PJ solicitó acciones disciplinarias contra jueces que programaron para el 2037 juicio oral por presunta violación

La Corte Superior de Justicia de San Martín rectificó este miércoles una decisión controversial de los jueces Marco Antonio Tipiani Valera, Carlos Vásquez Torres y Amstrom Delgado Huamán, del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tarapoto, quienes programaron un juicio para el año 2037 contra dos sujetos acusados de realizar tocamientos indebidos a dos niños en el 2022.

Los magistrados justificaron su decisión debido a una “excesiva carga procedente de Tarapoto, Lamas, El Dorado y Picota, Alto Amazonas – Yurimaguas, Nueva Cajamarca, Rioja y Moyobamba”.

La CSJ San Martín emitió un pronunciamiento donde cuestionó el accionar de los magistrados. Además, anunció la solicitud del inicio de acciones disciplinarias:

«No compartimos la conducta de los señores jueces especializados titulares integrantes de dicho Juzgado, de programar el juicio oral […] para el año 2037; por lo que, de acuerdo con el ordenamiento legal, se ha comunicado al Órgano de Control Disciplinario, inicie las acciones disciplinarias para evaluar y pronunciarse sobre las medidas disciplinarias que corresponden por el comportamiento de dichos jueces», se lee en el comunicado. 

Juicio inicia este año

En este contexto, la CSJ San Martín informó que los jueces aludidos reprogramaron el inicio de este juicio oral para el cinco de diciembre del 2024, a las ocho de la mañana, para “reparar en algo el grave daño ocasionado a las víctimas, a los acusados y a la sociedad”.

«Brindamos disculpas ante la opinión pública. Dejando expresa constancia que la Presidencia de la Corte no programa las fechas de los juicios orales. Estos son actos procesales de responsabilidad de los propios jueces y, eventualmente, pueden ser cuestionados por los abogados de las víctimas, de los acusados y por el Ministerio Público».

Gral. Óscar Arriola asegura que tras capturar a Vladimir Cerrón se sabrá quiénes lo ayudaron a escapar

Durante una entrevista para el programa «Nunca es tarde», el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, se refirió al caso Vladimir Cerrón, aseverando que a pesar de los 9 operativos fallidos, el exgobernador de Junín va a ser capturado, y que cuando esto suceda se sabrá quiénes ayudaron a que pueda evadir la justicia durante más de 290 días.

Además, Arriola explicó que la Policía se encuentra planteando líneas de investigación a través de posibilidades basadas en indicios que puedan generar una prueba inicial. «Podemos hacer hipótesis varias a la interna, pero no podemos decirlas», señaló.

«Cuando caiga Cerrón, que va a suceder, con toda seguridad, estaremos dando cuenta de los por menores de su estadía, de los que colaboraron con él, de los que le prestaron equipos de comunicación, de los que hicieron una desviación de su señal, etc», agregó.

¿Cuál será el accionar de la PNP ante el anuncio de marchas por Fiestas Patrias?

El general de la PNP, Arriola, indicó que con el fin de mantener unas Fiestas Patrias tranquilas, buscarán «minimizar los riesgos y hacer intervenciones». En esa línea precisó que harán operativos vehiculares en las entradas de Lima, con el fin de evitar la entrada de personas con requisitoria por el tráfico de drogas.

Con el fin de evitar tragedias durante las protestas, Arriola informó que se ha pedido la participación del Ministerio Público en las fiscalías de prevención para que acompañen a los policías y a los protestantes.

Congreso aprobó designación de César Enrique Aguilar como nuevo contralor

Conforme al artículo 82 de la Constitución y el artículo 93 del Reglamento del Congreso, la Comisión Permanente aprobó la designación de César Enrique Aguilar Surichaqui como contralor general de la República, con 28 votos a favor.

Este nombramiento avanza según los procedimientos estipulados en la normativa vigente, marcando un hito en el proceso de selección para el cargo de contralor general y garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

INFORMACIÓN PREVIA

La Comisión Permanente del Congreso sesionará hoy, miércoles 24 de julio, para revisar el informe final de la subcomisión que avaló la candidatura del abogado César Enrique Aguilar Surichaqui para el puesto de contralor general de la República. La sesión semipresencial, convocada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dio inicio a las 10:00 a.m. en la sala Grau del Palacio Legislativo.

El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Alejandro Cavero, dio su aprobación mayoritaria a la propuesta del Poder Ejecutivo con 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. La subcomisión determinó que Aguilar Surichaqui cumple con los requisitos necesarios para el cargo después de revisar las exigencias legales y la documentación correspondiente.

Se sugiere remitir el informe final a la Comisión Permanente para su evaluación y que se invite a César Enrique Aguilar para que aclare o precise la información contenida en la constancia de trabajo emitida por la gerente general de la Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada Aguilar & Motta Abogados. Además, se revisará el informe final en minoría, firmado por el congresista Héctor Valer Pinto.

El grupo de trabajo, encabezado por el congresista Alejandro Cavero, dio su aprobación mayoritaria a la propuesta del Poder Ejecutivo con 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

¿QUIÉN ES CÉSAR AGUILAR SURICHAQUI?

César Enrique Aguilar Surichaqui ocupa actualmente el cargo de presidente de la Sala 1 del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General, puesto que ha desempeñado en tres oportunidades.

En su carrera, fue abogado en la procuraduría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, secretario de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República y magistrado en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Fiscalía detuvo a cuatro policías de la Depincri Comas por presuntamente pedir dinero a un detenido

El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte, junto a la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú, allanó la Depincri de Comas debido a un posible acto de corrupción.

Según las investigaciones, cinco suboficiales habrían solicitado dinero a un detenido a cambio de bajar el pesaje de la droga hallada en su posesión. Por ello, los policías serán investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Esta diligencia estuvo a cargo de la fiscal provincial Edith Mabel Cabrera García, quien señaló que se incautaron equipos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos de almacenamiento, tarjetas bancarias, documentos, entre otros de esta dependencia policial en Comas. En este allanamiento fiscal también se intervino las viviendas de cuatro efectivos.

El Poder Judicial dio las autorizaciones para estos allanamientos y también dictó una detención preliminar por siete días de los cincos policías, de los cuales cuatro fueron detenidos en las diligencias, mientras que hay uno que se encuentra como no habido.

Portalatino no enfrentaría cargos de comprobarse que tiene una relación sentimental con Vladimir Cerrón

Los recientes chats descubiertos entre la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre y el prófugo Vladimir Cerrón indicarían que la parlamentaria habría sabido la ubicación del exgobernador regional de Junín. El programa dominical «Panorama» informó que Portalatino fue quién alertó a Cerrón para que cambiara de residencia y que además, le aconsejó que conversaran a través de la aplicación Telegram.

Ante esto, el Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, decidió abrir una investigación preliminar contra Portalatino por el posible delito de encubrimiento personal. La República conversó con el abogado penalista Benji Espinoza, quien explicó que existen dos salidas para el caso de la exministra de Salud.

Portalatino podría evitar cargos de comprobar tener una relación sentimental con Vladimir Cerrón

De acuerdo con el abogado penalista, si la defensa de Portalatino argumenta que la parlamentaria, en realidad, tiene una relación sentimental con Cerrón, en ese caso, existiría una figura llamada excusa absolutoria. «Si yo encubro a mi hermano, a mi papá, a mi pareja, hay delito, pero no me imponen ninguna pena porque existe la excusa absolutoria», explica.

En ese caso, especifica que «el proceder de la defensa es solicitar el archivo, alegando la excusa absolutoria que entre parejas no hay encubrimiento».

Portalatino podría tener una condena de hasta 6 años de prisión preventiva

Espinoza indicó que de no comprobarse que mantienen una relación sentimental, la parlamentaria Portalatino podría recibir una pena de 3 hasta 6 años de pena privativa de la libertad, de acuerdo al artículo 404 del Código Penal. Agregó que no le corresponde la agravante porque esto solo se aplica cuando el funcionario público está encargado de la custodia de la investigación del caso, es decir, tendría que ser jueza, fiscal o policía del caso Cerrón.

Cabe indicar, que el letrado recalca que para comprobar que la congresista es culpable de encubrimiento, la Fiscalía debe continuar con las investigaciones porque las «impresiones o capturas de chats de WhatsApp no sirven, lo que necesitan es la fuente, el celular donde se registran las comunicaciones o que de ese celular se puedan extraer las comunicaciones y que la Fiscalía pueda acreditar, a través de un fedatario que dichas conversaciones vienen de tal celular».

Juicio a Keiko Fujimori: Abogado de acusada anuncia que demandarán pago de una reparación económica

Por error judicial. Antonietta Gutiérrez Rosati, genetista y bióloga, se desempeñó como tesorera de Fuerza 2011 entre julio de 2009 a febrero de 2011, antes que supuestamente ingresará el dinero ilícito, según su abogado.

En su oportunidad, solicitaremos el pago de una reparación económica por el daño personal y familiar que ha ocasionado una investigación ilógica y el juicio erróneo al que se le somete en el caso Cócteles, anunció el abogado de la ex tesorera de Fuerza 2011, la genetista y bióloga Antonietta Gutiérrez Rosati.

El abogado defensor no precisó si la demanda estará dirigida contra el Estado o el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez o si incluirá a algún juez del Poder Judicial.

«Ante estos años, más de 10 años de investigación, desde la etapa preliminar, todo lo que ha conllevado este proceso, un desgaste emocional, el deterioro de su actividad internacional y nacional, su prestigio profesional, el daño personal y a su familia, en su oportunidad solicitaremos un resarcimiento», precisó el abogado.

La defensa de Antoniietta Gutiérrez hizo este anunció al presentar su alegato de apertura ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado que realiza el juicio a Keiko Fujimori y otros 39 acusados por delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en trámite administrativo.

Antonietta Gutiérrez Rosati, explicó el abogado, es genetista, especialista en biología y catedrática de la universidad Agraria, que por interés político y medio ambiental el año 2009 se afilió a Fuerza 2011, siendo designada secretaria en temas de medio ambiente y, en adición a sus funciones, en julio de 2009, se le encargó organizar el área de tesorería del partido.

Como organizadora de tesorería, realizó actividades de capacitación, implementó un software para el control de ingresos y gastos, y el 30 de marzo de 2010, abrió dos cuentas bancarias del partido, una en soles y otra en dólares, con fondos del balance inicial presentado a ONPE, el 28 de mayo de 2010.

Además, según la fiscalía, habría tenido participación en otros siete depósitos realizado por Adriana Tarazona en septiembre, octubre y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011, anotó.

El abogado precisó que desde el 28 de septiembre de 2010 había solicitado licencia en el partido por actividades fuera del país y, a su retorno, en diciembre de 2010, presentó su renuncia que es registrada en ONPE en febrero de 2011.

A partir de estos hechos, la defensa señala que Antonietta Gutiérrez ya no pertenecía a Fuerza 2011 cuando, según la fiscalía, se produce la captación de los fondos de origen ilícito y su ingreso al sistema financiero por los llamados pitufos.

Por lo que consideró ilógico y un error que se le someta a juicio y que la fiscalía solicite contra Gutiérrez Rosati una pena de 22 años y 10 meses de prisión por delitos de organización criminal y lavado de activos.

El abogado solicitó la absolución de la ex tesorera de Fuerza 2011. Es de suponer, que una vez que quede libre de la acusación y se archive el proceso en su contra, procederá a realizar su reclamó de reparación civil-

La defensa de Antonietta Gutiérrez no es la única que habla de un proceso sin sustento probatorio y teórico, pero si es la primera que deja abierta la posibilidad de una demanda de resarcimiento económico por el presunto abuso del Ministerio Público o el error del Poder Judicial al realizar y convalidar la investigación y el juicio público.