El Puerto de Chancay, inaugurado en junio de 2025 como el primer terminal portuario verde y automatizado de Sudamérica, cerró su primer ejercicio comercial completo con pérdidas de US$11 millones, según el reporte de resultados globales de su operador, Cosco Shipping Ports, recogido por Baird Maritime.
El déficit contrasta con el desempeño del resto de la red del gigante chino, que obtuvo un beneficio atribuible a sus accionistas de US$ 312 millones a nivel mundial, con un crecimiento de 1.1% respecto al ejercicio anterior.
Los ingresos totales de Cosco Shipping Ports alcanzaron US$ 1,669 millones, un avance de 11%, impulsado por el mayor volumen de comercio en su red internacional, que movilizó 152.9 millones de TEU, un incremento de 6.2%.
Chancay frente a sus pares
Mientras Chancay acumula pérdidas propias de una etapa de consolidación operativa, otras terminales del grupo registraron resultados positivos. La terminal de El Pireo, en Grecia, elevó su beneficio de US$ 29 millones a US$41 millones.
La Guangzhou South China Oceangate, beneficiada por el crecimiento en rutas regionales asiáticas, alcanzó US$28 millones de ganancia. Cosco Shipping Ports Spain Holding facturó US$ 367 millones, un alza de 8.6% frente al año previo, gracias al mayor volumen de carga y a aumentos de tarifas aplicados durante el ejercicio.
El propio operador reconoció que el mercado mundial del transporte marítimo enfrenta presiones significativas por la desaceleración del crecimiento comercial y las incertidumbres geopolíticas, condiciones que también pesan sobre el desempeño de terminales en etapa de consolidación como el de Chancay.
La disputa con el regulador
Las pérdidas operativas no son el único frente abierto para el terminal peruano. En febrero de 2026, Cosco Shipping Ports presentó una demanda de amparo para evitar la supervisión del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sobre sus operaciones.
El argumento de la compañía sostiene que el puerto no requiere fiscalización estatal porque no existe un contrato de concesión con el Estado peruano, sino únicamente una habilitación portuaria.
Ositrán rechazó esa posición y precisó que el criterio de supervisión no depende de la existencia de una concesión, sino de la prestación de servicios públicos: al tratarse de un terminal privado de uso público, está sujeto a la legislación del sistema portuario nacional.
El debate también alcanzó el ámbito tarifario. El Indecopi concluyó que no existen condiciones competitivas suficientes entre Chancay y otros terminales como el del Callao, lo que habilitaría la regulación de precios.
Cosco respondió con nuevas acciones legales para impedir tanto la supervisión operativa como el control de tarifas, en uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país en los últimos años.
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