Megaoperativo desarticula a ‘Los Socios del Callao’: Gobernador Ciro Castillo es señalado como presunto cabecilla

Este 15 de diciembre, en un megaoperativo que se desarrolló desde primeras horas de la mañana, las autoridades lograron intervenir a la organización criminal denominada ‘Los Socios del Callao’. Según la Policía y la Fiscalía, el gobernador regional, Ciro Castillo, figura como presunto cabecilla de la red.

Megaoperativo desarticula a ‘Los Socios del Callao’

En el Callao, la madrugada de este lunes 15 de diciembre se está desarrollando un megaoperativo. 

La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR), junto a la Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ejecuta detenciones preliminares y 27 allanamientos contra la presunta organización criminal denominada ‘Los Socios del Callao’. 

Según las investigaciones, esta red habría operado desde el inicio de la gestión del gobernador regional, Ciro Ronald Castillo Rojas Salas, en 2023 hasta febrero de 2024.

Ciro Castillo es señalado como presunto cabecilla

Las pesquisas de la Policía y la Fiscalía señalan que la organización habría direccionado contrataciones públicas por montos menores de 8 UIT para evitar los procesos de selección establecidos por la ley. 

Asimismo, funcionarios y servidores públicos habrían favorecido de manera irregular a proveedores específicos, emitiendo órdenes de compra y servicios sin los procedimientos correspondientes. 

Hasta ahora, se ha detectado al menos 63 contrataciones de este tipo, que habrían generado un perjuicio económico al Estado superior a 1 millón 400 mil soles.

Entre las personas con mandato de detención preliminar se encuentran Jimmy Alexander Huck Cárdenas, asesor FAC, y Hiromi Zúñiga Jáuregui, jefa de Logística del GORE Callao, quienes serían responsables de coordinar directamente estas irregularidades. 

Por su parte, el gobernador Ciro Castillo figura como presunto cabecilla de la organización, con una orden de detención preliminar, aunque hasta el momento no ha sido ubicado en su domicilio ni en otros inmuebles inspeccionados.

Las autoridades precisan que el objetivo es garantizar que todos los involucrados respondan por los presuntos delitos cometidos, mientras se asegura la transparencia y legalidad en la gestión pública.

La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas horas se confirmen más detalles sobre la ubicación del gobernador Ciro Castillo y los resultados de los allanamientos en curso.

Por ahora, el megaoperativo ha permitido desarticular gran parte de ‘Los Socios del Callao’, mientras se busca al gobernador Ciro Castillo, señalado como presunto cabecilla. Las autoridades continúan con los allanamientos y las investigaciones para esclarecer todos los hechos.

Colquisiri llevó la magia de la Navidad a los niños de Nuevo Amanecer Quepepampa

El local de la Asociación Nuevo Amanecer de Quepepampa se llenó de alegría con la presencia de numerosos niños, quienes acudieron con la ilusión y el entusiasmo de recibir un regalo por parte de la empresa Colquisiri.

La mesa principal, colmada de obsequios, se convirtió en el principal atractivo para los pequeños y sus padres de familia. La celebración se inició con un divertido show infantil animado por los personajes de Papá Noel y Colquito, quienes hicieron cantar, jugar y bailar a los asistentes.

La tradicional “hora loca” captó la atención de los niños agasajados, quienes se divirtieron recibiendo premios y participando activamente de la animación. Posteriormente, llegó el momento más esperado: la entrega de juguetes, mientras los niños aguardaban emocionados escuchar sus nombres.

El presidente de la junta directiva colaboró con la organización, apoyando con la lista de los niños junto al ingeniero Juan Carlos Paredes, representante de Colquisiri.

La jornada continuó con la repartición de chocolatada y panetón, para deleite de los niños y sus padres. De esta manera, Colquisiri llevó la magia de la Navidad y momentos de felicidad a los niños de Nuevo Amanecer Quepepampa, en el distrito de Chancay.

Contraloría alertó fallas en filtros de brevetes antes de que fiscalía destapara a “Los intocables”

Órgano de control advirtió irregularidades en la Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Lima; un año después, Fiscalía y Policía desarticularon presunta red criminal que operaba desde 2018.

La desarticulación de la presunta organización criminal “Los Intocables”, lograda tras un paciente y minucioso seguimiento de un año por parte de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, la Policía Nacional del Perú a través de GRECCO y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), expone hoy la gravedad de las advertencias que la Contraloría General de la República había formulado con antelación sobre la entrega y renovación irregular de licencias de conducir en el Gobierno Regional de Lima.

De acuerdo con un informe de control, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima omitió aplicar los filtros legales obligatorios para el canje y renovación de brevetes, permitiendo la emisión de licencias sin verificar la autenticidad de documentos, entre ellos certificados consulares exigidos por la normativa vigente.

La Contraloría identificó que solo una fracción mínima de las licencias evaluadas cumplía con los requisitos legales, revelando fallas estructurales en el control interno y en la supervisión del proceso administrativo. Además, advirtió que la entidad no declaró la nulidad de licencias emitidas irregularmente dentro de los plazos establecidos, generando el riesgo de prescripción y la consolidación de actos administrativos viciados.

El informe de control señala que estas deficiencias no solo afectan la legalidad de la gestión pública, sino que crean condiciones propicias para la infiltración de redes criminales, situación que —según el Ministerio Público— se habría materializado con la presunta organización “Los Intocables”, investigada por operar desde el año 2018 mediante la entrega irregular de licencias de conducir, con la presunta participación de trabajadores y funcionarios del área de transportes.

El reciente megaoperativo permitió la detención preliminar de 13 personas, incluido el presunto líder de la organización, confirmando la magnitud de un esquema delictivo que habría aprovechado las debilidades advertidas por el órgano de control años atrás.

El caso evidencia una preocupante cadena de omisiones institucionales y refuerza la necesidad de atender de manera inmediata y efectiva las alertas emitidas por los órganos de control, pues su desatención no solo compromete la seguridad vial, sino que abre las puertas a la criminalidad organizada dentro del Estado.

La Contraloría notificó oportunamente al Gobierno Regional de Lima sobre estos hallazgos y dispuso la adopción de acciones correctivas; sin embargo, los hechos hoy revelados por la Fiscalía confirman que las advertencias fueron más graves de lo que se quiso reconocer en su momento.

Fuente: Noticias Huacho

La Libertad: Comando Unificado de Pataz libera a 15 personas secue**stradas en una bocamina

Miembros del Comando Unificado Pataz liberaron a 15 personas que estaban secuestradas por un grupo de sujetos armados en la bocamina Villalba, ubicado en la quebrada Porfia, en la región La Libertad.

El Ministerio de Defensa informó que este hecho se registró la noche del último sábado. En ese sentido, desde el Mindef se indicó que los secuestrados son personal de seguridad de una minera y que fueron rescatados luego del operativo llevado a cabo en la zona. 

«Como resultado de la presión operativa sostenida, tras aproximadamente una hora de intervención, los captores iniciaron la liberación progresiva de los secuestrados, siendo el último liberado alrededor de las 09:00 horas del día siguiente (domingo)», informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Las 15 personas liberadas fueron puestas a buen recaudo, sin registrarse bajas ni lesiones entre los miembros del comando que participaron en el operativo de rescate. 

¿Vocación de servicio o vocación de poder?

Por Francisco Diez-Canseco Távara

La elección general del 2026 no solo definirá quién gobernará el país, sino que está revelando, desde ya, una profunda crisis en la política peruana. Más allá de discursos y promesas, la proliferación de candidaturas, alianzas frágiles y renuncias tempranas evidencia un rasgo preocupante: una clara vocación de poder que ha desplazado a la vocación de servicio.

Nunca antes habíamos visto un escenario tan fragmentado y, al mismo tiempo, tan carente de propuestas estructurales. Los aspirantes aparecen y desaparecen con rapidez, no por debates ideológicos ni por discrepancias programáticas, sino por cálculos personales, encuestas adversas o negociaciones de último minuto. La política se ha convertido en una plataforma para acceder al poder, no en un espacio para asumir responsabilidades frente a la Nación.

La vocación de servicio implica sacrificio, coherencia y compromiso con el bien común, incluso cuando ello supone costos personales o políticos. Sin embargo, lo que observamos es lo contrario: candidaturas construidas alrededor de egos, marketing electoral y oportunismo. Se habla mucho de liderazgo, pero poco de deber. Se invoca al pueblo, pero se legisla y gobierna de espaldas a él.

El proceso rumbo al 2026 refleja además una alarmante desconexión entre los problemas reales del país y las prioridades de quienes buscan gobernarlo. Inseguridad ciudadana, corrupción sistémica, informalidad económica y colapso institucional siguen siendo temas recurrentes en el discurso, pero ausentes en propuestas concretas y viables. La política se ha vuelto reactiva, superficial y cortoplacista.

Esta vocación de poder se manifiesta también en la ausencia de rendición de cuentas. Muchos de los actores que hoy aspiran a cargos mayores ya han ocupado posiciones de decisión, sin que se hagan responsables de sus fracasos o silencios. Cambian de partido, de narrativa y de aliados, pero no de prácticas. El problema no es la falta de experiencia, sino la falta de ética pública.

El Perú no necesita más candidatos; necesita servidores públicos. Personas dispuestas a anteponer el interés nacional a la ambición personal, a construir instituciones sólidas y a asumir el mandato popular como un encargo moral, no como un botín. La elección del 2026 será, en ese sentido, una prueba decisiva.

O recuperamos la vocación de servicio como eje de la política, como plantea Perú Acción, o seguiremos atrapados en un ciclo de poder sin propósito, donde los cargos se disputan con vehemencia, pero el país queda, una vez más, abandonado.

(*) Presidente de Perú Acción

Presidente del Consejo por La Paz

JNE anula las elecciones primarias de Acción Popular y no podrá participar en las elecciones 2026

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ente rector del sistema electoral, resolvió declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular a fin de definir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, por presentar vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

La decisión la adoptó mediante Resolución N° 0745-2025-JNE, en la que se señala que se ha advertido que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de la referida organización política y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las elecciones primarias efectuadas el pasado 30 de noviembre en las circunscripciones de Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones señala que la democracia interna es un pilar esencial de toda organización política, ya que asegura que la elección de candidaturas se realice mediante reglas claras, objetivas, transparentes y con participación de sus afiliados. 

En ese marco, remarca que los partidos deben respetar los principios constitucionales y la normativa vigente, así como cumplir con los procedimientos fijados en sus propios estatutos.

Bajo ese criterio, el colegiado advierte que sería contrario a su deber constitucional dejar de pronunciarse sobre las impugnaciones y solicitudes de nulidad presentadas por afiliados de Acción Popular. 

Precisa que la función de administrar justicia electoral implica, entre otras tareas, supervisar la legalidad del voto y verificar que los procesos electorales se desarrollen conforme a la ley.