Información sobre operativos en estado de emergencia será confidencial

El Gobierno de José Jerí determinó que durante todo estado de emergencia la información sobre los operativos será confidencial si es que su revelación implica un riesgo para la seguridad ciudadana.

La medida es uno de los nueve decretos legislativos que fueron oficializados en el diario El Peruano como parte de las facultades legislativas que otorgó el Congreso al Ejecutivo.

Del total de decretos, seis hacen referencia al sistema carcelario y la tipificación de nuevos delitos, mientras que los tres restantes van dirigidos a los ciudadanos extranjeros.

Información sobre operativos en Estado de emergencia será reservada

Se establece la reserva de la información y documentos relativos a operaciones efectuadas durante el estado de emergencia.

De acuerdo con el decreto, se considera como información reservada los documentos y comunicaciones sobre patrullajes, operativos y demás acciones para prevenir o reprimir los delitos, siempre que su revelación implique un riesgo al orden interno, público o seguridad ciudadana. Sin embargo, no se especifican los criterios para determinar qué datos podrían vulnerar la seguridad.

Esta excepción, especifican, no comprende la información que sirva de sustento a la decisión de gobierno de decretar un estado de emergencia”.

Creación del Subsistema especializado contra la extorsión

También se crea el Subsistema especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, el cual consiste en un modelo interinstitucional de servicios de justicia que busca articular la respuesta estatal frente a dichos delitos.

Entre los delitos conexos se incluye: homicidio simple, homicidio calificado, sicariato, coacción, secuestro, daño simple y agravado, fabricación de armas, organización criminal, marcaje, banda criminal y criminalidad sistemática.

Este subsistema estará integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, la Defensa Pública y las unidades de asistencia a víctimas y testigos, además de servicios médicos legales y forenses.

Aseguran que el subsistema brindará exclusividad a los casos de extorsión: «Los operadores de justicia, así como el personal administrativo, técnico especializado y de asistencia a víctimas y testigos del subsistema, se avocan a las investigaciones y procesos por extorsión y delitos conexos de manera exclusiva».

La dirección estará a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Entre sus funciones está el monitorear y evaluar el funcionamiento del subsistema.

Cárceles productivas y trabajo asistido

Al mismo estilo de Bukele, se implementarán las cárceles productivas. El trabajo asistido externo será aplicable a sentenciados por delitos de menor lesividad que se encuentren bajo el régimen semi-abierto.

Con este programa se tiene por objetivo la «reinserción laboral efectiva y el desarrollo de competencias laborales acordes con las exigencias del mercado de trabajo».

El INPE será el ente encargado de evaluar la aptitud, experiencia laboral, intereses y disposición para el trabajo del interno sentenciado.

Por su parte, el reo puede o no optar por ingresar a este programa, que es de carácter voluntario, temporal y revocable.

Etapa de «extrema seguridad»

Adicionalmente, se ordena restringir los beneficios penitenciarios y establecer el control judicial del beneficio de redención de pena por trabajo y educación.

La restricción de la aplicación de los beneficios penitenciarios que habilitan una libertad anticipada para los sentenciados por delitos de especial gravedad. Además, someter a control judicial previo la concesión del beneficio de redención de pena por trabajo o educación cuando este habilite el egreso por cumplimiento de la pena.

Además, se incorpora la etapa de “Extrema Seguridad” dentro del Régimen Cerrado Especial. Aquí serán ubicados automáticamente sentenciados y procesados por sicariato, secuestro, extorsión y criminalidad sistemática, así como líderes o cabecillas de organizaciones criminales, quienes permanecerán en celdas unipersonales, tendrán solo una hora diaria de patio con vigilancia reforzada y podrán recibir una visita familiar al mes.

El tiempo mínimo en esta etapa será de cuatro años.

Delito de suministro ilegal de telecomunicaciones en las cárceles

Sumado a ello, se tipifica el delito de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

El delito va dirigido a quien «con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para tercero, organice, financie, instale, opere, mantenga, preste o comercialice servicios de telecomunicaciones que empleen medios alámbricos y/o inalámbricos, y/o, infraestructura necesaria para la prestación de dichos servicios, a sabiendas de que están dirigidos a permitir o facilitar comunicaciones ilegales de personas privadas de libertad en establecimiento penitenciarios o adolescentes internados en centros juveniles».

Dicho actuar tendrá una pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

En cambio, la sanción será de prisión no menor de ocho ni mayor de diez años, e inhabilitación cuando se de alguna de las 3 circunstancias agravantes: el agente actúa en condición de servidor o funcionario público bajo cualquier modalidad laboral o contractual; el agente abusa de conocimientos técnicos especializados o de una relación laboral, contractual o funcional con empresas operadoras o contratistas vinculadas al sector de telecomunicaciones; y si el agente actúa en calidad de integrante de una banda criminal o de una organización criminal”.

Delito de requerimiento extorsivo

Siguiendo esa línea, también se incorpora el delito de requerimiento extorsivo como conducta previa autónoma dentro del proceso extorsivo.

Esta norma hace referencia a que «directa o indirectamente, sin derecho, exige o requiere con violencia, o amenaza explícita o implícita, a una persona o a una institución pública o privada, para sí o para un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, es reprimido». Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de nueve ni mayor de doce años.

La condena será no menor de 12 ni mayor de 15 cuando ocurra algún supuesto como que se utilice información personal, se use menores de edad para la comisión del delito, se use artefactos explosivos y demás.

Regulación de migrantes

El decreto Legislativo introduce cambios a la Ley del Refugiado, precisando que los solicitantes y refugiados no quedan liberados de responsabilidad penal. Además, dispone la obligación de que se registren de manera personal y biométrica ante Migraciones, y establece la regulación de sanciones, prohibiciones y causales para la pérdida de la condición migratoria, entre otros aspectos.

En el mismo sentido, otro decreto Legislativo modifica los artículos 11, 5 y 24 del DL N.° 1350, Ley de Migraciones, con el objetivo de optimizar la identificación de ciudadanos extranjeros.

Asimismo, se aprobó otra norma que fija disposiciones, medidas y mecanismos para garantizar el uso adecuado de la numeración en llamadas y mensajes de texto, así como su trazabilidad, con la finalidad de impedir el anonimato y prevenir comunicaciones ilícitas en perjuicio de los usuarios.

Daniel Hernández, pre candidato a Huaral por Perú Primero: visión y liderazgo

Hoy asumo con responsabilidad y convicción el reto de postular a la alcaldía provincial de Huaral. Mi compromiso nace del trabajo cercano con nuestra gente, de escuchar sus necesidades y de entender que nuestra provincia tiene un enorme potencial que debe ser impulsado con decisión y transparencia.

Creo firmemente en un desarrollo ordenado, sostenible y con rostro humano. Mi propuesta está enfocada en ejecutar obras que realmente mejoren la calidad de vida: más inversión en infraestructura, y trabajo con nuestra sociedad, fortalecimiento de la seguridad ciudadana, impulso al agro, al comercio y a los emprendedores que mueven la economía local. Quiero una provincia que genere oportunidades y donde el progreso llegue a todos los distritos y centros poblados.

Voy con el partido Perú Primero, porque comparto su visión, liderazgo firme y trabajo por el país desde las bases. No se trata solo de ganar una elección, se trata de asumir una responsabilidad histórica con Huaral y demostrar que sí se puede gobernar con eficiencia, transparencia y resultados.

Estoy preparado para liderar una gestión cercana a la población, que escuche, que rinda cuentas y que trabaje incansablemente por el bienestar de cada familia huaralina. Mi compromiso es claro: trabajar primero por Huaral y por su gente.

Sismate emite alerta de tsunami: usuarios recibieron notificación de ejercicio de simulacro en Perú

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) emitió este jueves 13 de febrero una alerta de tsunami que fue recibida por miles de usuarios en sus teléfonos móviles a nivel nacional. La notificación, enviada al mediodía, correspondía a un ejercicio de simulacro organizado por Defensa Civil.

La comunicación generó sorpresa entre varios ciudadanos, especialmente en zonas alejadas del litoral, quienes compartieron capturas de pantalla en redes sociales. No obstante, se trató de una prueba del sistema de mensajería masiva que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales.

¿Qué es el Sismate?

El Sismate es una herramienta implementada por el Estado peruano para enviar avisos de emergencia directamente a los equipos móviles mediante tecnología de difusión celular. Este mecanismo permite alertar a la población ante peligros como sismos de gran magnitud, tsunamis u otros eventos de alto riesgo, sin necesidad de contar con conexión a internet ni aplicaciones instaladas.

Desde Defensa Civil se recordó que estos ejercicios forman parte de las acciones de preparación frente a posibles fenómenos naturales que puedan afectar el territorio nacional, especialmente considerando que Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, zona con alta actividad sísmica.

Casi la mitad de la carga del Puerto de Chancay es a través de transbordo: así avanza como hub regional peruano en su primer año

El primer año de operación del megapuerto de Chancay ratifica su progresivo posicionamiento como hub portuario regional, sustentado principalmente en la elevada participación del transbordo dentro de sus operaciones y en su rápida incorporación al ranking nacional de movimiento de contenedores (TEU). En ese marco, el terminal se ubica actualmente en el cuarto lugar a nivel nacional en volumen total de TEU movilizados, solo por detrás de APM Terminals y DP World —ambos en el Callao— y del puerto de Paita.

Así lo señala el informe “Puerto de Chancay en su primer año conectado al mar, ¿de espaldas a la ciudad?”, elaborado por el Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico (CECHAP) de la Universidad del Pacífico, que precisa que el 45,5% de las operaciones del puerto corresponde a transbordos. Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, Chancay movilizó 286.255 TEU, de los cuales 130.232 TEU se explican por este tipo de operaciones, canalizadas a través de tres servicios transpacíficos y tres servicios ‘feeder‘[encargadas de la redistribución regional].

En lo que respecta a las rutas transpacíficas, que articulan itinerarios internacionales de larga distancia, cada servicio cumple un rol diferenciado dentro de la estrategia operativa del terminal. De este modo, la WSA5, única ruta con tramo directo Chancay–Shanghái, prioriza los embarques, fundamentalmente exportaciones, y en segundo término el transbordo. En contraste, en las rutas WSA3 y WSA4 (ACSA1) predomina la descarga, es decir, las importaciones, por encima tanto del transbordo como de los embarques. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

De manera complementaria, las rutas ‘feeder’, encargadas de la redistribución regional y que conectan Chancay con puertos como Callao, Paita, Iquique, Guayaquil y Balboa, concentran la mayor parte de su carga en operaciones de transbordo (83%), según datos de la Autoridad Portuaria Nacional analizados por el Observatorio de Chancay. Este patrón operativo refuerza el rol del megapuerto como nodo de conexión y redistribución logística a escala regional.

El contralor César Aguilar calificó la situación como delicada y señaló que la intervención en Chancay busca esclarecer supuestas irregularidades que se identificaron. (Imagen: Andina)
En este contexto, “lo principal que está moviendo el puerto de Chancay es el transbordo en las terminales de contenedores”, lo que evidencia que “sí está cumpliendo ese rol de hub”, sostuvo Omar Narrea, investigador de CECHAP. De no contar con este componente, añadió, el volumen total de carga sería significativamente menor, lo que confirma que Chancay no depende exclusivamente del comercio exterior peruano, sino que ha configurado una red logística orientada también a atender la demanda de los países vecinos.

De hecho, aunque el megapuerto ocupa hoy el cuarto lugar en el movimiento total de TEU, en el segmento específico de contenedores de transbordo ya se posiciona en el tercer lugar, únicamente por detrás de los terminales del Callao. En esa línea, el reporte advierte que, si se mantiene una participación de transbordo cercana al 46%, cuando el terminal alcance su meta de 1 millón de TEU en el corto plazo, podría superar a APM Terminals y consolidarse como el segundo puerto de transbordo del país.

Desarrollo rezagado en la zona de influencia
No obstante, este desempeño a nivel de negocio —que incluye, además, un importante resultado en términos de recaudación—, el avance del megapuerto no ha sido acompañado al mismo ritmo por mejoras en la infraestructura local ni por la ejecución de proyectos que potencien a Chancay como ciudad y a su entorno inmediato.

Entre las principales brechas pendientes figura la Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET), que agrupa 21 proyectos valorizados en S/ 820 millones y que, según el Observatorio, permanece “en rojo” debido a la ausencia de presupuesto asignado. Esta situación retrasa intervenciones clave para la consolidación urbana y de servicios en la zona de influencia del puerto.

La Contraloría General de la República iniciará control en el megapuerto de Chancay por incongruencias encontradas.(Imagen: Andina)
A ello se suma el limitado avance en las vías de acceso, un factor crítico ante el crecimiento del flujo logístico. La Vía de Evitamiento Chancay–Chancayllo, destinada a desviar el tránsito de camiones del centro urbano, continúa entrampada en controversias sobre su trazo; mientras que el Par Vial Serpentín–Variante Pasamayo se mantiene en etapa de estudios de ingeniería, sin fecha definida para el inicio de obras.

Estas carencias cobran mayor relevancia si se considera que, solo en el primer año de operación, se estima un incremento de 248.128 camiones asociados a la carga del puerto y un aumento del tráfico vehicular de entre 5% y 11% en los peajes Paraíso, Serpentín de Pasamayo y Variante de Pasamayo. Asimismo, el Observatorio proyecta que alcanzar los 500.000 TEU en el corto plazo (2026–2027) implicaría el tránsito de alrededor de 433.000 camiones, intensificando aún más la presión sobre la red vial.

(Foto: El Comercio)
A este escenario se añade el rezago en la agenda ferroviaria y en la aprobación de instrumentos de planificación urbana, como el PDU de Chancay, el PDU de Aucallama y el Plan de Acondicionamiento Territorial de Huaral, lo que desincentiva nuevas inversiones ante la falta de definiciones claras sobre zonificación y uso de suelo.

“En el eje de ciudad y ciudadanía se creó el Fondo Social de Chancay, que capta el 20% de la recaudación aduanera; sin embargo, aún no cuenta con reglamento. Asimismo, se creó una Autoridad Nacional de Infraestructura para invertir en Chancay, pero hoy está descabezada por la dinámica política”, recordó Narrea.

Recaudación en alza
Paradójicamente, una de las primeras respuestas del Estado fue la implementación de la Intendencia de Aduana de Chancay dentro del propio puerto, un caso singular en el sistema portuario peruano. A través de esta dependencia, entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se recaudaron S/ 939.7 millones, con una tendencia creciente y un pico mensual de S/ 121 millones en octubre. En el mismo periodo, la Participación de la Renta de Aduanas (PRA) de Chancay acumuló S/ 23,6 millones, de los cuales el 20% corresponde al Fondo Social de Chancay y el 80% a los distritos de la provincia de Huaral.

Sin embargo, el Observatorio advierte que iniciativas como las zonas económicas especiales o la eventual aplicación del régimen tributario de la Amazonía a operaciones canalizadas por Chancay podrían reducir la recaudación aduanera y, con ello, tanto la PRA como los recursos del Fondo Social.

Al respecto, Narrea advirtió que este esquema solo será sostenible si las zonas económicas especiales se orientan a generar valor para mercados externos, y no se limitan a la importación para consumo interno, ya que ello podría erosionar la recaudación aduanera. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Encuentran cuatro fetos abandonados dentro de un balde en SMP: PNP investiga el caso

La Policía Nacional inició investigaciones tras hallar cuatro fetos humanos dentro de un balde de pintura en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el balde con los restos fue hallado por personal de recojo de residuos sólidos de la Municipalidad del distrito, mientras realizan su jornada de trabajo en el jirón Juan Tobías Meyer.  

PNP investiga el caso

Al percatarse del contenido del recipiente, el personal de recojo de residuos sólidos de la comuna dio aviso de inmediato a la PNP.

Posteriormente, los efectivos llegaron a la zona y, al identificar que se trataban de restos humanos, aislaron el área e informaron al Ministerio Público y a la unidad policial especializada para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes.

Alcalde Juan Álvarez Andrade evade responder si OSITRÁN debe supervisar el Puerto de Chancay

Por Jaime Toledo

La reciente decisión del Poder Judicial que prohíbe a Ositrán supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del Puerto de Chancay ha generado un intenso debate jurídico y político en el país, especialmente por sus implicancias en materia de regulación, soberanía y control estatal de infraestructuras estratégicas.

Como es de conocimiento público, el Poder Judicial declaró fundada la acción de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. y ordenó que Ositrán se abstenga de ejercer funciones regulatorias sobre el terminal portuario.

El juzgado determinó que el Puerto de Chancay constituye una infraestructura de titularidad privada y de uso público, financiada íntegramente con capital privado y sin contrato de concesión estatal. En ese sentido, concluyó que no corresponde aplicar el régimen de regulación integral propio de infraestructuras concesionadas, ya que ello vulneraría los derechos constitucionales de propiedad, libertad de empresa y seguridad jurídica de la empresa demandante.

Asimismo, precisó que el carácter de “uso público” del puerto constituye únicamente una condición funcional del servicio y no habilita automáticamente la aplicación del marco jurídico previsto para puertos concesionados por el Estado.

La relevancia del Puerto de Chancay trasciende el ámbito local. El proyecto, que involucra capitales vinculados a la República Popular China, ha sido observado por el gobierno de Estados Unidos, que ha manifestado preocupación por la creciente presencia estratégica china en infraestructura portuaria de América Latina.

Desde sectores políticos y diplomáticos estadounidenses se ha advertido que el control de puertos estratégicos por empresas vinculadas al Estado chino podría tener implicancias geopolíticas, comerciales y de seguridad en la región. En ese contexto, la exclusión de Ositrán como ente supervisor podría interpretarse como un debilitamiento del rol regulador del Estado peruano en una infraestructura considerada estratégica para el comercio internacional.

Pese a la trascendencia del fallo, el alcalde del distrito de Chancay, Juan Álvarez Andrade, oportunamente no emitió un pronunciamiento claro respecto a si considera necesaria o no la intervención de OSITRÁN en la supervisión del puerto.

Esta mañana, en entrevista en Radio Programas del Perú, ante la pregunta directa del periodista Jorge Rodríguez:

¿ALCALDE, OSITRÁN DEBE ENCARGARSE DE LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUERTO DE CHANCAY…?

La respuesta del burgomaestre fue:

“CON OSITRÁN O SIN OSITRÁN, IGUAL ESTÁ SUPERVISADO, VIGILADO EL PUERTO DE CHANCAY…”

Una afirmación que ha sido considerada por diversos sectores como evasiva y carente de precisión jurídica. Más aún si se toma en cuenta que el alcalde no solo ostenta un cargo político, sino que también es abogado, por lo que podría haber emitido una opinión estrictamente técnica sobre la necesidad o no de supervisión estatal especializada.

El hecho de que el alcalde no haya cuestionado ni respaldado explícitamente la decisión judicial, sumado a su respuesta ambigua en medios de comunicación, ha despertado suspicacias en parte de la ciudadanía. Algunos sectores consideran que su postura evidenciaría conformidad con la exclusión de OSITRÁN y, en consecuencia, con un modelo de supervisión menos visible por parte del Estado.

Además, se le atribuye cierta afinidad política y discursiva con el proyecto impulsado por capitales chinos, lo que alimenta la percepción de que existiría una posición favorable a la consolidación de un esquema de gestión con menor injerencia regulatoria nacional.

UN DEBATE DE FONDO: REGULACIÓN Y SOBERANÍA

Más allá de posiciones individuales, el debate central gira en torno a una cuestión clave: ¿Debe el Estado peruano, a través de sus organismos reguladores, mantener facultades de supervisión sobre infraestructuras estratégicas de uso público, aun cuando sean de titularidad privada?

El Puerto de Chancay no es solo una inversión privada; es una plataforma logística con impacto nacional e internacional. La decisión judicial abre una discusión profunda sobre los límites del control estatal, la defensa de la soberanía económica y el equilibrio entre promoción de la inversión privada y tutela del interés público.

Mientras tanto, la ciudadanía de Chancay y el país entero esperan una postura clara de sus autoridades locales y nacionales frente a un tema que trasciende lo jurídico y se proyecta hacia el futuro geopolítico del Perú.