Mesa Directiva: Cuestionan candidatura de Eduardo Salhuana por vínculos con la minería informal

En entrevista con Exitosa, el exviceministro de gestión ambiental, José de Echave, señaló que el congresista Eduardo Salhuana, a través de iniciativas legislativas, ha favorecido a la minería informal.

Durante el diálogo con Luis Aguilar en Hablemos Claro, criticó al parlamentario por sus presuntas vinculaciones con este tipo de minería e indicó que habría ejercido como abogado defensor de un minero informal que fue beneficiado con la derogatoria de una norma que buscaba frenar este tipo de actividad minera.

«La pregunta no es en futuro, no es si podrá. El señor Salhuana, desde que está en el Congreso de la República, ya ha venido desarrollando un conjunto de iniciativas a favor de este tipo de minería», declaró para nuestro medio.

Critican candidatura de Eduardo Salhuana

Según precisó, hasta el momento, Salhuana ha recibido 63 visitas de gremios vinculados a este tipo de actividad. Además, varias de sus propuestas legislativas apuntan a este sector. Entre ellas, prorrogar la vigencia de la formalización de las empresas dedicadas a la minería informal.

José de Echave señaló que las autoridades que han representado el departamento de Madre de Dios, como el congresista Salhuana, son personajes vinculados a este tipo de minería. «Están utilizando el espacio político para favorecerla», resaltó.

«Varias de las iniciativas que el congresista Salhuana ha impulsado están referidas a esta actividad. La ley 31989 derogó una disposición y un decreto legislativo que facultaba a la Policía Nacional a actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos por parte de personas que tenían la inscripción suspendida en el registro de formalización minera», señaló.

Eduardo Salhuana lidera Lista N°1

El último jueves se precisó que la Lista N°1 está liderada por el congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana; acompañado por la parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez Gallegos, en la primera Vicepresidencia; seguida de Waldemar Cerrón Rojas de la bancada de Perú Libre, quien aspira a la segunda Vicepresidencia; y con Alejandro Cavero de Avanza País en la tercera Vicepresidencia.

Esta conformación ha sido duramente criticada debido a que se trata de la misma lista parlamentaria que hoy dirige la Mesa Directiva del Congreso. Además, también ha recibido una serie de comentarios negativos producto de la presunta vinculación de Salhuana con la minería ilegal.

De esta manera, se dio a conocer que el congresista Eduardo Salhuana viene siendo criticado por sus vinculaciones a la minería ilegal, ello en el marco de su candidatura a la presidencia del Congreso de la República.

Patricia Benavides: Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra su exasesor Miguel Girao

El juez Raúl Justiniano, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el pedido del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y dictó 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Girao, exasesor de la destituida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, por el denominado caso Valkiria.

El magistrado también impuso dicha medida contra José Luis Castillo Alva ‘Pepe Lucho’ y el empresario Giancarlo Valer Enciso. Ellos, junto a Girao, permanecerán en un penal hasta el 22 de abril de 2027. En la lectura del juez Justiniano se destaca que no se dictó prisión preventiva contra el exfuncionario del Ministerio Público Jorge Luis Palomino Quezada por padecer una enfermedad crónica que requiere visitas médicas constantes. En su lugar, se le dio comparecencia con restricciones y una caución de 5.000 soles.

El juez Raúl Justiniano solo se pronunció respecto a estos 4 investigados en cumplimiento al plazo de 48 horas para resolver el requerimiento de la Fiscalía que le otorgó la Segunda Sala Constitucional de Lima, que declaró fundado un habeas corpus que promovieron los investigados por permanecer más de 3 meses privados de libertad sin que se haya resuelto su situación jurídica.

Queda pendiente el pronunciamiento sobre el pedido de prisión preventiva contra el exintegrante de la Diviac, el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, quien habría sido el informante de la presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides. Mientras tanto, el magistrado dispuso su inmediata libertad y programó la continuación de la audiencia para el martes 30 de julio a horas en la noche.

Lo mismo ocurre respecto al exasesor Abel Hurtado y Mirtha González Yep, pareja de José Luis Castillo Alva. Ambos fueron detenidos, pero la Sala de Apelaciones Nacional ordenó su libertad por no configurarse sobre ellos el presupuesto de peligrosismo procesal (peligro de fuga).

El fiscal adjunto provincial Julio Ormeño se mostró conforme respecto a la decisión del juez Raúl Justiniano sobre Girao Isidro, Valer Enciso y Castillo Alva, mientras que apeló respectó a lo resuelto sobre Palomino Quezada.

La imputación

Según el Juzgado, los arraigos de Miguel Girao no son de calidad, sumado a que podría “huir, suprimir u ocultar elementos de prueba”. Esto último debido que el teléfono que se le encontró, al momento de ser allanado, había sido activado en horas de la madrugada del mismo día y que había ocultado su CPU. El juez también considera que podría influir en los otros investigados.

De igual manera, se determinó que existen graves y fundados elementos de convicción contra el exasesor. A Girao Isidro se le atribuyen 15 de los 16 hechos que investiga en esta carpeta el Eficcop. Estos son: la remoción de Bersabeth Revilla, los actos de favorecimiento para José María Balcázar, los cambios en el Equipo Especial Cuellos Blancos, designación de fiscales a cambio de dinero, recepción de presuntas coimas de Oscar Nieves, la compra de un departamento de un millón de soles, la formulación de denuncias falsas contra Marita Barreto y los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano, la desarticulación del Equipo Especial Lava Jato, la inhabilitación de Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, intento de direccionamiento de la licitación de un data center del Ministerio Publico, el intento de remover a la JNJ, las presuntas coimas en la adquisición de computadoras y los presuntos actos de obstaculización durante la ejecución de la Operación Valkiria V en noviembre de 2023.

Alfonso López Chau: Ahora Nación, partido del rector de la UNI, logra su inscripción en el JNE

El partido político Ahora Nación, que cuenta con Alfonso López Chau como candidato presidencial, logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), la organización política alcanzó su inscripción el último 24 de julio.

La entidad dio a conocer que Ahora Nación presenta como personeros legales a Ángel Renato Meneses Crispin y Nerya Huaira Charapaqui. Con esto, el partido ya se encuentra habilitado para participar de las elecciones generales del 2026.

La inscripción se da a poco más de un mes de que el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López-Chau, anunció su intención de postular en las próximas elecciones presidenciales de 2026 con el partido político Ahora Nación. El comunicado se realizó durante una entrevista para el medio La Mula, en la cual la máxima autoridad de la UNI explicó que, “en la coyuntura que vive el Perú, ya casi se vuelve una obligación moral” involucrarse en política.

Asimismo, explicó que la organización política, con la cual tentará la presidencia en los comicios, fue creada por jóvenes en respuesta a la violencia ejercida por el Gobierno contra las manifestaciones de fines de 2022 e inicios del 2023. Durante esas fechas, la casa superior de estudios que dirige decidió acoger a los ciudadanos de otras regiones que llegaron a Lima para ejercer su derecho a la protesta.

“Nos han hecho observaciones menores, no ha habido ninguna observación a los comités ni a los afiliados. Ya están subsanas, de manera que hemos venido paralelamente conversando con otros grupos, pero […] ya puedo garantizar que no sería candidato de un vientre de alquiler», declaró.

También, agregó: “Voy a empezar a actuar a partir de la próxima semana como candidato de Ahora Nación y como precandidato de un frente mayor al que quiero contribuir a construir. Esa sería la respuesta que puedo dar”.

Elecciones 2026: ¿cuáles son los posibles candidatos a la presidencia?

Recientemente, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó que su padre Alberto Fujimori postulará a las próximas elecciones de 2026, pese a su estado de salud, ya que hace algunas semanas sufrió un accidente en la cadera que lo dejó internado: «Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial», publicó Keiko a través de X. Este anuncio se da luego de diversas opiniones de especialistas que han asegurado que el exdictador tiene impedimento de postular a la presidencia.

Por otro lado, desde el partido Progresemos, informaron que el candidato presidencial para el 2026 será Hernando de Soto.

«Yo he tomado la decisión. Sí. Si es que todo va bien de aquí en adelante y si no hay ninguna sorpresa, yo seré candidato presidencial a los 83 años. A la edad de Biden, soy dos años mayor que Trump y cuatro años menor que el papa. En otras palabras, todavía no soy un caso extraordinario», expresó el político.

Congreso exonera de multas a empresas que pescaron ilegalmente en Paracas

En menos de 24 horas, sin sustento legal, ni esperar la opinión técnica del Ministerio de la Producción (Produce), la Comisión Permanente del Congreso ordenó reducir en 80% las multas que fueron impuestas a las empresas pesqueras hasta el año 2020. La disposición beneficia particularmente a las compañías que fueron sancionadas por Produce por extraer ilegalmente especies en la Reserva Nacional de Paracas.

Con la disposición del Congreso, las pesqueras industriales dejarían de pagar alrededor de S/10.000.000.

La lista de las empresas pesqueras que acumulan la mayor cantidad de multas porque sus embarcaciones hicieron labores de extracción en la Reserva Nacional de Paracas, son Pesquera Diamante (S/2.309.100); Corporación Pesquera Inca (S/2.167.200) y CFG Investment (S/2.107.000), de acuerdo con la base de datos de sanciones de Produce (ver recuadro).

En la mañana del viernes 19 de julio, durante la sesión de la Comisión Permanente, el congresista Jorge Morante (exFuerza Popular, ahora Somos Perú), planteó añadir la exoneración del pago del 80% de las multas a las empresas pesqueras, en el debate de un proyecto del Ejecutivo para aumentar la inversión pública.

Después de una simple declaración de Morante, quien arguyó insólitamente que su propuesta “mejorará la recaudación”, la Comisión de Presupuesto presidida por el legislador José Jerí (Somos Perú), dio luz verde a la iniciativa que favorece a empresas que son parte de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). La Comisión Permanente aprobó el dictamen el mismo día.

Así el Congreso aprobó la disminución en 80% de las multas a las pesqueras, en un contexto en el que la SNP ha iniciado una batalla legal por conseguir autorización para extraer especies marinas en un área donde no está permitido: la Reserva Nacional de Paracas. Después que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) rechazó el pedido de la SNP, el poderoso gremio de pescadores industriales ha recurrido a los tribunales para alcanzar su objetivo.

Empresas multadas por pescar en Reserva Nacional de Paracas .

En el proyecto del Ejecutivo que debatía la Comisión del Congreso, no estaba contemplada la medida a favor de las pesqueras, por lo que la propuesta del congresista Jorge Morante fue presentada a último momento y no mereció la menor discusión.

Consultado sobre su iniciativa, el congresista Morán arguyó que el propósito de la misma no es beneficiar a los pescadores industriales que acumulan más de S/11.000.000 en multas por pesca ilegal.

“Yo quiero beneficiar a los pescadores artesanales porque, primero, están con problemas de pago, o están con deudas coactivas, o en procesos judiciales. Y son pequeños. Esa gente no tiene forma de afrontar esas cosas”, alegó Morante a La República.

Sin embargo, en el proyecto no hizo ninguna distinción entre pescadores industriales y pescadores artesanales.

“Hasta donde yo sé, muchos problemas de multa no tienen los pescadores industriales. Quienes sí tienen un problema de multas son los pescadores artesanales. La Sociedad Nacional de Pesquería nunca ha tratado el tema de multas, en realidad. En todas las caletas a las que he ido las quejas han sido de los pescadores artesanales”, dijo Morante.

En el proyecto de exoneración del pago de multas por pesca ilegal del legislador Jorge Morante, se indica que está dirigido a todo el sector pesquero. Si su interés eran los pescadores artesanales, debió presentar una iniciativa con esa precisión. En consecuencia, la norma aprobada satisface al sector con mayores multas: los pescadores industriales.

También llama la atención que la exoneración de las multas hasta en un 80%, aplica para la sanciones anteriores a 2021, no obstante que el denominado “Paquetazo Pesquero” otorgó un beneficio similar en 2022. Por lo que el nuevo descuento favorecerá en particular a las empresas recientemente multadas por pescar ilegalmente en la Reserva Nacional de Paracas en 2020.

SNP DICE QUE NO SE ACOGERÁ AL DESCUENTO

La República preguntó a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) si sus agremiados han tenido relación con el proyecto aprobado que descuenta en 80% las multas a las empresas pesqueras.

“Desde la Sociedad Nacional de Pesquería no se ha promovido con ninguna autoridad la exoneración de multas”, respondió el presidente de la SNP, Eduardo Ferreyros.

También aclaró que no se acogerán a la norma aprobada por el Congreso que los favorece.

“Las empresas pesqueras asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería no se acogerán a descuento alguno”, precisó Ferreyros.
La SNP recientemente apeló una decisión judicial contra su pedido de pescar en la Reserva Nacional de Paracas y ha recurrido a Indecopi en busca de la misma finalidad.

Congreso: Marca de papel higiénico ironiza contra el legislativo en controversial campaña publicitaria

Una conocida marca de papel higiénico sorprendió a los limeños con una creativa y controversial campaña publicitaria: “¡Qué tal papelón!”. En aquel video, la empresa intentó ironizar esta frase con las polémicas que suceden en el Congreso de la República y Palacio de Justicia.

A pocos días de las celebraciones de Fiestas Patrias, presentó una escultura gigantesca de un rollo de su producto, recorriendo varios puntos emblemáticos de la capital a la vista de la gente.

La acción de exhibición comenzó en las afueras del Parlamento, uno de los lugares más simbólicos del poder político en el país. Luego, el camión se dirigió a zonas de Lima conocidas por la acumulación de basura, y finalizó su recorrido en el Palacio de Justicia.

El mensaje de la campaña fue claro y directo: “Hay quienes, en lugar de hacer un gran papel, hacen papelones, y en estas Fiestas Patrias decidimos mostrarlos”, expresó una voz en off en el audiovisual que acompañaba la acción.

“La ruta del papelón”, es impulsada por la marca Paracas, que busca destacar la necesidad de un cambio en la gestión pública y en la responsabilidad ciudadana.

El anuncio concluyó con una invitación a los peruanos a ser protagonistas de un “gran papel” en la construcción del país.

“Porque para ser un gran país, hay que hacer un gran papel. Por un Perú sin papelones”, finalizó.

Juicio a Keiko: abogados acusados de obstruir investigación del caso cócteles argumentan falta de pruebas

La defensa de los abogados Giulliana Loza y Luis Lazo Mendoza, acusados por el fiscal José Domingo Pérez de obstruir las investigaciones del caso cócteles, afirmaron ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado que nunca amenazaron ni indujeron a los testigos.

«La fiscalía no ha presentado ninguna prueba concreta respecto de algún ofrecimiento o beneficio indebido a los testigos a cambio de que declaren falsamente, como requiere el delito de obstrucción a la justicia», explicó el abogado César Mayta Acevedo, encargado del alegato de defensa de Giulliana Loza.

Agregó que la acusación pretende establecer que hubo una concertación y reparto de funciones entre los abogados de Fuerza Popular y Keiko Fujimori para inducir a los testigos Renato Castro, Óscar Moritami, Patricia Moritami, Carlos Luna, Juan Carlos Luna Frisancho y Víctor Dextre Chirinos para que declaren falsamente, lo que no se puede probar.

«Estos testigos se acercaron voluntaria y libremente a reunirse con varios abogados solicitando recomendación de otros abogados, respuesta a consultas puntuales o que se les explique en que consistía una declaración ante la policía o la fiscalía, la doctora Loza no los buscó insistentemente, ni los acompañó a dar su declaración», puntualizó.

El letrado acusó al fiscal José Domingo Pérez de no haber sido objetivo y buscar criminalizar a Giulliana Loza para debilitar la defensa de Keiko Fujimori. «Este juicio asará a la historia como uno de los mayores abusos. Fueron investigados por un fiscal que no fue objetivo», señaló.

César Mayta presentó este alegato en la audiencia número 8 del juicio continuado del caso cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración ante la ONPE.

Los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa continuaron escuchando los alegatos de defensa. Antes del abogado de Giuliana Loza intervinieron las defensas legales de Hugo Tasayco Mendoza, Juan Luna Frisancho, Carlos Luna Venero, Carlos Blanco Oropeza, Carlos Kenji Blanco Matzumo, Miguel Blanco Matzumo, Rafael Herrera Mariños, Johana Matzumo Myers, Melissa Keiko Sasaki, Walter Rengifo Saavedra, Italo Pachas y Luis Lazo Mendoza.

En el mismo sentido, el abogado de Luis Lazo Mendoza, Rubén Yupanqui indicó que probará que la fiscalía trajo al juicio hechos que no son ciertos ni constituyen delito pues obstrucción a la justicia no supone actos de inducción, de persuadir, sino una amenaza o la oferta de un beneficio indebido, lo que no se da en los hechos descritos por la fiscalía.

La fiscalía no podrá demostrar, según el abogado defensor, como se dio la supuesta concertación ni el reparto de funciones criminales. «No se puede probar que Lazo Mendoza indujo a Germán Orbezo y Percy Sumer a declarar falsamente, él solo cumplió su función de abogado», subrayó Yupanqui.