¿De director denunciado a gobernador? César Zapata y las graves acusaciones que ponen en alerta a la región Lima

César Zapata, actual director de la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Lima, ha puesto sobre la mesa su intención de postular al cargo de gobernador regional. Sin embargo, su aspiración política se ve seriamente cuestionada por una grave denuncia en su contra por presunto hostigamiento laboral y cobros irregulares a trabajadores de la institución que dirige.

La denuncia fue presentada por la abogada Sandy Villarreal Espinoza, exasistente de oficina de Zapata y hoy regidora de la Municipalidad del Centro Poblado de Humaya, quien formalizó su queja ante el área de Recursos Humanos. Según su testimonio, el funcionario habría solicitado dinero mensual a sus compañeros de labores para supuestos “gastos internos”, llegando incluso a invocar el nombre de la gobernadora regional Rosa Vásquez Cuadrado.

De acuerdo con la denunciante, estas prácticas habrían generado un clima de temor y presión entre el personal bajo su cargo, configurando presuntos actos de hostigamiento y abuso de autoridad dentro de una dependencia pública clave. Los hechos denunciados comprometerían no solo la conducta ética del funcionario, sino también la transparencia en la gestión regional.

Pese a estas acusaciones, Zapata hoy pretende dar el salto político y convertirse en gobernador regional. Esta situación genera serias interrogantes: si siendo director habría pedido dinero mensual a sus trabajadores, ¿qué podría ocurrir si llegara a tener el control total del Gobierno Regional de Lima?

Diversas voces advierten a la población sobre el riesgo que implicaría elegir a autoridades con denuncias de esta naturaleza, señalando que el desarrollo y la institucionalidad de la región Lima Provincias no pueden quedar en manos de personas seriamente cuestionadas. La ciudadanía, una vez más, tendrá la responsabilidad de informarse y evaluar con criterio a quienes buscan gobernar.

Fuente: El Chasqui

Consejo Regional de Lima contará con 14 representantes para las elecciones 2026

El Consejo Regional de Lima aumentará su número de integrantes de 13 a 14 representantes para el próximo periodo gubernamental. Esta decisión se toma de cara a las Elecciones Regionales 2026, proceso para el cual el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido la Resolución N° 0001-2026-JNE. Dicha norma establece el número definitivo de consejeros que serán elegidos, buscando ajustar la representación política a la realidad poblacional de las nueve provincias que conforman el departamento de Lima.

La nueva distribución beneficia directamente a las provincias de Barranca y Huarochirí, las cuales contarán ahora con dos consejeros cada una, incrementando su presencia política respecto al periodo anterior donde solo tenían uno. En contraste, la provincia de Cajatambo ha sufrido una reducción en su representatividad, pasando de tener dos a un solo consejero regional.

El nuevo pleno regional estará conformado de la siguiente manera para el periodo 2027-2030. Las provincias de Barranca, Huarochirí, Cañete, Yauyos y Huaura han sido designadas con dos consejeros cada una, consolidándose como las zonas con mayor representación en el pleno. Por otro lado, las provincias de Huaral, Canta, Cajatambo y Oyón tendrán la responsabilidad de elegir a un solo representante para defender los intereses de sus respectivas jurisdicciones.

Finalmente, este incremento a 14 consejeros regionales busca fortalecer el trabajo de las comisiones y la vigilancia de los recursos públicos en las nueve provincias. La norma emitida por el JNE ya es de conocimiento público y deberá ser aplicada estrictamente por los partidos políticos y movimientos regionales al momento de inscribir sus listas de candidatos.

Tragedia en la Panamericana Norte: empresario huaralino fallece en accidente de tránsito

Un trágico accidente de tránsito se registró en la Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 133, en el sector Las Salinas de Huacho, donde una camioneta sufrió un violento despiste y posterior volcadura, dejando como saldo una persona fallecida.

Según información preliminar, el vehículo habría perdido una llanta, lo que provocó que diera varias vueltas de campana. El conductor, que viajaba solo, quedó atrapado entre los fierros retorcidos, perdiendo la vida de manera instantánea.

La Policía Nacional del Perú identificó a la víctima como Félix Fernández Naira (56), conocido empresario del distrito de Huaral y propietario del vehículo siniestrado.

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía de Carreteras, Serenazgo y peritos de la PNP, quienes realizaron las diligencias correspondientes, el peritaje técnico y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas de este nuevo accidente fatal en la Panamericana Norte.

El hecho ha generado consternación entre familiares, amigos y la población huaralina.

Graves denuncias salpican al consejero José Caico y al entorno del Gore Lima

Una nueva denuncia pone en el centro de la polémica al consejero regional por Cañete, José Caico Fernández, a quien se le atribuye una influencia determinante en el manejo del Hospital Rezola, las redes de salud y la Unidad Ejecutora Lima Sur. La situación se agrava al involucrar directamente a su entorno familiar, en especial a su esposa, la médico Fátima del Pilar Alcalá Sánchez.

Según la información recibida, el consejero Caico cuestionado además por un presunto episodio de conducción en estado de ebriedad habría mantenido una relación de conveniencia política con la gobernadora regional sentenciada, lo que explicaría, según la denuncia, su pasividad fiscalizadora. Fuentes señalan que el poder “se le habría subido a la cabeza”, permitiéndole operar sin mayores contrapesos.

Uno de los puntos más delicados es el presunto nombramiento irregular de la doctora Fátima Alcalá Sánchez en el puesto de salud del distrito de Chocos, mediante la Resolución Directoral N.° 279-2023, de fecha 30 de noviembre de 2023, cuando según se afirma no se encontraba laborando en dicha institución. A ello se suma su designación como directora del Centro de Salud de San Vicente, coincidiendo con el cargo político de su cónyuge.

La población de Yauyos ha expresado reiteradamente su malestar, exigiendo que médicos y personal de salud retornen a sus plazas originales, denunciando que los establecimientos de esa provincia se encuentran prácticamente abandonados, mientras profesionales son trasladados a Cañete. El reclamo ciudadano es claro: los centros de salud de Yauyos se estarían convirtiendo en un “cementerio” por falta de personal.

Aún más inquietante resulta la aparente acumulación de cargos de la doctora Alcalá Sánchez en diversas entidades públicas, como RIS Cañete–Yauyos, la Universidad de Cañete y EsSalud, con contratos que oscilarían entre 8 mil y 18 mil soles, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y compatibilidad de funciones.

Pese a estos cuestionamientos, el consejero José Caico no solo no habría dado explicaciones, sino que según la denuncia habría asegurado apoyos políticos para presidir la Comisión de Salud en 2025. La interrogante es inevitable: ¿cómo fiscalizar un sector donde su esposa y familiares estarían directamente involucrados? Más aún cuando se menciona a su pariente Jesús Alcalá Mateo, asesor FAG en Cañete, como una pieza clave para mantener todo “bajo control” tanto en el Hospital Rezola como en la Unidad Ejecutora Lima Sur.

De confirmarse estos hechos, se entendería según los denunciantes por qué el sector Salud atraviesa una profunda crisis a nivel regional, atribuida a intereses particulares y al aval político de la actual gobernadora. Ante la gravedad de lo expuesto, se exige la intervención inmediata de las autoridades competentes y del Ministerio Público, pues advierten se estaría poniendo en riesgo la salud de los pobladores de la región Lima.

Fuente: El Chaski

Barranca: ases**inan a balazos a colectivero frente a EsSalud

Un colectivero fue asesinado a balazos la noche del último martes en la provincia de Barranca, en un nuevo hecho de violencia que evidencia la creciente inseguridad ciudadana en el norte chico.

La víctima fue identificada como Richard Jhonatan Idelfonso Ortiz, de 27 años, quien cubría la ruta Barranca–Lima. De acuerdo con información preliminar, el conductor habría recibido una llamada telefónica que lo llevó hasta los exteriores del policlínico de EsSalud, donde fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones.

Tras el ataque, los presuntos sicarios huyeron a bordo de una mototaxi de color celeste con blanco.

Fuentes policiales informaron que el fallecido registraba antecedentes policiales. La Policía Nacional del Perú ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Javier Alvarado se sentará en el banquillo de los acusados: es citado a juicio oral por presunto delito de peculado para este viernes 9 de enero

Candidato a senador es acusado del presunto delito de peculado.

La política peruana ha cruzado una línea peligrosa: la de la normalización de lo moralmente inaceptable.

Hoy no basta con preguntarse si un candidato cumple requisitos formales; la pregunta de fondo es otra, más incómoda y urgente: ¿TIENE AUTORIDAD MORAL PARA REPRESENTAR AL PAÍS?

El caso de Javier Alvarado Gonzales del Valle obliga a plantear esa pregunta sin rodeos. Alvarado, candidato a senador, está formalmente acusado por el delito de PECULADO y ha sido citado a juicio oral inaplazable para este viernes 9 de enero de 2026, a horas 9:00 am, por disposición de la Corte Superior de Justicia de Cañete, dentro del Expediente N° 00170-2021-2.

EL DELITO DE PECULADO: ATAQUE DIRECTO AL ESTADO

El delito imputado no es menor ni accesorio. EL PECULADO está tipificado en el artículo 387 del Código Penal peruano, que sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, para sí o para terceros, caudales o efectos del Estado que le han sido confiados por razón de su cargo.

En términos simples: el peculado es usar o apropiarse de dinero público, es traicionar la confianza del Estado y de la ciudadanía.

El bien jurídico protegido es claro: la correcta administración pública. Por eso, el PECULADO no es un delito cualquiera, es un acto de corrupción, una ruptura frontal del deber ético de quien administra recursos públicos y es precisamente por este delito que JAVIER ALVARADO se sentará en el banquillo de los acusados.

Aquí el problema deja de ser solo legal y se convierte en un escándalo moral.

SI JAVIER ALVARADO LLEGARA A SER ELECTO SENADOR, SURGEN UNA SERIE DE PREGUNTAS IMPOSIBLES DE ESQUIVAR:

¿Con qué autoridad moral podría legislar sobre el uso del dinero público?

¿Con qué cara podría fiscalizar a ministros, gobernadores o alcaldes?

¿Cómo podría exigir transparencia cuando él mismo enfrenta un juicio por presunto desfalco al Estado?

La función parlamentaria no es solo votar leyes. Es fiscalizar, controlar, interpelar, denunciar, es pararse frente al poder y exigir cuentas, pero nadie puede fiscalizar con solvencia ética cuando arrastra un expediente penal por presunta corrupción.

Un Congreso integrado por personas en juicio oral no fortalece la democracia, la degrada.

Lejos de actuar con prudencia o dar explicaciones claras al país, Alvarado se promueve activamente como candidato al Senado, impulsa su movimiento “Patria Joven” y busca colocar cuadros políticos en el próximo proceso electoral regional y municipal.

Todo indica que la política se estaría usando no como vocación de servicio, sino como escudo frente a los tribunales, como plataforma de supervivencia personal.

Javier Alvarado, goza de presunción de inocencia. Nadie lo discute, pero la presunción de inocencia no equivale a idoneidad moral.

Un juicio oral en curso —por peculado— debería ser razón suficiente para dar un paso al costado, no para escalar políticamente. El Congreso no es un refugio, no es un blindaje, no es un salvavidas para procesados.

LA DEMOCRACIA NO SE DEFIENDE SOLO CON VOTOS, SE DEFIENDE CON MEMORIA, CON INFORMACIÓN Y CON EXIGENCIA ÉTICA

Resulta cuestionable y éticamente inviable, que un candidato a senador, acusado supuestamente de apropiarse de recursos públicos, sea presentado como una opción moralmente válida para asumir acciones de control y fiscalización en el congreso-.

¡¡TODA UNA VERGUENZA!!

Fuente: RADIO TV Digital-RTD