La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP y la Fiscalía, liderada por el fiscal Reynaldo Abia, perdieron el rastro de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, durante un megaoperativo de allanamiento que se ejecutó esta mañana en tres regiones del país.

El operativo se realizó luego de que el Poder Judicial autorizara la medida en el marco de la investigación que vincula a Óscar Acuña con la presunta recepción de S/77.000 de la empresa Frigoinca entre septiembre y diciembre de 2023. El dinero, según la tesis fiscal, tenía como objetivo influir en funcionarios regionales para favorecer a la compañía en licitaciones y controles sanitarios dentro del programa social Qali Warma.

La similitud con el caso Vladimir Cerrón

La inubicabilidad del hermano del candidato presidencial replica la misma fallida diligencia que permitió la fuga del hoy prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

Fuentes judiciales informaron a este medio que, si bien la aprobación para el allanamiento de la vivienda de Acuña se otorgó el 14 de noviembre, la orden se ejecutó recién a tempranas horas de hoy, cinco días después. Esta demora de casi una semana levanta serias sospechas de un posible blindaje, similar al que se cuestionó en el caso Cerrón, donde el allanamiento en Huancayo, en junio de 2024, sufrió una dilación de más de 12 horas.

El presunto encubrimiento cobra mayor sentido al considerar la reciente postulación al Senado de Juan José Santiváñez por el partido APP. Santiváñez fue el mismo funcionario que dirigió el grupo policial que generó controversia por las fallidas capturas de Vladimir Cerrón, lo que añade un elemento político a la deuda pendiente de la Dircocor con la justicia.

Otra duda que vuelve a repetirse es ¿por qué esperar a la Dircocor de Lima para realizar el allanamiento? Actualmente, existen unidades anticorrupción en Trujillo, Huancayo y otras zonas del Perú. De acuerdo con información de Transparencia, Trujillo tiene habilitado 11 efectivos policiales destinados a la investigación de delitos contra la administración pública, los necesarios para realizar un operativo de allanamiento exitoso.

Le preguntamos esta interrogante a general Luis Lira Lino, sin embargo, no obtuvimos respuesta, pero sí se pronunció en una conferencia de prensa, con un mensaje sin muchos detalles.

Ratifican condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos

El Ministerio Público informó que la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho logró que se ratifique la condena de 12 años de prisión efectiva impuesta al exministro del Interior, Daniel Urresti, por el delito de asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos y por la tentativa de asesinato agravado contra el reportero Eduardo Rojas, hechos ocurridos en 1988, en Huanta.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la decisión judicial se confirmó luego de que el fiscal provincial, Carlos Palomino Quispe, se opusiera al pedido de la defensa de Urresti, que buscaba aplicar la Ley N.° 32107, referida a la prescripción de delitos de lesa humanidad, con el fin de declarar la nulidad del proceso y ordenar la liberación del sentenciado.

Asimismo, indicó que durante la audiencia, la Fiscalía argumentó que la citada ley es incompatible con la Constitución, pues “afecta el deber del Estado de proteger los derechos humanos”.

Además -señala el escrito- la sala “valoró la jurisprudencia internacional en casos emblemáticos como La Cantuta”, en alusión a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y en concordancia con los “estándares del derecho convencional”.

Los hechos  

El caso se remonta a 1988, cuando Hugo Bustíos y su colega Eduardo Rojas realizaban una cobertura periodística en Huanta.

Daniel Urresti -entonces conocido como ‘capitán Arturo’- participó junto con otros militares de la base de Castropampa en un ataque que dejó herido a Bustíos y a Rojas.

Tras los disparos, se colocó un explosivo sobre el cuerpo del periodista en la zona conocida como Erapata-Quinrapa, lo que finalmente le causó la muerte. Solo Eduardo Rojas logró sobrevivir.

Finalmente, el Ministerio Público sostuvo que con esta ratificación reafirman “su compromiso con la justicia, la verdad y la defensa de los derechos humanos”, resaltando “que las normas sobre prescripción no eximen de responsabilidad penal a personas que cometieron delitos de lesa humanidad”.

El derecho al asilo: mecanismo de protección ahora en debate

El derecho de asilo ha sido concebido como un mecanismo de protección frente a la persecución política. Su evolución ha estado marcada por momentos de tensión diplomática, debates jurídicos y casos emblemáticos que han puesto a prueba la soberanía nacional y el respeto por los derechos humanos.

Allanan casa del hermano de César Acuña por vínculo con caso Frigoinca: la PNP no logra ubicarlo

La madrugada de este miércoles 19 de noviembre, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima, con el objetivo de ejecutar órdenes de detención preliminar contra investigados por presunta organización criminal y tráfico de influencias.

La diligencia, dirigida por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, incluyó el allanamiento de la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Sin embargo, él no fue encontrado en su casa.

La intervención se da tras la difusión de un reportaje de Punto Final en la que se reveló que Óscar Acuña habría recibido un presunto pago de coimas por parte de la empresa Frigoinca, involucrada en el caso Qali Warma.

DE QUÉ SE LE ACUSA AL HERMANO DE CÉSAR ACUÑA

Punto Final reveló el testimonio de un colaborador eficaz del caso Frigoinca, quien señaló que Óscar Acuña habría recibido depósitos de hasta 77,000 soles. Estos montos, transferidos a una cuenta del Banco de Crédito a su nombre, habrían sido entregados por la empresa Frigoinca a cambio de un presunto apoyo para favorecer sus operaciones en La Libertad.

LOS PAGOS DE FRIGOINCA AL HERMANO DE ACUÑA

Entre septiembre y diciembre de 2023, Frigoinca habría concretado varias entregas de dinero a favor de Óscar Acuña: depósitos de 5,000, 7,000, 30,000, 20,000 y 15,000 soles, sumando 77,000 soles. El colaborador eficaz detalló que los montos fueron transferidos a una cuenta del Banco de Crédito del Perú a nombre del propio Óscar Acuña, información que fue verificada por la UDI.

Consultado sobre estas transferencias, Acuña reconoció la reunión con el fundador de Frigoinca, Nilo Burga Malca, y admitió que recibió dinero, aunque aseguró que se trató de “un préstamo” que ya habría devuelto. “Yo lo llamé, que me haga un préstamo para pagar mi personal. Pueden ser uno o dos depósitos, pero yo lo he devuelto”, dijo el hermano del líder de APP.

Según el colaborador, Burga buscaba apoyo para contactar a Aníbal Morillo Arqueros, gerente regional de Salud y funcionario de confianza de César Acuña, cuya oficina debía fiscalizar las condiciones sanitarias de Frigoinca.

Lescano considera que Castillo cometió un “error político” y no un delito por fallido golpe de Estado

El excongresista y actual precandidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, consideró esta mañana que el expresidente Pedro Castillo no cometió un delito, sino una infracción constitucional en su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

“Hasta los fujimoristas abogados dicen eso. No solamente yo, como yo soy abogado y profesor universitario, y si hubiera visto algún delito le hubiera dicho”, declaro en el bloque Precandidatos Elecciones Generales 2026.

A pesar de que Castillo Terrones anunció el cierre arbitrario del Parlamento, Lescano señaló que el profesor chotano, quien afronta un pedido de 34 años de prisión por este caso, solo cometió un “error político” que luego dejó al mando a Dina Boluarte y, finalmente, a José Jerí.

Para el aspirante presidencial, el exmandatario no incurrió en el delito de rebelión, imputado por la Fiscalía, porque no se desplegó al Ejército en las calles ni se llegaron a tomar las instituciones estatales.

“Aquí el señor Castillo hizo un discurso, nadie le hizo caso. Todos sacaron su comunicado y lo único que pasó es que lo enmarrocaron y se lo llevaron, siendo presidente de la República”, alegó.

“Castillo se ha puesto al margen de la Constitución. Eso es infracción constitucional, no es delito. Hay ladrones que están en las calles paseando, ladrones probados que estuvieron en el poder, que no les pasa nada”, agregó.

Betssy Chávez también cometió un error político, según Lescano

Al igual que su postura sobre Castillo Terrones, Lescano considero que la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, también cometió un “error político” por su supuesta participación en el mensaje que Pedro Castillo leyó el día del fallido golpe de Estado.

Consultado sobre si el Gobierno peruano debería otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra asilada en la Embajada de México en Perú, Lescano respondió: “Creo que cualquier país puede dar asilo si ve y considera que una persona requiere ponerse a buen recaudo”.

Congreso impulsa inhabilitación de cuatro fiscales supremos tras aprobar informe de la DC 528

SAC aprueba informe clave con nueve votos a favor

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este martes el informe final de la Denuncia Constitucional 528, un documento que recomienda la inhabilitación por 10 años del exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana y de los fiscales supremos Pablo Sánchez VelardeZoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela para el ejercicio de la función pública.

La votación se realizó durante la tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo, presidida por la congresista Lady Camones (APP), y obtuvo 9 votos a favor2 en contra y 2 abstenciones. La denuncia original fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (FP), José Cueto (HyD) y Alfredo Azurín (SP).

Este informe también recomienda acusar penalmente a los magistrados por la posible comisión de abuso de autoridadfalsedad genéricaprevaricato y por ser presuntos instigadores del delito de usurpación de funciones.


¿Qué originó la denuncia contra los fiscales supremos?

El punto central de la acusación es la Resolución 2246-2024, emitida el 14 de octubre de 2024, mediante la cual los fiscales aprobaron un reglamento que —según el informe congresal— incurrió en trasgresiones a la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la labor de la Policía Nacional en las investigaciones del delito.

De acuerdo con la SAC, los fiscales habrían invadido competencias policiales, lo que configuraría usurpación de funciones. Este es uno de los argumentos principales para sustentar la propuesta de inhabilitación y acusación penal.

La pregunta que surge es inevitable: ¿Se trata de una defensa del equilibrio de funciones o de una ofensiva política contra el Ministerio Público?


Admiten denuncia contra Pedro Castillo y dos exministros

En la misma sesión, la SAC aprobó el informe de calificación que admite a trámite la Denuncia Constitucional 645, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros José Gavidia y Dimitri Senmache.

La acusación se basa en la presunta comisión del delito de negociación incompatible por la supuesta designación irregular de Roberto Burgos del Carpio y Arturo Giles Ferrer como vocales del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial sin evaluación de méritos ni propuesta previa del fuero Policial Militar.

El informe fue aprobado por 9 votos a favor4 en contra y ninguna abstención.


SAC declara improcedente otra denuncia por obstrucción y encubrimiento

El grupo parlamentario también aprobó el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional 623, formulada contra once congresistas de diversas bancadas, entre ellos Martha MoyanoHéctor VenturaMilagros JáureguiVíctor FloresEsdras MedinaNilza ChacónMaría AcuñaSegundo QuirozElvis VergaraJorge Montoya y José Jerí.

La denuncia alegaba presunta infracción a los artículos 99, 100 y 139 de la Constitución y los delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, al haber votado el archivamiento de las DC 509 y 585 durante la sesión del 18 de julio de 2025.

La DC 509 involucraba a Dina Boluarte y a sus exministros por homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023; mientras que la DC 585 cuestionaba la votación que declaró la vacancia de Pedro Castillo en 2022.

El informe que proponía declarar la improcedencia consiguió 9 votos a favor3 en contra y 1 abstención.


Delegan investigación contra Pedro Francke y Mirtha Vásquez

Como último punto de agenda, la presidenta de la SAC delegó al congresista Elvis Vergara (AP) la investigación de la Denuncia Constitucional 331, presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos (RP) contra el exministro de Economía Pedro Francke y la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez.

La denuncia señala presunta infracción a los artículos 38, 39 y 126 de la Constitución y la posible comisión del delito de patrocinio ilegal, figura tipificada en el artículo 385 del Código Penal.


¿Qué panorama enfrenta ahora el Ministerio Público?

La aprobación del informe de la DC 528 coloca al Ministerio Público en una de sus tensiones institucionales más fuertes de los últimos años. Tres fiscales supremos y un exfiscal de la Nación quedan a un paso de la inhabilitación, mientras el Congreso consolida su rol sancionador en materia constitucional.

La decisión final dependerá de la votación en el Pleno del Congreso, donde se necesitará mayoría calificada.

Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

El Pleno del Congreso tiene en sus manos el futuro de Betssy Chávez, exministra de Pedro Castillo. Este miércoles 19 de noviembre, a las tres de la tarde, los parlamentarios debatirán y votarán el informe de la Comisión Permanente que recomienda su inhabilitación de la función pública por un periodo de 10 años.

El Legislativo busca imponer la máxima sanción contra la ex primera ministra debido al intento de golpe de Estado que ocurrió el 7 de diciembre del 2022.

En caso el Parlamento apruebe el informe de la denuncia constitucional N.º 351 presentado por la congresista Patricia Chirinos, Chávez Chino quedará impedida de postular a las Elecciones 2026.

Según la denuncia constitucional N° 351 presentada por Chirinos, se alega que la exministra habría violado los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política al presuntamente involucrarse en las acciones previas y posteriores al intento de golpe de Estado.

Como se recuerda en septiembre de este año, la Comisión Permanente aprobó con 17 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones el informe proveniente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que propone dicha sanción contra Chávez.

Antes de la votación y la presentación de la defensa legal de la excongresista, los integrantes de la Comisión Permanente deberán sustentar el pedido del informe. Luego de ello, los abogados harán el uso de la palabra antes de que sea sometido a debate y votación.

Es preciso resaltar que ninguno de los congresistas que votó en la SAC podrá hacerlo durante la sesión del Pleno, según lo establecido en el Reglamento del Congreso.