civil, entre otros mecanismos que sean compatibles con la norma aprobada.
«El interno se encuentra sujeto a evaluación periódica para estimar su permanencia en dicho régimen o la regresión, según corresponda», se lee en el documento.
Es preciso resaltar que la implementación de estas labores se financiará con el presupuesto del INPE y no del tesoro público.
Requisitos para los reos
El Gobierno estableció requisitos para que los reos puedan acogerse a esta modalidad de trabajo:
Que la sentencia condenatoria de pena privativa de libertad efectiva no sea mayor a seis años.
Haber cumplido la mitad de la pena.
Que no tenga proceso pendiente con mandato de detención.
Haber pagado los días multa fijados en la sentencia.
Haber pagado la mitad de la reparación civil fijada en la sentencia.
Contar con tres evaluaciones semestrales consecutivas favorables.
Declaración jurada de compromiso laboral personal.
Certificado de buena conducta emitido por la autoridad penitenciaria.
Declaración jurada de compromiso familiar con identificación expresa de los familiares
Según el Decreto Legislativo, las personas condenadas por delito doloso consideradas como reincidentes o habituales no podrán acogerse a este beneficio. Tampoco pueden hacerlo aquellos cuyo internamiento sea consecuencia de la revocatoria previa de la pena de vigilancia electrónica personal y cuyo internamiento sea consecuencia de la revocatoria de alguna pena alternativa a la privativa de libertad.
Disposiciones complementarias para el trabajo de los reos
Según el decreto legislativo, esta nueva modalidad de trabajo para los reclusos se aplicará de manera progresiva a nivel nacional, conforme al calendario de ejecución aprobado por el Ministerio de Justicia. Esa ruta de trabajo será elaborada en un plazo no mayor de 30 días luego de elaborarse un informe de evaluación técnica.
Asimismo, el INPE tendrá 150 días hábiles para elaborar un Plan Piloto para la implementación del trabajo asistido externo. Luego de ello, el Minjus deberá aprobar dicho plan. El Plan Piloto tendrá una duración de 24 meses. Concluido ese plazo, el Instituto Penitenciario emite un informe de evaluación técnica para ver si se amplía o no dicha disposición.
Uno de los objetivos de esta disposición es disminuir la incidencia delictiva en las cárceles generando espacios laborales dentro y fuera de ellas. Además, dotar destrezas y habilidades para el desarrollo de actividades productivas dentro y fuera del penal, en medio libre y postpenitenciario para una reinserción laboral efectiva, manteniendo o aumentando la formación, creación o conservación de hábitos laborales del interno para favorecer sus posibilidades al momento de regresar a la vida en libertad.
Unas 130 solicitudes de renuncias de candidatos a su postulación en las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) fueron presentadas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) correspondientes, hasta ayer, miércoles 11 de febrero, fecha en que cerró el plazo para realizar esta gestión, reportó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De esta cifra, se indica que 43 se encuentran en trámite ante los JEE, es decir, que viene siendo revisado el cumplimiento de los requisitos de las mismas, mientras que otras 87 han sido resueltas por estos órganos electorales.
El reporte señala también el tipo de cargos a los que se refieren las 130 solicitudes señaladas. Así, 1 corresponde a fórmula presidencial (un candidato a la vicepresidencia), 68 a diputados, 30 a senadores por distrito múltiple, 19 a senadores por distrito único y 12 al Parlamento Andino.
Asimismo, precisa que entre los JEE con mayor cantidad de pedidos de renuncia figuran los de Lima Centro 2 (32), Lima Oeste 3 (14), Piura 1 (7), Maynas (6) y los de Cusco, Huancayo, Huaura, Tacna y Tambopata (con 5 cada uno).
Siguen los JEE del Callao, Chiclayo y Tumbes (4); los de Abancay, Arequipa 1, Chachapoyas, Huamanga, Lima Oeste 1, Huaraz y Coronel Portillo (3); Huánuco, Ica, Pasco, Puno y Trujillo (2); y, Cajamarca, Lima Centro 1 y Mariscal Nieto (1).
Retiro de candidatos
Igualmente, se indica que las organizaciones políticas presentaron 19 pedidos de retiro de candidatos al cierre del plazo establecido en el cronograma electoral de las EG 2026, de los cuales 18 se encuentran en trámite en los JEE y uno alcanzó el estado de resuelto.
En referencia al tipo de cargo, se señala que 10 corresponden a diputados, 7 a senadores por distrito múltiple y 2 a senadores por distrito único. No existen solicitudes de retiros correspondientes a la fórmula presidencial y al Parlamento Andino.
También se indica que el JEE de Lima Oeste 3 viene a ser el que mayor cantidad de retiros ha recibido con 3. Le siguen los de Coronel Portillo, San Martín, Lima Centro 2 y Trujillo (con 2 cada uno) y los de Abancay, Callao, Chachapoyas, Cusco, Huaura, Piura 1 y Tacna (con 1 cada uno).
Ciudadanos por el Perú (CPP) no participará en las Elecciones Generales 2026. El secretario general de la agrupación, Alberto Moreno, anunció que decidieron retirarse de la contienda; sin embargo, el partido ya había quedado sin posibilidad real de competir luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara improcedentes sus listas y no prosperaran las inscripciones.
«El partido ya había tomado la decisión de retirar las candidaturas tanto a nivel de diputados como senadores. No queríamos participar del proceso, la situación desde nuestro punto de vista había sido inadecuada la negativa del JNE de anular las candidaturas», señaló para RPP.
El secretario general sostuvo en entrevista que el 20 y el 30 de enero enviaron comunicaciones formales a la ONPE y al JNE para devolver el dinero asignado, pero afirmó que no recibieron respuesta. Según su versión, el partido optó por apartarse del proceso al no existir condiciones para continuar.
«Nosotros el día 20 de enero comunicamos al JNE, pero no hubo respuesta ni de la ONPE, ni del Jurado. El día 30 hemos vuelto a manifestar nuestra preocupación y pedimos que se retire la franja electoral, pero la ONPE no lo retira», explicó.
Cabe recalcar a agrupación no cuenta con fórmula presidencial ni con listas habilitadas para el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino. La candidatura presidencial que intentaron impulsar fue rechazada por incumplir los plazos de afiliación establecidos por la ley electoral, lo que terminó cerrando cualquier opción de participación.
A pesar de no tener candidatos habilitados, el partido recibió S/ 1 699 150 de la ONPE para franja electoral y ya ha ejecutado parte de esos recursos en publicidad.
La franja electoral es el mecanismo por el cual el Estado asigna espacio y financiamiento para difusión de propuestas de campañas políticas. En este caso, pese a no contar con candidaturas habilitadas en el proceso, CPP recibió el monto correspondiente dentro de la distribución general de la ONPE entre organizaciones que solicitaron inscripción antes del cierre de plazos legales.
El uso de esos recursos generó cuestionamientos, ya que la franja electoral está diseñada para difundir propuestas de partidos en competencia. En este caso, la agrupación no figurará en la cédula de votación de abril.
Sin embargo, desde la dirigencia señalaron que trabajarán con miras a las próximas elecciones regionales y municipales. Con su salida, se reduce la lista de organizaciones que competirán en los comicios generales de 2026.
El Gobierno de José Jerí ratificó a Henry García Malpartida como director de Seguridad Penitenciaria del INPE, pese a las denuncias de tres expresidentes por la presunta filtración de fotografías tras las requisas a sus celdas el pasado sábado y domingo 8 y 9 de febrero.
La decisión se hizo oficial este 11 de este mes a través de la Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario 084-2026-INPE/P. Según el documento, la ratificación se realizó tras la opinión favorable del área de recursos humanos del INPE emitida el último 10 de febrero. Es decir, dos días después de las requisas a los cuartos donde están recluidos Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala.
La designación cuenta con la firma de Shadia Valdez Tejada, presidenta del Consejo Nacional Penitenciario.
Resolución del INPE sobre Henry García Malpartida
Informe concluye que no se encontró nada ilícito en la celda de Ollanta Humala
Un informe del área de seguridad del penal de Barbadillo concluyó que luego de la revisión en la celda del expresidente Ollanta Humala no se encontró ninguna sustancia ni artículo prohibido.
Según detalla el documento al que tuvo acceso La República, las puertas, barrotes de las ventanas y los candados fueron parte de la resquisa.
Asimismo, el informe indica que el domingo 8 de febrero a las 8:10 de la mañana, contando con la presencia de García Malpartida y el jefe de la División de Seguridad, Hurtado Barrenechea, se reunieron los técnicos del grupo de seguridad 3 para la ejecución de la revisión de carácter ordinario en los ambientes de los internos y en los patios.
A esa hora se inició la requisa en la celda de Humala y lo hicieron 3 técnicos «tomando las medidas y precauciones del caso».
El resultado final fue que no hallaron nada.
Informe concluye que no se encontró nada prohibido en la celda de Ollanta Humala
Vizcarra, Humala y Castillo denuncian a funcionarios del INPE por difusión de imágenes suyas en requisa
El expresidente Castillo denunció al director de seguridad del INPE, Henry Garcia Malpartida, y a la presidenta del Consejo Nacional Penitenciario, Shadia Elizabeth Valdez, por la difusión de las revisiones de sus celdas.
Según la denuncia, se difundieron imágenes y videos de sus objetos personales y las condiciones en las que se encuentra recluido. Por eso, el exmandatario señaló que se vulneraron sus derechos constitucionales a la intimidad y protección de datos personales. Castillo afirmó que el Estado no cuenta con respaldo legal para la difusión de esas imágenes.
Por su parte, Vizcarra denunció a García Malpartida y a quienes resulten responsables por el presunto delito de abuso de autoridad y violación a la intimidad en forma agravada. El motivo es que se hicieron dos requisas en menos de 24 horas y no se encontraron irregularidades.
Según la denuncia, el sábado 7 de febrero, entre las 6:00 y 7:00 p.m., el personal penitenciario realizó una inspección general en la celda de Vizcarra y en las de otros tres internos. La intervención concluyó sin observaciones, y los objetos hallados estaban autorizados por la autoridad para satisfacer necesidades básicas no cubiertas por el Estado.
Sin embargo, en las primeras horas del domingo 8 de febrero, García Malpartida y otros funcionarios regresaron al penal y realizaron una nueva requisa, a pesar de que una diligencia similar se había efectuado pocas horas antes sin incidentes, según el relato de la denuncia.
En tanto, Humala, a través de su abogado, envió una carta al INPE solicitando los detalles de la toma de fotografías a su patrocinado en Barbadillo y que luego fueron reveladas por un medio de comunicación.
Asimismo, exigió que se informe sobre la cadena de mando involucrada y la autorización expresa de Humala para el uso de su imagen.
ENFOQUE REAL 