El cinismo de la gobernadora regional no tiene punto de comparación, demostrando una vez más que esta señora no tiene sangre en la cara y que siendo una mentirosa profesional pregona a los cuatro vientos que las autoridades mentirosas debieran ser vacadas.
En una ceremonia pública con motivo de una inauguración en Caqui-Aucallama, Rosa Vásquez con todo el desparpajo del mundo manifestó que las autoridades que les mienten a las personas y que no cumplen con sus promesas debieran ser vacadas. Resulta increíble cómo es que esta autoridad regional habla como si ella siempre hubiese cumplido con sus promesas o que jamás hubiese mentido a la población.
Tenemos que recordarle un caso dramático cuando jugó con los sentimientos de los directivos del colegio “Antonio Graña” y con la comunidad educativa en general al mentirles sobre la construcción de su plantel, los engaño inventando toda una patraña para decirles que la construcción estaría a cargo de una empresa minera bajo la modalidad de obras por impuesto, sin embargo luego se supo que todo fue un montaje, una tremenda mentira cuando la propia empresa minera emitió un pronunciamiento indicando que ellos nunca se comprometieron a ejecutar esa obra. Engañaron a los huandeños y miserablemente jugaron con sus sentimientos, pero aun así ella se llena la boca diciendo que las autoridades mentirosas debieran ser vacadas de sus cargos por lo que decimos que ella tendría que ser una de las primeras, porque esto de Huando no es el único caso de sus tantas mentiras, lanza piedras al cielo sabiendo que tiene trecho de vidrio, pero como su cinismo no tiene límites, nada le interesa aparecer como caradura… Esa es la gobernadora regional.
En un megaoperativo ejecutado la madrugada del 11 de febrero, la Policía Nacional del Perú logró la captura de seis presuntos integrantes de la organización criminal denominada “La Mafia del Jr. Lima”, dedicada —según las investigaciones— a la comisión de diversos delitos en la región Lima.
La intervención se realizó a las 03:30 horas, bajo la dirección de la Región Policial Lima Norte, a cargo del general PNP Manuel Wuilmer Farías Zapata, y con la participación de la División de Investigación Criminal (Divincri) Lima Norte, dirigida por el coronel PNP Richar Jesús Medina Velásquez.
El operativo se desarrolló de manera conjunta con representantes de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura y contó con el apoyo de personal de la Digimin, unidades de inteligencia de Huacho y efectivos de las Divopus de Huacho, Barranca y Huaral.
Durante la intervención se ejecutó el descerraje de diez inmuebles y la detención preliminar de los siguientes investigados: William Junior Navarro Nicho, alias “Junior”, José Alfredo Lindo Rondón, alias “Viejo”, José Alfonso Lindo Camones, alias “Cheftin” y Nilson Uriel Barzola Botonero (27), alias “Nilson”
Asimismo, se realizaron diligencias al interior del penal de Carquín contra los internos: Carlos Ader Patricio Sánchez, alias “Orejas” o “Scokony” y Diego Ceceus Zein Ramírez Zubieta, alias “Diogo”
De acuerdo con la Policía, esta presunta banda estaría implicada en delitos contra la tranquilidad pública (banda criminal), contra la vida, el cuerpo y la salud (sicariato), contra el patrimonio (extorsión agravada y robo agravado), así como delitos contra la seguridad pública por la fabricación, comercialización y uso ilegal de armas de fuego y municiones.
Como resultado del operativo, se incautó una pistola con dos cacerinas y municiones, además de equipos celulares y otras especies que serán sometidas a peritaje como parte de las investigaciones.
Las autoridades señalaron que las diligencias continúan con el objetivo de desarticular por completo esta presunta organización criminal y esclarecer los hechos en agravio de personas naturales, jurídicas y del Estado.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que el Hospital Huacho, Huaura, Oyón y Servicios Básicos de Salud (Hospital Regional de Huacho) contrató a una empresa para el suministro de 27 000 kilos de carne de pollo por un monto de S/ 399 600, pese a que esta no cumplía con requisitos esenciales como contar con carnet sanitario vigente ni acreditar experiencia en la especialidad.
Según el Informe de Servicio de Control Específico n.° 010-2025-2-4056-SCE, que evaluó el periodo del 7 de marzo al 14 de abril de 2025, la falta de habilitación sanitaria comprometió la salud pública al permitirse la contratación de un proveedor que no acreditó condiciones mínimas para la manipulación del producto, exponiendo a los pacientes a riesgos sanitarios.
Un informe fiscal y pericial ha puesto bajo la lupa una presunta red de irregularidades durante la gestión de Javier Alvarado en el Gobierno Regional de Lima, vinculada a la emisión de recibos por honorarios, el manejo de encargos económicos y la utilización de terceros proveedores que, según los documentos, presentarían evidentes coincidencias en su elaboración.
Un mismo puño gráfico en distintos proveedores
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es la detección de similitudes en el puño gráfico es decir, la escritura manuscrita en recibos por honorarios correspondientes a distintos proveedores.
El denominado Puño Gráfico A aparece en recibos emitidos por diversos proveedores, entre ellos:
– José Figueroa Yanayaye
– Guillermo Conde Muchaypiña
– Maribet Serna Chipana
– Giovanni Muchaypiña Loyola
– Sebastián Velarde Alfonso
– Mayra Vásquez Quiroz
– Víctor Camara Morales
– Dayana Cortez León
– Alberto Cortes Villalobos
– Oscar Noel Cotera
– Mirtha Marcos de Anampa
– Margarita Ramírez Pineda
Pese a tratarse de personas distintas, los documentos consignan un mismo patrón de escritura en el llenado de los recibos, particularmente en el campo “Recibí de: Gobierno Regional de Lima”.
Asimismo, el informe señala que proveedores como Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, pese a residir en lugares distintos, presentan recibos con el mismo puño gráfico, lo que constituiría un indicio de que habrían sido elaborados por una sola persona.
Además, se advierte que varios proveedores utilizaban el mismo formato y tenor para presentar informes de actividades, variando únicamente el tipo de letra como mecanismo para aparentar diferencias.
Delitos imputados a proveedores
En el documento fiscal se consigna que diversos proveedores, en condición de terceros, son investigados como presuntos:
Cómplices extraneus en delitos contra la administración pública, en las modalidades de:
Peculado por apropiación (Art. 387 del Código Penal)
Colusión (Art. 384 del Código Penal)
Negociación incompatible (Art. 399 del Código Penal)
Autores de:
Falsa declaración en procedimiento administrativo (Art. 411 del Código Penal)
Falsedad genérica (Art. 438 del Código Penal)
Defraudación tributaria (Ley Penal Tributaria D. Leg. 813 y D. Leg. 1114)
Entre los mencionados figuran nombres como María Elena Negrón Martínez, Héctor Grober Pasquel Pino, Héctor Alexander Paico Quispe y Jenifer Rojas Cavero, entre otros.
“Burriers administrativos” y cobro de cheques
El informe también describe la existencia de funcionarios y servidores administrativos de segunda línea que habrían actuado como “burriers administrativos”, es decir, personas encargadas de:
– Firmar comprobantes de pago.
– Cobrar los cheques en el Banco de la Nación.
– Entregar el dinero al gerente inmediato que impulsaba el encargo económico.
Según el documento, en muchos casos estas personas no contaban con la experiencia profesional mínima para organizar actividades de envergadura, y su participación se habría limitado a firmar documentos que habrían sido elaborados por terceros.
Encargos económicos millonarios
Uno de los hechos más relevantes se refiere al Informe N.º 27-2015, relacionado con un encargo económico otorgado en 2013 para la realización de un evento denominado “Minicampeonato de Vóley” en Barranca.
Se consigna que:
– Se autorizó un encargo económico por S/ 35,000.
– Se informó la asistencia de cerca de 350 personas.
– No se presentó el registro formal de participantes y/o asistentes.
Además, el documento detalla que, durante el periodo 2011-2014, se habrían entregado múltiples encargos económicos por montos significativos.
Por ejemplo:
– Sara Noemí Aliaga Tantaleán habría recibido 17 encargos económicos por un total de S/ 537,470.00.
– Jorge Humberto Barba Mitrani, en su condición de Director de Comercio Exterior y Turismo, habría recibido 4 encargos económicos por S/ 104,601.00.
– Marcelo Lévano Solari, exgerente de Desarrollo Social, habría canalizado 25 encargos económicos por un total de S/ 644,500.00 entre 2011 y 2014.
El informe sostiene que la Gerencia de Desarrollo Social fue la que viabilizó la mayor cantidad de encargos económicos en ese periodo.
Indicios que agravan la investigación
La coincidencia en la escritura de recibos emitidos por distintos proveedores, el uso reiterado de formatos similares, la falta de sustento documentario completo y la concentración de encargos económicos en determinadas áreas configuran, según el informe, indicios relevantes de una posible organización interna destinada a canalizar fondos públicos mediante terceros.
Las investigaciones continúan y corresponderá al Ministerio Público y al Poder Judicial determinar responsabilidades individuales. No obstante, los documentos analizados revelan un esquema que, de confirmarse, comprometería seriamente la transparencia en el manejo de recursos del Gobierno Regional de Lima durante la gestión de Javier Alvarado.
Mediante Resolución Suprema N.° 186-2025-IN, publicada en el diario oficial El Peruano, el Gobierno designó a Jhon Karec Yauri Maguiña como prefecto regional de Lima. Su nombramiento lo convirtió en el máximo representante político del Gobierno en la región Lima, con la responsabilidad de articular acciones de seguridad, orden público y coordinación institucional.
Desde su designación, Jhon Yauri Maguiña, demostró un estilo de gestión cercano y participativo, orientado a fortalecer la presencia del Estado peruano en las nueve provincias de la región Lima. Su trayectoria se caracterizó por la sensibilidad social y la capacidad de diálogo con autoridades locales, instituciones públicas y organizaciones civiles.
Durante su gestión, Jhon Yauri Maguiña, ha participado en múltiples actividades oficiales, programas sociales y comunitarias. Por su valioso trabajo, el Gobierno expresó su agradecimiento por sus servicios prestados a la Nación.
El candidato de Alianza para el Progreso (APP) con el número 1 al cargo de diputado, Ramón Aldave —esposo de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez— consignó en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ingresos anuales por un total de 24,000 soles.
De acuerdo con el portal oficial Voto Informado del JNE, el postulante declaró percibir ingresos únicamente del sector público por dicho monto, equivalente a 2,000 soles mensuales, mientras que en el sector privado registró ingresos de 0.00 soles.
Esta información ha generado interrogantes en torno a los recursos que se destinarían para el desarrollo de su campaña electoral, considerando el alcance territorial de la región Lima, que comprende nueve provincias y 128 distritos.
Cabe señalar que, conforme a la normativa electoral, los candidatos deben reportar el financiamiento de sus campañas ante los organismos correspondientes, a fin de garantizar la transparencia en el proceso electoral.
ENFOQUE REAL 