La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría (16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones) el dictamen que propone incorporar en el procedimiento de acusación constitucional a los titulares del Sistema Electoral, es decir, a los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); y a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
La propuesta, que reúne la propuesta de seis proyectos de ley, plantea la modificación del artículo 99 de la Constitución Política del Perú, a fin de que quede redactada de la siguiente manera:
«Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los miembros del Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los jueces supremos; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo; al Contralor General; a los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones; al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas».
También se agrega una disposición complementaria para que el artículo se adecúe al nuevo Congreso Bicameral.
¿Qué cambios implica esta propuesta?
Para el abogado constitucionalista Erick Urbina, la propuesta establece que los titulares del Sistema Electoral podrán ser acusados constitucionalmente y sometido al juicio político, además de contar con el antejuicio político.
Actualmente la Constitución solo faculta al Congreso de la República a acusar constitucionalmente a jueces supremos (como el presidente del JNE), fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional, entre otros, pero no al resto de miembros de conformas las altas autoridades de los organismos electorales. De acuerdo al experto, incorporar a dichos funcionarios a un proceso como este podría conducirlos a una posible separación del cargo o a su inhabilitación temporal para ejercer una función pública.
«Esta medida lo que hará es que a estos titulares del Sistema Electoral se les pueda juzgar en el fuero político por faltar a la Constitución a entender de Parlamento. Y en caso alguno de estos integrantes cometa algún delito de función, antes de ser juzgados por la justicia ordinaria, tendrán primero que ser sometidos a un antejuicio político en el Parlamento, por lo cual podrían ser destituidos del cargo o hasta inhabilitados por 10 años», indicó.
Consultado acerca de los posibles riesgos que implica la posible aprobación de esta medida, Urbina considera que este proceso «podría ser llevado a una manipulación política», en el sentido de que si los resultados de las elecciones no son del agrado de un número de congresistas importante «estos podrían acusar constitucionalmente a los titulares de estos órganos electorales», lo que afectaría su independencia de su labor.
«A mi juicio, creo que no deberían ser sometidos los miembros de los órganos electorales, ni Reniec, ni ONPE, ni JNE a un juicio o antejuicio político. Mientras más autonomía e independencia se les dé mejor, más aún en el fuero político, porque son quienes finalmente terminan organizando las elecciones y nombrando a las autoridades electorales después del proceso electoral«, comentó.
Expresan su rechazo
Mediante un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvo que es inviable el proyecto de reforma constitucional que plantea incorporar a los titulares del Sistema Electoral en el procedimiento de acusación constitucional, una postura que -según señala- manifestó «oportunamente» ante la Comisión de Constitución.
«Resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad, que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones”, indica el documento.
Asimismo, el organismo señala que, bajo la propuesta, se corre el riesgo de otorgarle al Parlamento el poder de sancionar a los organismos electorales sobre la base de una valoración política y no jurídica, lo que «resultaría contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte IDH».
Finalmente, el ente electoral solicitó a los miembros de la Comisión de Constitución a tomar en consideración sus argumentos en el debate y el estudio de la iniciativa. Además, precisó que ni el JNE ni los demás organismos del Sistema Electoral han sido convocados a la sesión.
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