El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que propondrá la suspensión de la pensión vitalicia a favor de Alberto Fujimori por 15.600 soles, luego de que el Parlamento aprobara la solicitud del exdictador. «Desde la presidencia del Congreso de la República, hemos tomado la decisión de proponer a la Mesa Directiva una propuesta para que iniciemos una etapa de consultas con relación al otorgamiento de la pensión al expresidente Fujimori», expresó.

En la reunión, que se realizará pasado mañana, el congresista Salhuana señaló que la Mesa Directiva iniciará una serie de consultas a diferentes entidades especializadas, y durante ello, se suspenderá el otorgamiento de la pensión para el expresidente. «Consideramos, primero, que esta nueva gestión del Congreso tiene que ser sumamente receptiva a la opinión de la ciudadanía, a la opinión de los diversos sectores políticos y la opinión de los expertos que se han opuesto a través de sus diversos puntos de vista».

Así mismo, mencionó que la Ley 26519, que fue la base legal para el otorgamiento de esta pensión, es una norma no tan clara y con vacíos que puede generar diversas interpretaciones. «Tenemos más de 10 proyectos de ley que nos pueden ayudar a ver este tema, y mientras ello sucede vamos a plantear a la Mesa Directiva que se suspenda la pensión administrativamente otorgada a Alberto Fujimori», agregó el presidente del Congreso.

Respecto a la decisión que tengan los demás miembros de la Mesa Directiva sobre esta solicitud, Eduardo Salhuana recalcó que la iniciativa de suspender la pensión otorgada al condenado expresidente Fujimori surgió de él mismo y espera que sea bien vista por Patricia Juárez, Waldemar Cerrón y Alejandro Cavero. «Vamos a citarlos con 24 horas de anticipación, vamos a explicarle a los vicepresidentes sobre ello y espero que sea acogida con receptividad».

Finalmente, sobre la norma, Eduardo Salhuana recalcó que una ley que dispone recursos públicos para otorgar pensiones vitalicias a expresidentes debe ser clara y definitiva. Además, afirmó que le dará prioridad a las 10 propuestas legislativas que tienen como finalidad determinar la aplicación de la Ley 26519 en la agenda del Pleno.

Patricia Juárez rechaza propuesta de Salhuana, pero admite debatirla en la Mesa Directiva

Luego que Eduardo Salhuana afirmara que va a presentar la solicitud de anular la pensión vitalicia de Alberto Fujimori, Patricia Juárez expresó que no comparte su posición al respecto. «Esta iniciativa, la cual respecto mucho, considero que no es un tema que le corresponde a la Mesa Directiva. Sin embargo, ahí lo discutiremos de la manera más alturada».

Juarez señaló también que, desde Fuerza Popular, sostienen que es un tema netamente administrativo y que sí le corresponde al expresidente Fujimori pese a que fue condenado. «Esta es la posición que yo llevaré a la Mesa Directiva, respeto mucho a sus integrantes, pero este es nuestro punto de vista. (…) Entiendo que la instancia responsable eran netamente los entes administrativos, pero como el presidente ha tomado la decisión lo debatiremos ahí y votaremos basándonos en los argumentos de los especialistas».

Por su parte, la congresista fujimorista resaltó que estas discrepancias no significan un quiebre dentro de los integrantes de la Mesa Directiva, pese a que adelantó que no está de acuerdo con la suspensión de la pensión otorgada al condenado expresidente Fujimori. «No conozco los motivos, pero espero conversar con el presidente del Congreso el día de mañana para saber el porqué», puntualizó.

Alberto Fujimori podría perder pensión vitalicia

A pesar de que la ley lo prohíbe, el área administrativa del Congreso otorgó a Alberto Fujimori una pensión vitalicia de S/15.600 mensuales por su periodo como jefe de Estado (1990-2000), a pesar de su deuda de S/57 millones en reparación civil al Estado peruano.

Algunos especialistas sugieren que la Procuraduría podría embargar este beneficio económico. Sin embargo, la Ley 26519 establece que un expresidente acusado y encontrado culpable de delitos no puede recibir tal pensión, como es el caso de Fujimori, quien fue denunciado constitucionalmente el 30 de noviembre de 2000 y hallado culpable de varios delitos.

El abogado penalista Andy Carrión afirmó que la decisión del Congreso es ilegal, ya que el indulto concedido a Alberto Fujimori por Pedro Pablo Kuczynski, y confirmado en 2023 por el Tribunal Constitucional, únicamente extingue la pena, pero no anula las sentencias por los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Según Carrión, la pensión de Fujimori, que asciende a S/15,600 mensuales, debería destinarse al pago de la reparación civil que debe. «La Procuraduría puede embargar estas cuentas para que el dinero vaya al cumplimiento de la reparación civil», declaró a Exitosa.

Asimismo, el exprocurador José Ugaz coincidió con el comentario anterior argumentando que Fujimori, como exfuncionario público considerado indigno, no debería recibir derechos relacionados con su cargo. Ugaz subrayó que alguien que ha defraudado al Estado no merece tales beneficios.