Dina Boluarte amenaza con pasar al retiro a oficiales que participaron en allanamiento a su residencia

El pasado 29 de marzo, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la residencia de la presidenta Dina Boluarte y su vivienda que se ubica en el distrito de Surco, en el marco de las investigaciones por el caso Rolex, que involucra a la mandataria y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por favorecimientos en partidas presupuestarias para obras.

Desde esa fecha nace un ensañamiento contra Harvey Colchado y su grupo operativo. El comandando de la PNP busca dar de baja al exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad por dirigir ese allanamiento contra la presidenta, pero no solo él está involucrado, sino que por la misma situación pasarían los oficiales que lo acompañaron ese día en las diligencias contra la mandataria.

La represalia quedó consumada el 14 de agosto, cuando el jefe de la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General, general PNP Marlon Anticona Julca, envió un oficio a los jefes de grupo de las oficinas descentralizadas, con la finalidad de que informen la relación de todos los oficiales que tienen investigaciones por infracciones muy graves y graves.

Solo basta analizar el pedido para destacar que dentro de los oficiales con faltas graves se encuentra Harvey Colchado y los oficiales que también formaron parte del Eficcop entre ellos los capitanes PNP Junior Izquierdo Yarlequé y Gian Marco Dueñas Chávez, precisan las fuentes.

A ello se le suma que los oficiales Francisco Acosta Negrete, Rafael Villón Magallanes, Walter Espíritu García, Cristian Villanueva Chiscul y Raúl Bahamonde Balvín y el teniente PNP Roger Cruz Ipanaqué, correrían el mismo riesgo y se encuentran en la mira por haber participado de los casos emblemáticos como ‘Los Waykis en la Sombra’ que involucra al propio Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Bolauarte.

Además de los casos ‘Valkiria’, ‘Los Niños’, y ‘El Español’, entre otros, el comando de la PNP ahora busca implementar medidas estrictas contra los oficiales que actualmente están cursando estudios en la Escuela de Posgrado de la PNP para obtener ascensos.

Ministro del Interior se pronuncia

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que lo dispuesto por el comando de la PNP no se trata de una venganza política contra Colchado.

«No existe ninguna venganza política respecto al señor Colchado ni a ningún otro oficial. Cuando se le atribuye a un efectivo policial cualquier tipo de infracción disciplinaria, se le apertura un proceso disciplinario», dijo el ministro del Interior a la prensa

Sin embargo, fuentes de la unidad de investigación de La República indicaron a este matutino que la medida «es solo un pretexto» para dar de bajo a Colchado y a los oficiales que lo acompañaron a la diligencia el 29 de marzo.

Dina Boluarte: se lavan las manos por caso de Colchado

El presidente del Consejo de Ministros abordó las preocupaciones relacionadas con el proceso contra oficiales con faltas graves y muy graves, aclarando que Dina Boluarte no está involucrada en este asunto. Esto lo mencionó en respuesta a preguntas sobre posibles represalias contra el coronel Colchado.

«Quiero descartar de manera categórica su expresión en el sentido de que los procesos administrativos y disciplinarios que se hayan podido haber iniciado institucionalmente contra la persona que usted ha referido puedan constituir actos de represalia de la presidenta de la República. La señora presidenta de la República (Dina Boluarte) no interviene en modo alguno en los procesos administrativos en ninguna de las entidades del sector público», dijo el primer ministro en conferencia de prensa.

Contraloría suspende eficacia de reglamento y plan para implementar la Ley del Auditor

La Contraloría General de la República resolvió suspender la eficacia del reglamento y del plan para la implementación de la Ley N° 32064, que garantiza la autonomía y profesionalización de la Carrera del Auditor Gubernamental, conocida como la Ley del Auditor, tras conocerse los resultados de una exhaustiva revisión técnica de las áreas correspondientes con relación al uso del presupuesto del máximo ente del Sistema Nacional de Control (SNC).

Según una resolución de Contraloría, publicada hoy en la edición extraordinaria de las Normas Legales del Diario Oficial, El Peruano, la decisión de la entidad de control se basó en los argumentos técnicos establecidos por las gerencias de Capital Humano, de Modernización y Planeamiento y de Asesoría Jurídica. Entre las principales conclusiones del análisis figura los excesivos recursos que iba a demandar la implementación de las acciones para el tránsito a la Carrera del Auditor Gubernamental.

Es así que, de acuerdo a proyecciones realizadas por la Contraloría, los gastos correspondientes al rubro de Gastos de Personal, Obligaciones Sociales y Contribuciones a la Seguridad Social que generen la implementación de la ley, ascienden a S/ 341 138 784 para el 2024 y a S/ 976 280 914 para el año 2025.

Mientras que la proyección de gastos por el seguro médico de la EPS para el año 2024 es de S/ 25 418 000 y para el año 2025 es de S/ 85 705 200, según la información reportada por la Subgerencia de Bienestar y Relaciones Laborales. Mientras que el gasto proyectado para el pago de Liquidaciones de Beneficios Sociales del personal que se traslade al régimen de la carrera del Auditor Gubernamental asciende a S/ 145 942 846.43.

Asimismo, se calculó que el gasto requerido para el Programa de Desvinculación Voluntaria, contemplado en la normativa que ha sido suspendida, asciende a S/ 97 502 567.64.

Impacto en financiamiento
Por otro lado, el análisis efectuado por la Contraloría señala que la vigencia del artículo 14 del Decreto de Urgencia N° 006-2024, que estableció la exclusividad del uso de los recursos transferidos de la Ley N° 31358 para el año 2024; dispuso, entre otras medidas, la reversión a favor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de un total de S/ 608 millones, lo cual impacta en la ejecución de los servicios de control gubernamental a nivel nacional programados en el Plan Nacional de Control para el Año Fiscal 2025.

A esto se suma que la Novena Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 32103, establece, entre otros, que los recursos que recibe la Contraloría General por el cumplimiento de la Ley N° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión del control concurrente”, son utilizados, exclusivamente, para las acciones de control concurrente de las inversiones para las cuales se transfieren dichos recursos, lo cual impacta directamente en el financiamiento de la implementación de la Ley N° 32064.

También se determinó las transferencias que reciba la Contraloría en el marco de la Ley N° 31358 no podrán ser orientados al pago de planillas de remuneraciones ni a los gastos vinculados a la implementación de la Ley N° 32064 y sus disposiciones; así como la asignación presupuestaria para el Año Fiscal 2025 es insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos proyectados de planillas de remuneraciones, entre otros.

Según el análisis de la Contraloría, la entrada en vigencia de la Novena Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 32103 constituye una situación sobreviniente a la dación de la Ley N° 32064 y que ha provocado que no se cuente con los recursos necesarios para dar sostenibilidad al recurso humano que constituye el mayor componente para la incorporación a la Carrera del Auditor Gubernamental y, por ende, no se podría alcanzar la eficacia de sus disposiciones contenidas en el reglamento de dicha ley ni del Plan de Implementación y Tránsito a la Carrera del Auditor Gubernamental por haberse producido un evento de naturaleza presupuestal que condiciona de forma suspensiva la eficacia de las mismas.

A la luz de estos argumentos, resulta jurídicamente viable emitir la resolución de Contraloría que dispone la suspensión de la eficacia del reglamento de la Ley N° 32064 y del Plan de Implementación y Tránsito a la Carrera del Auditor Gubernamental.

PJ confirmó incautación de vehículo de empresa vinculada a hermana de defensor del Pueblo

La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco logró la admisión de la demanda en extinción de dominio y la confirmación de medida cautelar de incautación de un vehículo valorizado en S/ 823 218 de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L., cuya representante legal es Sara Gutiérrez Cóndor, hermana del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Cabe resaltar que, el 18 de octubre de 2023, personal de la División de Control Operativo -Grupo Operativo de la Intendencia de Aduanas Pucallpa (Sunat)- intervino un vehículo mayor que era conducido por Lenin León C., quien se encontraba transportando una motoniveladora, en inmediaciones de la Carretera Central de Huánuco con dirección a Lima, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo (Huánuco).

El vehículo no contaba con la documentación necesaria de circulación en un zona de tributación común; por lo que se presume que estaría vinculado a la actividad ilícita de contrabando.

La obtención de la medida cautelar se dio tras acreditar la existencia de los presupuestos de verosimilitud de los hechos, el peligro en la demora, la razonabilidad y la proporcionalidad de la medida, respecto del bien que habría sido utilizado en la comisión del delito de contrabando; por lo que, se inscribió dicha medida para cautelar la preservación del bien en favor del proceso extintivo.

La Fiscalía informó que luego de admitida la demanda, se prosiguió con las audiencias de inicio y actuación probatoria, habiéndose culminado con los alegatos de clausura el 26 de junio de 2024, a la espera que el juez de Extinción de Dominio de Huánuco, emita la sentencia correspondiente.

Además, asegura que las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio seguirán actuando en cumplimiento de la Constitución, los convenios internacionales y las leyes; “al servicio de la ciudadanía y ejerciendo su labor ajustada a derecho contra los bienes y activos de origen o destino ilícito, contribuyendo así a desarticular las estructuras que financian organizaciones criminales y contribuir a la seguridad y el orden en nuestra sociedad”.

Demanda de inconstitucionalidad

Como se recuera, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Extinción de Dominio (decreto legislativo 1373).

Josué Gutiérrez negó que el recurso que ha interpuesto vaya a beneficiar a la criminalidad, narcotráfico, minería ilegal, sicariato, extorsión, entre otros delitos, tal como lo ha advertido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

A decir del defensor del Pueblo, la ley de extinción de dominio afecta el derecho de propiedad, la presunción de inocencia y el principio de tipicidad y la no retroactividad de la ley.

Dina Boluarte amenaza con pasar al retiro a oficiales que participaron en allanamiento a su residencia

El pasado 29 de marzo, el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó la residencia de la presidenta Dina Boluarte y su vivienda que se ubica en el distrito de Surco, en el marco de la investigaciones por el caso Rolex, que involucra a la mandataria y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por favorecimientos en partidas presupuestarias para obras.

Además de los casos ‘Valkiria’, ‘Los Niños’, El Español, entre otros. Por esta razón, ahora el comando PNP busca medidas estrictas contras oficiales que, en la actualidad, cursan estudios en la Escuela de Posgrado de la PNP para ascender de grado.

Ministro del Interior se pronuncia

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo que lo dispuesto por el comando de la PNP no se trata de una venganza política contra Colchado.

Dina Boluarte: se lavan las manos por caso de Colchado

El presidente del Consejo de Ministros no fue ajeno a las dudas que genera el proceso iniciado contra los oficiales que tienen faltas graves y muy graves. En ese sentido, mencionó que Dina Boluarte no tiene nada que ver con el proceso, esto cuando fue consultado sobre una represalia contra Colchado.

JNJ: 30 de octubre juran los nuevos magistrados

Dadas sus prerrogativas de organismo constitucional autónomo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene el importante rol de nombrar, ratificar o destituir a los jueces y fiscales del país, entre otras facultades.

El actual equipo de siete magistrados, e igual número de accesitarios, inició sus labores en enero de 2019 y será relevado al finalizar el 2024 (el puesto dura cinco años), de acuerdo con su Ley Orgánica.

Con este panorama de fondo, la Comisión Especial encargada de conducir el concurso público de méritos para seleccionar a los nuevos magistrados, dio a conocer que ascienden a 51 el número de abogados que cumplen con los requisitos básicos para aspirar a ocupar el cargo de magistrado de la JNJ.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez, que preside la Comisión Especial, informó del cronograma aprobado.

De acuerdo con lo acordado por la Comisión, la fecha final de este proceso es el 30 de octubre de 2024, día en el que juramentarán los siete magistrados titulares de la Junta Nacional de Justicia para el periodo 2025-2030.

Dos días antes, el 28 de octubre serán publicados los resultados finales del concurso.

La inscripción virtual de candidatos, que comenzó el 22 de julio debía de haber culminado el martes 13 de agosto pero fue ampliad por un día más.

Los postulantes deben presentar sus declaraciones juradas del 16 al 23 de agosto.

Le evaluación de conocimientos está prevista para 25 de agosto; la evaluación curricular del 26 de agosto al 16 de septiembre.

Las pruebas de confianza: del 17 de septiembre al 1 de octubre;y la entrevista personal del 11 al 27 de octubre.

Según lo establecido en la Ley Orgánica de la JNJ, esta comisión es presidida por el Defensor del Pueblo; e incluye a los líderes de varias instituciones autónomas del Estado, así como de dos rectores delegados de universidades nacionales y privadas.

51 POSTULANTES.

Según el cronograma, la lista de postulantes debía ser colgada en el portal de la Defensoría el jueves 15 de agosto. La entidad cumplió a duras penas, casi al finalizar el día (a las 22:00 horas).

El Defensor del Pueblo, Josué Gutérrez, informó a los concursante que el examen de conocimientos será el domingo 25 de agosto en la ciudad Lima.

La Comisión Especial informó a la ciudadanía que, a través de la página web de la Comisión Especial (www.comisionespecial-jnj.gob.pe), se ha habilitado un formulario para que puedan presentar denuncias o cuestionamientos a la idoneidad profesional o ética de los aspirantes,

Tal formulario estará habilitado hasta la última etapa del concurso público de méritos.

REQUISITOS, IMPEDIMENTOS.

Ojo: para ser magisgrado de la JNJ el aspirante debe ser mayor 45) años y menor de 75 años; ser abogado con experiencia profesional no menor de 25 años; o haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de 25 años; o, haber ejercido la labor de investigador en forma contínua y comprobada en materia jurídica por lo menos durante 15 años.

Otra condición fundamental: no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso;

Están impedidos de aspirar a este cargo los que pertenezcan a una organización política y no hayan obtenido licencia al momento de postular al cargo.

Tampoco los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso.

La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita para el desempeño del cargo.

No pueden postular los jueces y fiscales que han sido objeto de destitución o no ratificación; y los abogados que han sido inhabilitados por sentencia judicial firme;

así tampoco, los que se encuentren inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, entre otros.

DESCONOCIDOS.

El grueso de los aspirantes está conformado por profesionales del Derecho con perfil discreto, poco conocidos por la prensa y el gran público (Ver infografía).

No obstante hay un considerable grupo de “reincidentes” en el sentido de viejos conocidos que se postulan por segunda y tercera vez e incluso actuales accesitarios que candidatean al titularato.

El abogado postulante Fernando Calle Hayen, de 70 años, fue magsitrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, considerado entonces como la cuota del Apra para el TC. En el 2001 fue candidato al Congreso por el Apra. En es experimentado profesional del Derecho, claramente afín al mencionado partido.

Francisco Távara Córdova es el postulante con mayor edad (73 años); si resultase elegido ejercería el cargo solo por dos años. Távara cesó en 2021 en el cargo de juez Supremo titular de la Corte Suprema de Justicia.Fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (2002 – 2006) y presidente del Jurado Nacional de Elecciones (2012-2016).

Cayo César Galindo Saldoval, de 56 años fue congresista (2006 – 2011) por el partido Partido Nacionalista Peruano. En agosto de 2022 postuló al cargo de Defensor del Pueblo. Militó en el partido de Ollanta Humala desde 2005 al 2019.

Jaime de la Puente Parodi es actual accesitario de la JNJ. Postula por segunda vez.

Mónica Roxana Rosell Medina, es también accesitaria en ejercicio en la actual Junta Nacional de Justicia. Ella espera acceder al cargo de magistrada.

Poder Judicial incauta cuentas del prófugo Vladimir Cerrón por más de un millón y medio de soles

El Poder Judicial determinó incautar dos cuentas de Vladimir Cerrón Rojas por un monto de S/1 613 512,43, en el marco de un incremento patrimonial no justificado, proveniente de actividades ilícitas en el que se involucra al partido de Perú Libre.

La iniciativa contra el fundador de Perú Libre nació de la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, quien presentó una medida cautelar ante el Poder Judicial, a fin de que se incaute dos cuentas bancarias de Cerrón.

De acuerdo a la tesis fiscal, Vladimir Cerrón, quien lleva 315 días en la clandestinidad, tiene un desbalance patrimonial por más de seis millones de soles, entre los años 2008 a 2021.

En ese sentido, el dinero se procedió a incautar por disposición del Poder Judicial forma parte de dicho monto, debido a que no se encuentra respaldado en las actividades laborales que desempeñó Cerrón como médico y como gobernador regional de Junín durante los años 2011, 2014 y 2019.

A través de un comunicada, la Tercera Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, sostiene que existen suficientes indicios que permiten considerar que dicho incremento patrimonial proviene de actividades ilícitas, debido a que el imputado fue sentenciado hasta en dos oportunidades en el caso conocido como «Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya” y en el caso “Aeródromo Huanca”, cuando ejerció el cargo de gobernador.

Asimismo, precisan que, Vladimir Cerrón, cuenta con investigaciones judiciales en trámite por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, entre otros. Actualmente, tiene una orden de prisión preventiva en su contra por el caso “Antalsis”.

Vladimir Cerrón se pronuncia desde la clandestinidad

Tras la decisión del Poder Judicial, Vladimir Cerrón decidió pronunciarse desde la clandestinidad a través de sus redes sociales.

«Hoy más que nunca este testimonio toma fuerza. La auditoría de la Sunat ha concluido que mis cuentas son lícitas y provienen de mi trabajo de neurocirujano de 20 años, sueldos de gobernador, EsSalud y docencia universitaria», dijo Cerrón.

Vladimir Cerrón participa de evento de Perú Libre por su aniversario.

El último sábado 14 de agosto, Vladimir Cerrón participó de un evento que realizó Perú Libre por su aniversario. El investigado se conectó a través de la plataforma de Zoom y dio un discurso de 47 minutos.

El evento contó con la participación de los congresistas Waldemar Cerrón, Américo Gonza, Flavio Cruz, Kelly Portalatino y María Agüero, así como dirigentes del partido perulibrista.