Ministro advierte sobre marchas contra Boluarte: “Desde que se lance la primera piedra, vamos a actuar”

La convocatoria de marchas a nivel nacional en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, programadas para el 27, 28 y 29 de julio, ha generado una respuesta del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En una reciente intervención policial en el emporio comercial de Gamarra, el ministro declaró que la Policía Nacional del Perú (PNP) no permitirá que las protestas deriven en disturbios que afecten a la ciudadanía. Asimismo, reconoció que las manifestaciones son un derecho constitucional y afirmó que toda persona tiene la libertad de marchar y expresarse.

“Las protestas forman parte del derecho constitucional y toda persona puede marchar y manifestarse”, subrayó el ministro.

No obstante, Santiváñez también enfatizó que este derecho no incluye el atentado contra los derechos de los demás: “Lo que no es derecho de las personas es atentar el derecho del otro. El patrimonio público, el patrimonio personal, la vida y la integridad de otros ciudadanos y de otras personas. Eso no se va a permitir”.

En ese sentido, el ministro aseguró que la PNP intervendrá en el desarrollo de las protestas para garantizar el orden y la seguridad pública: “Desde el momento que se lance la primera piedra, lo que va a hacer la PNP es actuar. Eso es lo que vamos a hacer porque se tiene que imponer el principio de autoridad”.

Boluarte hace un llamado al diálogo

Durante una aparición pública en la que presentó los resultados de la temporada de pesca de anchoveta, la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre las movilizaciones en contra de su gobierno y realizó un llamado a la ciudadanía a participar en un diálogo constructivo.

“No tenemos necesidad de bloquear carreteras. Dialoguemos, en ese diálogo abierto que desde el gobierno ofrecemos a todos los sectores”, expresó la mandataria.

Boluarte insistió en que su administración siempre ha estado dispuesta a escuchar y recibir a todos con los brazos abiertos para entablar conversaciones:“Si en caso en ese diálogo hubiera entrampamientos, ahí en ese caso se justificaría una salida de protesta, pero antes hay que conversar y haber agotado las vías. No podemos salir a bloquear carreteras o hacer actividades violentas que no ayudan a la imagen del país”.

La presidenta enfatizó que las protestas, como el bloqueo de carreteras, solo deberían considerarse como último recurso, en caso de que los canales de diálogo no arrojen resultados positivos. Este mensaje busca desincentivar las acciones que podrían causar disturbios y afectar la estabilidad del país.

Boluarte subrayó la importancia de mantener una imagen positiva del Perú ante el mundo. Afirmó que un enfoque basado en la paz y la cooperación es crucial para atraer inversiones extranjeras, las cuales son fundamentales para el desarrollo del país.

“El Perú está de vuelta y está en vitrina para que las inversiones del mundo puedan llegar a nuestra querida patria y desde las inversiones podamos construir el desarrollo del país. Eso solo lo conseguiremos en esa unidad, paz y diálogo sincero, democrático”, destacó.

Pedro Castillo seguirá encarcelado: Poder Judicial extiende su prisión preventiva por riesgo de fuga

El Poder Judicial decidió prolongar por 18 meses la prisión preventiva que enfrenta el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) por cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, a raíz del autogolpe que orquestó en diciembre de 2022, cuando fue destituido.

El fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, hecho público este jueves, revocó la resolución de primera instancia que había ampliado la medida coercitiva por 14 meses. El tribunal argumentó que la subsistencia del peligro de fuga justifica la prolongación de la prisión preventiva.

Según el documento, este riesgo es aún mayor, dado que el proceso judicial contra Castillo “tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable”. El exmandatario se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto.

Por esa decisión, el Congreso decidió su destitución y, posteriormente, el arresto por su propia escolta. Adicionalmente, pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras se le investiga por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.

La resolución señala que, aunque Castillo ejercía el cargo de presidente y previamente era docente de primaria, con domicilio familiar estable, existió una “voluntad clara” de huir del país y acceder a la Embajada de México, a pesar de que días atrás el exgobernante mostró un documento en que la sede diplomática aseguraba que no le dio asilo.

“El contenido de la constancia […] no es determinante. En efecto, la forma y circunstancias de la detención en flagrancia […] confirma esta voluntad de alejarse de la justicia penal, más allá de que, tras la detención y prisión preventiva, se indique oficialmente que no se recibió solicitud de asilo por el propio encausado,” se lee en el fallo.

“Lo expuesto permite inferir razonablemente la subsistencia del peligro de fuga, más aún si el proceso tiene un largo tramo para su culminación dentro de un plazo razonable. El recurso defensivo, en este extremo, debe desestimarse. Corresponde prolongar la medida de prisión preventiva”, añade.

El proceso judicial por el autogolpe de Estado se encuentra en la etapa de control de acusación, periodo en el que el juez Juan Carlos Checkley analiza la acusación fiscal y los argumentos de la defensa, para decidir si el caso avanza a juicio. Por este caso, la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para el expresidente.

Además, ha pedido 25 años de prisión para la ex primera ministra Betssy Chávez, los exministros Roberto Sánchez Palomino y Willy Huerta Olivas, y los oficiales de la Policía Nacional (PNP), Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón Gómez, todos presuntos partícipes en el fallido autogolpe. El expremier Aníbal Torres, en tanto, afronta un pedido de 15 años de pena privativa de libertad por rebelión.

Red de corrupción

Independientemente de la decisión de la Corte Suprema, Castillo hubiera seguido tras las rejas por la presunta comisión de delitos de corrupción durante su Gobierno. El fiscal supremo Helder Terán proyectó una pena de más de 31 años de cárcel para el exgobernante, a quien se le imputan cargos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión, con la condena total estimada de 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias y 6 años y 4 meses por colusión.

La investigación también implica a los exministros de Transportes y Vivienda, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, para quienes se ha solicitado prisión preventiva. El expediente abarca presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en San Martín, y otros supuestos casos de corrupción relacionados con Petroperú y el Ministerio de Vivienda.

Caso ‘Cócteles’: Fiscalía no podrá determinar la ruta del dinero en Fuerza Popular, según Giulliana Loza

Keiko Fujimori y su defensa legal recurrieron al Tribunal Constitucional para anular el caso Cócteles donde actualmente se encuentra en juicio oral. Por ello, su abogada Guiliana Loza conversó con Exitosa para dar detalles del caso.

Cómo se recuerda, este habeas corpus presentado en las últimas horas fue rechazado hasta en dos oportunidades por el Poder Judicial. Pese a ello, la lideresa de Fuerza Popular acudió a esta instancia para librarse de las acusaciones que pesan sobre ella.

No habrá pruebas
La postura de Keiko y su abogada ha sido expuesta en más de una ocasión señalando que no podrán encontrar pruebas respecto a las denuncias de lavado de activos que le imputó el Ministerio Público.

Precisamente, durante una extensa conversación con el programa «Informamos y opinamos» de Karina Novoa, Giuliana Loza se refirió a la famosa ‘ruta del dinero’ de la que habló constantemente el fiscal Domingo Pérez.

Sin embargo, la defensora legal de la hija de Alberto Fujimori señaló que no podrán determinar este hecho pues peritos de la Fiscalía ya hicieron una primera indagación sin encontrar nada relevante.

«Se hizo la pericia de la ruta del dinero, peritos de la Fiscalía y lo que dirán es que no se puede determinar la ruta del dinero. No hay ruta del dinero en el caso de Fuerza Popular, por peritos oficiales del Ministerio Público, ni siquiera de la defensa así que ustedes, cómo nosotros, lo van a escuchar y eso es lo bonito del juicio oral», explicó a nuestro medios.

Recurren al Tribunal Constitucional

Según el documento expuesto por La Republica, la abogada de Keiko deja en claro que el juicio orquestado contra su defendida carece de argumentos sólidos y de una adecuada motivación.

Asimismo, la letrada señala que no hay razones justificativas para que el caso siga adelante por lo que el Tribunal Constitucional deberían darles la razón.

«Se han imputado delitos a la señora Keiko Fujimori por un hecho que, al tiempo de su comisión, no se encontraba sancionado por la ley penal, por lo que los instancias ordinarias no han realizado una adecuada motivación acorde con el principio de legalidad. En consecuencia, la justicia constitucional debe verificar si las resoluciones judiciales cuya nulidad se pretende, contienen una adecuada justificación interna y externa de sus premisas que ofrezcan razones justificativas», indica el documento.

De esta manera, Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, señaló que la Fiscalía no podrá determinar la famosa ruta del dinero de la que acusan a Fuerza Popula.

Verónika Mendoza insiste en llamado a la insurgencia

Nuevo Perú por el Buen Vivir obtuvo hace poco, tras varios años de intentos fallidos, la inscripción que le permitirá participar en las elecciones generales de 2026. Sin embargo, su lideresa Verónika Mendoza parece preferir un camino ajeno al de los sufragios e incita a la población a romper el orden democrático. Para ser más precisos, ha llamado a la insurgencia.

Esta propuesta la formuló hace unos días, el último sábado, en el evento que se denominó Tinkuy (encuentro) por el Buen Vivir, organizado por la mencionada organización política en la Plaza de Santiago de Cusco.

En una suerte de mitin, la exsocia del prófugo Vladimir Cerrón emplazó a la concurrencia a que cumplan tres tareas: “Movilización, insurgencia ciudadana y nueva Constitución”.

Luego de asegurar que supuestas mafias se han apoderado del sistema electoral, y que las próximas elecciones no serán libres, Verónika Mendoza exclamó: “Entonces hermanos y hermanas, no podemos esperar al 2026″.

“Lo segundo: ¡Insurgencia Ciudadana¡ ¡Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador, nadie debe respeto a leyes espurias¡ Incluso esta Constitución reconoce el derecho a la insurgencia ciudadana. ¡No tenemos por qué rendirle respeto ni ninguna pleitesía a este Gobierno y Congreso mafiosos, nos tenemos que autogobernar siguiendo nuestros principios del buen vivir”, enfatizó la frustrada excandidata a la Presidencia.

REPITE EL PLATO

Tales dicho generaron numerosas críticas, antes las cuales Mendoza insistió en invocar un levantamiento.

“Aquí mi respuesta a todos los fachos y trolls que dicen que no hay derecho a insurgencia y desobediencia civil y que debemos rendir pleitesía a la mafia: (carita feliz)”, posteó en X (antes Twitter) quien también fue aliada del golpista Pedro Castillo.

Mendoza, en esa línea, invocó a tomar las calles en una protesta convocada para este viernes 19 de julio.

Firmante

Mendoza suscribió la Declaración de Puebla del 11 diciembre de 2022, la que reconoció a Dina Boluarte como presidenta.

19 de julio es la fecha elegida para nuevas marchas en diversas ciudades.

Plantean elevar de 14 a 16 años la edad mínima para relaciones sexuales consentidas en Perú

La congresista de Renovación Popular, María Jáuregui Martínez, presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 173 y 175 del Código Penal donde se busca elevar la edad de 14 a 16 años como edad mínima para permitir las relaciones sexuales consentidas.

Asimismo, la iniciativa legislativa de Jáuregui establece que cualquier ciudadano mayor de 18 años afrontaría una pena de 14 a 20 años de cárcel en caso mantenga algún tipo de relación sexual con un menor de edad.

FUNDAMENTACIÓN

De acuerdo al documento presentado por María Jáuregui, el Perú se encuentra entre los países con la tasa más baja para el consentimiento de relaciones sexuales, debido a que, en otras naciones, el límite es considerado desde los 14 años.

Cabe mencionar que, el proyecto de Jáuregui Martínez tiene el apoyo de colegas como Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Noelia Herrera, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y otros legisladores más.

César Hildebrandt revela que ministro Juan José Santiváñez le envió carta notarial por informe de vínculos con el narcotráfico

César Hildebrandt denunció en su podcast del último lunes 15 de julio pasado que, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le envió una carta notarial tras el informe publicado en «Hildebrandt en sus Trece», donde revela que él y su padre habrían participado en un esquema de lavado de dinero, de acuerdo a las confesiones de Óscar Rodríguez Hurtado, fallecido exnarcotraficante confeso.

«A raíz de una nota que solo muestra documentos, he recibido una carta en mi domicilio del señor ministro del Interior —no me la ha enviado a la revista— para mandarme un mensaje de que sabe dónde vivo», dijo en su canal de Youtube.

En esa misma línea, el periodista autor de dicha nota también, a través de sus redes sociales, publicó la carta notarial que Santiváñez le hizo llegar, donde busca que se rectifique en un plazo de siete días por lo expuesto.

Asimismo, Hildebrandt, en su monólogo, anuncia que tiene previsto publicar dicha carta notarial luego de que el titular de la cartera del Interior despotricara contra él y el redactor en un medio de comunicación conocido por haber expuesto documentos pasados y que, según el abogado de Rodríguez Hurtado, son auténticos.

«Yo no le tengo miedo, no soy sirviente de sirvientas y por eso está haciendo lo que está haciendo en el Ministerio del Interior, decapitando a la Diviac y limpiando a la Policía de todos aquellos que puedan oponerse a los designios turbios de la jefa Dina Boluarte. Me he enfrentado a lo largo de estos años a gente más importante. Nos veremos en los tribunales», finalizó.

Juan José Santiváñez: ¿de qué habla el informe publicado por H13?

El informe publicado por Hildebrandt en sus Trece detalla acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero que implican al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a su padre, un coronel retirado de la Policía.

Las acusaciones provienen principalmente de Óscar Rodríguez Hurtado, un narcotraficante confeso, quien alegó que tanto Santiváñez como su padre participaron en un esquema de lavado de dinero junto a un empresario llamado Carlos Kiyan Oyama. Este último habría usado empresas fantasma para lavar dinero procedente del narcotráfico.

Rodríguez presentó estas acusaciones ante la Segunda Fiscalía Antidrogas del Callao después de ser liberado de prisión en 2007, donde también sostuvo haber sido víctima de amenazas y ataques por parte de individuos desconocidos, lo cual presume fue un intento por silenciarlo.

Las acusaciones presentadas sugieren que el ministro Santiváñez y su padre habrían hecho uso de su influencia para brindar protección a Carlos Kiyan Oyama, un empresario involucrado en la comercialización de combustible, vehículos e inmuebles, tal como lo mencionó Rodríguez. A pesar de la seriedad de las acusaciones, las investigaciones no lograron progresar de manera significativa y el caso se vio estancado, especialmente tras el fallecimiento de Rodríguez en 2013.