Juicio a Keiko Fujimori: ocho audiencias después, el fiscal mostró las pruebas y los abogados recurren a la interpretación auténtica

El juicio del caso cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular ha desarrollado ocho audiencias, dos veces por semana, del 1 al 24 de julio. Si esto fuera un partido de fútbol, diríamos que los jugadores han empleado este tiempo para mostrarnos sus habilidades y, de paso, nos han permitido ver sus debilidades.

El principal jugador es el Ministerio Público como persecutor del delito, representado por los fiscales José Domingo Pérez y la fiscal adjunta Paulina Roque. Luego, están los 40 acusados, Fuerza Popular, MVV Bienes Raíces y sus abogados y la terna de arbitros, compuesta por los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

La fiscalía presentó como principal fortaleza las pruebas: más de 1,500 testigos y más de 5000 documentos y peritajes. Está probado, dijo el fiscal, que existieron millonarios aportes de la constructora Odebrecht, Credicorp y Rassmuss, que se entregaron en efectivo y de forma oculta al público y a las autoridades electorales.

Los hechos

El fiscal José Domingo Pérez y la fiscal adjunta Paulina Roque

El fiscal José Domingo Pérez y la fiscal adjunta Paulina Roque

Está probado, enfatizó, que existió un esquema en el partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, para ocultar las donaciones y para ingresarlas a la contabilidad del partido, sin dejar rastro de su origen.

Está probado, indicó, que se emplearon falsos aportantes, rifas, cenas y cócteles simulados, pagos en efectivo para gastar o ingresar las donaciones, gota a gota, al sistema contable del partido, en las campañas del 2011 y 2016.

Sin embargo, el fiscal evitó explicar cómo los hechos probados, los testimonios y documentos establecerían la existencia de una organización, con fines ilícitos, una cúpula que da órdenes y brazos que ejecutan esas órdenes.

Sobre el delito de lavado de activos, solo indicó que el dinero de Odebrecht proviene de la Caja de la División de Operaciones Estructuradas y, que los fondos de Credicorp y Rassmuss vienen de un fraude empresarial.

¿En qué momento y de qué forma los acusados se enteraron que recibían dinero ilícito? Una pregunta vital, aún sin respuesta.

Un legado insuficiente

La superabundancia probatoria puede jugar en contra de la fiscalía, si las audiencias se alargan demasiado. Un juicio que dure hasta el 2028 o 2029 sería fatal.

Además, esa abundancia complica la precisión probatoria. El fiscal debe establecer la culpabilidad de cada uno de los acusados. No del grupo, sino uno por uno.

Estas primeras audiencias dan la impresión de que la mayoría de acusados solo son bulto, un relleno innecesario.

En un juicio la forma de cada gol está previamente descrita en el Código Penal. Las piruetas que el jugador debe hace para meter un gol están definidas en el Código Procesal Penal. Meter la pelota al arco de otra manera, es un gol en contra.

Como sucedió en los 10 años de investigación, José Domingo Pérez insiste en buscar el apoyo mediático y público para suplir sus desventajas, pero para eso frases como, “el legado de Alberto Fujimori” no son suficientes.

El fiscal necesita mantener la atención pública y no se ve como lo hará. El juicio podría pasar rápido a un segundo plano en el interés público.

Los acusados y sus abogados

Hay dos grupos en la defensa: los abogados de los principales acusados y los abogados de relleno

Hay dos grupos en la defensa: los abogados de los principales acusados y los abogados de relleno

En el otro lado, tenemos a 42 jugadores: 40 personas, más Fuerza Popular, en la cúspide del poder político, y la empresa MVV Bienes Raíces. Cada uno de ellos, con su respectivo abogado.

La Ley dice que el fiscal debe probar la culpabilidad de una personal. A toda persona se le considera inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este aspecto, los 40 podrían limitarse a observar y señalar las faltas del fiscal, para ganar descalificando al Ministerio Público.

Sin embargo, las primeras audiencias mostraron a acusados muy activos y con suficientes recursos, al contratar a los mejores penalistas litigantes y teóricos penales del momento, para las audiencias y post audiencia.

Cada uno de ellos, sabe que la gran corrupción que afecta al país ha invertido la premisa. En el Perú, a todo político, funcionario, empresario, al otro, al distinto, se le considera culpable y debe probar su inocencia.

Alegatos de defensa

Los abogados propusieron la absolución de los acusados y, con ese objetivo buscan convertido las debilidades de sus clientes y de la fiscalía, en fortalezas.

Aquí se observan dos grupos que jugaran en paralelo, pero sin atacarse entre ellos. El grupo principal y el grupo relleno.

El grupo principal decidió aceptar los hechos planteados por el fiscal, pero bajo su propio punto de vista o explicación auténtica, pues en el sistema penal, un gol dudoso en cualquier portería, es un gol a favor del acusado.

¿Por qué? La premisa es que el Estado, representado por el fiscal, es un ser todo poderoso, al que es casi imposible ganarle. Por eso, el acusado goza de ciertas ventajas: la duda favorece al reo.

Así en su presentación de alegatos, admitieron los aportes no declarados de Odebrecht, Credicorp y Rassmuss, la entrega del dinero en efectivo, en la oscuridad de la noche y que había un esquema, que incluyó aportantes falsos, rifas y cenas simuladas, para ocultar su origen.

Revelan que miembros de Alianza para el Progreso obtuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de Trabajo

El domingo 4 de agosto, el programa dominical ‘Punto Final’ reveló que miembros del partido político Alianza para el Progreso, fundado por el actual Gobernador Regional de La Libertad, César Acuña, obtuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a través del programa «Trabaja Perú».

En esa línea, el mencionado programa periodístico informó que Jessica Tumi, afiliada a la organización política de Acuña Peralta, asumió la dirección ejecutiva de «Trabaja Perú» en setiembre de 2023. Según el dominical, Tumi Rivas ha participado en eventos de juventudes de APP en el 2021.

Asimismo, se conoció que la ahora funcionaria trabajó en la bancada de Alianza para el Progreso en el 2020, en el Congreso complementario, y fue parte del despacho legislativo de Lady Camones en el 2021. No obstante, de enero a junio de 2023, trabajó como Gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Pachacamac, liderada por el alcalde Enrique Valentin, quien también pertenece a las filas de APP.

«A seguir construyendo este gran proyecto político porque este 2026, todos nosotros vamos a hacer que César Acuña llegue a Palacio de Gobierno. Es un compromiso, ¡que viva APP!», se le escucha decir a Jessica Tumi Rivas.

Miembros de APP tuvieron órdenes de servicio en el Ministerio de Trabajo

Punto Final señaló que las órdenes de servicio emitidas bajo la gestión de Tumi como Directora Ejecutiva de «Trabaja Perú» han llamado la atención, ya que las personas beneficiadas son también integrantes de Alianza para el Progreso.

José Miguel Ojeda Chatti ha recibido hasta el momento cuatro órdenes de servicio, siendo la más alta de aproximadamente 12,000 soles. El trabajo que desarrolló fue de «Asistencia y capacitación a las oficinas de provincia sobre la gestión de los participantes del programa«. El programa periodístico indicó que el Ministerio de Trabajo estableció como requisito tener un título en las carreras profesionales de Sociología, Trabajo Social, Administración, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Industrial, Educación, y, finalmente, Geógrafo.

No obstante, se conoció que Ojeda Chatti se tomó fotografías con el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y con el excongresista por el mismo partido, Richard Acuña en el 2022. Punto Final intentó comunicarse para conocer cuáles fueron los fundamentos para que se dieran estas órdenes de servicio; sin embargo, la entidad prefirió no contestar.

«Lo que se ha hecho la nacional es que se ha contratado personal de manera excesiva, ya que el señor (José Miguel Ojeda) obtiene un puesto de una orden de servicio con un monto excesivo en relación con su formación profesional», declaró para el programa un jefe zonal del programa Trabaja Perú.

Paulina Hermosa Atachao obtuvo órdenes de servicios en el referido programa pese a no tener estudios superiores. Hermosa Atachao recibió 5,000 soles por organizar documentos. En diciembre de 2023, le otorgaron otra por 2,500 soles, pero en esta ocasión bajo la modalidad de organizar eventos. Sin embargo, en enero del presente año obtuvo otra por 7,500 soles y en abril por 5,000 soles.

Un detalle no menor es que Paulina Hermosa es militante del partido de César Acuña e intentó postular como regidora metropolitana en el 2018.

Abdiel Pérez Clotet obtuvo una orden de servicios por 7,000 soles para realizar trabajos de asistencia técnica administrativa para la unidad de Recursos Humanos. El dominical señaló que el mencionado no tiene estudios superiores, pero registró el grado de bachiller en marzo de este año. No obstante, Pérez Clotet fue beneficiado con otras órdenes por 6,000 soles en noviembre de 2023, 18,000 soles en enero y 9,000 en mayo de 2024.

Abdiel Pérez también aspiró a tener cargos públicos e intentó postular a regidor metropolitano en el 2022 por el partido de Alianza para el Progreso, pero las autoridades electorales decidieron declarar su candidatura como improcedente.

Darwin Erick Adrianzén Elera, quien recientemente egresó de la carrera de Ingeniería Industrial, pero cuyos registros en Sunedu y en el Ministerio de Educación no evidencian estos actos, obtuvo órdenes de servicio para realizar trabajos de Asistencia Técnica para el Control, Seguimiento y Coordinación de la Ejecución Presupuestal de la Dirección Ejecutiva de la entidad, es decir, brinda asistencia en cuanto al presupuesto de la oficina de su jefa, Jessica Tumi.

Congreso: Presentan recurso para anular pensión vitalicia de expresidente Alberto Fujimori

La parlamentaria Sigrid Bazán informó que el Bloque Democrático Popular presentó un recurso de nulidad contra la resolución del Legislativo que otorga una pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori, correspondiente a su mandato entre 1990 y 2000.

El documento precisa que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 27444, la decisión del Congreso incurre en las causales de nulidad previstas en los incisos 1 y 2, los cuales mencionan que son nulos de pleno derecho los actos que contravengan la Carta Magna.

OFICINA LEGAL

Sobre el tema, Eduardo Salhuana, presidente del Legislativo, en entrevista con RPP, señaló que la solicitud del exmandatario fue presentada en abril pasado y tres meses después, la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo lo declaró procedente.

Tras ser aprobado por el Parlamento Nacional y si se mantiene esta asignación, expertos señalan que una ley prohíbe que los mandatarios sentenciados reciban este beneficio, el expresidente Alberto Fujimori recibirá una pensión vitalicia de S/15.600.

Pedro Castillo presentó solicitud ante el Congreso para recibir pensión vitalicia

El expresidente Pedro Castillo presentó una nueva solicitud ante el Congreso de la República para que se le otorgue una pensión vitalicia.

La solicitud fue hecha mediante un documento suscrito por el exmandatario y su abogado y exministro de Defensa Walter Ayala, la cual está dirigida a Haidy Figueroa Valdez, jefa del Departamento del Recursos Humanos del Congreso de la Republica.

Castillo solicita que se le otorgue una pensión vitalicia teniendo como pilar la presunción de inocencia, la misma que deberá ser considerada desde el 7 de diciembre del 2022, fecha en que fue vacado de su cargo tras su fallido golpe de Estado.

“Pedimos a usted, acceder a mi solicitud por ser de justicia y por tratarse de derechos pensionarios que tienen un estándar de protección constitucional”, se remarca en el requerimiento presentado el último 2 de agosto ante dicha instancia del Parlamento Nacional.

Al respecto, el Congreso de la República comunicó a la defensa legal del expresidente Pedro Castillo que esta nueva solicitud de pensión vitalicia ha sido registrada en Mesa de Partes Digital de este poder del Estado y será derivada a la Dirección General de Administración del Poder Legislativo para su evaluación respectiva.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo al acusarlo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del Estado y de la sociedad a raíz del fallido golpe de Estado.

El proceso penal que afronta el exmandatario sobre este caso se encuentra ahora en la etapa intermedia o de control de esta acusación fiscal como acto previo para ingresar a la fase de juicio oral.

Exigen promulgar ley de lesa humanidad tras no ser observada por el Ejecutivo

Este martes se cumplió el plazo establecido para que el gobierno de Dina Boluarte observara o promulgara la ley aprobada en segunda votación por el Congreso de la República que precisa la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Al respecto, el parlamentario Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), autor de la norma en cuestión, saludó que el Poder Ejecutivo decidiera no observar su iniciativa legislativa y exhortó a la Mesa Directiva que encabeza su colega Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) a promulgarla lo más pronto posible.

“Ahora lo que tiene que hacer la Mesa Directiva del Congreso es promulgar la ley. Como no ha sido observada, no se requiere votar la insistencia, solamente la Mesa Directiva la promulga”, manifestó el representante nacional a EXPRESO.

Rospigliosi rechazó una vez más que esta norma pretenda generar impunidad en favor de algunos exmilitares o expolicías y acusó a un sector de la izquierda, al que denominó como ‘‘mafia caviar’’, de estar detrás de estas desinformaciones.

“Lo que pretende esta ley es restablecer la legalidad, porque es absolutamente ilegal que se considere retroactivamente esta disposición de lesa humanidad que fue recién aprobada en el año 2002 y 2003. Lo que hace la ley es restaurar un principio fundamental: las leyes no son retroactivas”, dijo el congresista.

En esa misma línea, el parlamentario fujimorista desmintió que algunos de los presuntos crímenes cometidos por exoficiales o exmilitares califiquen como delitos de lesa humanidad, como se ha afirmado durante mucho tiempo.

“Es mentira que los supuestos delitos cometidos en los 80 y 90 fueran delitos de lesa humanidad. Un homicidio, por ejemplo, no es un delito de lesa humanidad. Sin embargo, jueces y fiscales han calificado así a ciertos delitos que presuntamente se cometieron en esa época”, sostuvo.

Finalmente, Rospigliosi recordó que esta iniciativa legislativa nació a raíz de sostener encuentros con exmilitares y expolicías inmersos en procesos judiciales interminables en su contra, de quienes aseguró estarán contentos una vez que esta ley sea promulgada.

“Mi iniciativa partió precisamente de conversaciones con militares y policías retirados, (también con) familiares de militares y policías procesados y presos. De ahí partió la iniciativa. Tanto militares como policías respaldan por supuesto esta ley y van a estar muy contentos cuando el Congreso la promulgue”, sentenció.

Presentan recurso de nulidad contra resolución del Congreso que otorga pensión a Alberto Fujimori

La congresista Sigrid Bazán anunció que la bancada de Bloque Democrático Popular presentó un recurso de nulidad contra la resolución del Congreso que otorga una pensión vitalicia al ex dictador Alberto Fujimori.

Mediante sus redes sociales, Bazán Narro cuestionó la decisión del Parlamento por atentar contra la Constitución.

«Desde bancada rechazamos la pensión para el ex dictador. Por eso estamos presentando al Congreso un recurso de NULIDAD de la resolución que da pensión vitalicia al condenado por corrupción y homicidio: Alberto Fujimori Fujimori», escribió la congresista.

Publicación de la parlamentaria.

Publicación de la parlamentaria.

El beneficio económico asignado a Alberto Fujimori será de S/15.600, correspondiente a su mandato en el periodo de 1990 a 2000. Cabe señalar, que hasta la fecha, el expresidente no ha pagado la reparación civil por los delitos por los que fue sentenciado a prisión.

Congreso rechazó pensión de Castillo, pero aprobó la de Fujimori

A principios de este año, el Congreso, con una abrumadora mayoría fujimorista, rechazó otorgar la pensión a Pedro Castillo debido a una acusación constitucional en su contra.

Pese a que existe una ley que prohíbe que los presidentes sentenciados reciban este beneficio, y que irónicamente, fue firmada hace 30 años por Alberto Fujimori, el Parlamento si aprobó el beneficio para el ex dictador.

En declaración a los medios, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, confirmó la decisión del Legisltativo, pese a que la calificó como «discutible».

Tras esta decisión, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, anunció que volverán a solicitar una pensión para su defendido.

«En mi recurso de apelación yo sustenté que esa disposición vulnera la presunción de inocencia. Una disposición legal no puede vulnerar derechos fundamentales como la pensión, que es un derecho que va directamente vinculado a la alimentación y a la vida de la persona. Yo lo dije, pero ellos no me hicieron caso. Pero ahora como se trata de Alberto Fujimori sí usan mi argumento para darles la razón», declaró.

Procuraduría puede solicitar embargo de pensión de Fujimori

Según el abogado Benji Espinoza, el Poder Judicial puede embargar la pensión de Alberto Fujimori, si la Procuraduría lo solicita.

«Vale el embargo. El indulto solo borra la ejecución de la pena, nada más, el indulto no exime, exonera, ni cancela la obligación del pago de la reparación civil. Por supuesto, que la Procuraduría es la legitimada para solicitar el embargo, tiene que pedírselo al juez y él decidir si acepta o no, pero es perfectamente posible», explicó el letrado.

Alberto Fujimori será el candidato presidencial de Fuerza Popular

A pesar de estar fuera del poder, Fujimori ha mantenido una influencia significativa en la política peruana a través de su partido, Fuerza Popular, liderado por su hija Keiko Fujimori. Keiko ha sido candidata presidencial en varias ocasiones y ha jugado un papel importante en la política del país.

Recientemente anunció que postularía como candidato por el partido fujimorista. Lo contradictorio de este anuncio es que Alberto Fujimori recibió el indulto humanitario por su avanzada edad y un diagnóstico oncológico.

El fundador del fujimorismo no puede participar en ninguna elección a cargo popular debido a que fue condenado a prisión. Sin embargo, el secretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, se mostró esperanzado en que se de esta candidatura.

«Está en el ADN del fujimorismo superar obstáculos», señaló.

 Keiko Fujimori anuncia candidatura de su padre, Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori anuncia candidatura de su padre, Alberto Fujimori.