Procompite enfrenta cuestionamientos por presuntos servicios no ejecutados y posibles órdenes desde el Gobierno Regional de Lima

Si la gobernadora Rosa Vásquez se presenta como un símbolo de transparencia, surge una pregunta inevitable: ¿quién es Trujillo Solís Briguita Ada, conocida como “Brigit”? Según denuncias que nos hacen llegar, esta persona no solo estaría vinculada a Procompite, sino que sería proveedora y creadora de presuntos servicios fantasma, utilizando la fachada del programa que debería beneficiar a las asociaciones emprendedoras.

Lejos de cumplir su finalidad, Procompite estaría según estas versiones canalizando recursos hacia empresas inexistentes, donde Brigit tendría un rol clave al decidir quién gana, supuestamente bajo órdenes directas de Rosa Vásquez. Y no sería la única involucrada: se habla de más personas dentro y fuera del Gobierno Regional, trayendo proveedores externos para repartirse los beneficios.

Procompite sería, para varios trabajadores del GORE, una verdadera “mina de oro”, en medio de una gestión que atraviesa serios cuestionamientos, con la creación de órdenes de servicio fantasmas. Incluso se señala que el esposo de Brigit también habría sido proveedor del programa.

Resulta llamativo que se anuncie una inversión de 20 millones de soles en Procompite, cuando según estas denuncias ya se sabría a dónde habrían ido a parar esos recursos. En los próximos días, se advierte que los propios trabajadores estarían llevando proveedores para “sacar lo suyo”, confirmando que hay varias personas implicadas.

Ante la gravedad de estos hechos, exigimos a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que actúen de oficio, ya que, de no hacerlo, en el 2026 intentarían repetir el mismo esquema.

Fuente: Diario El Chaski

Nicolás Maduro comparecerá por primera vez ante el tribunal federal: ¿Qué cargos le imputa la justicia de EE.UU.?

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron este lunes al tribunal federal del sur de Nueva York para comparecer, por primera vez, ante el juzgado de EE.UU., luego de que ambos fueran capturados en Caracas, el sábado pasado, y conducidos a suelo norteamericano.

La pareja fue llevada en helicóptero desde el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC), ubicado en Brooklyn, donde permanecen detenidos, y aterrizaron en un helipuerto cerca del tribunal. A continuación, fueron trasladados en un furgón blindado hasta la sede judicia, cuya audiencia está programada para las 12.00 hora local (17.00 GMT).

Maduro ha sido requerido por la justicia del estado de Nueva York, luego de una investigación de varios años en la que se le acusa de haber utilizado su posición como jefe del Gobierno venezolano para el narcotráfico. ¿Cuáles son los cargos precisos que se le imputa?

Los cargos contra Maduro

La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, a través de su cuenta en la red social X, precisó que Maduro Moros se encuentra inmerso en un proceso penal «relacionado con el narcotráfico a gran escala y delitos conexos que han alimentado la violencia, desestabilizado la región y contribuido directamente a la crisis de las drogas, que ha cobrado vidas estadounidenses».

En ese sentido, precisó que el exmandatario chavista «ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración».

Según detalla la acusación presentada ante el tribunal, los altos funcionarios del régimen chavista, «durante más de 25 años […], han abusado de sus cargos de confianza pública y han corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos».

«Nicolás Maduro Moros, el acusado, está al frente de esa corrupción y se ha aliado con sus cómplices para usar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corrompió para transportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos», precisa la Fiscalía.

«Desde sus inicios en el gobierno venezolano, Maduro Moros ha manchado todos los cargos públicos que ha ocupado. Como miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, Maduro Moros transportó grandes cantidades de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas. Como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó la cobertura diplomática de los aviones utilizados por los blanqueadores de dinero para repatriar el dinero del narcotráfico desde México a Venezuela», agregó.

La entidad persecutora del delito añade que Maduro, «como presidente de Venezuela y ahora gobernante de facto, permite que la corrupción impulsada por la cocaína prospere para su propio beneficio, el de los miembros de su régimen gobernante y el de su familia».

«Ahora lidera un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha utilizado su poder para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico. Este narcotráfico ha enriquecido y consolidado a la élite política y militar venezolana, incluyendo al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, acusado, y al exministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, acusado», indica.

«Este narcotráfico a gran escala también ha concentrado el poder y la riqueza en manos de la familia de Maduro Moros, incluyendo a su esposa, la supuesta Primera Dama de Venezuela, Cilia Adela Flores de Maduro, acusada, y a su hijo, el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias «Nicolasito», alias «El Príncipe», acusado. Este ciclo de corrupción basada en el narcotráfico llena los bolsillos de los funcionarios venezolanos y sus familias, al tiempo que beneficia a violentos narcoterroristas que operan con impunidad en suelo venezolano y que ayudan a producir, proteger y transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos», añade.

La Fiscalía indica también que, «en diversas ocasiones desde 1999 o alrededor de esa fecha, funcionarios venezolanos, entre ellos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, los acusados, se han asociado con narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua (TdA), incluyendo al líder del TdA, Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias «Niño Guerrero», acusado».

«Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos», sostiene la Fiscalía.

«En resumen, Maduro Moros y sus cómplices se han asociado durante décadas con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo, y se han apoyado en funcionarios corruptos de toda la región para distribuir toneladas de cocaína a Estados Unidos», puntualiza.

Petroperú prepara despidos a más del 50% de su personal tras decreto privatizador: los primeros afectados

El decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche por el régimen transitorio de José Jerí, encauza a la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) a su inminente privatización, aunque el Gobierno lo niegue. «Este decreto usa textualmente el Decreto Legislativo 674, que fue la base legal de toda la privatización durante el gobierno de Fujimori. Tratan de evitar la palabra privatización usando unidades de valor y figuras disimuladas, pero está diseñado para llevar adelante ese proceso», asegura a este diario Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.

El primer efecto inmediato será la drástica reducción de personal, que alcanzará a más de la mitad de su planilla en los próximos 30 días. El universo laboral de Petroperú asciende a unos 2.600 trabajadores, y la reorganización interna prevista en el decreto derivará el despido de entre 1.500 a 1.800 empleados, según pudo conocer La República, bajo el argumento de recorte de costos.

La medida dejaría a la empresa con alrededor de 600 trabajadores para sostener todas sus operaciones en todo el país. Para concretar ello, el decreto autorizó un aporte de capital de hasta S/240 millones a fin de financiar los compromisos laborales derivados de los ceses masivos. «Esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas», afirma el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez.

Petroperú: el problema no es la planilla

El costo anual de la planilla de Petroperú representa menos del 5% del ingreso total de la empresa, según los estados financieros de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), presentados por Petroperú y revisados por este diario de los periodos 2023, 2024 y 2025 (disponible a setiembre de 2025), por lo que no es a todas luces el factor central de su desfinanciamiento. «El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de optimización», advierte.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo. En el caso Petroperú, se derivaría en costos inmediatos elevados, como indemnizaciones, liquidaciones, provisiones contables, asesorías legales y eventuales procesos judiciales que pueden extenderse durante años.

A contraparte, la deuda acumulada de la petrolera estatal bordea los US$7.000 millones, una cifra que no se ve afectada por recortes laborales ni por la eventual venta de activos inmobiliarios.

Incluso la venta del edificio central de Petroperú, tasado entre US$200 millones y US$500 millones, apenas tendría un impacto marginal frente al tamaño de la deuda. «No hace ni cosquillas a la deuda», afirman fuentes del sector.

Señalan que antes de ejecutar recortes laborales corresponde investigar las gestiones y decisiones de anteriores responsables, incluyendo a «Hugo Velásquez Salazar, Carlos Paredes Lanatta, Óscar Vera, entre otros exfuncionarios y directivos, y priorizar medidas que corrijan privilegios, ineficiencias estructurales y fallas de gestión, sin destruir capacidades internas que Petroperú necesita para sostener sus operaciones y encarar una eventual recuperación».

Para los trabajadores, un factor pernicioso del decreto es la inminente venta de activos estratégicos, que van desde inmuebles hasta unidades como la Nueva Refinería de Talara, no solo considerada el principal activo industrial de la empresa, sino el proyecto energético más importante del país con una inversión superior a los US$5.000 millones. «El principal interés privado no está en salvar a Petroperú, sino en capturar su activo más valioso: la Nueva Refinería de Talara», sostiene Aurelio Ochoa.

 odas las organizaciones sindicales de Petroperú acordaron paralizar labores en todo el país desde la próxima semana

La norma autoriza la reorganización de activos en bloques patrimoniales y faculta a ProInversión a definir su transferencia, lo que abre el camino de un desmantelamiento progresivo de la empresa. «Están particionando la empresa. Este es un gobierno transitorio que quiere dejar armado un cambio estructural sobre las empresas estatales. No sé si se vaya a cumplir, pero la intención es clara», afirma.

Despidos en puerta y nueva gerencia en Petroperú

Fuentes del sector advirtieron a La República que asumiría un nueva gerente general en Petroperú, cargo que recaería en Zenaida Calderón, quien el pasado 30 de diciembre sostuvo una reunión con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. Al día siguiente, ambas acudieron al Ministerio de Energía y Minas para reunirse con el ministro Luis Bravo y la presidenta de Petroperú, Elba Rojas, tal como lo demuestran los registros de visitas. En comunicación con este diario, Calderón rechazó sobre dicho nombramiento y señaló que no existió comunicación sobre ese tema en las reuniones que sostuvo.

La eventual designación estaría orientada a ejecutar la ola de despidos amparada en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 pertenecientes a todas sus unidades de negocio de Petroperú. Según pudo conocer este medio, las primeras cartas de cese, muchas ya redactadas, alcanzarían al personal administrativo de la sede central de San Isidro, trabajadores del Oleoducto Norperuano, empleados mayores de 60 años, personal con menos de cinco años en la empresa y trabajadores con sanciones o memorandos internos, entre otros perfiles que vienen siendo evaluados.

No solo administrativos

El drástico recorte de personal no se limitaría a áreas administrativas. Los ajustes alcanzarían también a operaciones críticas, como el Oleoducto Norperuano y las refinerías de Conchán y Talara, que concentran personal altamente especializado. «La pregunta es quién va a operar las refinerías, los lotes y los terminales si se despide a esa masa laboral», sostienen. «Se corre el riesgo de provocar el colapso por falta de personal para luego justificar las privatizaciones», alertan.

Cabe señalar que Petroperú abastece de combustibles a hospitales, aeropuertos, Fuerzas Armadas y regiones donde el sector privado no tiene presencia, especialmente en la Amazonía. En regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la empresa estatal concentra más del 85% del mercado en zonas donde no existe una presencia del sector privado.

En un escenario de crisis sanitaria o emergencia nacional, advierten, dejar estas funciones en manos exclusivas del sector privado debilitaría la capacidad del Estado para garantizar el suministro.

Gestión de Rosa Vásquez arrastra al GORE Lima a los últimos lugares del ranking MEF de inversión pública: Puesto 22

▶️ ​Análisis de la inversión pública:

Al cierre del ejercicio fiscal, el Gobierno Regional de Lima, liderado por la gobernadora Rosa Vásquez, se ubicó en el puesto 22 de las 26 unidades ejecutoras de nivel regional en el país. Con un presupuesto institucional de S/ 523 millones, la entidad alcanzó apenas un 89.3% de ejecución. Esta posición sitúa a la administración de Vásquez en el tercio inferior de eficiencia nacional, superando únicamente a las gestiones del Callao y la Municipalidad Metropolitana de Lima, en un escenario donde la falta de capacidad técnica ha impedido la consolidación de proyectos de impacto.

▶️ ​Tendencia de ineficiencia sostenida:

El resultado del último año no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia crítica: por tercer año consecutivo, el GORE Lima se mantiene en los últimos lugares del ranking de inversión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta recurrencia en la baja ejecución implica que, sistemáticamente, la entidad ha sido incapaz de canalizar la totalidad de los recursos transferidos, derivando en la devolución de saldos presupuestales al Tesoro Público, pese a las brechas sociales y de infraestructura que persisten en las nueve provincias de la región.

▶️ ​Operatividad técnica cuestionada:

Durante el cierre del año, se registraron jornadas laborales extraordinarias y extensiones de horario en días no laborables con el objetivo de comprometer recursos y mejorar la posición en el ranking. Sin embargo, estas medidas de última hora resultaron insuficientes para revertir el balance negativo. La gestión administrativa enfrentó obstáculos críticos en la planificación y el seguimiento de proyectos, lo que impidió que el presupuesto disponible se transformara de manera eficiente en bienes y servicios para la ciudadanía.

▶️ ​El caso Santa Rita de Cassia y los devengados:

Un punto crítico en la fiscalización de esta gestión se centra en la Unidad Ejecutora Lima Sur. Según los reportes de ejecución, se procedió a devengar aproximadamente S/ 20 millones correspondientes al proyecto del colegio Santa Rita de Cassia. La controversia radica en que la operación contable se realizó sin que exista evidencia de avance físico en la obra (colocación de ladrillos), lo que evidencia un uso del devengado orientado a cumplir metas de gasto en el papel, desvinculado del progreso real de la infraestructura educativa.

▶️ ​Impacto en el desarrollo regional:

La brecha entre el presupuesto asignado y el gasto efectivamente ejecutado representa una oportunidad perdida para la modernización de Lima Provincias. Con más de un 10% del presupuesto sin ser utilizado oportunamente, la administración de Rosa Vásquez cierra el periodo con una deuda pendiente en términos de gestión pública.

El desafío para el presente año (con o sin cambio en el despacho regional) radica en reestructurar los quipos técnicos para evitar que, una vez más, la región Lima sea relegada a los últimos puestos de la competitividad y el desarrollo nacional.

Fuente: ARV+ Noticias

Partido Primero La Gente presentó una apelación ante el JEE Lima Centro 1 contra resolución que rechazó inscripción de su plancha

El partido político Primero La Gente presentó ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 un recurso de apelación contra la resolución que declaró improcedente la inscripción de su plancha presidencial.

Según informaron mediante un comunicado, han cumplido con los plazos y requisitos establecidos en la norma electoral y señalaron que la situación es responsabilidad de fallas técnicas del sistema, las cuales fueron reconocidas por el propio órgano técnico del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Indicaron también que el recurso precisa que el registro de sus listas inició oportunamente en la plataforma Declara+ y quedó formalizado antes del vencimiento del plazo legal.

“El hecho de que la documentación ya subida al sistema se presentara posteriormente y de manera física corresponde a la indicación expresa de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, quienes, a su vez, acompañaron durante más de 14 horas a varios partidos políticos que se encontraban en la misma situación”.

Asimismo, manifestaron que el recurso tiene como anexo un acta notarial de constatación que describe la cronología de los hechos con capturas de pantalla y videos en los que se prueba las fallas del sistema, el acompañamiento e instrucciones de las personas designadas por el JNE.

En esa línea, la agrupación considera que “una falla reconocida por el JNE no puede ser utilizada para excluir a una organización política que actuó de buena fe, y el propio Jurado es responsable de subsanar los errores atribuibles a su proveedor de servicios sin tener que trasladar esas consecuencias a los ciudadanos ni a las organizaciones políticas”.

Postura de Pérez Tello

Al respecto, la candidata presidencial de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, indicó en conferencia de presan que lo ocurrido no puede reducirse a un asunto administrativo.

En vísperas, la candidata dijo en RPP que espera que el JNE asuma su responsabilidad y proceda con la inscripción de la fórmula de su partido de cara a las Elecciones 2026.

«Yo confío que van a asumir su responsabilidad, porque no es darme la razón, es reconocer su responsabilidad y a partir de eso permitirnos que la lista se admita y seguir el proceso regular», indicó.

Rosa Vásquez y la obra que no inaugurará: el colegio los Naturales recién estaría listo en 2028

Pese a los anuncios y mensajes difundidos desde el Gobierno Regional, la realidad detrás del proyecto de mejoramiento de la institución educativa I.E. 20407 Los Naturales, en la provincia de Huaral, dista mucho de una inauguración cercana. Bajo la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez, se ha generado la percepción de que esta emblemática obra educativa estaría próxima a concretarse; sin embargo, los documentos oficiales revelan un escenario completamente distinto.

El proyecto, que busca modernizar la infraestructura de los niveles de primaria y secundaria, cuenta con una programación multianual de inversiones (PMI) que se extiende desde el año 2026 hasta el 2028. Es decir, su culminación no ocurrirá durante el corto plazo, sino dentro de al menos tres años, siempre y cuando no existan retrasos adicionales, una situación frecuente en obras públicas de esta magnitud.

Si bien, la incorporación inicial de 20 millones de soles en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el inicio del proyecto en 2026, este monto representa solo una parte del presupuesto total. La inversión completa bordea los 55 millones de soles, de los cuales solo 49.4 millones corresponden al contrato de ejecución de obra bajo la modalidad de “llave en mano”. El resto responde a costos actualizados registrados en el Banco de Inversiones y otros factores técnicos vinculados al desarrollo integral del proyecto.

La distribución del presupuesto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) confirma que no se trata de una obra inmediata: 20 millones se ejecutarán en 2026, 18.7 millones en 2027 y poco más de 10.7 millones en 2028. Además, el contrato establece un plazo de ejecución de 540 días calendario, lo que refuerza la imposibilidad material de una inauguración cercana.

La obra fue adjudicada a la empresa Contratistas Generales A&L San Pablo S.A.C., tras la Licitación Pública N.º 017-2025-GRL/CS-1, quedando formalizada mediante el Contrato N.º 196-2025-GRL/OBRAS. Como garantía de fiel cumplimiento, se ha retenido el 10% del monto contractual, equivalente a más de 4.9 millones de soles.

En este contexto, resulta cuestionable el discurso político que, sin afirmar explícitamente una inauguración próxima, se deja entrever que la obra será terminada durante la gestió de la gobernadora Rosa Vásquez lo que no sintoniza con la realidad administrativa y presupuestal del proyecto. La comunidad educativa de Los Naturales merece información clara y transparente, no expectativas construidas sobre plazos que, según los propios documentos oficiales, aún están lejos de cumplirse.

DATOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA:

La empresa seleccionada como contratista para la ejecución de la obra de mejoramiento de la I.E. 20407 Los Naturales es CONTRATISTAS GENERALES A&L SAN PABLO S.A.C.

La empresa cuenta con el RUC N° 20516419572 y está representada legalmente por su Gerente General, el Sr. Pablo Aladino Zavaleta García.

El domicilio legal del contratista para fines de notificación se encuentra en el distrito de Santa Rosa, provincia de Lima.

Fuente: Agencia la Lupa