Luego de quedar expuesta en la Comisión de Fiscalización del Congreso, Rosa Vásquez recién decidió invitar a la gerenta regional de Control de Lima Provincias de la Contraloría, Carmen Bazán Guerra, pese a que anteriormente había puesto trabas y cerrado las puertas a cualquier supervisión. Que no engañe a nadie: no es que ahora esté “abierta” a que la investiguen, sino que la situación la obligó.
Rosa Vásquez quedó en ridículo cuando la Contraloría presentó un informe ante la Comisión de Fiscalización que evidenció la falta de cooperación de su gestión. Tras ser expuesta a nivel nacional, no le quedó otra opción que permitir el ingreso de los órganos de control. Pero la pregunta es inevitable: ¿a qué teme Rosa Vásquez? ¿Tiene algo que ocultar?
No puede pretender mostrarse como una autoridad transparente cuando ha sido sentenciada, se mantiene investigada y, además, ha obstaculizado procesos de supervisión. Si la Fiscalía avanza con el caso “Los Compadres”, esta conducta podría jugar en su contra en futuras audiencias.
Lo ocurrido no es gesto de transparencia, sino reacción obligada. Estaremos atentos, porque todo indica que más denuncias podrían salir a la luz.
Una nueva sombra se cierne sobre las contrataciones del Gobierno Regional de Lima (GRL). El Tribunal de Contrataciones Públicas del OECE ha iniciado un procedimiento sancionador contra Cristal Rufina Quispe Cisneros, luego de que el Órgano de Control Institucional del propio Gobierno Regional detectara indicios de una contratación presuntamente ilegal.
El caso gira en torno a la Orden de Servicio N.° 606-2023, emitida el 15 de marzo de 2023 por S/ 7 000. Según el informe de control, Quispe Cisneros no podía contratar con el Estado porque se encontraba dentro del ámbito de impedimentos al ser hija de Arístida Rufina Cisneros Flores, quien en ese periodo ejercía como directora regional de Educación de Lima Provincias, un cargo público de confianza designado por el propio Gobierno Regional.
El impedimento es claro: la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe que familiares directos de funcionarios con poder de decisión contraten con la entidad donde estos ejercen autoridad. Aun así, la contratación se consumó.
Pero hay un hecho que agrava el caso: el Gobierno Regional de Lima no respondió el requerimiento de información del Tribunal, pese a haber sido solicitado mediante Decreto N.° 668661. Es decir, el GRL —que hoy figura como agraviado— no colaboró oportunamente con la investigación, dejando abierta la interrogante sobre por qué no se entregó documentación básica que podría haber esclarecido el proceso.
Ante estos elementos, el Tribunal decidió abrir procedimiento sancionador. De confirmarse la infracción, Quispe Cisneros podría ser inhabilitada entre 3 y 36 meses para contratar con el Estado.
La notificación advierte que todas las actuaciones posteriores —incluida la resolución final— serán comunicadas a través del sistema digital Toma Razón Electrónico, un mecanismo implementado precisamente para evitar dilaciones, pérdidas de documentos o maniobras administrativas.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de las contrataciones en el Gobierno Regional de Lima y la falta de controles internos que, como en este caso, permiten que procesos que deberían ser transparentes terminen señalados por conflictos de interés, falta de supervisión y riesgos de direccionamiento.
Este informe queda abierto mientras se esperan los descargos de la involucrada y la resolución final del Tribunal. Entretanto, persiste la misma pregunta que siempre rodea a estos casos:
¿Simple descuido administrativo o un patrón persistente de irregularidades en las contrataciones del Gobierno Regional de Lima?
La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Huaura el Equipo 1 logró la detención preliminar de Freddy Fidencio Flores Guerrero, Kelly Joanne Yanqui Senozain, Jennifer Mayuri Flores Yanqui, Luis Edmundo Mendoza Carrasco y Amabel Estefany Obregón Rosas, presuntos integrantes de dos clanes familiares dedicados a la extorsión sistemática en el Norte Chico.
Según la información en el megaoperativo, cuatro de ellos fueron capturados durante los allanamientos ejecutados en el distrito de Moro, donde además se hallaron más de 20 chips telefónicos usados para enviar mensajes, realizar llamadas amenazantes y coordinar acciones delictivas contra sus víctimas.
Las autoridades señalan que estos grupos delictivos operaban desde hace meses en Huaral, Barranca, Huaura, Huarmey e incluso Chimbote, utilizando múltiples líneas telefónicas registradas a nombre de terceros. La investigación también apunta a que habrían contratado personas para ejecutar ataques contra quienes se negaban a pagar las sumas exigidas.
La Fiscalía sostiene que se trata de clanes que estructuraron una red de intimidación que afectó a trabajadores, comerciantes y familias de toda la región, evidenciando nuevamente cómo la extorsión sigue ganando terreno en provincias donde el Estado aún responde con lentitud y recursos limitados.
El juzgado de investigación preparatoria de HUARAL, ordenó 7 días de detención preliminar para esta organización criminal.
En un hecho que indigna a toda la Región Lima, la gobernadora Rosa Vásquez Cuadrado ha sido condenada en primera instancia a 9 años y 5 meses de cárcel, además de quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos por igual periodo. El fallo emitido por el Juzgado Penal Colegiado de Lima Este en el escandaloso caso “Matucanazo”, confirma su responsabilidad penal mediante peritajes, testimonios y pruebas que, según los magistrados, acreditan plenamente los delitos cometidos cuando Vásquez era alcaldesa de Huarochirí.
Pero lo verdaderamente repulsivo es lo que viene después. A pesar de la contundencia del fallo y del volumen probatorio, los jueces optaron por suspender la ejecución de la condena, permitiendo que Rosa Vásquez siga gobernando como si nada hubiera pasado, administrando recursos públicos, firmando documentos y tomando decisiones que afectan a más de un millón de ciudadanos. Todo mientras apela la sentencia en instancias superiores.
¿Nueve años de prisión efectiva? Sí. ¿Inhabilitación total para ejercer función pública?
También. ¿Gobernando como si fuera inocente? Increíble, pero real. La decisión judicial ha desatado un terremoto político y moral. ¿Cómo puede una autoridad ya declarada culpable seguir al mando de una región? ¿Qué clase de justicia permite que una funcionaria sentenciada por corrupción continúe sentada en el sillón regional sin el menor recato?
Para colmo, la suspensión de la condena llega con condiciones que parecen más un trámite que una sanción: una caución de S/ 100 mil en cinco días, control biométrico quincenal y la prohibición de salir de su jurisdicción sin permiso. Un régimen “especial” que contrasta brutalmente con la severidad que el sistema aplica a cualquier ciudadano común.
Lo más grave es que los jueces fueron categóricos: las pruebas son suficientes, sólidas y determinantes. Y aun así, la gobernadora podrá seguir jurando transparencia frente a cámaras mientras carga sobre los hombros una condena casi de una década por corrupción.
La Región Lima quedará gobernada, al menos por ahora, por una sentenciada, una autoridad cuya situación legal es tan frágil que cualquier incumplimiento revocaría la suspensión y la enviaría directamente a prisión. Mientras eso no suceda, Rosa Vásquez seguirá brindando con champagne del más fino en estas fiestas de fin de año.
Ayer se realizaron las elecciones primarias para elegir a quienes buscarán un escaño en el Congreso de la República. Sin embargo, más allá del proceso, hubo un rostro que llamó poderosamente la atención: Ramón Aldave, esposo de la sentenciada gobernadora Rosa Vásquez, conocido por muchos como el eterno aspirante que quiere mantenerse a como dé lugar en el poder.
Lo que encendió las alarmas fue la fotografía en la que Aldave aparece nada menos que con Arturo Uribe, presidente del Consejo Regional. Sí, el mismo que debería fiscalizar y representar a la provincia, pero que con esta imagen deja entrever que no fiscaliza nada y que, por el contrario, podría estar blindando a la gobernadora sentenciada en primera instancia por corrupción.
Pero no solo él aparece en escena. También se vio sonriente a Karina Leandro, quien pretende postular a la alcaldía provincial de Huaura. Así es: estos personajes que hoy posan felices en fotos y risas son los aliados directos de una gestión desastrosa, la misma que ha llevado a la región Lima a una crisis de credibilidad.
Y la gran pregunta cae por sí sola: ¿De dónde financiará su campaña Ramón Aldave? ¿Tendrá algo que ver la desesperación por acelerar obras, especialmente la construcción de colegios?
Desde este medio advertimos a la región Lima: mucho cuidado en las próximas elecciones. Estos personajes no buscan servir, buscan poder. Y ya vimos lo que pasa cuando el poder cae en manos equivocadas.
Tras un minucioso trabajo de inteligencia la policía nacional ingresó al A.H. «Los Cherres», en el distrito de Hualmay, donde se detuvo a dos integrantes de la banda “Los Delta del Norte Chico”, quienes tenían en su poder la custodia de plata bañada en oro robada de la Catedral de Huacho.
Los detenidos son; Héctor Orellana Ramón (19), alias “Nunu” y Eduardo Meléndez (26), alias “Kapo”, con antecedentes por robo agravado.
En poder de los ladrones se halló un arma de fuego y drogas. El Obispo de la Diócesis de Huacho, Antonio Santarsiero, agradeció a la policía nacional que logró recuperar los valiosos objetos que fueron sustraídas de la Catedral, el pasado 5 de noviembre.
ENFOQUE REAL 