Funcionarios del Gobierno Regional de Lima gestionaron pago irregular de alquiler de maquinaria a 15 contratistas por un monto de S/ 1´778, 815.58

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada al Gobierno Regional de Lima, se han detectado una serie de irregularidades, que están conllevando a que contraloría recomiende el inicio de acciones administrativas y penales contra un grupo de funcionarios de esta entidad regional.

Según Contraloría, en el marco del Estado de Emergencia declarado mediante Decretos Supremos N° 029 y 035- 2023-PCIV del 03 y 12 de marzo del 2023, respectivamente, funcionarios del Gobierno Regional de Lima, conformado por el titular de la Entidad (Gobernadora Regional de Lima), el área usuaria (Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente y Oficina Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional) y el Órgano Encargado de las Contrataciones (Subgerencia Regional de Administración y Oficina de Logística), así como la máxima autoridad administrativa de la Entidad (Gerencia General Regional), consintieron y validaron la prestación del servicio de alquiler de vehículos y/o maquinaria pesada de 15 contratistas, sin observar lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y/o normativa interna de la Entidad.

Asimismo, funcionarios de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Subgerencia Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional, la Subgerencia Regional de Administración, la oficina de Logística, la Subgerencia Regional de Asesoría Jurídica, la Procuraduría Pública Regional, la Gerencia General Regional y la Gobernación, gestionaron irregularmente a través de actas de conciliación, el reconocimiento de deuda y compromiso de pago, por la prestación del servicio de alquiler de vehículos y/o maquinaria pesada para la atención del Estado de Emergencia declarados con los Decretos Supremos N°s 029 y 035-2023- PCM de 03 y 12 de marzo de 2023, las cuales fueron realizadas sin observar el marco legal, sin que se dé cumplimiento a los requisitos establecidos en el procedimiento conciliatorio, omitiendo disponer acciones para el deslinde de responsabilidades de los servidores que en nombre de la Entidad, tomaron acciones fuera del marco legal.

Por lo que, los referidos hechos generaron que se consienta y valide la prestación del servicio de alquiler de vehículo y/o maquinaria a pesada de quince (15) contratistas, sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado; asimismo, ocasionó que se gestione irregularmente el pago de solicitudes de reconocimiento de deuda para quince (15) contratistas por un monto total de S/ 1 ´778, 815.58, como resultado de la prestación de servicios de alquiler de maquinaria pesada para la ejecución de trabajos de limpieza y des colmatación en algunos distritos de las nueve (9) provincias del departamento de Lima declarados en emergencia, que fue realizado fuera del marco legal.

Asimismo, la Gobernación, la Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la Subgerencia Regional de Defensa Civil y Defensa Nacional, la Subgerencia Regional de Administración, la Oficina de Logística, la Subgerencia Regional de Asesoría Jurídica, la Procuraduría Pública Regional; quienes irregularmente gestionaron el reconocimiento y pago por el monto S/ 1´778, 815.58, a favor de quince (15) contratistas, que brindaron el servicio de alquiler de vehículos y/o maquinaria pesada sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, las mismas que fueron consentidas y validadas por la Entidad.

RECOMENDACIONES AL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL DE LIMA:

Poner en conocimiento el presente informe de Auditoria, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.

A LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN:

Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y/o servidores comprendidos en los hechos de la observación N° 1 del Informe de Auditoria con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.

FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS EN LAS OBSERVACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1.- Rosa Gloria Vásquez Cuadrado Gobernadora Regional

2.- Leonardo Edison Vílchez Fernández Gerente general Regional

3.- Yuri Rojas Santiago Subgerente regional de Administración

4.- Flor Mery Yauri Ramírez Gerente Regional de Recursos Naturales

Presunta responsabilidad penal

5.- Luis Alberto Huamán Ordoñez Subgerente de Asesoría Legal

Presunta responsabilidad penal

7.- Kelly Cristina Borja Pérez Procuradora Pública Regional ad hoc

Presunta responsabilidad penal

8.- Víctor Hernán Díaz Bernal Jefe oficina regional de Densa Civil (2023 – 2024)

Presunta responsabilidad penal

9.- Melvin Grimaldo Rodríguez Minchola Jefe oficina regional defensa civil (2023)

10.- Pablo Virgilio Díaz Menacho Jefe de la oficina de Logística

11.- Pablo Guizabalo Moreno Subgerente regional de Asesoría Legal

Fuente: Informe auditoría N° 007-2025-2-5344-AC

Contraloría acorrala a Rosa Vásquez Cuadrado y funcionarios corruptos

Contraloría y Congreso descubren lo que los ojos ciegos de los consejeros no quisieron ver: Caos en el Gore Lima con ejecución presupuestal pobre.

1. La Obstaculización y el Impacto del Control Articulado

Una fiscalización conjunta entre el despacho congresal de Milagros Rivas y la Contraloría General de la República expuso el desorden administrativo en el Gobierno Regional de Lima Provincias (GORE Lima).

La diligencia se inició tras múltiples quejas ciudadanas y requirió el apoyo de la escolta policial, ya que se intentó impedir el ingreso al equipo de control. Esta acción inmediata demostró la urgencia y el nivel de resistencia ante la supervisión de los recursos públicos.

2. Abandono, Ruina y Evidencia de Corrupción

El panorama revelado fue vergonzoso y evidenció el presunto abandono de funciones y el uso ineficiente de fondos. Se encontraron maquinarias abandonadas y puestos de salud en condiciones deplorables, cerrados y «cayéndose a pedazos».

El equipo técnico de la Contraloría documentó múltiples situaciones que sugieren la existencia de presuntos casos de corrupción dentro de la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez.

3. Ejecución Presupuestal Pobre y Reversión Millonaria

Uno de los hallazgos más críticos fue la baja ejecución presupuestal, muy por debajo de lo programado para la región. Este indicador de incapacidad de gestión se resumió en la frase que marcó la visita: “Solo se revirtió 3 millones», cuando la realidad es que han sido cerca de 500 millones.

La reversión de esta significativa suma de dinero al tesoro público representa una oportunidad perdida para invertir en sectores vitales como educación y salud, donde las necesidades son urgentes.

4. Condiciones Laborales Inhumanas y Persecución a Denunciantes

La fiscalización también descubrió graves problemas internos que afectan al personal de la entidad. Se identificaron condiciones laborales inhumanas e insalubres, además de la apertura de procesos administrativos y la persecución a trabajadores que se atrevieron a denunciar los presuntos actos de corrupción.

Esto evidencia un ambiente de hostigamiento para quienes buscan la transparencia en la gestión regional.

5. El Silencio de los Consejeros Regionales

Las contundentes revelaciones de la Contraloría y el Congreso desnudan una realidad que los consejeros regionales oficialistas decidieron ignorar. Mientras la población pedía a gritos la fiscalización, los hallazgos demuestran que el control político interno fue deficiente o inexistente.

La Contraloría continuará levantando información para iniciar los procesos correspondientes, asegurando que el dinero del pueblo sea usado para servir al pueblo y no para el enriquecimiento ilícito o el abandono.

F: ARV + NOTICIAS

Empresa que vendió pollo a hospital a 20 soles el kilo, también le vende a la Municipalidad de Barranca a 15 soles

En un hecho que ha despertado la preocupación de toda la provincia de Barranca, la empresa “Señor Cautivo de Barranca” habría obtenido recientemente la adquisición de pollo entero por un monto de S/. 243,780.00 soles, pese a que no cuenta con la autorización sanitaria correspondiente otorgada por la DIGESA, según información revisada en fuentes oficiales.

Lo más preocupante —según denuncian dirigentes y vecinos — es que esta empresa viene suministrando alimentos por montos que ascienden a miles de soles a hospitales y municipalidades, sin acreditar los registros o certificaciones sanitarias exigidos por ley a todo proveedor de alimentos, particularmente aquellos destinados a comedores populares y entidades públicas de salud.

Ante la gravedad de estos hechos, se exhorta a las autoridades competentes —Contraloría General de la República y Fiscalía Anticorrupción de Huaura— a iniciar las investigaciones de oficio, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y penales que correspondan. Asimismo, se llama la atención de los regidores y miembros de la Comisión de Desarrollo Humano de la Municipalidad Provincial de Barranca, para que ejerzan su función de fiscalización política y de control local.

El caso abre un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y la falta de control en los procesos de contratación pública, especialmente en sectores sensibles como la alimentación y la salud, donde la omisión de requisitos sanitarios podría tener consecuencias directas en la salud de la población.

Cárceles de Huacho, Huaral y Cañete se encuentran hacinados, revela el INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reveló cifras preocupantes sobre el hacinamiento carcelario en los principales penales del norte y sur chico de la región Lima. A julio de 2025, los establecimientos penitenciarios de Huacho, Huaral y Cañete superan con creces su capacidad instalada, albergando a una población reclusa que triplica el número de plazas disponibles.

De acuerdo con el reporte oficial, el penal de Huacho tiene una capacidad para 644 internos, pero actualmente registra 2,130 reclusos, alcanzando un 231 % de sobrepoblación. La situación es aún más crítica en el penal de Huaral, donde se albergan 4,456 internos pese a tener capacidad solo para 1,029, lo que representa un alarmante 333 % de hacinamiento. En tanto, el penal de Cañete cuenta con 1,024 plazas, pero mantiene una población de 3,612 reclusos, equivalente a un 253 % de sobrecupo.

Estas cifras reflejan una grave crisis penitenciaria en la región Lima, donde las cárceles enfrentan problemas estructurales que afectan la seguridad, la salud y la reinserción social de los internos. Especialistas advierten que el hacinamiento incrementa los riesgos de motines, violencia y propagación de enfermedades, además de poner en evidencia la urgente necesidad de políticas públicas que aborden el colapso del sistema penitenciario.

Disponen cambio de personal en las DEPINCRI de Huaral, Huacho y Barranca para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

En una medida orientada a reforzar las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado, se ha dispuesto el cambio de personal en las Divisiones de Investigación Criminal (Depincri) de Huaral, Huacho y Barranca.

La decisión responde a una solicitud interna de reestructuración, con el objetivo de “oxigenar” las unidades de investigación, reemplazando al personal que cuenta con denuncias o investigaciones en curso, y conformando nuevos equipos especializados en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en el norte chico.

De acuerdo con fuentes policiales, esta medida busca mejorar la eficiencia de las investigaciones, garantizar la transparencia en los procedimientos y fortalecer la confianza ciudadana en el trabajo de las fuerzas del orden.

Asimismo, se precisó que los cambios serán graduales y evaluados por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI), como parte de un plan integral de reestructuración que abarcará diferentes unidades del país.

Con esta disposición, las autoridades esperan renovar la capacidad operativa de las Depincri y reforzar las estrategias de inteligencia policial, en momentos en que la criminalidad y las extorsiones continúan afectando gravemente a las provincias del norte chico.

ODPE Huaura instala oficinas distritales para el desarrollo de las elecciones primarias

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huaura, inició la instalación de sus 34 oficinas de atención y coordinación en diversos distritos de las regiones de Lima y Áncash, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las elecciones primarias, donde se definirán las candidaturas para los comicios generales del 12 de abril de 2026.

Estas oficinas distritales, en coordinación con la ODPE, serán responsables de la organización y ejecución de las elecciones en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, se realizarán jornadas de capacitación dirigidas a los diferentes actores electorales, entre ellos miembros de mesa, electores afiliados y personeros de las organizaciones políticas participantes.

En el caso de los miembros de mesa, la capacitación aborda las funciones que deberán cumplir durante la jornada electoral, según el cargo asignado, así como el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), esta herramienta les permitirá agilizar el llenado de las actas electorales y disminuirá la probabilidad de error en las mismas.

La ODPE Huaura tiene a su cargo la conducción de las elecciones primarias en los distritos de Cajatambo, Gorgor, Canta, Huacho, Caleta de Carquín, Hualmay, Santa María, Matucana, San Antonio, Santa Eulalia, Huaral, Chancay, Barranca, Paramonga, Supe, Supe Puerto y Oyón, en la región Lima; así como en Huaraz, Independencia, Carhuaz, Casma, Caraz, Huari, Cabana, Pallasca, Chimbote, Santa, Coishco, Nuevo Chimbote, Sihuas, Llamellín, San Luis, Huarmey y Ocros, en Áncash.

Para este proceso electoral, que se desarrollará el 30 de noviembre, se prevé la instalación de 52 mesas de sufragio en 34 locales de votación, donde ejercerán su derecho al voto aproximadamente 5,048 afiliados de los partidos políticos Renovación Popular y Partido Aprista Peruano. Durante la jornada, los locales estarán resguardados por efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, garantizando el orden y la seguridad del acto electoral.

La sede de la ODPE Huaura está ubicada en la calle: Mariscal Castilla N°129 – Huacho – Huaura. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de