El parlamentario de la bancada de Cambio Democrático- Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, informó que no escuchará el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por fiestas patrias debido a que la jefa de Estado tiene investigaciones en su contra, lo cual deja un mal precedente de ella como representante del país.
«Están demostrando que parece que importa más los Rolex que la vida de las personas. Es lamentable. Como el año pasado, no espero nada, es más, no pienso ni escucharla, no tengo paciencia ya con la gente que le hace tanto daño a mi país», dijo para los medios.
El parlamentario destaca que tuvo la misma conducta el año pasado para este mismo día festivo, pero aquella vez el motivo fue por las masacres que se perpetraron durante las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte, entre los períodos de diciembre de 2022, luego de tomar juramento, hasta marzo de 2023.
Bermejo, en la actualidad, enfrenta varias investigaciones en su contra. Una de ellas es la que comparte con el congresista Guido Bellido, quien no tiene afiliación partidaria, por el presunto delito de terrorismo y otros, debido a una supuesta vinculación con el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Guillermo Bermejo y Guido Bellido habrían amedrentado a testigo para que no declare por investigación por terrorismo
Según la acusación fiscal, los congresistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido habrían obstruido el testimonio de Bobby Eddy Villarroel, conocido como ‘Sacha’, ante la Dircote durante una investigación en su contra.
Se dice que los parlamentarios habrían realizado maniobras para contactar directamente a Villarroel y evitar que testificara, utilizando al abogado Jhon Kleber Benites Tangoa, afiliado a Perú Libre, como intermediario en este proceso.
Se le habría ofrecido a ‘Sacha’ apoyo logístico, asilo político y protección para él y su familia a cambio de su silencio. Sin embargo, Villarroel interpretó este ofrecimiento como una amenaza. A pesar de no haber testificado ante la Dircote, finalmente informó a la Fiscalía sobre lo sucedido.
Procuraduría pide pago de S/247 mil a Guillermo Bermejo y Guido Bellido por obstrucción a la justicia La Procuraduría General del Estado ha solicitado que los congresistas Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-JPP) y Guido Bellido (Perú Bicentenario) paguen una reparación civil de S/247,500 al Estado, en relación con la acusación de obstrucción a la justicia.
«Se les acusa de impedir que el exmilitar Bobby Eddy Villarroel Medina, también conocido como ‘Sacha’, declare ante la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dircote) durante una investigación en su contra.»
En caso de ser encontrados culpables, estarían obligados a pagar esta suma, según lo dictaminado por el juez supremo Juan Carlos Checkley en el marco de la investigación preparatoria, que incluye el pedido para que la Procuraduría participe como parte civil en el proceso.
Este lunes, la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal inició investigaciones preliminares contra Kelly Portalatino, congresista de la República por Perú Libre, por el presunto delito de encubrimiento personal.
Esto luego de que se difundieran presuntas conversaciones entre la parlamentaria y el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, a quien aconsejó que cambie de ubicación para que no sea capturado por las autoridades.
La Fiscalía Suprema Penal es la encargada de la investigación debido a que se trata de un delito común y no uno de función.
“Urgente, cambia de ubicación… No te expongas”
Panorama puso al descubierto conversaciones de WhatsApp entre la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, y el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, a quien le da instrucciones permanentes para mantenerse escondido y no ser capturado por la Policía Nacional.
Estas comunicaciones se habrían dado durante el mes de enero de este año. En uno de los chats, la parlamentaria le dijo a Cerrón: “Urgente, tema formal. Tema fiscal”. Y dos minutos después le escribió en señal de alerta: “Cambia de ubicación, toma tus providencias, no te expongas”.
En un tercer mensaje con la aparente intención de que la conversación se vuelva más segura y secretas, le escribe “Telegram”, una aplicación más segura que WhatsApp.
La réplica de Cerrón llegó dos días después, cuando le escribió: “¿Te llamo?”. Según el dominical, las comunicaciones fueron descubiertas por uno de los trabajadores de la legisladora en una computadora que ella usaba.
Panorama buscó a Kelly Portalatino para obtener su versión: “Yo quiero dejar sentado que siguen estigmatizando a la mujer, viéndolo como un acto de machismo. Espero que no se dé a ningún acto de estar editando, particularmente voy a dar la entrevista presencialmente”.
En su oportunidad, solicitaremos el pago de una reparación económica por el daño personal y familiar que ha ocasionado una investigación ilógica y el juicio erróneo al que se le somete en el caso Cócteles, anunció el abogado de la ex tesorera de Fuerza 2011, la genetista y bióloga Antonietta Gutiérrez Rosati.
El abogado defensor no precisó si la demanda estará dirigida contra el Estado o el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez o si incluirá a algún juez del Poder Judicial.
«Ante estos años, más de 10 años de investigación, desde la etapa preliminar, todo lo que ha conllevado este proceso, un desgaste emocional, el deterioro de su actividad internacional y nacional, su prestigio profesional, el daño personal y a su familia, en su oportunidad solicitaremos un resarcimiento», precisó el abogado.
La defensa de Antoniietta Gutiérrez hizo este anunció al presentar su alegato de apertura ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado que realiza el juicio a Keiko Fujimori y otros 39 acusados por delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en trámite administrativo.
Antonietta Gutiérrez Rosati, explicó el abogado, es genetista, especialista en biología y catedrática de la universidad Agraria, que por interés político y medio ambiental el año 2009 se afilió a Fuerza 2011, siendo designada secretaria en temas de medio ambiente y, en adición a sus funciones, en julio de 2009, se le encargó organizar el área de tesorería del partido.
Como organizadora de tesorería, realizó actividades de capacitación, implementó un software para el control de ingresos y gastos, y el 30 de marzo de 2010, abrió dos cuentas bancarias del partido, una en soles y otra en dólares, con fondos del balance inicial presentado a ONPE, el 28 de mayo de 2010.
Además, según la fiscalía, habría tenido participación en otros siete depósitos realizado por Adriana Tarazona en septiembre, octubre y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011, anotó.
El abogado precisó que desde el 28 de septiembre de 2010 había solicitado licencia en el partido por actividades fuera del país y, a su retorno, en diciembre de 2010, presentó su renuncia que es registrada en ONPE en febrero de 2011.
A partir de estos hechos, la defensa señala que Antonietta Gutiérrez ya no pertenecía a Fuerza 2011 cuando, según la fiscalía, se produce la captación de los fondos de origen ilícito y su ingreso al sistema financiero por los llamados pitufos.
Por lo que consideró ilógico y un error que se le someta a juicio y que la fiscalía solicite contra Gutiérrez Rosati una pena de 22 años y 10 meses de prisión por delitos de organización criminal y lavado de activos.
El abogado solicitó la absolución de la ex tesorera de Fuerza 2011. Es de suponer, que una vez que quede libre de la acusación y se archive el proceso en su contra, procederá a realizar su reclamó de reparación civil-
La defensa de Antonietta Gutiérrez no es la única que habla de un proceso sin sustento probatorio y teórico, pero si es la primera que deja abierta la posibilidad de un demanda de resarcimiento económico por el presunto abuso del Ministerio Público o el error del Poder Judicial al realizar y convalidar la investigación y el juicio público.
Dionisio Romero Paoletti estaba obligado a informar los desembolsos de dinero en efectivo a la candidata presidencial fujimorista, pero nunca lo hizo, por lo que la Superintendencia de Banca y Seguros formó un equipo ad hoc que determinó las responsabilidades del banco y lo sancionó con S/1.700.000. La Fiscalía ha presentado como prueba la supervisión de la SBS.
El 3 de noviembre de 2010, el Banco de Crédito del Perú (BCP) desembolsó clandestinamente la primera de 17 entregas de dinero por un total de US$3,65 millones a favor de Keiko Fujimori durante el periodo de su campaña presidencial. La última fracción la completó el 23 de mayo de 2011. Después de 8 años y 6 meses de esta última fecha, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) se enteró de los aportes secretos del BCP a Fujimori, pero no porque se lo informó la entidad bancaria. El 18 de noviembre de 2019, el entonces presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, confesó ante el equipo especial Lava Jato sobre los abonos millonarios a la aspirante fujimorista con fondos del BCP. Recién entonces la SBS supo de lo sucedido, y el 29 de noviembre de 2019 designó a un Grupo de Trabajo Ad Hoc para que determine las responsabilidades de los involucrados.
El informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS encontró que un grupo de directivos y funcionarios de primer nivel del BCP, incluido Dionisio Romero Paoletti, perpetró una serie de vulneraciones de las normas del sistema bancario, por lo que recomendó, además de la aplicación de varias medidas, una sanción pecuniaria.
El documento relata el hecho supervisado por el equipo: “En respuesta a los requerimientos (de documentación), y como resultado de las declaraciones efectuadas por los diferentes trabajadores y funcionarios del BCP, se determinó que la decisión de realizar los aportes a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), así como el hecho de mantenerla con carácter de reservada, provino de Dionisio Romero Paoletti (presidente del Directorio y chief executive officer, CEO, de Credicorp, y presidente del Directorio del BCP), y fue coordinada y aceptada por Walter Bayly Llona (COO o gerente general adjunto de Credicorp y gerente general. (…) Las entregas de efectivo fueron realizadas por José Luis Muñoz (gerente de la División de Contabilidad) en la oficina del señor Romero”.
El informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS forma parte de la evidencia que el fiscal José Domingo Pérez ha acreditado al tribunal del caso Cócteles sobre el origen opaco del dinero que Dionisio Romero Paoletti suministró a Keiko Fujimori a espaldas del Directorio del grupo bancario que entonces encabezaba y sin que lo reportara a la SBS como correspondía.
En el periodo en el que recibió los US$3,65 millones de manos de Dionisio Romero Paoletti —de noviembre de 2010 a mayo de 2011—, Keiko Fujimori ejercía como congresista, por lo que actuaba como funcionaria pública. Y al presentar su declaración jurada de hoja de vida al Jurado Nacional de Elecciones como candidata a la presidencia, no consignó el dinero que le proporcionó el banquero Romero.
LA BÓVEDA DE LA MOLINA
El esquema de extracción de los fondos que se destinaron a Keiko Fujimori fue el siguiente, según pudo corroborar la SBS: el efectivo salía de la bóveda de la sede principal del BCP en La Molina, y luego las sumas fueron compensadas en las cuentas del BCP en el Atlantic Security Bank (ASB), Estados Unidos. Esta modalidad de operaciones contraviene la Ley General del Sistema Financiero.
Además, la decisión de entregar dinero no fue corporativa, sino unilateral, al margen del conocimiento de las autoridades tanto de Credicorp como del BCP: “Los directorios en ambas entidades no formaron parte de la decisión ni fueron informados con posterioridad. Ninguno de los funcionarios (gerentes y directores) que formaron parte de dicho proceso, y que tuvieron conocimiento del destino de las operaciones, informó al Directorio del BCP sobre las operaciones realizadas con su vinculada (Credicorp)”, precisa el informe del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS.
También cuestionó la manera en que se le suministró el dinero a Dionisio Romero para que este hiciera los 17 desembolsos a Keiko Fujimori: “La operativa de los retiros en efectivo para realizar los aportes fueron decididas por un único funcionario (el gerente de la División de Contabilidad), pese a la relevancia de la operatividad en el proceso de aportes”, conforme al informe de supervisión de la SBS.
Lo que se confirmó fue que el efectivo salió de la sede principal, en La Molina: “Se verificó que la generación de retiros de fondos en efectivo se inició con la emisión de correos electrónicos mandatarios para que la Oficina Sede Central de La Molina gestione los retiros en efectivo, el detalle de cada una de las 17 transacciones y la relación de los funcionarios que solicitaron la habilitación de fondos en efectivo”, se indica en el informe confidencial de la SBS.
DIRECTO A LA LAVADORA
Según el fiscal José Domingo Pérez, las entregas de dinero en efectivo a Keiko Fujimori, al margen del sistema bancario, podría haber tenido como finalidad evitar la trazabilidad de los US$3,65 millones. Hasta el momento, la excandidata presidencial no ha manifestado el destino final de los fondos del BCP, aunque se sospecha que una parte debe haber sido depositada a cuentas del partido fujimorista por falsos aportantes o lavadores de dinero. Los llamados ‘pitufos’.
Tanto la defensa de Dionisio Romero Paoletti como la de Keiko Fujimori señalan que el origen de los US$3,65 millones es lícito y que, en consecuencia, no hubo lavado de activos. En cambio, el fiscal Pérez argumenta que el origen ilícito se dio cuando Romero dispuso de los fondos del BCP sin conocimiento del directorio, lo que constituirá el delito de fraude de la administración de personas jurídicas. Este es un hecho que consta en el informe confidencial del Grupo de Trabajo Ad Hoc de la SBS: “Determinación de responsabilidades. (…) Los señores Dionisio Romero Paoletti en su condición de presidente del Directorio de Credicorp y CEO de Credicorp y presidente del Directorio del BCP, y Walter Bayly llona, en su condición de gerente general adjunto de Credicorp y gerente general del BCP, al tomar la decisión de efectuar a la campaña del partido político Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular), sin informar al Directorio tal decisión”.
Y completa el alcance de la responsabilidad: “(Este) hecho tampoco fue comunicado en su oportunidad al órgano supervisor, sino recién se tomó conocimiento como consecuencia de una declaración brindada ante el Ministerio Público, en el marco de una investigación penal (caso Cócteles)”.
La SBS resalta la admisión de los hechos por parte de Dionisio Romero Paoletti: “Conforme a lo señalado en su declaración (de Romero), no se realizó consultas al Área de Riesgos, Legal, Cumplimiento y Auditoría, ante una decisión que no solo implicaba o comprometía a Credicorp y sus subsidiarias, sino que trascendía fuera del alcance de las mismas, como es el financiamiento a una campaña electoral”.
Pero, además, Romero estaba obligado a dar cuenta de los aportes: “El señor Romero, al tomar la decisión de brindar el aporte a la campaña presidencial de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) contaba con el cargo de director gerente general, por lo cual, según el numeral 4.3 del Estatuto de Credicorp, estaba facultado ‘a administrar todos los asuntos y actividades generales de la Compañía, bajo el control del Directorio’, respecto a lo cual no se identificaron los sustentos del reporte al Directorio de Credicorp sobre dichas operaciones (los 17 desembolsos para Keiko Fujimori”. Es decir, actuó contra las propias reglas del banco al no informar sobre los US$3,65 millones para la excandidata presidencial. Dionisio Romero lo contará todo cuando se presente a la audiencia del caso Cócteles.
LA SANCIÓN
La Superintendencia de Banca y Seguros confirmó que impuso una sanción económica de 400 UIT (alrededor de S/1.760.000) al Banco de Crédito del Perú por no haber informado de los aportes a Keiko Fujimori en la campaña de 2011. El BCP cumplió con el pago en abril de 2021.
Consultado el BCP, admitió que la SBS aplicó sanciones administrativas, pero que no mencionó delitos. “La SBS no señaló que el origen de los fondos que el señor (Dionisio) Romero entregó a la señora Keiko Fujimori fuese ilícito ni que existiese un caso de fraude. Lo que hizo la SBS fue sancionar al BCP por incumplir procedimientos internos en el registro de las operaciones de los aportes de campaña que realizó Credicorp y que provenían de los dividendos de esta última empresa, como prueba su información contable auditada”, dijo el BCP a La República.
La audiencia culminó y se programó para el próximo 24 de julio.
ACTUALIZACIÓN: 11:40 A.M.
Sobre la situación del acusado Efraín Goldenberg Schereider se informó que su estado de salud es muy delicado, por lo que no se puede presentar a la audiencia.
Goldenberg Schreiber fue presidente del Consejo de Ministros, ministro de Economía y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alberto Fujimori. Actualmente tiene 94 años.
Por su parte, el abogado Edwar García Navarro (6 años y 6 meses) refirió que se le acusa injustamente por haber recibido el aporte voluntario de numerosos empresarios. “Esa verdad fue manipulada y destruida, mejor dicho criminalizada”, indicó, al tiempo de considerar que la tesis fiscal no tiene sustento.
Entre 2016 y 2017 participó del patrocinio de la defensa de Keiko Fujimori como parte del estudio Oré Guardia.
Negó que haya recurrido a la obstrucción de justicia como sostiene la Fiscalía y se mostró confiado en la participación de los aportantes, quienes declararán que no sufrieron amenazas o amedrentamientos.
En esa línea, aseveró que el estudio jamás hostigó a empresarios, por lo que pidió que se le absuelva, pues defender a una persona no es delito.
La defensa de Lorena Gamero Calero lamentó que se le atribuya los actos de amenaza a 17 testigos del caso que se sigue a Keiko Fujimori. Según dijo, en este juicio oral se podrá confirmar que su patrocinada es una abogada independiente y que fue contratada para realizar actos lícitos y ejercer defensa a una serie de patrocinados.
La tesis fiscal considera que los letrados como Gamero han “obstaculizado la acción de la justicia” al inducir que los presuntos aportantes de campaña presenten falsos testimonios en sus respectivos interrogatorios.
La abogada de Nolberto Rimarachi Díaz, por quien se pide una condena de 11 años y 5 meses, explicó que su defensa se basará en probar que se trata de un ciudadano de pie del que se aprovecharon de su confianza y le hicieron firmar un documento como favor. ¿Quién fue esa persona? Rolando Reátegui, entonces congresista de la región San Martín. “Es un agricultor, tiene quinto año de secundaria”, dijo, para advertir que se aprovecharon de su condición.
Su patrocinado, de acuerdo con la defensa, firmó un documento en blanco por el aprecio y cariño que le tenía a Reátegui. La abogada cuestionó que se le considere como parte de una organización criminal. “Ha sido un tonto útil”, acotó, para luego decir que Rimarachi no tiene recursos ni para sobrevivir: “En esta sala deben estar otras personas que se aprovecharon de la buena fe de otros. Estoy segura de que al final de este juicio se le absolverá de los casos que se le imputan. No hay que temer al enemigo que nos ataca sino al amigo que nos abraza”.
En tanto, la defensa de Danae Calderón Castro (6 años y 6 meses) también salió al frente para negar los cargos. “No se podrá probar que mi patrocinada es parte de la organización criminal liderada por la señora Keiko Fujimori”, sostuvo, y desmintió que Calderón haya sido parte del estudio Oré Guardia.
Así, desmintió que su patrocinada haya viajado a la región San Martín para buscar aportes y ejercer amenazas. Lo que si admitió fue un viaje a Tarapoto por pedido de su colega Luis Mejía Lecca en 2017.
Mejía Lecca es extesorero legal de Fuerza 2011. La Fiscalía lo acusa de haber cometido los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica y obstrucción a la justicia. El Ministerio Público pidió que sea condenado a 22 años y 8 meses de prisión.
ACTUALIZACIÓN: 10:44 A.M.
Milagros Maravi Sumar, por quien la Fiscalía pide 11 años y 4 meses por delito de lavado de activos, considera que se han presentado las pruebas necesarias para demostrar su inocencia. Así lo señaló esta mañana su defensa.
En tanto, la defensa de Raúl Maravi Sumar (11 años y 4 meses) declaró que su cliente como un empresario dedicado al comercio decidió de manera libre aportar a Fuerza Popular. Meses después, recibió un correo de la ONPE pidiéndole la constancia del abono. “Mi cliente remite el abono. ¿Dónde está el delito en esa acción?”.
“No hay un honor más grande que defender a un inocente”, dijo la abogada de Maraví.
La audiencia entró en receso hasta las 11:00 a.m.
ACTUALIZACIÓN: 10:20 A.M.
La defensa de Luis Barboza Dávila dijo que su patrocinado era en 2018 un contador colegiado que trabajaba en la ONPE y que tras el “proceso” enfrenta una acusación que le ha hecho perder todo, como su trabajo y su familia. “Actualmente padece serios problemas de salud”, afirmó.
El Poder Judicial resolvió levantar el impedimento de salida del país impuesto a la excongresista aprista Luciana León, investigada por el presunto delito de tráfico de influencias agravado y otros. La medida fue dictada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, luego de que se venciera el plazo de 36 meses de la medida restrictiva.
“Resuelve: Levantar la medida de impedimento de salida del país de la ciudadana: Luciana Milagros León Romero (…), impuesta con la Resolución N.º 02 del 31 de enero de 2020, por el plazo de treinta y seis (36) meses y consentida mediante Resolución N.° 04 del 12 de noviembre de 2021″, indica la resolución judicial.
Asimismo, el fallo ordena que se le devuelva a la exparlamentaria (2006-2020) el pasaporte diplomático de la República del Perú y el Pasaporte de la República del Perú, cuya titular es León.
Como se recuerda, en enero de 2020, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra Luciana León Romero. En el marco de las diligencias realizadas, se allanó dos veces su departamento por el caso Los Intocables Ediles.
El Ministerio Público señala que la excongresista habría recibido dinero de una organización liderada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba para lograr que el distrito reciba mayor presupuesto.
A la exparlamentaria aprista se le sindican los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación en agravio del Estado. Asimismo, en 2023, el Pleno del Congreso aprobó dos proyectos de resolución legislativa que declaran haber lugar a la formación de causa penal contra León por aquellos delitos.
ENFOQUE REAL 