Dina Boluarte no se va a pronunciar personalmente sobre fraude en Venezuela

Quienes esperaban que la presidenta Dina Boluarte rompiera su silencio sobre la situación en Venezuela ahora deben saber que no dirá ni una sola palabra a diferencia de mandatarios como el de Chile o Panamá, entre otros que han condenado frontalmente el fraude del chavismo.

El jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, descartó que la jefa de Estado vaya a realizar un pronunciamiento personal sobre lo que viene aconteciendo en Venezuela. El premier señaló que no lo considera necesario al ya haberse empleado las vías oficiales para tal fin.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo de Ministros precisó que, desde la Cancillería, se ha manifestado el deseo de que se exhiban las actas electorales de los comicios del último fin de semana. «Las comunicaciones oficiales están ahí», indicó, en clara referencia a la postura en defensa de la democracia que ha hecho el canciller Javier González Olaechea, quien ha respaldado a la oposción venezolana en diversos foros como el de la OEA.

«Las comunicaciones oficiales ya se han extendido. Reitero, el pedido del Estado peruano es que se produzca el conteo de las actas y se exhiban las actas y participen los observadores en el proceso. No vemos de momento de que la señora presidenta haga un pronunciamiento personalmente. En todo caso, las comunicaciones oficiales están ahí», dijo Adrianzén.

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue uno de los primeros en pronunciarse a poco de que el gobierno de Maduro anunciara su victoria, afirmando que su país “no va a reconocer otro fraude” en Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, Milei expresó: “Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que se reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”.

A través de X, la Presidencia de Perú se pronunció así en días pasados: «Ante la imposibilidad de demostrar fehacientemente su atribuido triunfo electoral, exhibiendo todas las actas con verificación internacional como solicitan los países y múltiples organismos internacionales, el régimen del señor Maduro anuncia el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Perú. Esta decisión solo formaliza la arbitraria decisión anterior de pedir la salida de los funcionarios diplomáticos y consulares peruanos, y de varios otros países de la región. El Perú lamenta profundamente el sufrimiento del hermano pueblo venezolano, y hace votos por el pronto triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela».

Pero si esperábamos escuchar a Dina Boluarte abordar el tema, lo cierto es que esto no pasará. Al menos, así lo dejó claro el premier.

Congresistas de Perú Libre recibieron financiamiento de la cancillería venezolana para viajar como «observadores»

El Congreso de la República está envuelto en una nueva polémica debido a las acciones de varios parlamentarios de Perú Libre que viajaron a Venezuela como “observadores” de las elecciones en dicho país.

Estos congresistas habrían incurrido en infracciones graves al ausentarse de sus funciones y al recibir financiación por parte de la cancillería venezolana para su viaje. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, confirmó que el gobierno venezolano cubrió los gastos de sus colegas.

CONGRESISTAS ENFRENTARÍAN ACUSACIONES PENALES
El abogado y experto en derecho parlamentario, Alejandro Rospigliosi, sostiene que los congresistas que viajaron a Venezuela podrían enfrentar acusaciones penales y sanciones por parte de la Comisión de Ética del Congreso.

Según Rospigliosi, el artículo 8 del Código de Ética Parlamentaria prohíbe la recepción de donaciones de gobiernos extranjeros, y el hecho de haber recibido financiamiento para el viaje constituye una violación de esta normativa.

Dina Boluarte no observó ley de impunidad que prescribe delitos de lesa humanidad y lo deja en manos del Congreso

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte dio un paso hacia el camino de la impunidad al no observar la ‘fujiley’ que prescribe delitos de lesa humanidad, la cual fue cuestionada por organismos nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el dictado de medidas provisionales al respecto, las mismas que fueron ignorados por el Poder Ejecutivo. Cumplido el plazo límite para que la autógrafa de ley sea observada, esta retornará al Congreso de la República para su promulgación.

La iniciativa impulsada por el fujimorismo favorece a quienes cometieron delitos de lesa humanidad en los años ochenta y noventa, ya que sentenciados y procesados por delitos considerados como de lesa humanidad podrían —amparados en esta ley— solicitar la anulación de las condenas o pedir la anulación de los procesos judiciales en curso.

Cabe resaltar que, todos los delitos tienen un periodo de prescripción, salvo los que la Fiscalía califica como crímenes de lesa humanidad a fin de garantizar que no haya impunidad en casos complejos que demoran décadas en resolverse por la vía penal. Lo que propone la iniciativa es que los delitos fueron cometidos antes del 2002, fecha en la que el Estado peruanos se adhirió al Estatuto de Roma, prescriban y queden sin castigo.

“Nadie será procesado, condenado, ni sancionado por los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, dije el proyecto fujimorista.

El Gobierno optó por no observar el proyecto, pese a que el Ministerio de Justicia evitó solicitar un informe a la Dirección General de Derechos Humanos. Sobre ello, solo establecieron quedar con la opinión técnica de la Dirección General de Asuntos Criminológicos, que considera que la norma es “viable con observaciones”.

Polémica por la Ley de impunidad

La iniciativa, promovida por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi y José Cueto, ha sido objeto de críticas por diversas entidades del Estado y organismos internacionales de derechos humanos, quienes han instado al Congreso a no respaldarla.

La Corte IDH recientemente le exigió al país anular la propuesta legislativa enfatizando que «a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que se deje sin efecto el proyecto de ley». No obstante, el Presidente del Consejo de Ministros se pronunció al respecto y dijo estar «indignado con lo resuelto» por la entidad.

El Ministerio Público a través de la Junta de Fiscales Supremos emitió un comunicado rechazando el proyecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su parte se mostró preocupada tras la primera votación argumentando que desobedecía las sentencias y la reparación de las víctimas del período de violencia política que afectó al Perú entre 1980 y 2000.

En tanto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) rechazó la aprobación en primera votación de la iniciativa legislativa a través de una publicación en sus redes sociales indicando: «Nos oponemos firmemente a una ley de amnistía que permite la prescripción de delitos de lesa humanidad en el Perú. Representa un grave retroceso en la búsqueda de justicia y verdad contra las violaciones a los derechos humanos», escribió el colectivo en su cuenta de X (antes Twitter).

Alberto Fujimori: Congreso aprueba pensión vitalicia para exdictador, pese a que no le corresponde por ser sentenciado

El Congreso declaró procedente pedido del exdictador Alberto Fujimori para recibir pensión vitalicia por su periodo como jefe de Estado (1990 -2000). El beneficio económico será de S/15.600 y se otorgó en respuesta a una solicitud de la defensa legal del expresidente en abril último. Contradictoriamente, ese mismo Parlamento decidió no otorgar un remuneración mensual al exmandatario Pedro Castillo por tener, al igual que Fujimori, una acusación constitucional en su contra.

«La Ley N.º 26519, establece pensión para los expresidentes, para cuyo efecto, establece dos reglas en sus artículos 1° y 2°; siendo la primera, la de ostentar la calidad de expresidente constitucional de la República; mientras la segunda es no encontrarse acusado constitucionalmente, ‘salvo que la sentencia judicial los declare inocentes’», se lee en el documento.

Posteriormente, el escrito indica: “La suspensión de la pensión es instrumental, pues se halla condicionada a posterior de la acusación constitucional a la declaratoria de inocencia. La exigencia de esta declaratoria de inocencia podría vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, reconocido por el literal e) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución […] En consecuencia y luego de la verificación antes mencionada, la solicitud […] resultaría procedente”.

Resolución del Congreso que da el beneficio económico a Fujimori. Foto: difusión

Tras esta explicación, la resolución de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso determinó que la solicitud «resultaría procedente».

De esta forma, se hizo efectivo el pedido realizado el último 24 de abril por la defensa legal del exmandatario. Solicitud que se realizó tan solo cuatro meses después de salir en libertad por orden del Tribunal Constitucional, que le restituyó el indulto otorgado por el exdignatario Pedro Pablo Kuczynski en el 2017.

Alberto Fujimori no puede recibir pensión vitalicia por acusación constitucional

Sin embargo, el artículo 2 de la Ley 26519 establece que este recurso no puede ser otorgado a un expresidente que ha sido acusado constitucionalmente y, en ese contexto, es encontrado culpable de la comisión de un delito.

En el caso concreto de Alberto Fujimori, el 30 de noviembre del 2000 el Congreso planteó una denuncia constitucional en su contra por una serie de delitos por los que, posteriormente, fue hallado culpable. En ese momento, el proceso de antejuicio siguió su curso y, el 23 de febrero del 2001, se inhabilitó a Fujimori del ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Por ende, quedó aprobada la acusación constitucional en su contra.

Congreso: Presentan proyecto de ley que busca ampliar sanción severa a jueces y fiscales

Desde el Congreso de la República se presentó una nueva iniciativa de ley que busca sancionar severamente a jueces y fiscales que ordenen, de manera irregular, la libertad de delincuente capturados en flagrancia. La propuesta fue hecha por el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante.

Según el proyecto de Muñante, la propuesta incluye la modificación de la Ley de Carrera Fiscal (Ley 30483) y Ley de Carrera Judicial (Ley 29277) para introducir nuevas causales de faltas muy graves.

Estas sanciones aplicarán a los operadores de justicia que dispongan la libertad de personas detenidas en flagrancia por delitos con penas mayores a cinco años.

“Vergonzosa actitud de algunos jueces y fiscales que liberan a los criminales, poniendo en riesgo latente a la población peruana, pues no sabemos en qué momento estos delincuentes vuelven a cometer sus fechorías. Esos cómplices del crimen, que fungen de magistrados, tienen que ser pasibles de las máximas sanciones”, precisó.

Muñante señaló que es necesario fortalecer el sistema de justicia sancionando la incorrecta administración de justicia. Esto en un contexto de ola de críticas que ha recibido el Poder Judicial y el Ministerio Público por el accionar de malos jueces y fiscales.

Kelly Portalatino: «Si hubiera dictadura en Venezuela no habría elección popular»

Kelly Portalatino aseveró que las elecciones en Venezuela se dieron de forma correcta, transparente y sin violencia. En ese sentido manifestó que hay democracia en dicho país.

«Si hubiera dictadura, se habla tanto de eso, si se diera eso no habría una política universal que es la elección popular. No hubieran 10 candidatos que participaron, con porcentajes que se publicaron, también estos mismos han tenido una libertad de prensa como la misma María Corina Machado», expresó en el programa ‘Todo Se Sabe’.

Portalatino señaló que el impacto de las elecciones venezolanas en el mundo se da «por el control y manejo de las reservas petroleras en el país». Por ello, criticó a los Estados Unidos por ser responsables de los bloqueos y sanciones que afectan la economía de esa nación.

«Venezuela produce el 17.5 % de petróleo a nivel mundial. ¿Saben cuántos millones han perdido por los bloqueos económicos y comerciales? tienen 936 sanciones… ¿Por qué Estados Unidos siguen sancionando a Venezuela? si fuera a Perú estaríamos en un caos. En todos los gobiernos hay crisis económicas», manifestó.

Las congresistas de Perú Libre María Agüero y Kelly Portalatino participaron como veedoras en las elecciones venezolanas y aseguraron anoche, tras volver al país. que hubo “transparencia” en el proceso electoral que le otorgó al líder chavista un tercer mandato.

Caso Cerrón

Kelly Portalatino aseguró que ella declarará ante la Fiscalía por la investigación que se le sigue a Vladimir Cerrón. En su opinión, está siendo violentada como mujer y política tras la difusión de unos supuestos chats entre ella y el exgobernador regional.

«Jamás voy a obstaculizar la investigación como madre de la patria. El Ministerio Público, en la primera notificación para declarar como testigo en el caso del 2021, ya inmediatamente por no ir me imputan o me llaman a la fuerza. Hoy me he acercado a la Fiscalía, pero ni siquiera ha estado el fiscal», añadió.

La parlamentaria recalcó que no se ha comunicado con Vladimir Cerrón y jamás ayudó en su fuga. Como se sabe, el líder de Perú Libre está con paradero desconocido.