A más de un mes de asumir la presidencia del Perú, José Jerí decidió mantener por 30 días más el plan de seguridad ciudadana de 2019 creado por el Gobierno de Martín Vizcarra, una estrategia planteada para cinco años y que a pesar de que debió ser modificada en 2023, se mantuvo por dos años más, reflejando la ineficiencia y desinterés de las autoridades en el combate de las extorsiones y homicidios.

«El último plan de seguridad anual que indica la ley 27933 se confeccionó en el año 2012, al 2025 tienes 13 años que no hay plan anual. En 2013 a medio año hicieron un plan quinquenal que era del 2013 al 2018 y en 2019 hicieron otro igual hasta el 2023, pero en el año 2024 ya no hubo plan y este año tampoco. Es decir, hubo dos años que no hubo planes de seguridad y por eso aumenta la delincuencia», explicó el exgeneral de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Sabiendo este contexto, el presidente interino, José Jerí optó por una criticada continuidad: mantuvo sin cambios la estrategia previa, incluyendo el cuestionado uso del estado de emergencia por 30 días, una medida cuya recurrente aplicación no ha logrado revertir la inseguridad ciudadana. Como consecuencia, durante su primer mes en el máximo cargo del Estado se registró 180 muertes por homicidio y decenas de extorsiones en sectores vitales como escuelas, negocios y transporte público.

En lugar de reconocer su error por mantener por un mes más el plan de seguridad ineficiente en su práctica, Jerí optó por «lavarse las manos» asegurando que planteará derogarlo. «Tenemos un plan de seguridad ciudadana vigente, a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad y que en la práctica no nos sirve (…) evalúen para derogar ese plan que está vigente«, expresó dirigiéndose al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Agregó que la nueva estrategia tendrá como ejemplo los planes de seguridad usados durante Gobiernos pasados: «Planes aquellos como los del 2013 o 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa», dijo Jerí, precisando que la crítica que hacía también la hizo cuando era congresista, entonces ¿por qué continuó por un mes con un plan de seguridad criticado anteriormente por él mismo?

Para el exgeneral PNP Pérez Rocha esta no sería más que una medida populista y que no se cumplirá: «Ya estamos en octubre y ese plan tiene que ser aprobado por todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). No hay tiempo, acá ni idea de qué cosa es seguridad ciudadana».

Además, Pérez Rocha también precisó que Jerí buscaría imitar las tácticas e imagen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solo para ganar popularidad. «Él está tratando de copiar las acciones y actividades que hace Bukele en El Salvador,» aseveró. Como evidencia, mencionó detalles como la vestimenta («camisa blanca y las mangas remangadas») y la anunciada licitación de centros penitenciarios con uniformes estandarizados.

Por su parte, Wilfredo Pedraza, quien fue ministro del Interior durante el año 2013, aconsejó que «un plan es útil en la medida que no sea tremendista en metas, que tenga presupuesto y que este se ejecute». Precisó que la virtud del plan de seguridad de su año fue que no se pusieron metas abstractas, sino metas específicas: equipamiento, compras de vehículos, reducir índices de la criminalidad. «Metas razonables (…) El plan del 2013 es mucho más real y por eso se llevó a cabo», añadió.

¿Por qué se esperaron 7 años para proponer cambiar el plan de seguridad?

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, indica que existen tres razones: «La autoridad de turno durante los últimos 10 años ha tenido muy poco tiempo para hacer algo, no le ha interesado el plan y la más importante, no han tenido capacidad de gasto, por ejemplo, el Ministerio del Interior, hace 30 días solo había gastado el 20% de su presupuesto en compra de equipamiento para la Policía», reveló.

Al ser consultado por el trabajo de José Jerí contra la inseguridad ciudadana, Pedraza precisó que se debe considerar que transcurra los 30 días después de declarar el estado de emergencia. Sin embargo, sí coincidió que el actual plan de seguridad debe ser derivado.

«Si un plan no se implementa en 10 años, es que no tiene valor o no se aplicó. Creo que reformularlo me parece una buena idea. Se puede hacer ahora para dejarlo como un documento de trabajo para el Gobierno que viene», indicó el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza.