Arturo Uribe y el blindaje a Rosa Vásquez en el Consejo Regional de Lima

En el Consejo Regional de Lima Provincias hay nombres que ya no generan sorpresa, sino indignación. Uno de ellos es Arturo Uribe, expresidente del Consejo Regional y exregidor tres veces por la provincia de Huaura, hoy sindicado como uno de los principales operadores del blindaje descarado a la gobernadora sentenciada Rosa Vásquez.

Uribe no destaca por su trabajo, ni por iniciativas, ni por defender a la población. Destaca por todo lo contrario. Su paso por el Consejo ha estado marcado por ausencias, silencios cómplices y una presencia más frecuente en eventos sociales que en sesiones de fiscalización. No por nada, en los pasillos ya es conocido como el “consejero turista”, ese que aparece cuando conviene y desaparece cuando hay que dar la cara.

Mientras Huaura enfrenta problemas urgentes, Uribe se limita a calentar el asiento, obedecer órdenes y levantar la mano cuando la gobernadora lo necesita. Fiscalización cero, independencia ninguna. Su rol parece claro: blindar, proteger y ejecutar lo que la sentenciada Rosa Vásquez ordene, sin cuestionar y sin importar el daño institucional.

La situación se vuelve aún más turbia con la presencia del exregidor SAÚL SAAVEDRA dentro de su entorno cercano. Un personaje que, pese a los cambios de gestión, sigue incrustado en el poder regional. Nadie explica cómo ni por qué, pero ahí sigue, operando en las sombras junto a Arturo Uribe, según diversas fuentes.

Lo más grave es que no se trata solo de incapacidad o desinterés, sino de presuntos vínculos con asuntos delicados que ya están siendo investigados. Información sensible, testimonios y documentos vienen siendo recopilados y pronto saldrán a la luz, dejando en evidencia lo que hoy muchos prefieren callar.

La ciudadanía debe abrir los ojos. Arturo Uribe no representa a Huaura, representa sus propios intereses y los de quienes hoy están desesperados por aferrarse al poder. Si mañana intenta volver a postular, que nadie diga que no sabía.

Contraloría: Funcionarios del Hospital Rezola de Cañete involucrados en irregularidades que permitieron pago de casi S/ 200 mil a contratista

La Contraloría detectó irregularidades en el Hospital Regional de Cañete – Rezola: 6 funcionarios involucrados en un pago de S/ 199,990 a una empresa por mantenimiento eléctrico incompleto y deficiente.

Se pagó completo el 2 de enero de 2025 pese a fallas evidentes en 177 subtableros, de los cuales solo 86 recibieron mantenimiento; 91 quedaron sin intervenir (UCI, Emergencia, Imagen, etc.).

Pozos a tierra: solo 14 de 20 mantenidos; riesgo de descargas y electrocución.

No se realizó mantenimiento del sistema de cloración y de las cisternas de agua, afectando la seguridad sanitaria del agua.

Términos de referencia y bases administrativas se elaboraron con requisitos que limitaron la competencia; la oferta ganadora no acreditó todos los requisitos.

Se remitió el caso a la Procuraduría y se instruyó deslinde de responsabilidades en la entidad.

Barranca: Menor de 13 años fue hallada sin vida, tras salir de su casa a colegio

Una profunda consternación se vive en Supe tras el hallazgo sin vida de una menor de 13 años, quien había sido reportada como desaparecida luego de salir de su vivienda para rendir un examen en su colegio.

El cuerpo fue encontrado en la playa Bellavista, en el distrito supano, por bañistas que alertaron de inmediato a la Policía Nacional y al serenazgo. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron el deceso y advirtieron indicios de presunta violencia.

El fiscal a cargo del caso informó que el cuerpo presenta rastros de sangre, por lo que no se descarta un posible caso de violencia contra la mujer. Como parte de las diligencias, fue detenido el taxista que habría trasladado a la menor rumbo a su colegio, quien es investigado como principal sospechoso.

El cuerpo de la adolescente fue trasladado a la morgue del hospital para las pericias correspondientes, mientras el detenido fue sometido a intensos interrogatorios.

José Caico: El consejero que blindó a Rosa Vásquez mientras la salud en Cañete se cae a pedazos

Otro de los consejeros regionales que habría salido a blindar políticamente a la gobernadora regional sentenciada, Rosa Vásquez, es José Caico Fernández, representante de la provincia de Cañete. Su defensa cerrada ha despertado serios cuestionamientos, sobre todo porque no existirían argumentos técnicos ni políticos que expliquen su respaldo “a capa y espada” a una autoridad duramente cuestionada.

Según información proveniente de fuentes consideradas fidedignas, la verdadera razón de este blindaje estaría en el manejo del sector Salud en la provincia de Cañete, el cual de manera irregular estaría siendo controlado por la esposa del propio José Caico Fernández. El hecho resulta aún más grave si se considera que el consejero preside nada menos que la Comisión de Salud del Consejo Regional de Lima Provincias, configurándose un presunto y escandaloso conflicto de intereses.

La figura de José Caico no es ajena a la polémica. El consejero registra antecedentes públicos por haber sido intervenido en presunto estado de ebriedad, para luego darse a la fuga, motivo por el cual fue declarado reo contumaz. Pese a ello, hoy tiene en sus manos la responsabilidad de fiscalizar un sector tan sensible como la salud, mientras la población sufre las consecuencias de su inacción.

Los resultados están a la vista: puestos de salud en condiciones inhabitables, servicios colapsados y un Hospital Regional de Huacho que habría sido convertido en un establecimiento ineficiente, incapaz de responder a las necesidades mínimas de la población. Esta situación mantiene a los ciudadanos de Cañete y de toda la región Lima Provincias en una alarmante precariedad sanitaria.

Fuentes cercanas señalan que esta falta total de fiscalización tendría un trasfondo netamente político. José Caico Fernández buscaría postular nuevamente en las próximas elecciones, presuntamente bajo el paraguas del partido Alianza para el Progreso (APP), el mismo al que pertenece Rosa Vásquez, lo que explicaría su silencio cómplice y su nula acción fiscalizadora.

Además, se ha difundido un discurso desde su entorno que intenta desacreditar las protestas ciudadanas que exigen la salida de Rosa Vásquez, afirmando que estas marchas estarían financiadas con intereses ocultos. La pregunta es inevitable: ¿a qué le teme José Caico? ¿A perder el poder político que habría acumulado durante esta gestión?

De confirmarse las denuncias, José Caico Fernández y Rosa Vásquez serían responsables políticos directos del colapso del sistema de salud regional. Mientras se repite el argumento de que “no hay presupuesto”, la población se pregunta si los recursos estarían siendo desviados a otros fines ajenos al bienestar ciudadano.

Finalmente, información en poder de este medio señala que la esposa del consejero Caico estaría “haciendo y deshaciendo” en el sector Salud de Cañete. Asimismo, se anunciaría la pronta revelación de presuntos actos proselitistas en favor de Ramón Aldave, que incluirían la entrega de dádivas utilizando recursos del propio Gobierno Regional de Lima, hechos que, de comprobarse, configurarían graves delitos.

Sentencia firme por corrupción: la sombra legal que alcanza al Gobierno Regional de Lima

Una condena penal activa la vacancia obligatoria y pone contra las cuerdas al discutido Consejo Regional: la ley exige acción inmediata.

La población de las nueve provincias de la Región Lima debe conocer que la gobernadora regional Rosa Gloria Vásquez Cuadrado registra una sentencia penal condenatoria firme por delito de corrupción de funcionarios, además de múltiples procesos penales activos en distintos distritos fiscales del país, varios con dictamen fiscal y en etapa de apelación. Según la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una condena por delito doloso inhabilita automáticamente para ejercer función pública.

Este escenario obliga al Consejo Regional de Lima a iniciar y resolver, sin dilaciones, el procedimiento de vacancia. Especialistas en derecho advierten que cualquier intento de encubrimiento, demora o negativa constituiría omisión de funciones y desacato al orden constitucional, generando responsabilidad penal individual.

De persistir esta conducta, el caso será elevado al Jurado Nacional de Elecciones, cuya decisión es final y vinculante, con facultad de remitir antecedentes al Ministerio Público. El mensaje es claro: la ley no se negocia, se cumple.

JEE de Huaura multa con 165 mil soles a gobernadora regional Rosa Vásquez por no retirar publicidad infractora

El Jurado Electoral Especial de Huaura, resolvió imponer una sanción de amonestación pública y una multa de 30 UIT a la gobernadora regional Lima, Rosa Vásquez Cuadrado por haber incumplido lo ordenado en la resolución que determinó la infracción materia de publicidad estatal.

También por no haber retirado y/o adecuado oportunamente la publicidad infractora, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.4 del artículo 30 del Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en período electoral.

Señala la resolución del JEE de Huaura que la multa impuesta deberá ser cancelada en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de que esta resolución quede consentida, bajo apercibimiento de remitir los actuados al Procurador Público del JNE para el inicio de las elecciones legales al cobro de multa.

Fuente: Juan Michuy