El presidente colombiano, Gustavo Petro, amenazó este viernes con retirar su misión diplomática de Perú si ese país agrede la residencia de la Embajada de México en Lima, donde está asilada la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, contra quien un juez ordenó prisión preventiva por cinco meses.
«Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada», expresó Petro en la red social X sobre el caso de Chávez, quien es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley ordenó la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra y argumentó que tomó la decisión porque el peligro de fuga de Chávez en el proceso es «palpable» por su no asistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.
En vísperas, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el exvicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.
Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció hasta septiembre de este año en prisión preventiva por su presunta participación en el intento de golpe de Castillo, por el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena de 25 años de cárcel por el delito de rebelión.
La ex primera ministra salió en libertad al reconocer el Tribunal Constitucional que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional y hace dos semanas recibió el asilo otorgado por el Gobierno de México.
Ante esto, el Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
Richard Swing —Richard Javier Cisneros Carballido, en su DNI— vuelve a la agenda política y mediática.
Esta vez aparece como candidato al Senado, con el número 10, por el Partido Demócrata Verde del polémico Alex Gonzáles.
Cercano al expresidente Martín Vizcarra, saltó a los informes periodísticos por el escándalo de las contrataciones irregulares con el Estado durante ese gobierno.
LIGADO A VIZCARRA
El caso surgió tras una denuncia periodística en mayo de 2020 que reveló que Cisneros recibió nueve órdenes de servicio por un total de S/175 mil para brindar charlas motivacionales y de liderazgo, pese a no cumplir con el perfil requerido. Dos de estos jugosos contratos fueron otorgados en abril de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia.
Lo obtuvo sin un perfil técnico claro: no posee estudios superiores ni técnicos registrados en Sunedu.
El caso escaló tanto que terminó rozando al propio expresidente.
En octubre pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizó el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público contra la resolución que declaró improcedente continuar la investigación preparatoria contra Martín Vizcarra en el marco del caso Richard Swing.
El Poder Judicial negó en febrero ampliar por ocho meses el plazo de investigación contra el exmandatario por la presunta intromisión indebida en la contratación de Richard Cisneros, alias “Richard Swing”, en el Ministerio de Cultura entre 2018 y 2020.
Hoy Swing postula al Senado por el Partido Demócrata Verde.
¿VUELVEN LOS ESCÁNDALOS?
El cantante y motivador que agitó la escena política vuelve por un cargo público. La Fiscalía sostiene que sus vínculos con altos funcionarios facilitaron el acceso a contratos públicos sin sustento técnico. Él, como siempre, lo niega todo. Pero el caso sigue abierto. Ese trasfondo judicial y mediático es clave para entender quién es Richard Swing. Y por qué su candidatura al Senado en 2026 no pasa desapercibida.
El Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual solicitan que se les otorguen facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional por el plazo de 60 días.
«Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación», escribió el presidente José Jerí en su cuenta oficial en X.
El oficio, con fecha 20 de noviembre, va dirigido al primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro. «Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de muy urgente, según lo establecido por el artículo 1050 de la Constitución Política del Perú», se lee.
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que la «crisis de seguridad ciudadana sin precedentes» generada por el incremento exponencial de los hechos delictivos en el Perú.
«La causa principal de este fenómeno es la consolidación y expansión territorial de bandas y organizaciones criminales dedicadas a la comisión de ilícitos penales que, con el transcurso del tiempo, han fortalecido sus estructuras operativas y ejercen hegemonía delictiva a nivel nacional», dice el documento.
Se advierte que los delitos como la extorsión, el secuestro y el sicariato muestran indicadores estadísticos alarmantes y preocupantes.
En cuanto al tema de crecimiento económico responsable, el Gobierno indica que, aunque la actividad económica del Perú está en proceso de consolidación y cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, existen diversos factores de riesgo que podrían afectar las proyecciones de expansión económica para el 2025 y 2026, entre ellos conflictividad social e inseguridad ciudadana, las condiciones climáticas adversas, como la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño o La Niña, el contexto internacional adverso, caracterizado por una menor demanda externa, ante el escalamiento de las tensiones geopolíticas e intensificación de la guerra comercial arancelaria.
Respecto al fortalecimiento institucional, el proyecto remarca la urgencia de consolidar un «aparato estatal moderno, eficiente y articulado».
El Poder Judicial (PJ) revocó la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez e impuso cinco meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
En su resolución, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria argumentó su decisión al señalar que desde el 20 de octubre la investigada no cumplió con la marcación del registro biométrico, programado cada siete días, y además no concurrió a las citaciones judiciales que afronta junto al expresidente Pedro Castillo.
“Posterior a dicho control existe un evidente incumplimiento de la acusada Chávez Chino respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días…”, se lee en documento judicial.
RPP accedió a la resolución emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria.Fuente: RPP
El magistrado determinó que el peligro de fuga es “palpable” y el riesgo de “frustración” del juicio oral, por lo que determinó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
El Poder Judicial (PJ) revocó la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez e impuso cinco meses de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros, quien se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima, por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.
En su resolución, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria argumentó su decisión al señalar que desde el 20 de octubre la investigada no cumplió con la marcación del registro biométrico, programado cada siete días, y además no concurrió a las citaciones judiciales que afronta junto al expresidente Pedro Castillo.
“Posterior a dicho control existe un evidente incumplimiento de la acusada Chávez Chino respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días…”, se lee en documento judicial.
RPP accedió a la resolución emitida por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria.Fuente: RPP
El magistrado determinó que el peligro de fuga es “palpable” y el riesgo de “frustración” del juicio oral, por lo que determinó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.
“En mérito a ello, corresponde que la medida impuesta sea revocada por la de prisión preventiva”, estableció Checkley Soria
Tras recuperar su libertad a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de septiembre pasado, Betssy Chávez se encontraba bajo mandato de comparecencia con restricciones sujeta a reglas de conducta, como la obligación de no ausentarse de Lima sin autorización judicial, comparecer para el control biométrico y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal.
La Fiscalía solicita 25 años de prisión contra Betssy Chávez, así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Actualmente, Betssy Chávez se encuentra asilada en la Residencia de la Embajada de México en Lima, donde ingresó el pasado 2 de noviembre. Ello ameritó que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con el país norteamericano.
Desde entonces se solicitó el salvoconducto para que Chávez viaje a México; sin embargo, el Gobierno anunció que demorará la consideración de otorgar dicho documento de tránsito para consultar a los países del Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los alcances de la Convención de Caracas.
Por mayoría, la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Víctor Cutipa aprobó el predictamen que busca una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027 o hasta que entre en vigencia la Ley Mape, tal y como lo demandan miles de mineros artesanales en las calles del Cercado de Lima. En total, fueron 18 votos a favor, 3 encontra y 1 abstención.
Las bancadas que respaldaron el avance de esta norma fueron el bloque sólido de Juntos por el Perú, Podemos, la Bancada Socialista, Perú Libre, Alianza Para el Progreso y Somos Perú. A este grupo se sumaron Fuerza Popular, Honor y Democracia y Renovación Popular, mientras que desde la vereda contraria estuvieron Avanza País, Acción Popular y el Bloque Democrático Popular.
Si bien la parlamentaria Diana Gonzáles pidió votar por separado la reincorporación excepcional de más de 50.000 mineros artesanales que fueron excluidos del registro por no cumplir requisitos mínimos, su cuestión previa no fue admitida. El resultado no la acompañó, ya que siete congresistas respaldaron su pedido e igual cantidad de legisladores lo rechazó. No obstante, el voto dirimente del presidente de la Comisión, Víctor Cutipa, definió el entrampamiento.
«La Comisión de Energía y Minas concluye que la propuesta es viable, oportuna y necesaria, dado que fortalece la gobernanza del sector, evita retrocesos hacia la ilegalidad, reduce la incertidumbre normativa y proporciona los insumos indispensables para una futura Ley MAPE verdaderamente ejecutable y basada en evidencia», se lee en la exposición de motivos de la norma.
No es la primera vez que el Congreso aborda la problemática de la minería artesanal y a pequeña escala. En varias oportunidades, han buscado resolver la falta de consenso de la Ley Mape, pero, los meses avanzaron y finalmente, no les quedó otra opción que continuar en el círculo vicioso de más prórrogas del Reinfo.
A la par que la Comisión de Energía y Minas discutía la ampliación del Reinfo, cientos de mineros se movilizaban. Foto: John Reyes/LR
Este mecanismo, que ha servido como escudo de impunidad para la minería ilegal, culmina su vigencia el 31 de diciembre de este año. Si a eso le sumamos que legislatura vence este 15 de diciembre, estaba claro que el tiempo apremiaba. Con una protesta de miles de mineros ubicados frente a la sede de Palacio Legislativo, la presión era inminente y la decisión estaba guiada por motivaciones electorales.
Además de la ampliación del Reinfo, el texto incorpora también otros cambios como la suspensión de los trámites de exclusión que hizo efectivo el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Minem.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, propuso que la primera disposición complementaria final debe señalar que la suspensión de las exclusiones del Reinfo no se aplique a aquellos operadores que tengan sentencia condenatoria firme por minería ilegal o lavado de activos y a quienes desarrollen actividades en zonas prohibidas.
Este y otros de sus planteamientos para «evitar interpretaciones amplias que puedan distorsionar el proceso» fueron aceptados por el presidente de este grupo de trabajo, Víctor Cutipa, quien destacó la importancia de no seguir dilatando la resolución de este predictamen y se mostró a favor de la necesidad de interpelar al titular del Minem, Luis Bravo De La Cruz.
A su turno, el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, responsabilizó a sus colegas de haber trabado la aprobación de la Ley Mape, instrumento normativo que hubiera evitado una nueva extensión del Reinfo. En su opinión, no existen de por medio apetitos electorales, sino la responsabilidad de ofrecer una solución a la próxima culminación del proceso de formalización minera.
Finalmente, el parlamentario de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, se refirió a las recientes declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respecto a la posibilidad de observar la norma y llevarla al Tribunal Constitucional. Según dijo, el Ejecutivo ha demostrado poca consecuencia con dicha posición, ya que el ministro Bravo no ha acudido a las invitaciones de la comisión.
La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP y la Fiscalía, liderada por el fiscal Reynaldo Abia, perdieron el rastro de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, durante un megaoperativo de allanamiento que se ejecutó esta mañana en tres regiones del país.
El operativo se realizó luego de que el Poder Judicial autorizara la medida en el marco de la investigación que vincula a Óscar Acuña con la presunta recepción de S/77.000 de la empresa Frigoinca entre septiembre y diciembre de 2023. El dinero, según la tesis fiscal, tenía como objetivo influir en funcionarios regionales para favorecer a la compañía en licitaciones y controles sanitarios dentro del programa social Qali Warma.
La similitud con el caso Vladimir Cerrón
La inubicabilidad del hermano del candidato presidencial replica la misma fallida diligencia que permitió la fuga del hoy prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.
Fuentes judiciales informaron a este medio que, si bien la aprobación para el allanamiento de la vivienda de Acuña se otorgó el 14 de noviembre, la orden se ejecutó recién a tempranas horas de hoy, cinco días después. Esta demora de casi una semana levanta serias sospechas de un posible blindaje, similar al que se cuestionó en el caso Cerrón, donde el allanamiento en Huancayo, en junio de 2024, sufrió una dilación de más de 12 horas.
El presunto encubrimiento cobra mayor sentido al considerar la reciente postulación al Senado de Juan José Santiváñez por el partido APP. Santiváñez fue el mismo funcionario que dirigió el grupo policial que generó controversia por las fallidas capturas de Vladimir Cerrón, lo que añade un elemento político a la deuda pendiente de la Dircocor con la justicia.
Otra duda que vuelve a repetirse es ¿por qué esperar a la Dircocor de Lima para realizar el allanamiento? Actualmente, existen unidades anticorrupción en Trujillo, Huancayo y otras zonas del Perú. De acuerdo con información de Transparencia, Trujillo tiene habilitado 11 efectivos policiales destinados a la investigación de delitos contra la administración pública, los necesarios para realizar un operativo de allanamiento exitoso.
Le preguntamos esta interrogante a general Luis Lira Lino, sin embargo, no obtuvimos respuesta, pero sí se pronunció en una conferencia de prensa, con un mensaje sin muchos detalles.
ENFOQUE REAL 