¿Interés encubierto? La verdad incómoda detrás de la demanda inconstitucional presentada por Jorge Conde a favor de un club privado

Las verdades del candidato que busca reelegirse – Parte I

¡Lo que nadie debe olvidar! La gran sombra sobre la gestión de Jorge Conde Reyes sigue siendo su inexplicable decisión de llevar al Colegio de Abogados de Huaura a pelear una guerra ajena: una demanda de inconstitucionalidad a favor de clubes privados, con accionistas privados y problemas netamente particulares. ¿Qué llevó al entonces decano a convertir al CAH en escudo jurídico de intereses particulares? ¿Convicción, presión… o interés encubierto? La demanda fue un fracaso rotundo y dejó al gremio en ridículo.

Mientras los abogados clamaban por defensa laboral, capacitación real y apoyo institucional, Conde Reyes dedicó esfuerzos, recursos y la imagen del CAH a un litigio sin vínculo con la misión del colegio. Ese desvío de prioridades no solo fue incomprensible: fue una bofetada a los cientos de agremiados que sí necesitaban respaldo. ¿Por qué no mostró el mismo “entusiasmo jurídico” para proteger a los más vulnerables o para resolver los problemas internos del gremio?

El Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional (Sentencia 350/2023) terminó desnudando toda la improvisación: declaró la demanda improcedente, evidenciando fallas elementales y una falta absoluta de sustento constitucional. Ese revés dejó clara una pregunta que Conde jamás respondió: ¿qué lo movió realmente? Porque ningún decano serio arriesga la credibilidad institucional por un club de fútbol… a menos que existiera un interés que no se quiso explicar.

Hoy, mientras Conde Reyes intenta volver al decanato, muchos abogados sienten que les quieren vender la misma versión maquillada de una gestión que nunca defendió al gremio. ¿Para qué volver? ¿Para repetir aventuras legales sin sentido? ¿Para seguir usando al CAH como plataforma personal? La comunidad jurídica tiene la palabra: o se convierte en cómplice silenciosa, o pone fin a una etapa marcada por decisiones oscuras que jamás debieron tomarse en nombre del colegio.

Fuente: Central de Noticias

Gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, es condenada a casi 10 años de prisión por corrupción

La gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, ha sido condenada a una pena privativa de nueve años y cinco meses por el delito de peculado doloso agravado, según el fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate.

La sentencia judicial también impone a la autoridad regional el pago de una reparación civil de S/100.000 a favor del Estado peruano. Estos hechos se dan en relación con presuntas irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado durante el 2023 y 2025.

Los cargos de corrupción

La condena impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldada por evidencia recopilada por la Policía Nacional a través de la Dircocor, se fundamenta en actos de corrupción que se remontan a su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí, específicamente vinculados al caso del Centro Cívico de Matucana y su auditorio.

De acuerdo con los elementos probatorios y las investigaciones, el Tribunal determinó que Vásquez Cuadrado era culpable de los delitos: peculado por apropiación y falsificación de documento. Se acreditó un perjuicio económico al Estado, debido a que la obra del centro cívico de Matucana fue sobrevalorada y quedó inconclusa, a pesar de que la municipalidad desembolsó una suma mayor a la que realmente debió costar la construcción.

En el mismo proceso judicial, se investigaron cargos por falsificación de documentos públicos relacionados con la obra, donde se detectaron rubricas falsificadas en resoluciones gerenciales que permitieron el desembolso de fondos.

El proceso legal, que se ha extendido por varios meses, concluyó con una resolución firme que acoge los argumentos presentados por el fiscal Cristian Manrique, demostrando la culpabilidad de la gobernadora en el uso indebido de su cargo para beneficio personal o de terceros.

Operativo “Los Compadres de la Corrupción”

La hipótesis fiscal sostiene que esta organización utilizaba el aparato estatal para el direccionamiento de contratos y el favorecimiento a proveedores específicos. El nombre del operativo subraya que el mecanismo de corrupción se basaba en la adjudicación de obras y servicios a personas con las que la gobernadora o altos funcionarios mantenían una estrecha relación personal o familiar, incluyendo vínculos de compadrazgo (padrinos de bautizo, etc.).

Una de las acciones más resonantes del operativo fue el allanamiento de múltiples inmuebles, incluyendo la vivienda de la Gobernadora Vásquez Cuadrado y hasta 11 oficinas e inmuebles vinculados al Gore Lima y a los proveedores presuntamente beneficiados. Estas diligencias se llevaron a cabo con el propósito de incautar documentación clave, dispositivos electrónicos y otros elementos de convicción que sirvieran para sustentar la tesis de la Fiscalía.

Defensa presentará recurso de apelación

Tras conocerse el fallo, la defensa legal de la gobernadora, a cargo del abogado Erickson Costa Carhuavilca, presentó recurso de apelación contra todos los cargos dictados por el juez Carlos de la Cruz Escalante, con la finalidad de revertir o reducir la condena de la gobernadora Vásquez Cuadrado.

Si la sentencia se confirma en la sala de apelaciones, la actual gobernadora regional deberá ser internada en un centro penitenciario. Además, la sentencia por un delito doloso con pena privativa de libertad efectiva conlleva automáticamente el inicio del procedimiento de vacancia del cargo como Gobernadora Regional de Lima ante el Consejo Regional y, posteriormente, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Adicionalmente a la prisión, el fallo incluye la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.

Rosa Vásquez se “abre” a la Contraloría solo tras ser exhibida en el Congreso: ¿Temor a lo que pueda revelarse?

Luego de quedar expuesta en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Rosa Vásquez recién decidió invitar a la gerenta regional de Control de Lima Provincias de la Contraloría, Carmen Bazán Guerra, pese a que anteriormente había puesto trabas y cerrado las puertas a cualquier supervisión. Que no engañe a nadie: no es que ahora esté “abierta” a que la investiguen, sino que la situación la obligó.

Rosa Vásquez quedó en ridículo cuando la Contraloría presentó un informe ante la Comisión de Fiscalización que evidenció la falta de cooperación de su gestión. Tras ser expuesta a nivel nacional, no le quedó otra opción que permitir el ingreso de los órganos de control. Pero la pregunta es inevitable: ¿a qué teme Rosa Vásquez? ¿Tiene algo que ocultar?

No puede pretender mostrarse como una autoridad transparente cuando ha sido sentenciada, se mantiene investigada y, además, ha obstaculizado procesos de supervisión. Si la Fiscalía avanza con el caso “Los Compadres”, esta conducta podría jugar en su contra en futuras audiencias.

Lo ocurrido no es gesto de transparencia, sino reacción obligada. Estaremos atentos, porque todo indica que más denuncias podrían salir a la luz.

Fuente: Diario El Chaski

Contrataciones bajo sospecha: Tribunal abre proceso sancionador por presunta contratación ilegal en el Gobierno Regional de Lima

Una nueva sombra se cierne sobre las contrataciones del Gobierno Regional de Lima (GRL). El Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE ha iniciado un procedimiento sancionador contra Cristal Rufina Quispe Cisneros, luego de que el Órgano de Control Institucional del propio Gobierno Regional detectara indicios de una contratación presuntamente ilegal.

El caso gira en torno a la Orden de Servicio N.° 606-2023, emitida el 15 de marzo de 2023 por S/ 7 000. Según el informe de control, Quispe Cisneros no podía contratar con el Estado porque se encontraba dentro del ámbito de impedimentos al ser hija de Arístida Rufina Cisneros Flores, quien en ese periodo ejercía como directora regional de Educación de Lima Provincias, un cargo público de confianza designado por el propio Gobierno Regional.

El impedimento es claro: la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que familiares directos de funcionarios con poder de decisión contraten con la entidad donde estos ejercen autoridad. Aun así, la contratación se consumó.

Pero hay un hecho que agrava el caso: el Gobierno Regional de Lima no respondió el requerimiento de información del Tribunal, pese a haber sido solicitado mediante Decreto N.° 668661. Es decir, el GRL —que hoy figura como agraviado— no colaboró oportunamente con la investigación, dejando abierta la interrogante sobre por qué no se entregó documentación básica que podría haber esclarecido el proceso.

Ante estos elementos, el Tribunal decidió abrir procedimiento sancionador. De confirmarse la infracción, Quispe Cisneros podría ser inhabilitada entre 3 y 36 meses para contratar con el Estado.

La notificación advierte que todas las actuaciones posteriores —incluida la resolución final— serán comunicadas a través del sistema digital Toma Razón Electrónico, un mecanismo implementado precisamente para evitar dilaciones, pérdidas de documentos o maniobras administrativas.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las contrataciones en el Gobierno Regional de Lima y la falta de controles internos que, como en este caso, permiten que procesos que deberían ser transparentes terminen señalados por conflictos de interés, falta de supervisión y riesgos de direccionamiento.

Este informe queda abierto mientras se esperan los descargos de la involucrada y la resolución final del Tribunal. Entretanto, persiste la misma pregunta que siempre rodea a estos casos:

¿Simple descuido administrativo o un patrón persistente de irregularidades en las contrataciones del Gobierno Regional de Lima?

Fuente: Noticias Huacho

Capturan a presuntos integrantes de dos clanes familiares dedicados a la extorsión en el norte chico

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Huaura el Equipo 1 logró la detención preliminar de Freddy Fidencio Flores Guerrero, Kelly Joanne Yanqui Senozain, Jennifer Mayuri Flores Yanqui, Luis Edmundo Mendoza Carrasco y Amabel Estefany Obregón Rosas, presuntos integrantes de dos clanes familiares dedicados a la extorsión sistemática en el Norte Chico.

Según la información en el megaoperativo, cuatro de ellos fueron capturados durante los allanamientos ejecutados en el distrito de Moro, donde además se hallaron más de 20 chips telefónicos usados para enviar mensajes, realizar llamadas amenazantes y coordinar acciones delictivas contra sus víctimas.

Las autoridades señalan que estos grupos delictivos operaban desde hace meses en Huaral, Barranca, Huaura, Huarmey e incluso Chimbote, utilizando múltiples líneas telefónicas registradas a nombre de terceros. La investigación también apunta a que habrían contratado personas para ejecutar ataques contra quienes se negaban a pagar las sumas exigidas.

La Fiscalía sostiene que se trata de clanes que estructuraron una red de intimidación que afectó a trabajadores, comerciantes y familias de toda la región, evidenciando nuevamente cómo la extorsión sigue ganando terreno en provincias donde el Estado aún responde con lentitud y recursos limitados.

El juzgado de investigación preparatoria de HUARAL, ordenó 7 días de detención preliminar para esta organización criminal.

Región Lima seguirá gobernada por una sentenciada por corrupción

Por: Carlos Mesías Zárate

En un hecho que indigna a toda la Región Lima, la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado ha sido condenada en primera instancia a 9 años y 5 meses de cárcel, además de quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por igual periodo. El fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado de Lima Este en el escandaloso caso “Matucanazo”, confirma su responsabilidad penal mediante peritajes, testimonios y pruebas que, según los magistrados, acreditan plenamente los delitos cometidos cuando Vásquez era alcaldesa de Huarochirí.

Pero lo verdaderamente repulsivo es lo que viene después. A pesar de la contundencia del fallo y del volumen probatorio, los jueces optaron por suspender la ejecución de la condena, permitiendo que Rosa Vásquez siga gobernando como si nada hubiera pasado, administrando recursos públicos, firmando documentos y tomando decisiones que afectan a más de un millón de ciudadanos. Todo mientras apela la sentencia en instancias superiores.

¿Nueve años de prisión efectiva? Sí. ¿Inhabilitación total para ejercer función pública?

También. ¿Gobernando como si fuera inocente? Increíble, pero real. La decisión judicial ha desatado un terremoto político y moral. ¿Cómo puede una autoridad ya declarada culpable seguir al mando de una región? ¿Qué clase de justicia permite que una funcionaria sentenciada por corrupción continúe sentada en el sillón regional sin el menor recato?

Para colmo, la suspensión de la condena llega con condiciones que parecen más un trámite que una sanción: una caución de S/ 100 mil en cinco días, control biométrico quincenal y la prohibición de salir de su jurisdicción sin permiso. Un régimen “especial” que contrasta brutalmente con la severidad que el sistema aplica a cualquier ciudadano común.

Lo más grave es que los jueces fueron categóricos: las pruebas son suficientes, sólidas y determinantes. Y aun así, la gobernadora podrá seguir jurando transparencia frente a cámaras mientras carga sobre los hombros una condena casi de una década por corrupción.

La Región Lima quedará gobernada, al menos por ahora, por una sentenciada, una autoridad cuya situación legal es tan frágil que cualquier incumplimiento revocaría la suspensión y la enviaría directamente a prisión. Mientras eso no suceda, Rosa Vásquez seguirá brindando con champagne del más fino en estas fiestas de fin de año.