SAC aprueba informe clave con nueve votos a favor
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este martes el informe final de la Denuncia Constitucional 528, un documento que recomienda la inhabilitación por 10 años del exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana y de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Delia Espinoza Valenzuela para el ejercicio de la función pública.
La votación se realizó durante la tercera sesión extraordinaria del grupo de trabajo, presidida por la congresista Lady Camones (APP), y obtuvo 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. La denuncia original fue presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi (FP), José Cueto (HyD) y Alfredo Azurín (SP).
Este informe también recomienda acusar penalmente a los magistrados por la posible comisión de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato y por ser presuntos instigadores del delito de usurpación de funciones.
¿Qué originó la denuncia contra los fiscales supremos?
El punto central de la acusación es la Resolución 2246-2024, emitida el 14 de octubre de 2024, mediante la cual los fiscales aprobaron un reglamento que —según el informe congresal— incurrió en trasgresiones a la Ley 32130, norma que modificó el Código Procesal Penal para fortalecer la labor de la Policía Nacional en las investigaciones del delito.
De acuerdo con la SAC, los fiscales habrían invadido competencias policiales, lo que configuraría usurpación de funciones. Este es uno de los argumentos principales para sustentar la propuesta de inhabilitación y acusación penal.
La pregunta que surge es inevitable: ¿Se trata de una defensa del equilibrio de funciones o de una ofensiva política contra el Ministerio Público?
Admiten denuncia contra Pedro Castillo y dos exministros
En la misma sesión, la SAC aprobó el informe de calificación que admite a trámite la Denuncia Constitucional 645, presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros José Gavidia y Dimitri Senmache.
La acusación se basa en la presunta comisión del delito de negociación incompatible por la supuesta designación irregular de Roberto Burgos del Carpio y Arturo Giles Ferrer como vocales del Consejo Supremo de Justicia Militar Policial sin evaluación de méritos ni propuesta previa del fuero Policial Militar.
El informe fue aprobado por 9 votos a favor, 4 en contra y ninguna abstención.
SAC declara improcedente otra denuncia por obstrucción y encubrimiento
El grupo parlamentario también aprobó el informe que declara improcedente la Denuncia Constitucional 623, formulada contra once congresistas de diversas bancadas, entre ellos Martha Moyano, Héctor Ventura, Milagros Jáuregui, Víctor Flores, Esdras Medina, Nilza Chacón, María Acuña, Segundo Quiroz, Elvis Vergara, Jorge Montoya y José Jerí.
La denuncia alegaba presunta infracción a los artículos 99, 100 y 139 de la Constitución y los delitos de encubrimiento personal y obstrucción a la justicia, al haber votado el archivamiento de las DC 509 y 585 durante la sesión del 18 de julio de 2025.
La DC 509 involucraba a Dina Boluarte y a sus exministros por homicidio calificado y lesiones graves durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023; mientras que la DC 585 cuestionaba la votación que declaró la vacancia de Pedro Castillo en 2022.
El informe que proponía declarar la improcedencia consiguió 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Delegan investigación contra Pedro Francke y Mirtha Vásquez
Como último punto de agenda, la presidenta de la SAC delegó al congresista Elvis Vergara (AP) la investigación de la Denuncia Constitucional 331, presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos (RP) contra el exministro de Economía Pedro Francke y la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez.
La denuncia señala presunta infracción a los artículos 38, 39 y 126 de la Constitución y la posible comisión del delito de patrocinio ilegal, figura tipificada en el artículo 385 del Código Penal.
¿Qué panorama enfrenta ahora el Ministerio Público?
La aprobación del informe de la DC 528 coloca al Ministerio Público en una de sus tensiones institucionales más fuertes de los últimos años. Tres fiscales supremos y un exfiscal de la Nación quedan a un paso de la inhabilitación, mientras el Congreso consolida su rol sancionador en materia constitucional.
La decisión final dependerá de la votación en el Pleno del Congreso, donde se necesitará mayoría calificada.
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